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Washington Post pide a EEUU que se investigue muerte de Payá
El diario dice en un editorial que con nuevas pruebas en la mano acerca de cómo murió en verdad el disidente Oswaldo Payá, EE.UU. no debe callarse.
Congresistas cubanoamericanos apoyan a hija de Payá
Los congresistas cubanoamericanos Ileana Ross Lehtinen y Mario Díaz Balart declararon su apoyo a Rosa María Payá Acevedo, hija del líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) Oswaldo Payá Sardiñas, quien ha pedido ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de su padre.
Ambos congresistas reconocieron la valentía de la joven al denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba y pedir que se investigue la muerte de los activistas por la democracia, Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Para Ros-Lehtinen "fue un honor hablar con una mujer de tanta valentía y con convicciones tan verticales”.
Cuando la joven habló en el debate el régimen cubano interrumpió su testimonio y la llamó una ‘mercenaria’, acto que Lehtinen calificó de intento dirigido a silenciar las voces democráticas que buscan la libertad para Cuba. “Es muy preocupante que China, Rusia, Pakistán, Nicaragua, y Bielorrusia apoyaran los intentos del régimen de silenciar a Rosa María y agregó que todas las naciones que aman la libertad deben expresar su apoyo al esfuerzo de esta mujer valiente para denunciar los abusos de derechos humanos cometidos por la dictadura totalitaria de los hermanos Castro.
Por su parte el congresista Díaz-Balart apuntó que “los matones del régimen castrista repetidamente amenazaron a Oswaldo Payá por su oposición a la brutal opresión de la dictadura” y reiteró que su hija merece verdaderas respuestas con respecto a las circunstancias de la muerte de su padre y demandó "que la comunidad internacional haga todo lo posible para asegurar que las reciba."
El editorial alude a la entrevista que las semana pasada le concedió el joven Ángel Carromero, chofer del vehículo en el que murió en julio del año pasado el disidente cubano, en la que el español aseguró que no se trató de un accidente sino el carro en el que viajaban fue embestido por otro con chapa del gobierno.
Lo dicho por Carromero “sugiere que Payá no murió resultado de que el auto era conducido imprudentemente—dice el Post—sino producto de un atentado intencional para silenciarlo, para siempre”.
Este miércoles, agrega, la hija de Payá, Rosa María Payá, compareció ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y presentó una apelación suscrita por 46 activistas y líderes políticos de todo el mundo pidiendo a Naciones Unidas que emprenda una investigación internacional e independiente sobre la muerte de su padre.
El diario también se hace eco de las denuncias de que el régimen cubano ha encarcelado a la mayoría de los líderes del democratizador Proyecto Varela impulsado en vida por Payá, y cita el caso de Yosvani Melchor Rodríguez, de 30 años, quien ha pasado tres en prisión como castigo porque su madre es miembro del movimiento que lideraba el desaparecido opositor.
Luego de la muerte de Payá—apunta el editorial—la Casa Blanca le rindió tributo diciendo que los estadounidenses seguían inspirándose en su visión y dedicación a un futuro mejor para Cuba y que EE.UU. creía que “su ejemplo y liderazgo moral perdurarán”.
Pero desde que la semana pasada fue publicada la entrevista con Carromero, precisa, el gobierno de EE.UU. no ha dicho una palabra.
“¿Qué tal si hubiera sido Sajarov, Aung San Suu Kyi, Mandela o Havel quienes hubiesen sido empujados fuera de la carretera? ¿No hubiese (EE.UU.) dicho nada?”, pregunta el editorial.
Y luego concluye: “En esta crítica coyuntura, con nueva información en la mano, EE.UU. no debe ser cómplice en silencio acerca de quienes mataron a Oswaldo Payá”.
OTRA INICIATIVA
U.N. Watch ha pedido una investigación sobre la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero. El documento ha sido firmado por numerosas personalidades políticas, especialmente promotores de los derechos humanos. A continuación publicamos los nombres de los firmantes:
- Armando Calderon Sol, ex presidente de El Salvador
- Luis Alberto Lacalle, ex presidente de Uruguay
- Alejandro Toledo, ex presidente de Perú
- Edward McMillan-Scott, Vice-Presidente del Parlamento Europeo
- Markus Meckel, exministro de Exteriores de Alemania
- Zbigniew Romaszewski, exvocero del Senado de Polonia y fundador del Movimiento Solidaridad
- Stanislav Shushkevich, ex presidente del Soviet supremo de Bielorrusia, y actual lider de la oposición
- Arnold Vaatz MP, Deputy Leader CDU, Alemania
- Jón Baldvin Hannibalsson, Ex canciller de Islandia
- Mantas Adomênas, parlamentario, Lituania
- Laura Alonso, parlamentario, Argentina
- Mbarka Bouaida, parlamentario, Marruecos
- Philip Claeys MEP
- Michael Danby, parlamentario, Australia
- Mátyás Eörsi, Secretario General de Foro por la Democracia en Hungría
- David Kilgour, parlamentario, Canada
- Adam Lipinski, parlamentario, ex secretario de estado, Polonia
- Martin Palouš, ex embajador , República Checa
- Marija Aušrinė Pavilioniene, parlamentario, Lituania
- Marco Perduca, senador italiano
- Janelle Saffin,, parlamentario, Australia
- Egidijus Vareikis, parlamentario Lituania
- Renate Wohlwend, parlamentario, Lichtenstein
- Emanuelis Zingeris, parlamentario, Lituania, Presidente del Foro Parlamentario por la Democracia.
- Hillel Neuer, director ejecutivo, United Nations Watch
- John Suarez, Secretario internacional del Directorio Democrático Cubano.
- Carl Gershman, President, the National Endowment for Democracy
- Ken Wollack, Presidente, Instituto Nacional Demócrata
- Zohra Yusuf, de la comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
- Yang Jianli, Presidente, Iniciativas para China
- Carlos E. Ponce, Coordinador, Latin American and Caribbean Network for Democracy
- Faisal Fulad, Secretarrio General, Bahrain Human Rights Watch Society
- Art Kaufman, Director, World Movement for Democracy, National Endowment for Democracy
- Alessandro Pettenuzzo, European Union of Public Relations
- Lehlohonolo Chefa, Director, Policy Analysis and Research Institute of Lesotho
- Anki Flores, ex secretario general del Antiracism Information Service, Ginebra
- Shauna Leven, Director, René Cassin organization
- Bhawani Shanker Kusum, Executive Director, Gram Bharati Samiti, India
- Duy Hoang, Spokesperson, Viet Tan
- Dickson Ntwiga, Director, Solidarity House International Foundation
- Nazanin Afshin-Jam, Presidente, Stop Child Executions
- Atamao B T Kane, Presidente, Southpanafrican International
- Okay Machisa, Zimbabwe Human Rights Association
- Obinna Egbuka, Presidente, Youth Enhancement Organization
- International Multiracial Shared Cultural Organization
- Zofia Romaszewska, fundadora del Movimiento Solidaridad, Polonia.
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Senado desestima cargos de juicio político contra Mayorkas
El Senado desestimó todos los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin a la iniciativa de los republicanos en la Cámara de Representantes para destituir al funcionario por su manejo de la situación en la frontera con México y poniendo fin al proceso incluso antes de que comenzaran los argumentos.
Los senadores votaron a favor de desestimar los dos artículos que, según los republicanos, justificaban iniciar un juicio político. Los demócratas argumentaron que los artículos eran inconstitucionales. El primer artículo acusaba a Mayorkas de “negativa deliberada y sistémica a cumplir” con la ley de inmigración. El segundo lo acusaba de “abuso de confianza” por decir que la frontera estaba segura. Ambas votaciones fueron 51-48 según líneas partidistas, con la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votando “presente”.
Previamente, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que buscaría desestimar el juicio argumentando que los dos artículos acusatorios presentados por los republicanos “no cumplían con los estándares de delitos y faltas graves” y esto podría sentar un precedente peligroso.
"Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político para los raros casos en que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar las acusaciones de hoy”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, al abrir la sesión del Senado.
En febrero, la Cámara de Representantes aprobó por estrecha mayoría someter a Mayorkas a un juicio político por su manejo de la situación en la frontera con México, argumentando en los dos artículos que el funcionario “intencional y sistemáticamente” se negó a implementar las leyes migratorias. Los responsables de la Cámara de Representantes presentaron los cargos ante el Senado el martes, de pie en la tribuna del Senado y leyéndolos en voz alta ante una audiencia cautiva de senadores.
Una desestimación total de la acusación, sin posibilidad de argumentar el caso, iba a ser una derrota embarazosa para los republicanos y para el asediado presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que hizo de la destitución una prioridad. Y es probable que tenga resonancia política tanto para los republicanos como para los demócratas en un año de elecciones presidenciales en el que la seguridad fronteriza ha sido uno de los temas principales.
Los republicanos argumentan que el presidente Joe Biden ha sido débil en la frontera, ya que las detenciones por cruces ilegales se dispararon a más de 2 millones de personas durante los dos últimos años de su mandato, aunque han disminuido desde un récord de 250.000 en diciembre, debido a la intensificación de la aplicación de la ley en México. Los demócratas afirman que, en lugar de someter a un juicio político a Mayorkas, los republicanos deberían haber aceptado un compromiso bipartidista del Senado destinado a reducir el número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos.
Cuando firmó los artículos de juicio político el lunes antes de enviarlos a través del Capitolio, Johnson dijo que Schumer debe convocar un juicio “para que quienes orquestaron esta crisis rindan cuentas”.
Schumer “es el único impedimento para que el pueblo estadounidense vea que hay una rendición de cuentas”, aseguró Johnson. “De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Cámara de Representantes exige un juicio”.
Senado de EEUU pudiera poner fin rápidamente a juicio político contra Mayorkas
Los demócratas del Senado podrían poner fin al juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, este miércoles, incluso antes de que comiencen los argumentos.
La Cámara envió al Senado el martes dos artículos de juicio político contra Mayorkas, lo que lleva a un juicio bajo cargos de que se “rehusó a cumplir con las leyes federales de inmigración” en medio de una oleada histórica de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y que ha “quebrantado la confianza pública” con sus afirmaciones ante el Congreso de que la frontera es segura.
Si bien el Senado está obligado a celebrar un juicio según las reglas de juicio político, una vez que los cargos crucen el Capitolio, es posible que el proceso no dure mucho.
Se prevé que el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, convoque a una votación para desestimar los dos artículos acusatorios contra Mayorkas, una vez que los senadores sean juramentados como jurados alrededor del mediodía.
La medida cancelaría el juicio y frustraría a los republicanos que han exigido que se les permita a los fiscales de la cámara baja presentar su caso. Los demócratas parecen estar unidos en su oposición al proceso.
El martes, los senadores se sentaron en silencio mientras el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el congresista republicano Mark Green, leía en voz alta los cargos contra Mayorkas.
"Alejandro N. Mayorkas merece un juicio politico, la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza y beneficio bajo los Estados Unidos", opinó Green.
Por su parte, Schumer dijo en el pleno del Senado que aunque quieren abordar esta cuestión lo más rápidamente possible, el juicio político “nunca debe utilizarse para resolver desacuerdos sobre política”.
“Esto sentaría un terrible precedente para el Congreso, que cada vez que haya un desacuerdo político en la Cámara, lo envíen al Senado para hacer un juicio político. Eso es absurdo. Eso es un abuso del proceso”, dijo el senador demócrata.
Por su parte, Mayorkas dijo el miércoles que está enfocado en su trabajo, administrando esa enorme agencia gubernamental.
“Mientras ellos se enfocan en un juicio político, yo trabajo en impulsar la misión del Departamento de Seguridad Nacional. Eso es lo que he hecho durante todo este proceso”, declaró en el programa “CBS Mornings”, a donde acudió para hablar de la campaña del departamento por proteger a los niños cuando usan la Internet.
Mayorkas es apenas el segundo funcionario del gabinete presidencial que enfrenta su destitución mediante un juicio político. La última vez fue en 1876, cuando William Belknap, el secretario de guerra del entonces presidente Ulysses Grant, fue acusado de corrupción.
Muere Bob Graham, un político instrumental en el éxodo del Mariel (VIDEO)
Bob Graham, el ex gobernador de Florida y senador estadounidense que jugó un papel instrumental en el manejo del éxodo de cubanos por el Mariel, falleció el martes a los 87 años, anunció su hija Gwen Graham.
El político originario de Miami y graduado de Harvard tuvo que hacer frente como gobernador de Florida a la mayor avalancha de inmigrantes cubanos que se había producido hasta entonces, cuando Fidel Castro (1926-2016) dio luz verde para que embarcaciones fletadas por exiliados llegaran al puerto de Mariel a buscar a sus familiares.
Castro aprovechó la oportunidad para vaciar prisiones y manicomios y obligó a los barcos a cargar también con miles de convictos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la Florida y de la administración de entonces, la del presidente Jimmy Carter.
El 21 de abril de 1980, el primer barco del puerto de Mariel llegó a Key West, Florida, transportando a 48 exiliados cubanos y, en cuatro días, casi 300 barcos llegaron a las costas floridanas. Esa primera semana, el entonces gobernador Graham se movilizó para que fuera declarado el estado de emergencia en los condados de Monroe y Dade en respuesta al arribo de los miles de inmigrantes bautizados como "marielitos".
La inmigración desde Cuba alcanzó su punto máximo en el mes de mayo de 1980 con 86.488 refugiados, pero se estima que en total fueron 125 mil los cubanos que arribaron a EEUU en aquel éxodo sólo superado por el actual, que ha traído más de medio millón de cubanos a territorio estadounidense.
El diario floridano The Miami Herald destaca en el obituario de Graham que en los años posteriores al Mariel, el representante demócrata se enfrentaría a las administraciones de Jimmy Carter y Ronald Reagan, argumentando que el gobierno federal había abdicado de su responsabilidad de abordar una crisis de inmigración federal que se desarrollaba en el estado de Florida".
Graham se inició en la política a los 29 años como representante estatal de la Florida y escaló a las más altas esferas, en las que mantuvo por tres términos un escaño en el Senado de los Estados Unidos, donde llegó a presidir el Comité de Inteligencia.
En 2003 se convirtió en candidato presidencial para las elecciones de 2004, en una campaña en las que ganó seguidores, entre otras condiciones, por su oposición a la guerra de Irak.
Años después viajaría a Cuba para explorar los riesgos de las perforaciones petroleras en la zona del Golfo, fue interlocutor del canciller Bruno Rodríguez y un escéptico de que se diera un cambio político en la isla con un miembro de la familia Castro en el poder, como expresó en entrevista concedida a Martí Noticias en 2014.
También apostó a la normalización de relaciones con Cuba impulsada por el presidente Barack Obama, considerando que "a largo plazo sería beneficiosa para estadounidenses y cubanos".
Rubio pide "transparencia" en investigación del caso Rocha en carta enviada a Blinken
El senador cubanoamericano de la Florida, Marco Rubio, pidió al gobierno federal “transparencia” en las investigaciones sobre el caso del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, sentenciado el pasado viernes a 15 años de prisión por trabajar como un agente no declarado del régimen cubano.
“Es de suma importancia para el Congreso y el pueblo norteamericano que las brechas de contrainteligencia que permitieron la carrera de 40 años de Rocha como espía cubano sean identificadas y abordadas para prevenir futuras amenazas de espionaje que podrían poner en peligro vidas norteamericanas e intereses de EEUU”, escribió Rubio en una carta enviada al secretario de Estado, Antony Blinken.
Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia y miembro sénior del Comité de Exteriores del Senado, recordó que Rocha trabajó en puestos diplomáticos estadounidenses en media docena de países de América Latina. Recalcó su papel como director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, segundo jefe de la Sección de Intereses de EEUU en La Habana, embajador en Bolivia y asesor del Comando Sur de los Estados Unidos.
“Estaba en condiciones de utilizar su acceso gubernamental para socavar la asistencia estadounidense a la lucha de Nicaragua contra los rebeldes sandinistas respaldados por Cuba, dirigir la política estadounidense hacia América Latina en beneficio de Cuba, revelar detalles de la asistencia estadounidense a defensores de los derechos humanos en Cuba, ayudan a elegir un líder procubano en Bolivia y divulgar la planificación militar estadounidense”, advirtió Rubio.
Rocha fue condenado tras llegar a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos cargos: trabajar como agente de un gobierno extranjero sin registrarse y defraudar al gobierno de los Estados Unidos.
El Buró Federal de Investigaciones, FBI, cree que Rocha fue reclutado por los servicios de inteligencia cubanos en 1973 mientras se encontraba en Chile.
El exdiplomático, de 73 años, fue arrestado a finales del pasado año tras una serie de encuentros con un oficial del FBI que se hizo pasar por un oficial de inteligencia cubano. En ese momento Rocha se refirió a Estados Unidos como “el enemigo” y alabó a Fidel Castro. También alardeó de su trabajo de inteligencia y lo calificó como “un grand slam”.
Ante la corte federal en la ciudad de Miami el pasado viernes, Rocha dijo asumir “toda la responsabilidad” por sus acciones, y que “continuará haciendo, según sea necesario, enmiendas significativas a través de mi colaboración incondicional a aquellos a quienes he traicionado”.
El acuerdo de culpabilidad de Rocha le obliga a compartir con el gobierno estadounidense “una evaluación completa y detallada del daño que cometió”, de acuerdo con documentos judiciales.
El senador Rubio destacó en su carta al secretario Blinken que había una multitud de señales para sospechar de Rocha pero que todas fueron ignoradas, permitiéndole acceder a información confidencial de seguridad nacional.
En ese contexto, Rubio pidió una actualización de las “lagunas” que permitieron que Rocha trabajara en secreto por más de 40 años para la inteligencia cubana y qué acciones acometerá el gobierno para que esto no ocurra nuevamente.
“¿Qué lagunas de contrainteligencia permitieron a Rocha trabajar sin ser detectado como espía cubano durante toda su carrera en el Departamento de Estado? ¿Qué explica el fracaso de los procesos interinstitucionales para compartir con el Departamento de Estado información crítica sobre Rocha poseída por la CIA y el FBI? ¿Cómo mejorará el Departamento de Estado las medidas de contrainteligencia y seguridad actuales?”, son algunas de las preguntas del senador al secretario Blinken.
Donald Trump se convierte en primer expresidente de EEUU en enfrentar un juicio penal
Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser juzgado penalmente cuando compareció este lunes ante un tribunal en Nueva York para el inicio de la selección de jurados en su juicio por cargos derivados de un pago de dinero a una actriz de películas para adultos.
"Este es un asalto a Estados Unidos. Nunca antes había sucedido algo así. Nunca ha habido algo así. Todos los juristas dijeron que este caso es una tontería, nunca debería haberse presentado”, dijo Trump al llegar al tribunal en Manhattan.
El día comenzó con el juez Juan M. Merchan resolviendo una variedad de mociones procesales previas al juicio, mientras Trump permanecía en su asiento en la mesa de la defensa cuando se presentaban pruebas, seña un reporte de Associated Press.
Los fiscales le pidieron a Merchan que multe a Trump con $3,000 por publicaciones en redes sociales que, según dijeron, violaban la orden de silencio del juez que le prohibía atacar a los testigos.
La semana pasada, el expresidente estadounidense utilizó su plataforma Truth Social para llamar a su exabogado Michael Cohen y a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels “dos sinvergüenzas que, con sus mentiras y tergiversaciones, han costado muy caro a nuestro país”.
El abogado de Trump, Todd Blanche, dijo que Trump no violó la orden de silencio porque estaba respondiendo a las declaraciones públicas de los testigos.
En la selección del jurado, se llamará a decenas de personas a la sala del tribunal para iniciar el proceso de encontrar a 12 jurados, más seis suplentes. La notoriedad de Trump hará que el proceso de selección de un jurado sea una tarea difícil. Se espera que la selección entre un grupo de residentes de Manhattan demore, aproximadamente, una semana, seguida del testimonio de los testigos.
Merchan ha escrito que la clave es “si el jurado potencial puede asegurarnos que dejará de lado cualquier sentimiento personal o prejuicio y tomará una decisión basada en la evidencia y la ley”.
En la mañana, los abogados de Trump pidieron al juez que ampliara el ya extenso cuestionario completado por los posibles miembros del jurado para descartar a las personas que se oponen al expresidente. Merchan rechazó la solicitud, descartando la idea de que las preguntas del jurado estuvieran sesgadas en beneficio de los fiscales.
Los fiscales del estado de Nueva York acusan a Trump de falsificar registros para encubrir un pago de 130.000 dólares que, afirman, el expresidente hizo a su abogado Cohen en los últimos días de la campaña presidencial de 2016 para comprar el silencio de la actriz Daniels sobre un encuentro sexual en el 2006.
Cohen habría pagado esa suma en nombre de Trump para evitar que la actriz de películas para adultos hiciera públicas sus afirmaciones sobre un encuentro sexual con el magnate casado.
Trump ha negado una relación con la actriz y se declaró inocente el año pasado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en el caso presentado por el fiscal de distrito de Manhattan.
Si es declarado culpable, Trump, que busca nuevamente la presidencia en las elecciones de noviembre, aún podría ocupar el cargo.
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