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Venezuela

EEUU señala "corrupción e incompetencia de Maduro" en hoja informativa sobre Venezuela

Opositores al régimen de Nicolas Maduro en Venezuela portan un cartel que reza: "Juntos contra la tortura", frente a la oficina de la ONU en Caracas.
Opositores al régimen de Nicolas Maduro en Venezuela portan un cartel que reza: "Juntos contra la tortura", frente a la oficina de la ONU en Caracas.

El Departamento de Estado de EEUU publicó este martes una hoja informativa sobre Venezuela en la que señala la incompetencia del gobierno de Nicolás Maduro para sacar al país de la crisis humanitaria y lo acusa de haber sumido a la nación petrolera en un caos.

La cancillería estadounidense detalla, además, violaciones de derechos humanos cometidas bajo el mandato de Maduro en su afán de "silenciar la disidencia y hacer cumplir los controles sociales".

El comunicado agrega que "Maduro y sus asociados han sido responsables del robo y malversación de miles de millones de dólares", y que altos funcionarios de su gobierno "han estado involucradas en el contrabando de drogas y la extracción ilícita de oro" de las arcas estatales.

A continuación, puede consultar el texto íntegro en español:

HOJA INFORMATIVA
Nicolás Maduro: Corrupción y caos en Venezuela

El ex régimen de Nicolás Maduro ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación que antes era próspera a la ruina económica con el gobierno autoritario de Maduro y sus políticas económicas ruinosas. Se reporta que matones de Maduro han cometido asesinatos y abusos físicos, han detenido a opositores políticos y han interferido gravemente en el ejercicio de la libertad de expresión, todo en un esfuerzo brutal por retener el poder.

LA CORRUPCIÓN E INCOMPETENCIA DE MADURO:
  • El 25 de julio de 2019, Estados Unidos sancionó a los tres hijastros de Maduro (Walter, Yosser y Yoswal Flores), y a otras siete personas, así como a 13 entidades, involucrados en una compleja red de soborno y lavado de dinero que ha estado robando al pueblo de Venezuela a través de un programa de distribución de alimentos pagados, conocido como CLAP.
  • Maduro y sus asociados han sido responsables del robo y malversación de miles de millones de dólares del pueblo venezolano durante muchos años. Integrantes del régimen con información privilegiada también han estado involucradas en el contrabando de drogas y la extracción ilícita de oro del Banco Central de Venezuela.
  • Maduro se ha financiado a sí mismo “poniendo en marcha las imprentas del banco central. Eso ha disparado el suministro de la moneda nacional, el bolívar, que ha perdido más del 99 por ciento de su valor desde 2013 y prácticamente ya no tiene ningún valor”. (Bloomberg Businessweek, 9 de marzo de 2019)
  • La inflación acumulada del bolívar de 2014-2018 fue de más de veintidós millones, según el Banco Central de Venezuela. Como resultado de las acciones de Maduro, el pueblo de Venezuela ya no puede permitirse vivir en su propio país.
  • Del mismo modo, la infraestructura de Venezuela ha comenzado a colapsar con Maduro. Por ejemplo, el sistema eléctrico se ha deteriorado rápidamente desde marzo, dando como resultado apagones en todo el país y el racionamiento creciente de la electricidad en muchos estados. En 2016, Maduro declaró que aproximadamente el 12 por ciento del país era parte de un “Arco Minero del Orinoco” y se otorgó amplios poderes públicos para supervisar la explotación de recursos para beneficio personal. Maduro expulsó a compañías extranjeras de Venezuela y reemplazó a los empleados con trabajadores no capacitados que operan bajo el liderazgo de altos oficiales militares venezolanos.

LA CRISIS DE VENEZUELA CREADA POR MADURO:
  • Declive económico: El Fondo Monetario Internacional estimó que el declive acumulativo de la economía venezolana desde 2013 superará el 60% y se encuentra entre las mayores contracciones de cinco años que el mundo haya visto en el último medio siglo.
  • Disminución de la oferta de alimentos y medicamentos: Para 2016, un año antes de que Estados Unidos sancionara al ex presidente Maduro, las importaciones de alimentos en el país habían caído un 71 por ciento desde 2013. Las importaciones de medicamentos y equipo médico disminuyeron en un 68 por ciento de 2013 a 2016. (Estudio de investigación de Brookings Institute/Harvard)
  • Disminución del acceso a los alimentos: En diciembre de 2018, solo el 55 por ciento de los venezolanos comía tres comidas al día. (Delphos, un encuestador venezolano)
    • El consumo de pan en Venezuela disminuyó en un 50 por ciento y en 2019, solo ocho barcos que transportaban trigo llegaron a Venezuela, según el presidente de la Federación Venezolana de Panaderos.
  • Disminución de los servicios hospitalarios: En noviembre de 2018, el 76 por ciento de los hospitales encuestados tenían deficiencias en las pruebas de laboratorio, el 70 por ciento tenían fallas en los servicios de radiología, el 67 por ciento sufría escasez de electricidad y el 70 por ciento estaba experimentando escasez de agua. (Doctors for Health)
  • Aumento de muertes infantiles: En 2016, las muertes infantiles aumentaron más del 30 por ciento, mientras que las muertes maternas aumentaron casi el 66 por ciento. (El anterior Ministerio de Salud del régimen de Maduro)

ABUSOS Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE MADURO:
  • El ex régimen de Maduro habría participado en detenciones arbitrarias generalizadas y abusos físicos según se ha informado, así como en represión para silenciar la disidencia y hacer cumplir los controles sociales.
  • Maduro depende cada vez más de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional (FAES) que creó en 2017 para llevar a cabo redadas ilegales y asesinatos extrajudiciales.
  • La FAES, compuesta por 1.300 oficiales, está acusada de matar a más de 100 personas en vecindarios de bajos ingresos desde junio hasta diciembre de 2018. (Informe de la ONG Provea del 26 de enero de 2019)
  • El 5 de abril de 2019, la ONG de derechos humanos PROVEA anunció el descubrimiento de varios centros de detención clandestinos, entre ellos tres presuntamente dirigidos por colectivos, policía, fuerzas de seguridad del estado y agencias de inteligencia, donde el ex régimen detenía y maltrataba extralegalmente a ciudadanos venezolanos.
  • En julio de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, concluyó que el aparato de seguridad e inteligencia de Maduro utiliza la represión generalizada y arbitraria de la sociedad civil y la oposición democrática. Por ejemplo, el informe del 5 de julio del ACNUDH de la ONU señaló al menos 7.523 casos de ejecuciones extrajudiciales.

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Elecciones presidenciales de Venezuela serán el 28 de julio, día del cumpleaños de Hugo Chávez

Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)
Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)

La fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela será el próximo 28 de julio, informó este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Está previsto que el actual mandatario, Nicolás Maduro, aspire a la reelección en unos comicios sin adversarios fuertes, mientras la candidata favorita de la oposición, María Corina Machado, permanece inhabilitada por decisión de su gobierno.

Elvis Amoroso, presidente del CNE, dijo que la fecha de los comicios, que coincide con el cumpleaños del fallecido expresidente Hugo Chávez, fue aprobada de forma unánime por el Consejo.

La semana pasada, la Asamblea Nacional de Venezuela, en control del oficialismo, entregó al CNE un documento que detallaba las condiciones de las elecciones presidenciales, pero este no fue suscrito por la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora.

Machado, la principal candidata de esa coalición pero inhabilitada desde junio de 2023 por el gobierno de Maduro para ejercer cargos públicos durante 15 años, recibió el apoyo de Estados Unidos tras ganar en octubre de 2023 las primarias de la oposición con más del 90% de los votos.

Un reporte de Associated Press señala que, consultado por el anuncio del CNE, el equipo de prensa de Machado descartó que vaya a dar declaraciones.

Según la Contraloría, la candidata opositora participó en una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando encabezaba la Asamblea Nacional. No se presentaron pruebas en su contra.

A finales de enero de este año, la inhabilitación de Machado fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. La candidata se niega a aceptar la resolución.


Según el cronograma aprobado por el CNE, las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y 25 de marzo, y la campaña irá desde el 4 al 25 de julio, mientras que los votantes deberán registrarse entre el 18 de marzo y el 16 de abril.

La elección del 28 de julio para la realización de los comicios, subraya el reporte de AP, permite al gobierno de Maduro cumplir con una parte del acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición y el gobierno de Estados Unidos en octubre pasado, que exigía que las elecciones presidenciales tuvieran lugar en el segundo semestre de 2024.

Otros puntos del acuerdo incluyen la elaboración de un plan que propicie las condiciones políticas para la realización de elecciones libres y democráticas, pero con inhabilitación de Machado y otros candidatos de la oposición, entre otras irregularidades, las voces críticas señalan que el gobierno de Nicolás Maduro no ha ofrecido aún esas garantías.

A finales de enero, el gobierno estadounidense anunció que revisaría el acuerdo y retomó algunas de las sanciones económicas impuestas a la administración de Maduro.

Periodistas alertan sobre plan del chavismo de instaurar un "Estado Mayor de la Comunicación"

Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.
Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela alertó sobre el peligro de que el régimen chavista instaure el denominado "Estado Mayor de la Comunicación", que conduciría al dominio absoluto de los medios de prensa en ese país, durante un contexto electoral.

La entidad que acoge a casi 27 mil periodistas rechazó el plan anunciado por el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Fredyy Ñáñez de crear esta estructura militar para conseguir "la integración, tanto de los comunicadores sociales, populares, claps (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), medios alternativos y comunitarios con el Ministerio de Comunicación e Información a fin de facilitar los enlaces interinstitucionales".

De acuerdo a este funcionario, es necesaria la modernización de las leyes para conseguir una «transformación y recuperación de la identidad nacional".

El Colegio Nacional de Periodistas destacó que este plan se da cuando Venezuela se encamina a celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.

"El ecosistema de medios del país se encuentra reducido al mínimo, con el cierre sistemático de cientos de estaciones de radio y de programas de opinión, la desaparición práctica de la prensa escrita a partir de maniobras de asignación de papel periódico y de otros insumos, de persecución y criminalización de reporteros y comentaristas que investigan sobre irregularidades gubernamentales, del bloqueo constante a páginas de Internet cuando se muestran críticas a la actuación del régimen, de la censura como norma, de la opacidad de las instituciones nacionales a la hora de ofrecer los datos de su gestión pública y de la aprobación de una ley que regula de manera ilegítima las organizaciones no gubernamentales donde la sociedad civil hace vida, entre otras tantas maneras de control total sobre el hecho comunicacional y periodístico", denunció el colegio.

La declaración del gremio de periodistas consideró que esta nueva maniobra consolida "la hegemonía comunicacional estatal" que ha sumido "en el silencio periodístico a una buena parte del país".

El comunicado criticó la instauración de un organismo de inspiración militar "aplicado al pensamiento y la cultura, a la libre circulación de las ideas y a derechos fundamentales del hombre como lo son el de la libre expresión, el acceso a la información, a la creación artística, a la libertad de cátedra y de asociación".

Venezuela acusa a Rocío San Miguel de ser espía

Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2024 en Caracas, para dar a conocer acusación contra la activista Rocío San Miguel. (AP/Ariana Cubillos).
Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2024 en Caracas, para dar a conocer acusación contra la activista Rocío San Miguel. (AP/Ariana Cubillos).

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este lunes a la activista de derechos humanos y abogada especialista en asuntos militares Rocío San Miguel de ser “espía” y de compartir información de seguridad nacional con un embajador extranjero.

Saab aseguró en una conferencia de prensa en Caracas que San Miguel tenía en su poder 18 mapas cartográficos donde se detallaban varias instalaciones militares y sus respectivas zonas de seguridad. El funcionario dijo que esa información habría sido obtenida con colaboración militar y resaltó que la demarcación de ese tipo de zonas son consideradas datos de inteligencia reservados al Estado.

El fiscal dijo que el número telefónico de San Miguel estaba en la lista de contactos de militares que lideraban la llamada Operación Brazalete Blanco, que, según las autoridades venezolanas, pretendía atentar contra el presidente Nicolás Maduro y generar caos en el país, y dijo que San Miguel fungía como espía "a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional".

San Miguel fue detenida la semana pasada e imputada por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Saab dijo que poseer mapas y las gacetas oficiales donde se crearon las zonas de seguridad es una cuestión pública, aunque dijo considerar que su acumulación sistemática es parte de “un trabajo de inteligencia sostenido”.

Saab también cuestionó que la prensa se refiera a San Miguel como una activista de derechos humanos. “La actividad de Rocío San Miguel era ajena a los derechos humanos. Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado”, añadió.

Saab dijo que San Miguel tenía perfiles, listas y comunicaciones sobre el Alto Mando militar, y la acusó de ser “una agente” a la que le habría hecho varios pagos en dólares una trasnacional petrolera, uno de ellos por presuntamente hacer un análisis de entorno de una instalación militar en Venezuela.

Según Saab, San Miguel “le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo”, y dijo que la activista tuvo reuniones con diplomáticos de al menos cuatro países, aunque no mencionó cuáles.

También aseguró que su despacho pudo constar reuniones de San Miguel en Europa y Estados Unidos con funcionarios militares para presuntamente transmitir información, y acusó a San Miguel de preparar un protocolo para “esconder” sus equipos electrónicos si era detenida.

San Miguel es presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, especializada en leyes y compras militares.

Gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, entre ellos la oficina del Alto Comisionario para los derechos humanos de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación por la detención de San Miguel y exigieron su liberación inmediata.

El exfiscal Zair Mundaray ironizó en redes sociales que los mapas “ahora son objetos de ilícita tenencia” y que “se crea el delito de porte ilícito de mapas”, a raíz de las acusaciones.

Su hija pudo verla, se dice inocente

Este lunes, nueve días luego de su detención, San Miguel pudo ser visitada por su hija Miranda en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en El Helicoide, en Caracas, informó el abogado Joel García.

“A pesar de la injusta privación de su libertad, [San Miguel] se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. [Dice] que no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan”, indicó el jurista en la red social X.

El abogado Juan Carlos González precisó que San Miguel pudo compartir con su hija “por cerca de tres horas”.

“Reitera su inocencia, fuerte en sus convicciones, y reclama que no se le ha permitido designar abogados de su confianza”, escribió en sus redes sociales.

Fiscalía de Venezuela confirma la detención de la activista Rocío San Miguel

La activista venezolana Rocío San Miguel, en una imagen de archivo. (AP/Fernando Llano, File)
La activista venezolana Rocío San Miguel, en una imagen de archivo. (AP/Fernando Llano, File)

El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el domingo la detención de la activista Rocío San Miguel por su supuesta vinculación a una presunta "trama conspirativa" e intento de "magnicidio" contra el presidente Nicolás Maduro.

En un mensaje de la red social X, el fiscal dijo que San Miguel enfrentaba una orden de aprehensión por el caso denominado "Brazalete Blanco" que, según señaló, buscaría "atentar contra la vida del jefe de Estado", además de otros altos funcionarios, y atacar a unidades militares.

Saab no proporcionó evidencia que avale las acusaciones mencionadas, e indicó que se continúan recabando elementos en contra de personas relacionadas a los hechos denunciados, a quienes no identificó. Tampoco se refirió al lugar ni a las condiciones en que se encuentra San Miguel.

La abogada venezolana de 57 años es presidenta de la organización Control Ciudadano, especializada en la defensa de derechos, seguridad y fuerzas armadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió a ella y su hija medidas cautelares en 2012.

San Miguel fue detenida el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas, cuando acompañada de su hija "se disponía a salir del país por el asueto de carnavales", indicó a The Associated Press Gonzalo Himob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal.

"No se sabe hasta esta hora dónde está", agregó Himob, y adelantó que recopilan información del caso.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos en Venezuela condenaron la detención de la activista, a quien consideran una de las figuras más representativas en la lucha por el respeto a dichos derechos en ese país.

El organismo activista Civilis Derechos Humanos condenó el hecho y calificó de "arbitraria" la detención de la activista, al tiempo que exigió "saber de su paradero" luego de que han transcurrido dos días en que no se sabe de ella, según reclamó en un mensaje en X.

Una foto de San Miguel con el mensaje "#DondeEstáRocío" circuló en la cuenta de la organización.

Por su parte, la organización no gubernamental Provea denunció el sábado que San Miguel "ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano", lo que consideró un hecho "muy grave" que pone en evidencia "el empeño del gobierno por reprimir a las voces críticas", según señaló en su cuenta de X, y exigió que sea liberada de inmediato.

Según cifras del Foro Penal, una organización de carácter humanitario que brinda asistencia jurídica ante detenciones "arbitrarias" en Venezuela, hasta el 5 de febrero se contabilizaban 261 presos políticos, entre los cuales hay 18 mujeres y 146 militares, y 123 que no han sido declarados culpables.

EEUU anuncia revisión de acuerdo con Venezuela

Un cartel apunta al edificio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Caracas, el 26 de enero de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Un cartel apunta al edificio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Caracas, el 26 de enero de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Estados Unidos anunció este sábado que revisaría el Acuerdo de Barbados con el gobierno de Nicolás Maduro, tras la reciente ratificación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y del excandidato presidencial Henrique Capriles por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dio a conocer esta decisión en un comunicado en el que explica que Estados Unidos está revisando la política de sanciones a Venezuela, "basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil".

Tras el diálogo de Barbados, con la mediación de Noruega, Washington acordó levantar durante seis meses parte de las restricciones a las operaciones de hidrocarburos y gas, y a cambio Venezuela se comprometió a avanzar en un cronograma electoral, revisar las inhabilitaciones y liberar algunos presos políticos.

En diciembre, EEUU liberó a Alex Saab, un aliado cercano de Maduro, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano y la extradición de un contratista de defensa fugitivo. Ese mismo mes, el chavismo ordenó la detención de más de una decena de personas, entre las que se encuentran varios líderes de oposición por presuntos cargos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

"La decisión de la Corte Suprema de Venezuela del 26 de enero de descalificar a la ganadora de las primarias de la oposición democrática, María Corina Machado, es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024", afirma la nota de prensa.

Maduro da la bienvenida a Alex Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. Saab fue liberado en Estados Unidos, donde fue juzgado por lavado de dinero. (Foto de Federico Parra/AFP)
Maduro da la bienvenida a Alex Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. Saab fue liberado en Estados Unidos, donde fue juzgado por lavado de dinero. (Foto de Federico Parra/AFP)

"El proceso de reinstalación careció de elementos básicos, ya que Machado no recibió una copia de la acusaciones contra ella ni se le dio la oportunidad de responder a ellas", indica la declaración de Miller.

Washington considera que se trata de una decisión "profundamente preocupante" que va en contra de los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en virtud del acuerdo de hoja de ruta electoral de Barbados de permitir que todos los partidos seleccionen a sus candidatos para las elecciones presidenciales.

En octubre de 2023, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, había dicho en una audiencia en un comité senatorial que si el régimen de Maduro violaba el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos tomaría las medidas necesarias.

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