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Venezuela

OFAC: EEUU garantiza apoyo humanitario a Venezuela

Un hombre lleva una caja con paquetes con ayuda humanitaria traída por Estados Unidos para Venezuela. AFP/ Raúl Arboleda

La Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó este martes lineamientos que resaltan el compromiso de Estados Unidos con el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano.

La OFAC tiene varias autorizaciones que permiten transacciones relacionadas a la ayuda humanitaria con el fin de continuar apoyando al pueblo de Venezuela y asegurar que las actividades de ayuda humanitaria legitima no sea afectada por las sanciones de EE.UU.

“El Departamento del Tesoro tiene el compromiso de asegurar el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano que continúa sufriendo como resultado de los malos manejos y la corrupción del exrégimen ilegítimo de Maduro. Es imperativo que la comunidad internacional continúe utilizando completamente todas las excepciones por razones humanitarias para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a los venezolanos que sufren como consecuencia de la crisis económica fabricada por Maduro”, dijo Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

“Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y al presidente interino Juan Guaidó en sus esfuerzos para garantizar que los alimentos, la ayuda y recursos internacionales lleguen a los venezolanos en condición de vulnerabilidad. Los reglamentos del Departamento del Tesoro permiten y continuarán permitiendo el apoyo humanitario ininterrumpido al pueblo venezolano y animamos a los estadounidenses a emplear estas autorizaciones para colaborar con las personas necesitadas”, agregó.

Las regulaciones de la OFAC y las licencias generales permiten que personas estadounidenses continúen proporcionando apoyo humanitario a los venezolanos, incluidas transacciones a través del sistema financiero de EE.UU. para ciertas actividades autorizadas relacionadas con alimentos, materias primas agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos; remesas personales no comerciales; organizaciones internacionales; telecomunicaciones y correo; Internet; servicios médicos; y organizaciones no gubernamentales.

El apoyo humanitario generalmente está exceptuado de las sanciones, siempre que dicha actividad cumpla con los requisitos descritos en cada autorización. Las sanciones no prohíben que personas estadounidenses participen en transacciones con el país o el pueblo de Venezuela, siempre que no participen las personas que han sido bloqueadas ni que se realicen conductas proscritas.

En todos los programas de sanciones, mantenemos el compromiso de trabajar con el sector privado para aclarar las regulaciones de sanciones de EE.UU. y promover un método basado en el riesgo para hacer cumplir las sanciones, incluidos los casos de suministro de ayuda humanitaria. Para transacciones que de otra manera no son autorizadas por las licencias generales de la OFAC, esta oficina mantiene una política favorable de licencias específicas de larga data que apoya la provisión de ayuda humanitaria a través de la cual las personas estadounidenses pueden solicitar la aprobación de la OFAC para dichas transacciones. La OFAC considera las licencias específicas caso por caso y prioriza las solicitudes de licencias, las preguntas acerca del cumplimiento normativo y otras solicitudes relacionadas al apoyo humanitario para el pueblo venezolano.

[Comunicado Oficial del Departamento del Tesoro]

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Juan Guaidó quiere mas presión contra el régimen de Nicolás Maduro

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

El presidente interino venezolano, Juan Guaidó, dijo este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el mundo no puede cerrar los ojos ante lo que ocurre en Venezuela y debe ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para impulsar cambios democráticos.

Guaidó pidió a la comunidad internacional que considere contemplar "escenarios" para restablecer la democracia en Venezuela, tras “agotarse” la vía diplomática con el gobierno de Maduro.

Minutos después de que Maduro hablara en un discurso pregrabado ante la Asamblea General, Guaidó emitió un video en el que dijo que se ha llegado "al final de la escalada que trazan los pilares de la responsabilidad para proteger sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos”.

El venezolano destacó que “demasiadas veces la diplomacia ha llegado tarde”.

“Hoy les pido a todos los representantes de los estados miembros a que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, de salvar a Venezuela, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotadas todas las vías. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”, dijo Guaidó.

El líder opositor también pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que movilice “la voluntad política de los estados miembro para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal”.

En ese contexto, Guaidó recordó el reciente informe de la ONU que acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad. Maduro es el responsable de esa política, y sigue atacando a la población civil por motivos políticos, dijo Guaidó.

Guaidó y Maduro disputan lingotes de oro ante Tribunal de Apelaciones de Londres

Lingotes de oro, en disputa judicial en Londres.

El presidente interino Juan Guaidó y el presidente en disputa Nicolás Maduro defendieron este miércoles ante un tribunal londinense que son la legítima autoridad en Venezuela y pueden acceder al oro venezolano depositado en el Reino Unido.

Los abogados de ambas partes expusieron sus argumentos en la segunda de las tres vistas ante el Tribunal de Apelaciones de Londres, que analiza un recurso de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro contra un fallo del 2 de julio, que otorgaba al bando rival el control sobre las reservas.

La sesión de este miércoles ante los tres jueces estuvo dominada por Andrew Fulton, abogado de la delegación de Guaidó, presidida por Ricardo Villasmil, después de que el martes planteara su posición Nick Vineall, por la delegación designada por Maduro, encabezada por Calixto Ortega.

Para poder avanzar en el asunto del acceso a los activos, la Justicia británica debe determinar, en base a la legislación local, cuál de las dos Administraciones reconoce oficialmente el Gobierno del Reino Unido como autoridad legítima en Venezuela.

Como hiciera en primera instancia, Fulton sostuvo que Londres reconoció "inequívocamente" al líder opositor como presidente y jefe de Estado en Venezuela en una declaración emitida el 4 de febrero de 2019 por el entonces ministro de Exteriores, Jeremy Hunt.

En su comunicado, Hunt manifestó que el Reino Unido reconocía a Guaidó como "presidente constitucional interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles", tras haber dado un ultimátum previamente a Maduro para convocar esos comicios.

Fulton pidió a la Corte que acepte "sin cuestionarlos" los actos y nombramientos del opositor en Venezuela, incluidos a la junta del BCV, aunque hayan sido anulados, como es el caso, por la Justicia venezolana.

Dijo que la Corte londinense "no tiene jurisdicción" para examinar esas decisiones, pues está sujeta a la doctrina británica que impide cuestionar la legalidad de los actos llevados a cabo por un Estado extranjero dentro de su territorio.

Fulton también acusó al equipo de la junta de Maduro de "abusar del proceso", al incluir en este recurso pruebas y argumentos no planteados en las audiencias de julio ante el juez Nigel Teare.

Entre otras cosas, el abogado pidió al tribunal que descarte el alegato hecho el martes por Vineall de que el Gobierno británico violó la legislación internacional al emitir una declaración de reconocimiento a Guaidó que contenía elementos "coercitivos" y presuntamente perseguía influir en los asuntos internos de Venezuela.

Tras escuchar a las partes hasta el jueves, el Tribunal de Apelaciones emitirá, en una fecha aún por precisar, su dictamen, que servirá para dirimir cuál de las dos juntas del BCV tiene autoridad sobre los 31 lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra, por unos 1.300 millones de dólares.

EEUU entrega 348 millones de dólares adicionales para atender crisis venezolana

Pompeo visita a refugiados de Venezuela en Brasil

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este sábado 348 millones de dólares adicionales como "asistencia humanitaria" para atender la crisis en Venezuela, que incluye ayuda para venezolanos que están tanto dentro como fuera del país.

"Esta asistencia humanitaria adicional de EE.UU. incluye respaldo a los más de siete millones de venezolanos con necesidades graves dentro de Venezuela, a los más de cinco millones que han buscado refugio en países en la región, y a las comunidades generosas que los albergan", dijo Pompeo en un comunicado.

Según la nota, de esos 348 millones de dólares, 143 millones provienen de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, y más de 205 millones de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional.

Ayuda a venezolanos en Brasil
Ayuda a venezolanos en Brasil

Con estos fondos adicionales, EE.UU. suma ya 1.200 millones de dólares destinados desde 2017 a asistencia humanitaria y desarrollo en el marco de la crisis de venezolana, si se excluye la ayuda que Washington ha concedido con motivo de la pandemia de COVID-19, recordó el titular de Exteriores. "EE.UU. está demostrando su compromiso sostenido con el pueblo de
Venezuela y nuestra respuesta a la crisis humanitaria continua causada por el régimen corrupto e ilegítimo de (Nicolás) Maduro con el anuncio de los casi 348 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria", indicó Pompeo en el texto.

Detalló que la asistencia humanitaria de EE.UU. proporciona, entre otros, acceso a alimentos y agua potable, saneamientos, atención sanitaria y equipamiento médico, además de protección a "grupos vulnerables como las mujeres, los jóvenes y los indígenas especialmente durante la pandemia de COVID-19".

El secretario de Estado de Estados Unidos ha terminado este sábado en Colombia una gira suramericana que le ha llevado también esta semana a Brasil, donde se entrevistó en la ciudad de Boa Vista, con el canciller del país, Ernesto Aráujo; Guyana y Surinam.

(Con información de agencias y el Departamento de Estado)

Amnistía Int. y HRWatch validan informe sobre Venezuela; Cuba "alecciona" a Bachelet

Lester Delgado, de la delegación de Cuba dijo que la labor de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su oficina, debería centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

Las reconocidas organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) avalaron el reporte sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela divulgado este miércoles por la Organización de Naciones Unidas.

El informe que indica que a Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes y que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas y violaciones sexuales ha sido criticado por Cuba, con cuestionamientos al proceder de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"En un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país. Compartimos el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”, indica un comunicado de AI.

“El informe de la Misión de Determinación de los Hechos hace eco y profundiza en las denuncias que organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales hemos realizado en los últimos años. Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Sin duda, se debe renovar y fortalecer el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia", agregó la organización y recordó que desde mayo de 2019 han denunciado la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW, el informe es importante y declaró que su hallazgo más notable es señalar a Maduro y sus ministros de Interior y Defensa por ordenar y contribuir a estos aberrantes crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Cuba rechazó los informes divulgados esta semana sobre Nicaragua y Venezuela y señaló que emplean una narrativa "manipulada e hipócrita sobre los derechos humanos".

El representante cubano ante el Consejo de Derechos Humanos, Lester Delgado, al intervenir en la sesión 45 de ese órgano, dijo que Bachelet y su oficina deberían centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

“Exhortamos a la alta comisionada a continuar los esfuerzos para contribuir al respeto, al enfoque equilibrado, la objetividad, el diálogo y la cooperación, de los que tanto carecen este Consejo y la maquinaria de derechos humanos en general', afirmó el Encargado de Negocios de Cuba en Naciones Unidas.

Maduro y dos ministros señalados directamente en informe ONU sobre crímenes en Venezuela

Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior Néstor Reverol. Miraflores Palace/Handout via REUTERS

El presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes, señala un extenso informe presentado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los investigadores del organismo internacional determinaron que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas.

"El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes", asegura el reporte.​

El informe denuncia el empleo de técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante", agrega la investigación.

Además apunta a Venezuela como país con una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión Internacional Independiente de Investigación no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes y se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

A continuación publicamos un adelanto del informe completo:

GINEBRA (16 de septiembre de 2020) – El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.

“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó.”

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