Cuba
EEUU expone las violaciones de los derechos humanos en Cuba
El Departamento de Estado publicó este viernes un informe detallado sobre la situación de derechos humanos en la isla, incluido en su informe anual.
El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó hoy el informe sobre derechos humanos 2016, en el cual dedica 31 páginas a Cuba.
En una introducción al reporte anual el Secretario de Estado Rex Tillerson explicó que el informe refleja los esfuerzos concertados de embajadas y consulados de EEUU alrededor del mundo y que los reportes son preparados por oficiales de derechos humanos en misiones de los Estados Unidos con información proveniente de una amplia variedad de la sociedad civil, el gobierno y otras fuentes.
El reporte de Cuba asegura lo siguiente:
"Cuba es un estado autoritario dirigido por Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado y de Ministros, primer secretario del Partido Comunista (PC) y comandante en jefe de las fuerzas de armadas.
La Constitución reconoce al Partido Comunista como el único partido legal y la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado.
El gobierno llevó a cabo las elecciones municipales en abril de 2015 con relativa eficiencia administrativa, pero no eran ni libres ni justas; Una comisión de candidatura del Partido Comunista preseleccionó a todos los candidatos y el gobierno trató a candidatos ajenos al partido comunista de manera diferente.
Los dirigentes nacionales, incluidos los miembros de las fuerzas armadas, mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.
Los principales abusos contra los derechos humanos incluyeron la reducción de la capacidad de los ciudadanos para elegir su gobierno. El uso de amenazas gubernamentales, agresiones físicas, intimidación y violentas protestas en contra de la disidencia pacífica organizadas por el gobierno".
También se refiere el informe al "hostigamiento y detenciones para impedir la libre expresión y la reunión pacífica".
El reporte enumera además otros abusos como duras condiciones carcelarias; detenciones arbitrarias, a corto plazo por motivaciones políticas; procesamiento selectivo; negación de un juicio justo y restricciones de viaje.
El informe hizo referencia también a la violación de la privacidad de los individuos mediante "el monitoreo y la censura de las comunicaciones privadas".
"El gobierno no respetó las libertades de expresión y prensa, restringió el acceso a Internet, mantuvo el monopolio de los medios de comunicación, la libertad académica y mantuvo algunas restricciones sobre la capacidad de los grupos religiosos a los que no se les permite reunirse. El gobierno se negó a reconocer a grupos independientes de derechos humanos o permitirles funcionar legalmente".
Además, el gobierno continuó impidiendo a los trabajadores formar sindicatos independientes y de otro modo ejercer sus derechos laborales.
Los funcionarios gubernamentales, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos. La impunidad de los perpetradores seguía siendo generalizada".
El informe menciona varios casos particulares:
El 1 de agosto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación (CCDHRN), una organización no gubernamental independiente de derechos humanos, informó que el activista Carlos Manuel Figueroa no pudo ser localizado. La ONG informó más tarde que estuvo detenido durante cinco días y luego permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 13 de agosto por filmar las detenciones de miembros del grupo independiente de la sociedad civil Damas de Blanco.
El 10 de enero, los activistas Antonio Rodiles y Ailer González informaron que los agentes de la seguridad del Estado les inyectaron una sustancia desconocida cuando participaron en una marcha pública pidiendo la liberación de los presos políticos.
El 20 de julio, Guillermo "Coco" Fariñas, presidente del Foro Anti-Totalitario Unido (FANTU), se quejó de haber recibido una paliza por parte de agentes de la policía que le causaron lesiones en las costillas, el abdomen y la lengua cuando trató de visitar una comisaría para preguntar por un activista de esa organización.
Entretanto, el Consejo Cubano de Iglesias, la mayor organización religiosa protestante, informó que organizó servicios semanales para todas las prisiones del país.
El CCDHRN contó 9,940 detenciones hasta finales de año, en comparación con 8,616 en 2015.
Miembros de la campaña # TodosMarchamos, que incluyó a las Damas de Blanco, informaron de detenciones semanales para impedir las manifestaciones.
El mayor grupo de oposición, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), informó también de un aumento en las detenciones a corto plazo.
En La Habana, el 22 de septiembre, la policía detuvo a tres activistas sindicales y colocó a cinco bajo arresto domiciliario para detener una reunión organizada por el activista de derechos humanos Iván Hernández Carrillo.
El gobierno también bloqueó las reuniones de organizaciones académicas y culturales independientes.
El 23 de septiembre, Dagoberto Valdés, fundador y director de la revista Convivencia, suspendió un curso en Pinar del Río sobre el aprendizaje cívico después de que dos participantes de la sociedad civil de Cienfuegos no pudieran llegar a la provincia.
La discriminación en el empleo y la ocupación se produce en relación a personas con VIH y afrocubanos. Los líderes dentro de la comunidad afrocubana señalaron que miembros de esa comunidad no podían conseguir trabajo en sectores como el turismo y hospitalidad porque eran "demasiado oscuros.
El 14 de marzo las autoridades acusaron al activista de la UNPACU, Luis Bello González, de Peligrosidad Social Pre-delictiva y lo criminal y lo condenaron a 3 tres años de cárcel.
Líderes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) alegaron que las autoridades arrestaron y acusaron a González por su participación continua en protestas junto con otros miembros de la organización.
El 6 de diciembre la madre del artista de grafitero Danilo Maldonado, conocido como "El Sexto", solicitó al tribunal un recurso de habeas corpus luego de que las autoridades detuvieran al artista el 26 de noviembre. El Sexto había pintado “Se fue” en una pared exterior de un hotel de La Habana. El tribunal rechazó la petición y su madre presentó una segunda petición el 13 de diciembre, pero el disidente permaneció pendiente hasta inicio de 2017.
El 23 de septiembre las autoridades arrestaron al abogado independiente Julio Alfredo Ferrer Tamayo durante una incursión policial en la Consultoría Jurídica Independiente Cubalex. Aunque la policía liberó a los demás abogados, detenidos por menos de 24 horas, Ferrer continúa preso.
Varios trabajadores del gobierno informaron haber sido despedidos por expresar opiniones disidentes o afiliarse a organizaciones independientes. Por ejemplo, en agosto, el periodista de la emisora local Radio Holguín, al este de la isla, José Ramírez Pantoja, fue despedido por publicar un polémico discurso en su blog personal, firmado por la subdirectora del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
El corresponsal de Granma, José Antonio Torres, permaneció en prisión hasta final año. Torres fue condenado en 2012 a 14 años de prisión por cargos de espionaje por artículos que escribió.
El 1 de agosto el activista de derechos humanos Ivan Hernández Carillo informó de haber sido detenido y golpeado cuando llegó al aeropuerto de La Habana, después de que se negó a ir a una pequeña habitación para que se registraran sus pertenencias.
El 12 de agosto la abogada independiente Laritza Diversent fue brevemente interrogada cuando regresó de testificar sobre la libertad de expresión ante el relator especial de la ONU.
En abril el académico Omar Everleny Pérez Villanueva fue expulsado del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana por "indisciplina" y por "conversaciones no autorizadas con instituciones extranjeras", que incluía conversar con la prensa extranjera y criticar la política del gobierno, es decir el “ritmo lento de las reformas económicas”.
En junio la historiadora de arte Yanelys Núñez Leyva fue despedida de una revista cultural por contribuir a una plataforma en línea denominada Museo Cubano de la Disidencia, contentivo de líderes de la historia cubana que se habían rebelado contra las doctrinas políticas.
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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.
Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.
Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.
"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.
La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.
Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.
"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
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