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América Latina

EEUU acusa de narcotráfico a Nicolás Maduro y ofrece recompensa por su captura

El gobernante venezolano Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 12 de marzo del 2020.

El gobernante venezolano Nicolás Maduro fue formalmente acusado de narcotráfico este jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al hacer el anuncio en Washington, el secretario de Justicia estadounidense, William Barr, declaró que Maduro y sus asociados conspiran con facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) para "desbordar a Estados Unidos con cocaína".

Por su parte, el Departamento de Estado anunció en una nota oficial recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y enjuiciamiento de Maduro.

Washington también incluyó en la lista de acusados a la segunda figura en importancia dentro del régimen chavista y presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; el exgeneral Hugo Carvajal Barrios, el exdirector de la inteligencia militar, el exgeneral Clíver Alcalá Cordones, y el exvicepresidente Tareck Zaidan El Aissami.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

La nota del Departamento de Estado afirma que "el pueblo venezolano merece un gobierno representativo transparente y responsable que sirva a sus intereses y no traicione su confianza permitiendo que empleados públicos se involucren en el narcotráfico".

El Departamento de Estado también está ofreciendo hasta 10 millones por cada una de las otras figuras acusadas de narcotráfico.

"Mientras que ocuparon posiciones clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control sobre los aviones que salieron de una base aérea en Venezuela y las rutas de la droga a través de puertos", precisó el texto.

El documento afirma que estas acciones de Washington demuestran el compromiso del Departamento de Estado de apoyar los esfuerzos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado internacional.

"Estas recompensas se ofrecen bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado. Más de 75 narcotraficantes de importancia han sido llevados ante la justicia bajo el NRP desde que comenzó en 1986. El Departamento ha pagado más de $130 millones en recompensas por información que condujo a esas detenciones", señala el comunicado.

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Colombia descarta propuesta del ELN de cese el fuego bilateral

Iván Duque con máscara (d) en una ceremonia con oficiales de la Policía Nacional

El Gobierno colombiano descartó este miércoles la propuesta de cese el fuego bilateral por 90 días que hizo la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) porque no está acompañada de la manifestación de dejar de reclutar menores, de liberar a todos los secuestrados y abandonar esos delitos.

Así lo aseguró el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, al responder el ofrecimiento hecho ayer en un comunicado por el ELN al presidente colombiano, Iván Duque, de pactar un cese al fuego bilateral por 90 días, en atención al llamado que hicieron el Consejo de Seguridad de la ONU y el papa Francisco por la pandemia del coronavirus.

"Esta manifestación que hace el ELN no está acompañada en el comunicado que ellos hacen público de una voluntad de dejar esas acciones criminales", dijo Ceballos en una rueda de prensa en la que explicó un decreto gubernamental para permitir el sometimiento individual a la Justicia de miembros de bandas armadas.

Las últimas negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN comenzaron en febrero de 2017 en Ecuador, y en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la quinta ronda de conversaciones concluyó sin avances a principios de agosto de ese año.

Al asumir la presidencia de Colombia, pocos días después, Duque condicionó la reanudación de los diálogos de paz con el ELN a que esa guerrilla renuncie al secuestro y demás actividades criminales y deje en libertad a todas las personas que tiene cautivas.

El proceso de paz quedó en punto muerto luego del atentado terrorista cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 contra una Escuela de la Policía en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos, entre ellos una ecuatoriana, y 66 heridos.

Suiza añade 11 altos cargos venezolanos a la lista de sanciones

MILITARES VENEZOLANOS DESFILAN EN CARACAS PARA CONMEMORAR LA INDEPENDENCIA

Las autoridades suizas han sumado este martes el nombre de 11 altos cargos del Gobierno de Venezuela a la lista de sanciones por su implicación en violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos en el país latinoamericano.

Las once personas incluidas desde hoy en la lista están acusadas de actuar contra los grupos que se oponen al presidente Nicolás Maduro. Entre ellos figuran José Adelino Ornelas Ferreira, el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, y Néstor Luis Reverol Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz.

A Ornelas Ferreira se le acusa de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, incluso obstruyéndoles la ayuda humanitaria y recurriendo al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras componentes de esta que están bajo su mando.

Reverol Torres, por su parte, excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, también está acusado de graves violaciones de los derechos humanos, como tortura de presos políticos y represión de la oposición democrática en el país.

Los once destacados políticos y militares venezolanos agregados a la lista el 7 de julio estarán sujetos a sanciones, incluidas la prohibición de entrar o entrar y viajar por Suiza y la congelación de los activos que puedan tener depositados en bancos suizos.

Suiza se suma así a la Unión Europea que el pasado 29 de junio adoptó una decisión similar y cuya lista comprende a 36 personas sancionadas.

El Gobierno suizo impuso las primeras sanciones a Venezuela en el año 2018 por presuntas violaciones de los derechos humanos y del Estado de derecho, así como por la erosión de las instituciones democráticas.

Bolsonaro da positivo al COVID-19 (VIDEO)

Jair Bolsonaro. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el martes que dio positivo en un test para detectar la presencia del nuevo coronavirus, agregando en una entrevista televisada que estaba en buenas condiciones de salud pese a tener fiebre.

El mandatario, que ha minimizado la gravedad del virus al que denominó como una "pequeña gripe", se hizo la prueba el lunes después de desarrollar síntomas.

En una entrevista emitida por la estatal TV Brasil, Bolsonaro señaló que había comenzado a sentirse mal el domingo y que estaba tomando hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria cuya eficacia contra el COVID-19 no ha sido comprobada.

Brasil tiene el segundo brote más grande del mundo detrás de Estados Unidos. El país más grande de América Latina tiene más de 1,6 millones de casos confirmados y 65.000 muertes por COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus.

Oposición denuncia falta de voluntad de Maduro para respetar DDHH

Michelle Bachelet recibida por Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Palacio Presidencial de Miraflores el 21 de junio de 2019. AFP/ YURI CORTEZ

La oposición venezolana denunció este lunes la "falta de voluntad" del Gobierno socialista de Nicolás Maduro para atender las recomendaciones en materia de garantías fundamentales que hiciera hace un año la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, después de su visita a Venezuela.

A través de un informe, la comisión para los derechos humanos que responde ante el opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino, aseveró que hay "falta de voluntad política de las autoridades de facto -en referencia al Gobierno de Maduro- por cumplir y hacer cumplir el mandato" de Bachelet.

En julio de 2019, la oficina de Bachelet hizo a Venezuela 23 recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos, que de acuerdo con la oposición son vulnerados con frecuencia en el país caribeño.

Entre las recomendaciones, la alta comisionada pidió disolver un cuerpo policial conocido como FAES, acusado de ejecuciones extrajudiciales, liberar a los llamados presos políticos y garantizar el acceso a los alimentos básicos y servicios públicos.

"No existe ningún síntoma de mejoría, sino de acentuación de la crisis que parece no detener su constante maximización. Muchas opciones de sencilla ejecución podrían haberse adoptado hasta este punto", continuó la oposición en su informe.

La semana pasada, Bachelet señaló en su reporte actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos que la detención de líderes, periodistas y ciudadanos críticos con el Gobierno de Maduro continúa, pese a que reconoció algunos avances.

En este sentido, la oposición detalló hoy varios arrestos que consideró ilegales así como amenazas a la libertad de algunos colaboradores de Guaidó, como su jefe de comunicaciones, Edward Rodríguez, quien, de acuerdo con el documento, "se trasladó a la Embajada de Francia, donde actualmente se encuentra resguardado".

Fiscalía boliviana imputa a Evo Morales por terrorismo y pide su detención

Una mujer quita los posters de Evo Morales en El Alto el pasado 11 de noviembre. Aizar RALDES / AFP

La Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia acusó formalmente este lunes al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, de cometer el delito de terrorismo, y pidió su detención preventiva.

En concreto, la causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz, atribuida al ex mandatario, instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.

La investigación había comenzado el pasado 20 de noviembre, luego de que el ministro de Gobierno de la administración interina de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, publicara la información.

En ese entonces, el gobierno presentó los cargos de “sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo”, y dos fiscales pidieron que se aprehendiera a Morales y se lo llevara a comparecer ante la fiscalía.

No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.

Este lunes los fiscales decidieron imputar formalmente a Morales y pedir su detención, en lo que representa el primer movimiento significativo de la causa contra Morales desde entonces.

Según consignó el medio local El Deber, un informe del Centro Tecnológico de Investigación de Colombia determinó hace más de cuatro meses que había una “alta probabilidad de identificación” entre la voz del audio y la del ex mandatario.

Un mes después, el dirigente cocalero del otro lado del teléfono, Faustino Yucra, fue detenido por las autoridades en el departamento de Chuquisaca. En el audio, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar “dura batalla a los fascistas y racistas”. “Va a ser hora de combate, combate, combate (...) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos”, sostiene.

En concreto, le ordena que hagan “cercos de verdad” de modo que “no entre comida a las ciudades”. Además, le explica que, para que la gente no se “canse” los organice en grupos que se vayan rotando “cada 24 horas”. “Hay bloqueo hasta ganar, hermano”, le indica.

En ese momento, Morales se encontraba en México, país al cual se había exiliado después de renunciar a la presidencia y antes de viajar hacia Argentina. El ex mandatario no ha reaccionado públicamente a la imputación y el pedido de detención.

Sí lo hizo el gobierno interino, que a través de Murillo, expresó: “Celebramos que el terrorista Evo Morales sea imputado por terrorismo. Hay esperanza, se hará justicia. Ojalá tenga la valentía de volver y purgar 30 años de cárcel que es lo mínimo que merece”.

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