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América Latina

Suspenden votación en Ecuador por Ley Mordaza

Parlamento de Ecuador

No hay fecha para la votación futura sobre el proyecto de ley que regularía los medios de comunicación.

El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Cordero, suspendió hoy la votación del proyecto de ley de comunicación, conocido como Ley de Mordaza.

Los legisladores oficialistas aseguran que la ley mejorara la calidad de la información, mientras que los opositores dicen que el gobierno busca controlar los medios.

Una hora después de haber comenzado la votación, el jefe del legislativo ordeno el ceso de esta.

Cordero, del Movimiento Alianza País, que lidera el mandatario Rafael Correa, no ha designado aun una fecha para su celebración.

El oficialismo cuenta con 49 escaños y cuatro miembros del Partido Socialista suelen apoyarle, pero aun as le faltan 10 para llegar a los 63 votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en el parlamento unicameral ecuatoriano.

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Cinco presidentes latinoamericanos expresaron su compromiso con reducir emisiones de carbono en la Cumbre de Cambio Climático

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, entre los cinco presidentes de la región participantes en el cónclave del clima.

Cinco presidentes latinoamericanos expresaron su compromiso con reducir las emisiones de carbono y el uso de combustibles fósiles en la cumbre de cambio climático organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde decenas de líderes de todo el mundo acordaron reducir las emisiones de dióxido de carbono, informó la Voz de América, VOA.

Las dos principales potencias mundiales, Estados Unidos y China -responsables de casi la mitad de todas las emisiones de gases del efecto invernadero- establecieron que cortarán casi a la mitad las emisiones de su país para el 2030.

Los presidente de Chile, Colombia Brasil y Argentina expresaron sus planes para reducir las emisiones de sus países y para hacer una transición poco a poco hacia energía renovables.

El líder brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que su país tiene como objetivo reducir las emisiones en un 37% para el 2025, una ambiciosa meta para el sexto país del mundo que más produce gases del efecto invernadero y entre críticas al presidente por políticas permisivas con la deforestación del Amazonas.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que su país reducirá su contribución a los gases del efecto invernadero para el 2030 y está comprometido a desarrollar el 30% de la energía del país con renovables. El mismo compromiso el presidente colombiano, Iván Duque, además de asegurar que para agosto del 2021, el sector energético en Colombia será compuesto en un 14% por renovables.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para hablar de migración, pidiéndole a Biden dar fondos para un programa de siembra de árboles y beneficios migratorios para los nacionales de México y Centroamérica que participen en él.

Advierten sobre la existencia vacunas falsas contra el COVID-19 en América Latina

Al menos 2000 millones de dosis de las vacunas del COVID-19 se repartirán en todo el mundo hasta finales de 2021. Foto: © UNICEF/Dhiraj Singh.

La agencia de la ONU para el continente informó de la aparición de vacunas falsas o robadas en México, Argentina y Brasil que se ofrecen a través de las redes sociales y que forman parte de mercados ilegales. Tales vacunas suponen un Es un riesgo para la salud.

La Organización Panamericana de la Salud confirmó este miércoles la finalización del despliegue regional de la primera ronda de vacunas mediante el mecanismo COVAX que tuvo lugar en 29 países con más de 4.200.000 dosis en todas las Américas.

A esta cifra se le ha de añadir las más las 92.000 dosis que se entregan hoy a Bolivia y el anuncio de que dos naciones, El Salvador y Argentina, ya recibieron el segundo envío.

El doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización, confirmó que están trabajando con los productores de las vacunas para que los países restantes reciban esta segunda ronda durante la próxima semana y concluirla durante los primeros días de mayo.

“Y tener la tercera ronda hasta el final de mayo. Con esto todos los países de la región van a recibir vacunas que corresponden alrededor del 2,2% de la población. Esta es la estimación de COVAX”, afirmó durante la conferencia de prensa semanal donde se analiza la evolución del coronavirus en la región.

Fábrica de viales para las vacunas COVID-19 en una instalación de Pune, en el oeste de la India. Foto: UNICEF/Dhiraj Singh.
Fábrica de viales para las vacunas COVID-19 en una instalación de Pune, en el oeste de la India. Foto: UNICEF/Dhiraj Singh.

Alerta ante la aparición de vacunas falsas en América Latina

Barbosa explicó haber recibido información de la aparición de vacunas falsas en México, Argentina y Brasil que se ofrecen a través de las redes sociales y que forman parte de mercados ilegales.

El subdirector de la Organización señaló que estas dosis son probablemente falsificadas o robadas de centros sanitarios que no fueron almacenadas adecuadamente y que la aparición de este mercado no solo representa un problema para las autoridades sanitarias sino para la policía que ha de identificar esta actividad criminal.

Es muy importante rechazar la compra de cualquier vacuna que se ofrece por redes sociales o internet, usando este tipo de mercados. Es un riesgo para tu salud”, alertó.

El panorama regional sigue siendo preocupante

Tras destacar la semana pasada que desde hace varias semanas estamos en un momento crítico de la respuesta regional con alto riesgo de tener un repunte más importante que durante el año 2020, y ante la pregunta de si la región se enfrenta a terceras y cuartas olas en la región, el doctor Sylvain Aldighieri recordó que la actual situación regional no es favorable.

“Desde hace ocho semanas o más, observamos un incremento de las tendencias en todas las subregiones: América del Norte, América del Sur y Central y muy pocos países no han reportado un incremento”, destacó el gerente de incidente para COVID-19 de la Organización.

Y para la preparación ante las terceras y cuartas olas indicó que “en un panorama regional preocupante, las medidas de salud pública, que han demostrado su eficacia en 2020, están todavía en nuestro arsenal para proteger a la población del impacto de la pandemia de la COVID-19”.

La vacunación en Cundinamarca, Colombia, comenzó el 18 de febrero. Las primeras 1770 dosis se destinarán a pesonal de salud. Foto: OPS/Karen González.
La vacunación en Cundinamarca, Colombia, comenzó el 18 de febrero. Las primeras 1770 dosis se destinarán a pesonal de salud. Foto: OPS/Karen González.

Más de la mitad de las muertes a nivel global por COVID-19 sucedieron en las Américas

Detalló esta información la directora de la Organización quien reportó que durante la última semana se produjeron más de 1,5 millones de nuevos casos nuevos de COVID-19 en la región y casi 40.000 muertes.

Carissa Etienne recordó que durante el fin de semana se alcanzó la trágica cifra a de tres millones de fallecidos por COVID y que casi la mitad de esas muertes ocurrieron em el continente americano.

Etienne informó que el número de casos está acelerando en Colombia, Venezuela, Bolivia y Uruguay, mientras que Argentina también ha experimentado un rápido crecimiento de nuevas infecciones alcanzando el tercer mayor número de casos en la región.

“La buena noticia es que, tras refuerzo de las medidas de salud pública, los casos se han estabilizado en Chile y, tras unos meses difíciles, Brasil ha registrado un descenso de los casos, incluso en la región amazónica. Pero los casos siguen siendo alarmantemente altos en todo Brasil, y algunos municipios se han apresurado a suavizar las restricciones, por lo que es probable que estas tendencias se inviertan”, alertó.

Un peatón camina mirando su teléfono móvil por las calles de la Ciudad de México durante la pandemia de COVID-19. Foto: UN Mexico/Alexis Aubin
Un peatón camina mirando su teléfono móvil por las calles de la Ciudad de México durante la pandemia de COVID-19. Foto: UN Mexico/Alexis Aubin

México no ha de bajar la guardia si no quiere incrementar el número de casos y muertes

Preguntado por la situación en México, Aldighieri reportó un breve repunte asociado al regreso de las vacaciones de Semana Santa y la disminución de las medidas de prevención.

“Algunos Estados con alta concurrencia durante la Semana Santa, tal como Quintana Roo, Chihuahua o Baja California del Sur, presentan una estabilización o un aumento de casos. Es importante mencionar que la tasa de incidencia de casos sigue elevada, tal como en la Ciudad de México, con más de 70 casos por 100.00 habitantes”, explicó.

Cifró en 4500 la media de nuevos casos diarios a nivel nacional y destacó que en este contexto “no se puede bajar la guardia si se quiere evitar un incremento importante de casos y defunciones en las semanas que vienen”.

En Venezuela y en todo el mundo, las máscaras faciales seguirán siendo una forma importante de protegerse contra COVID-19, al menos hasta que se desarrolle una vacuna. Foto: OCHA/Gema Cortes.
En Venezuela y en todo el mundo, las máscaras faciales seguirán siendo una forma importante de protegerse contra COVID-19, al menos hasta que se desarrolle una vacuna. Foto: OCHA/Gema Cortes.

Compás de espera para el segundo pago de la vacuna en Venezuela

El doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud, confirmó el primer pago de Venezuela para acceder a las vacunas del mecanismo COVAX y que el segundo se encuentra “en proceso”.

Ugarte indicó que este segundo pago facilitaría el acceso de la vacuna a 5,7 millones de personas en Venezuela, el 20% de la población del país.

“Todavía continúan los trámites y el diálogo respecto a cuál sería la vacuna que estaría disponible para Venezuela. Depende de cada uno de los países a los cuales COVAX les asigna vacunas tiene que continuar con los procesos internos de aprobación y luego de recepción”.

Añadió que en el caso de Venezuela “cambió la modalidad de adquisición de vacunas a través del mecanismo COVAX por la modalidad de tener que decidir o anunciar cuál es la vacuna que quisiera recibir en ese caso. Para eso se requiere un pago anticipado de la totalidad y el segundo pago, según tenemos entendido, está en proceso de completarse”, explicó.

Trabajadores de la salud en NY trasladan a un paciente muerto a causa del COVID-19
Trabajadores de la salud en NY trasladan a un paciente muerto a causa del COVID-19

¿Quiénes son los más afectados de la región?

Interrogado sobre las consecuencias globales de la pandemia en el continente hasta el momento, Aldighieri explicó que:

  • Desde la detección de los primeros casos hasta el 20 de abril se notificaron 60 millones de casos de COVID-19 y cerca de 1,5 millones de muertes.
  • Más de 20 millones de casos notificados durante el primer trimestre de 2021 con casi medio millón de defunciones.
  • América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) representa el 59% de casos y casi el mismo porcentaje de fallecimientos.
  • América del Sur representa el 39% de los casos.
  • La franja de edad entre 20 y 59 años es la que tuvo más casos reportados con un 72%, y el grupo más afectado en este intervalo poblacional fue el de 30 a 39 años.
  • La gran mayoría de muertes son personas de más de 60 años con un 78%, y dentro de este colectivo las personas de más de 70 años con un 54% de los fallecidos.

Presidente del diario El Nacional: “Venezuela es un país apagado en cuanto a libre expresión”

Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Caracas (Foto VOA).

El periodista Miguel Henrique Otero adelantó a la Voz de América, VOA, que su periódico no pagará la sanción millonaria impuesta por supuesta difamación a Diosdado Cabello, diputado y exvicepresidente de su país y uno de los políticos más influyentes del chavismo.

Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional, valora como “una aberración jurídica” la sanción judicial de cerca de 13 millones de dólares contra su empresa de comunicaciones.

Otero sostiene, en entrevista con la VOA desde España, donde está exiliado desde hace cuatro años, que la sentencia contra El Nacional comete “una irregularidad universal” y estima que pasa a formar parte de un período de oscurantismo de las libertades de prensa y expresión en Venezuela.

“El Nacional no tiene el monto, ni va a pagar. Ellos tendrán que embargar los bienes”, dice, tajante, en sus reflexiones sobre el caso judicial de su diario, que, a su entender, supone un costo político para una fracción del oficialismo.

VOA: ¿Qué opina sobre la decisión judicial contra El Nacional que le obliga a cancelar una compensación de 13 millones de dólares?

Miguel Henrique Otero: Es una aberración jurídica desde todo punto de vista. Se están violando todas las leyes y el debido proceso. Se están violando mecanismos que son similares en todos los países. Y no es una multa, es una compensación que hay que pagarle a Diosdado Cabello por proteger su honor. Entonces, es una demanda de difamación que llega a este monto inconcebible, que no explico cómo se llega a él, porque ellos dicen que su honorabilidad vale eso.

La realidad es que no hay nada que tenga que ver con difamación. Lo que se publicó es que Cabello estaba siendo investigado por un fiscal federal del estado de Nueva York por narcotráfico y en la práctica, con la decisión que tomó la DEA, que además tiene una acusación contra él y que puso una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza, bueno, eso quedó demostrado que sí estaba siendo investigado, obviamente.

VOA: Entiendo que no puede haber una sanción civil si no hay previamente una penal. ¿Es así, ha considerado su equipo ese argumento?

MHO: Es así en todos los países del mundo. Una demanda civil no progresa si no hay una sentencia penal y en este caso, primero, el juicio penal ni siquiera ha comenzado después de que tenemos casi cinco años con unas medidas cautelares por esa demanda penal. Cuando introdujeron la demanda civil, pues, el juez la aceptó. Eso es una irregularidad universal. Son partes de las irregularidades que hay allí.

VOA: ¿El Nacional tiene como pagar ese monto? Si lo tuvieran, ¿lo pagarían?

MHO: No, El Nacional no tiene el monto, ni va a pagar. Ellos tendrán que embargar los bienes, porque cuando vayan a cobrar ese monto simplemente no hay manera de cobrarlo. Embargarán el edificio, la empresa, la rotativa, la tecnología, todo.

VOA: ¿Cuál es el futuro de El Nacional dado ese escenario?

MHO: Actualmente, nosotros somos una página web, porque no nos dejaron imprimir hace cuatro años. Seguiremos siendo una página web, que la puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Quizás ellos no piensan en eso. Una página web está globalizada. La podemos hacer en Singapur y para el lector es exactamente lo mismo.

VOA: ¿Ha sentido respaldo de sus socios, de organismos internacionales, a raíz de la sanción judicial?

MHO: Ha sido muy bueno. Ha habido un gran respaldo internacional y nacional, de la gente, de las organizaciones de libertad de expresión y derechos humanos. Por el lado de la solidaridad y del apoyo, no tenemos ningún problema.

Ha habido un gran respaldo internacional y nacional, de la gente, de las organizaciones de libertad de expresión y derechos humanos"
Miguel Henrique Otro, presidente editor de El Nacional

VOA: ¿Cree en que la justicia venezolana respaldará su apelación, si la piensa realizar, o ventilará el caso en instancias internacionales?

MHO: El Tribunal Supremo no tiene apelación. No va a haber apelación. En todo caso, en Venezuela no hay independencia de poderes. El sistema judicial es un apéndice del ejecutivo y reciben órdenes del ejecutivo. Diosdado Cabello dio la orden al TSJ de poner esa compensación y eso es lo que hicieron. Creo que ni siquiera leyeron la sentencia. Hay un magistrado que dijo que no había leído ni firmado la sentencia. Claro, eso no lo va a decir públicamente, pero sabemos que es así, y probablemente los otros también, porque así funciona la justicia en Venezuela. No hay justicia, hay un apéndice del ejecutivo, que es la justicia.

VOA: ¿Cree que esta sanción tiene un costo político para al menos un sector del oficialismo venezolano?

MHO: Sí, claro que tiene un costo. Para empezar, ellos están haciendo unas campañas para traer inversiones y esto demuestra que no hay independencia de poderes. Después de que el TSJ pueda sacar de la manga cualquier monto por cualquier capricho por uno de los altos ‘capitostes’ del régimen, ¿quién puede decir que en Venezuela hay una estabilidad jurídica, que hay garantías? Ninguno. Esto los perjudica, pero además esto genera fricciones internas, gente que no está de acuerdo con que Diosdado Cabello se aproveche de su influencia en el sistema judicial para hacer este tipo de cosas. Eso tiene consecuencias y en el mundo externo también. Los perjudica en su imagen, que la tienen muy mala.

VOA: ¿Cómo valora la libertad de expresión y el ejercicio periodístico hoy en Venezuela, luego de esta decisión contra El Nacional?

MHO: Venezuela es un país prácticamente apagado en cuanto a la libertad de expresión. Quedan unas ventanitas, páginas web que operan desde el exterior, algunos periódicos que se han podido mantener, pero, en la práctica, la radio y la televisión son medios de comunicación totalmente autocensurados.

Los periódicos, unos fueron comprados, otros se autocensuran, y los que más o menos se han mantenido, han tenido que convertirse en plataformas web y estas las bloquean cuando les dan la gana, discrecionalmente. La mitad del país lo que ve es el canal del estado. Es casi como si fuera Corea del Norte, Cuba, esos países. Dejan unas ventanitas para aparentar que hay libertad.

VOA: ¿Cuáles son los temas que incomodan hoy al poder venezolano, que no desearían que se conozcan o ventilen a través de diarios, noticieros y periódicos del país?

MHO: Las noticias que pueden molestarles a ellos son todas. Es la oposición, las protestas, las rebeliones militares, la crisis, la manipulación de la vacuna a través del Carnet de la Patria, el estado de las prisiones. Podemos pasar media hora enumerando temas que ellos no quieren que salgan a la luz pública, porque lo que vive Venezuela es algo inconcebible. Venezuela nunca ha vivido una cosa así.

VOA: ¿Cómo seguir batallando a favor de la libre expresión en un país con esas características?

MHO: Hay que luchar. En Venezuela hay una resistencia, una grande. Hay unos partidos políticos, una resistencia en la calle, hay un sector militar, hay cantidades de elementos de resistencia que no los hay en países como Cuba. Es un gobierno que no tiene gestión, que no resuelve ningún problema. Más bien, los agrava. Hay una inestabilidad completa. Esa inestabilidad va a producir la salida (a la crisis) en algún momento, no sabemos cómo, porque no hay una oposición institucional que tenga un foco definido. Cuando tienen un foco es electoral, que es lo que pueden hacer. Por ahí, no van a sacar al régimen. Es un problema de tiempo de que todos estos instrumentos opositores se alineen y produzcan el cambio.

VOA: ¿Confía en que El Nacional estará al aire para contar cualquiera que sea el desenlace de la crisis política de Venezuela?

MHO: Seguro. El Nacional publicará el titular “Venezuela regresa a la democracia”. De eso, no tengas la menor duda.

Cientos de organizaciones venezolanas exigen derogar nueva norma de “registro por terrorismo”

Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas.

Unas 600 organizaciones no gubernamentales de Venezuela expresaron su rechazo “categórico y definitivo” a una providencia oficial que les exige registrarse ante una oficina gubernamental “contra la delincuencia y financiamiento al terrorismo”, porque la consideran ilegal, informó la Voz de América, VOA.

El gobierno venezolano publicó en la Gaceta Oficial, el 30 de marzo, una normativa que crea el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde estarán expuestos a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, actas constitutivas, beneficiarios y socios.

Al menos 663 de estas organizaciones no gubernamentales, firmaron un pronunciamiento en el que repudian la medida por “constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado”.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Provea, el Centro de Justicia y Paz, Cofavic y diversos gremios profesionales, como el Colegio de Abogados, califican la nueva regla administrativa No. 001-2021 de la Gaceta Oficial 42.098 como “una normativa sublegal, que regula asuntos reservados a las leyes”.

Resaltan que tiene “un rango inferior a reglamentos y resoluciones”, pretendiendo establecer procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones no contemplados en ningún otro instrumento del ordenamiento jurídico nacional.

“Son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir. Omite la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones conforme a su naturaleza sin fines de lucro y su carácter de asociaciones libres”, advierten.

El comunicado en conjunto estima que esa providencia supone una “grave amenaza” para los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil.

“Se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad”, complementan.

Quienes suscriben el documento se declaran comprometidos en sus propósitos, en especial en evitar riesgos de delación, estigmatización, abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales.

Recuerdan que el actual marco regulatorio de las organizaciones no gubernamentales no admite ningún control previo a sus asociaciones, si bien admiten que el ejercicio de sus derechos puede estar sujeto a regulaciones derivadas de “leyes legítimamente adoptadas, con limitaciones temporales y proporcionales, y no discriminatorias”.

El comunicado también valora que la providencia viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad de las organizaciones en cuestión.

“Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo que deberían estar restringidas al sistema financiero y las cuales se desnaturalizan al emplearse para controlar a las organizaciones”, apuntan.

El registro que pretende el gobierno de Maduro, indican, está alejado de las prácticas y estándares internacionales” de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, denuncian. La verdadera intención, dicen, es “ejercer un control ilegítimo sobre las labores de nuestras organizaciones”.

Declaran inaceptable la aplicación de la norma oficial y opinan que traería “mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana”, por lo que exigen su derogación inmediata.

CIDH señala violaciones a derechos fundamentales en las Américas en primer año de pandemia

La situación de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua se agudiza por la falta de separación de poderes con la persecución y amenazas contra opositores, asegura la CIDH.[Foto de archivo]

La instancia adscrita a la OEA hace un recuento de la situación de los derechos humanos en el continente americano durante el año 2020. Capítulos por separado merecen Cuba, Nicaragua y Venezuela por la falta de libertades democráticas y el acoso a opositores.

WASHINGTON DC - Durante el primer año de la pandemia de COVID-19 los pueblos latinoamericanos experimentaron, en diferentes escalas, retrocesos en materia de derechos y libertades fundamentales, según señala el Informe Anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el documento de 1.238 páginas, la CIDH, que vigila el estricto cumplimiento de los derechos fundamentales en los 34 Estados que conforman la OEA, 25 de los cuales han ratificado la Convención Americana en materia de derechos humanos, manifiesta sus preocupaciones sobre el tratamiento de los estados a sus ciudadanos durante la crisis sanitaria y las consecuencias posteriores a ésta, aunado a las crisis políticas que ya estaban en curso en varios países de la región.

En el Informe 2020, publicado el 16 de abril, la CIDH también hace un apartado especial para analizar la situación de las libertades civiles y los derechos universales en Cuba, Nicaragua y Venezuela; donde dice que en el primero de estos países, que tiene un largo historial de restricciones y represión contra disidentes, la situación se ha agudizado el año anterior con los intentos cada vez más recurrentes de grupos organizados de la sociedad civil que demandan libertad.

En Cuba “la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación, y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento”, dice el informe.

Crece persecución contra opositores en Nicaragua y Venezuela

En el caso de Nicaragua y Venezuela, la instancia rectora de derechos humanos reseña con preocupación el deterioro total de la institucionalidad democrática, con poderes ejecutivos que han controlado los órganos judiciales de los dos países y con asambleas nacionales controladas por las presidencias; acciones que han llevado a un deterioro aún más evidente de los derechos humanos.

También refiere que los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Daniel Ortega en Nicaragua, más el de Miguel Díaz-Canel en Cuba, han instaurado desde las estructuras del Estado y con apoyo de sus seguidores canales sistemáticos de vigilancia, persecución y hostigamiento contra sus delatores.

“La Comisión Interamericana observa que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose debido a la persistencia de una falta del principio de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de Derecho”, expresa la CIDH en su informe de país.

La CIDH mira con preocupación que en la nación centroamericana la situación tenderá a empeorar dadas las condiciones para este año, en que además se realizan elecciones generales, para las cuales los servicios de inteligencia de Estados Unidos prevén un aumento de la polarización; y hasta de denuncias de fraude una vez concluya el proceso electoral, en el caso de Nicaragua.

Para la Comisión Interamericana los indicadores más preocupantes obedecen al agravamiento de las agresiones, amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otros actos de violencia cometidos contra líderes religiosos, sociales, estudiantiles, personas excarceladas, víctimas y sus familiares por miembros de la Policía Nacional y por simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En cuanto a Venezuela, el informe señala el quebrantamiento del principio de separación de poderes como principal causante del entrampamiento de la crisis del país petrolero, aunado a la falta de garantías mínimas para la celebración de elecciones parlamentarias, la falta de independencia judicial, más la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y los excesivos poderes del ejecutivo de Nicolás Maduro que ha declarado estado de excepción al menos 30 veces desde el año 2016.

A ello se suman los ataques y persecución contra los diputados opositores de la Asamblea Nacional, que aunque no son nuevos, han ido en escalada desde que el músculo opositor se vio fortalecido con el favor del electorado en las urnas durante las elecciones del año 2015, donde la oposición consiguió una sólida mayoría en el legislativo nacional, pero el gobierno se encargó a posteriori de frenar el proceso valiéndose de artilugios como la creación de la Asamblea Nacional Constituyente.

“La CIDH considera que la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela ha contribuido a que la crisis institucional no encuentre un freno. En lugar de fungir como un garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha creado nuevos obstáculos para superar la crisis que atraviesa el país. En 2020, la CIDH observó que el Poder Judicial venezolano opera cada vez con más opacidad, y esta circunstancia dificulta enormemente conocer, entre otras cosas, si las y los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos o cuál es el porcentaje de jueces provisorios del país”; señala el informe.

También mientras avanza el deterioro institucional del país sudamericano continúa el menoscabo de los derechos humanos civiles y políticos, en especial los ataques contra la libertad de expresión y de participación en los asuntos públicos.

En el año 2020, bajo el ambiente de la pandemia en Venezuela, persistieron las detenciones arbitrarias de ciudadanos que muestran en público su descontento con el gobierno; actos manifiestos con campañas de estigmatización y hostigamiento “en perjuicio de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el uso del derecho penal y otros controles sancionatorios para castigar o inhabilitar el trabajo de opositores políticos”, señala el informe

La CIDH consigna que al concluir la elaboración del Informe 2020, a principios de este año, envió copia a los países señalados -a través de los canales oficiales- a efectos de tener respuesta, pero a la fecha de publicación del informe no hubo comentarios por parte de los gobiernos.

Retrocesos y avances en otros países de la región.

Durante el primer año de pandemia de COVID-19, la CIDH contabiliza que los sectores más excluidos de los países del hemisferio occidental, como las minorías étnicas y grupos vulnerables, entre estos también los migrantes han sido los que más han sufrido ante los canales de respuesta instalados por los estados para hacer frente a la pandemia.

“Los Estados establecieron cuarentenas obligatorias, toques de queda, el cierre de espacios laborales y de actividades económicas, la suspensión de clases en los sistemas escolares, el cierre de fronteras terrestres y otras medidas que, en algunos casos tuvieron consecuencias adversas para la protección de los derechos humanos particularmente sobre grupos históricamente excluidos”, dice el informe

También denuncia que se registraron acciones con impacto discriminatorio en contra de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas; además del agravamiento en las condiciones de las personas privadas de libertad en la región”, señala el estudio.

Durante los primeros meses de la pandemia, la CIDH, con su despliegue de observadores en todo el continente, reconoce que a nivel general se registraron de manera preocupante, restricciones ilegítimas y uso excesivo de la fuerza en protestas sociales de algunos países de la región.

También persiste el acoso, violencia y discriminación contra grupos en situación de exclusión como mujeres, niños, personas LGBTI, pueblos indígenas, grupos afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, población carcelaria, los que experimentaron mayor riesgo durante la pandemia.

La institución ve con alarma los asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en la región “la CIDH observa nuevamente el riesgo agravado en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y líderes indígenas, de la tierra y medio ambiente, mujeres, así como los altos niveles de impunidad frente a estos casos”, dice el informe.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lamenta la constante violencia contra periodistas y medios de comunicación y la vulneración al libre ejercicio de periodismo y la libertad de prensa en algunos países del continente, donde predomina el clima de impunidad, por lo que llama a los estados de la región a tomar medidas concretas y eficaces para reducir esos riesgos.

Entre los aspectos positivos, la CIDH saluda los avances en políticas de seguridad ciudadana en varios países de la región, lo que ha evidenciado durante el año 2020 una disminución muy significativa del número de actos violentos y homicidios, en comparación con 2019.

También resalta los avances en materia de libertad de expresión con algunas sentencias judiciales en las Américas, como la tomada por el Tribunal Constitucional del Perú, y otras sentencias similares en Colombia y Argentina que muestran importantes avances para la promoción y garantía del derecho a la libertad de expresión.

Además destaca como aspectos positivos para el año 2020, la normativa de Colombia para buscar una solución migratoria para unos 762.857 venezolanos migrantes en ese país sudamericano; gesto similar asumido por Costa Rica que propuso un estatus temporal para nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela que estuvieran de manera irregular en su territorio durante el año 2020.

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