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América Latina

Mueren tres jóvenes durante el “Plantón nacional” de Venezuela

La espiral de violencia ha dejado en un mes y medio varias decenas de fallecidos y más de 800 heridos...

CARACAS Un joven murió el martes en el estado de Barinas tras resultar herido en una jornada de protestas convocada por la oposición venezolana en medio de una espiral de violencia que ha dejado en un mes y medio varias decenas de fallecidos y más de 800 heridos.

Yeison Mora Castillo, de 17 años, falleció en la madrugada en un hospital adonde había ingresado el lunes tras recibir un disparo en un ojo durante una manifestación en Ciudad Bolivia, estado Barinas, donde actuaron los cuerpos de seguridad para contener la protesta, dijo a The Associated Press el diputado opositor Freddy Superlano desde la morgue adonde fue llevado el cuerpo del joven para los estudios forenses.


La Fiscalía General indicó en un comunicado que el joven resultó herido durante una protesta en la que se presentó un grupo de personas que efectuaron varios disparos.

Mora Castillo, que era empleado de una ferretería, fue la tercera víctima que dejaron las protestas de la víspera que se registraron en todo el país en el marco del denominado “Plantón nacional” que convocó la alianza opositora y que implicó el bloqueo por varias horas de más de 50 vías en varios estados.

Dos personas murieron el lunes en una jornada de protestas en Venezuela, durante la cual miles de venezolanos tomaron la principal autopista de Caracas por horas.


Patricia de Ceballos, alcaldesa opositora de la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, confirmó en Twitter la muerte de dos hombres.

La alcaldesa dijo que un agente de la Policía Nacional “asesina a Luis Alviarez” en Palmira” y que un miembro de la policía estatal Politachira “asesina a Diego Hernández de 33 años en Capacho Nuevo”, al este de San Cristóbal, donde el lunes se escenificaron protestas antigubernamentales.

Horas más tarde, la Fiscalía General indicó en un comunicado que Alviarez, de 18 años, se encontraba junto a un grupo de personas que se manifestaban en el poblado de Palmira, del estado Táchira, unos 650 kilómetros al occidente de Caracas, "cuando presuntamente habría recibido un impacto de bala en el tórax". Minutos después fue trasladado a un hospital cercano, donde ingresó sin signos vitales.


El lunes, en medio de la autopista capitalina, los manifestantes se apostaron para leer, dormir, elaborar obras de arte y jugar pelota en una jornada más de protestas contra el gobierno.

Durante la jornada se reportaron diversos enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos de seguridad, que dejaron algunos lesionados, entre ellos tres policías en la ciudad central de Valencia, capital de estado Carabobo, que sufrieron heridas en la cabeza, una pierna y el rostro por disparo de arma de fuego y balas de goma en una manifestación, detalló la Fiscalía General.

El bloqueo de la autovía forma parte de una iniciativa denominada el “gran plantón nacional” convocado por la coalición opositora y que implicaba la toma por 12 horas de las principales vías de Caracas y otras ciudades. El 24 de abril, la oposición realizó una acción similar que se extendió por casi ocho horas.

“Todos los ciudadanos estamos en la calle defendiendo nuestros derechos de una manera pacífica, ya sea leyendo el libro que más nos guste o jugando pelota con los amigos”, afirmó Juan González, un estudiante de Relaciones Industriales, tras lanzar una pelota contra una de las paredes del distribuidor Altamira, en la zona este de la autopista. “Hoy la autopista la transformamos en un parque para rescatar por lo menos un espacio de tantos que hemos perdido por la violencia”, agregó el universitario de 18 años mientras jugaba con un grupo de amigos.

Cerca de los jóvenes, una treintena de artistas levantó una obra denominada “altar ecuménico”, de más de cuatro metros de alto, que fue decorada con pinturas y fotografías de vírgenes, santos, deidades de diferentes religiones y un gran rosario. Como parte de la obra, en las áreas verdes del distribuidor Altamira se colocaron varias cruces negras con los nombres de algunas de las personas que han fallecido en las protestas recientes.

“El plantón es hasta que el cuerpo aguante, hasta la noche”, afirmó el dirigente y excandidato presidencial Henrique Capriles, al llamar, a través de la red de Periscope, a los venezolanos a mantenerse en las calles de Caracas y otras ciudades y prepararse para “otra escala” en las protestas para enfrentar al gobierno de Maduro, al que acusó de promover un proceso constituyente para que “esta cúpula corrupta se sostenga en el poder”. La coalición anunció nuevas manifestaciones para el miércoles, jueves y sábado.

Los cuerpos de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma unas manifestaciones callejeras que se realizaron en los estados Carabobo, Táchira, Mérida y Miranda y la isla caribeña de Margarita. La organización Foro Penal Venezolano indicó que al menos 30 personas fueron detenidas este lunes en las protestas.

Capriles denunció que miembros y asesores del gobierno se reunieron a mediados de la semana pasada con un grupo de altos oficiales para discutir sobre la Asamblea Constituyente y considerar la remoción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que se distanció a finales de marzo del gobierno al denunciar la ruptura del hilo constitucional y la violación de la carta magna luego de unas sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia contra el Congreso. Tras el distanciamiento de la fiscal del gobierno, se reportó que más de un centenar de manifestantes civiles fueron pasados a los tribunales militares.

Desde que iniciaron las manifestaciones a finales de marzo, Maduro no ha expresado ninguna posibilidad de ceder a las exigencias de los sectores opositores sobre las elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el respeto a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Maduro presentó a inicios de mes en el Consejo Nacional Electoral una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución que reemplazaría a la que impulsó el entonces presidente Hugo Chávez en 1999. Durante esta semana, el gobierno proseguirá las reuniones con diferentes sectores sobre el proceso constituyente, adelantó el pasado viernes el mandatario.

[Associated Press]

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Gobierno de transición toma el poder en Haití

Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.
Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.

El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.

La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.

En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".

El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.

Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.

La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.

Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.

ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela

Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.
Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.

La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.

La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.

Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

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