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Cuba

DOCUMENTO: Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba

La votación de la Resolución. Tomado de @charazova.

Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Cuba, en particular las de 15 de noviembre de 2018, sobre la situación de los derechos humanos en Cuba[1], de 3 de diciembre de 2019, sobre Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer[2], y de 5 de julio de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro[3],

– Visto el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba firmado en diciembre de 2016 y aplicado provisionalmente desde el 1 de noviembre de 2017[4],

– Vista la audiencia sobre Cuba celebrada por la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central el 11 de diciembre de 2020,

– Vista la videoconferencia informal de los miembros del Consejo Conjunto UE-Cuba celebrada el 20 de enero de 2021[5],

– Visto el tercer diálogo formal sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, celebrado el 26 de febrero de 2021[6],

– Visto el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativo a Cuba, de mayo de 2018,

– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos,

– Vistas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y las recomendaciones generales del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas,

– Vistos los informes de varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Human Rights Foundation y Prisoners Defenders, el capítulo IV.B sobre Cuba del informe anual 2020 de la CIDH, la Comunicación de 6 de noviembre de 2019 dirigida a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y la relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en relación con las brigadas médicas cubanas, y las conclusiones del último examen periódico universal de Cuba, de 2018, sobre las brigadas médicas cubanas,

– Vistos los informes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, de mayo de 2020 a mayo de 2021, sobre las acciones represivas y las detenciones arbitrarias,

– Vistas las audiencias públicas del 179.º período de sesiones de la CIDH,

– Vistas las resoluciones de la CIDH 7/2021, 14/2021 y 24/2021,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, en la que Cuba es Estado parte,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria,

– Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos,

– Vistos la Constitución y el Código Penal cubanos,

– Vistos la Resolución n.º 168 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la República de Cuba, de 29 de marzo de 2010, la Ley n.º 1312 de 12 de septiembre de 1976 (denominada «Ley de Migración») y sus Decretos 26, de 18 de diciembre de 2015, y 306, de 12 de octubre de 2012, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el informe anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de abril de 2021,

– Vistos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Cuba,

– Vista la definición de la expresión «organización de la sociedad civil» recogida en el Diario Oficial de la Unión Europea,

– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, mediante el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, firmado en 2016, ambas Partes confirmaron su respeto de los derechos humanos universales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos; que el 5 de julio de 2017 el Parlamento Europeo dio su aprobación al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba;

B. Considerando que el Parlamento aprobó una Resolución en 2017 en la que reafirmaba su punto de vista sobre la democracia, los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación política y la libertad de información en todas sus formas;

C. Considerando que los derechos humanos, la libertad, la dignidad y el bienestar de las personas se expresan y defienden mejor en una democracia, que implica, entre otras cosas, la alternancia en el poder, la celebración de elecciones libres y justas, y el respeto del pluralismo político; que el artículo 5 de la Constitución cubana recientemente aprobada subraya que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior del Estado, reforzada por los artículos 4 y 229, que subrayan el socialismo como un sistema irrevocable; que la nueva Constitución de 2019 no solo ha servido para proteger el sistema y congelar cualquier proceso de reforma de las libertades y los derechos, sino también para ampliar su limitación; que el régimen restringe seriamente para las personas con diferentes convicciones políticas la participación en la vida política pública y el ejercicio de funciones políticas; que persiste la ausencia de condiciones que garanticen la independencia judicial, especialmente en relación con los casos de activistas y disidentes;

D. Considerando que el Decreto 349 restringe la libertad de expresión de los artistas al exigir una autorización previa para la celebración de espectáculos y exposiciones públicos y privados; que el Decreto 370 sobre contenidos en línea establece un marco ambiguo que permite la persecución de activistas y periodistas independientes, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19; que el Código Penal cubano incluye disposiciones como el «estado peligroso» y «medidas de seguridad predelictivas» en virtud de las cuales más de 8 000 personas se encuentran detenidas en prisión sin ningún delito imputable y otras 2 500 han sido condenadas a trabajos forzados;

E. Considerando que, desde la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación hace casi cuatro años, no se han registrado avances concretos en Cuba en relación con los principios y objetivos generales que persigue el Acuerdo en materia de mejora de la situación de los derechos humanos, las libertades fundamentales y las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos cubanos; que, por el contrario, el régimen cubano ha intensificado su represión y las violaciones de los derechos humanos y la situación ha seguido deteriorándose para toda la sociedad cubana, lo que ha provocado una nueva ola de resistencia y manifestaciones pacíficas de importantes sectores que las autoridades cubanas, que las estructuras represivas del régimen han reprimido y aplastado brutalmente;

F. Considerando que, en su dictamen 50/2020, distribuido el 14 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advierte de que la violación sistémica de los derechos humanos es una práctica habitual de las autoridades cubanas; que se han registrado 199 casos de prisioneros políticos en Cuba, además de 65 nuevos casos de encarcelamiento político, en los últimos doce meses, hasta el 1 de junio de 2021; que en abril se ha registrado el mayor grado de represión desde el inicio de 2021 toda vez que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentado más de 1 018 acciones represivas contra defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, de las cuales 206 fueron detenciones arbitrarias y 13 incluyeron actos de violencia grave; que, según la organización Prisoners Defenders, en Cuba hay actualmente 150 presos políticos;

G. Considerando que, a la luz del análisis realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 11 de febrero de 2021, se adoptaron medidas cautelares en favor de veinte miembros identificados del Movimiento San Isidro y que está suficientemente demostrado que los derechos a la vida y a la integridad personal de estas personas corren un grave riesgo; que las autoridades cubanas irrumpieron ilegalmente en la residencia de Luis Manuel Otero Alcántara. artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro, que fue detenido arbitrariamente durante varias horas sin cargos; que Denis Solís González, miembro del Movimiento San Isidro, está encarcelado arbitrariamente, acusado de desprecio, y Luis Robles Elizástegui se encuentra en prisión solo por sostener un cartel con el que pedía pacíficamente la liberación de Denis Solís González; que Maykel Castillo Pérez, miembro del Movimiento San Isidro y coautor de la canción «Patria y Vida», está encarcelado de forma arbitraria y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas lo calificó como desaparecido tras catorce días;

H. Considerando que, contrariamente a lo solicitado por el Parlamento, la Unión no ha visitado en prisión a presos políticos ni realizado observación alguna sobre juicios contra opositores, disidentes, activistas de los derechos humanos o miembros de la sociedad civil independiente; que organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Prisoners Defenders, y muchos otros observadores independientes de la situación de los derechos humanos, incluidos los relatores especiales de las Naciones Unidas, no están autorizados a entrar en Cuba pese a llevar años insistiendo en la necesidad de visitar la isla;

I. Considerando que la Resolución n.º 168 de 2010 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba impone a todos los empleados civiles en el extranjero que trabajan para el Estado o para empresas estatales, incluido el personal médico, deberes y obligaciones injustificados que violan la dignidad humana y los derechos humanos más básicos y fundamentales; que el Código Penal cubano castiga con sanciones de ocho años de prisión a todos los funcionarios que no terminan las misiones médicas o que deciden no volver a Cuba; que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado estas misiones médicas como una forma moderna de esclavitud y que la comunicación de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las misiones médicas cubanas (CUB6/2019) puso de relieve las condiciones de trabajo precarias e inhumanas del personal médico, acusaciones respaldadas por Human Rights Watch y 622 testimonios;

J. Considerando que Cuba ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT; que Cuba incumple los convenios 29 y 105 de la OIT sobre el trabajo forzoso;

K. Considerando que el Parlamento ha concedido en tres ocasiones su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a activistas cubanos, a saber, Oswaldo Payá en 2002, las Damas de Blanco (Berta Soler) en 2005 y Guillermo Fariñas en 2010; que las autoridades cubanas han impedido sistemáticamente que los galardonados con el Premio Sájarov y sus familiares abandonen el país y participen en acontecimientos internacionales, incluidos los organizados por el Parlamento Europeo, pese a las numerosas invitaciones, siendo la ocasión más reciente el 11 de diciembre de 2020; que sus tácticas han incluido el acoso, la intimidación y la detención arbitraria de Berta Soler y Reinaldo Escobar, así como restringir la conexión a internet de los demás participantes; que la presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y un vicepresidente del Parlamento firmaron una declaración conjunta en la que denunciaban el acoso a los activistas; que generan preocupación su defensa y apoyo por parte de la Delegación de la Unión en La Habana; que ni el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ni la Delegación de la Unión en Cuba han hecho una declaración en su defensa ni han mostrado ningún tipo de apoyo público o privado;

L. Considerando que el actual embajador de la Unión en La Habana firmó una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos en la que solicitaba, entre otras cosas, el levantamiento del embargo estadounidense a la isla, así como la no injerencia en los asuntos cubanos; que este hecho constituye un rebasamiento claro de las funciones diplomáticas del embajador y muestra el papel altamente politizado que desempeña la Embajada de la Unión en La Habana; que el actual embajador de la UE en La Habana ha declarado públicamente que Cuba no es una dictadura;

M. Considerando que el Gobierno cubano rechazó la participación de organizaciones independientes de la sociedad civil en los Seminarios de la Sociedad Civil UE-Cuba, que tuvieron lugar antes del tercer diálogo formal sobre derechos humanos; que, el 26 de febrero de 2021, la Unión y Cuba celebraron su tercer diálogo formal sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación; que ambas partes debatieron la cuestión de la libertad de reunión pacífica y de asociación; que la Unión recordó la necesidad de respetar las obligaciones derivadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos; que el diálogo tiene por objeto producir resultados tangibles y no puede considerarse un objetivo en sí mismo; que todo diálogo político debe incluir una participación directa intensiva de la sociedad civil independiente y todos los actores políticos de la oposición sin restricciones, como se subraya en el artículo 36 del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación;

N. Considerando que el Parlamento ha invitado en varias ocasiones a los representantes diplomáticos del Gobierno cubano a audiencias y actividades relacionadas con Cuba; que estas invitaciones no solo se declinaron sino que también se respondió a ellas en forma de cartas con insultos y acusaciones infundadas contra el Parlamento y sus diputados; que, muy probablemente, el Parlamento es la única institución de la Unión a la que no se ha concedido permiso para visitar el país tras la entrada en vigor provisional del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, una actitud que contradice claramente el elemento esencial en el que debe basarse un acuerdo de diálogo político;

O. Considerando que dicho Acuerdo incluye una denominada «cláusula de derechos humanos», que es un elemento tipo esencial de los acuerdos internacionales de la Unión que permite suspenderlo en caso de vulneración de las disposiciones relativas a los derechos humanos;

1. Condena enérgicamente la existencia de presos políticos, la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba; condena, asimismo, los ataques que se registran en la actualidad contra artistas del Movimiento San Isidro, disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política; pide que cesen de inmediato estas acciones e insta a las autoridades cubanas a que pongan en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión; condena enérgicamente la detención arbitraria de Aymara Nieto Muñoz, Mitzael Díaz Paseiro, Iván Amaro Hidalgo, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui y de 77 prisioneros de conciencia; expresa su solidaridad con los miembros del Movimiento San Isidro y todos los activistas y defensores de los derechos humanos en el marco de sus esfuerzos por promover la libertad de expresión en Cuba;

2. Pide que se ofrezcan mayores garantías respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del poder judicial y que se garantice que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado independiente; lamenta los 1 941 actos de represión que tuvieron lugar en abril (1 018) y mayo de 2021 (923); pide que las personas detenidas tengan derecho a una evaluación médica independiente, acceso a la comunicación telefónica y visitas periódicas de familiares, amigos, periodistas y diplomáticos;

3. Lamenta profundamente la falta de compromiso y voluntad del régimen cubano por realizar avances, aunque sean mínimos, hacia un cambio o por abrir canales que permitan encontrar vías para reformar el régimen, lo que mejoraría la participación social y política, además de las condiciones de vida de los ciudadanos; lamenta que, a pesar de la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación hace casi cuatro años, la situación en materia de derechos humanos y democracia no haya mejorado y que no haya generado ningún resultado positivo sustancial y tangible para el pueblo cubano; pide que se cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en este acuerdo y que se adopten criterios de referencia claros a este respecto;

4. Reconoce el derecho del pueblo cubano a exigir la democratización de su país a través de un diálogo con la sociedad civil y la oposición política con el fin de elaborar una hoja de ruta hacia unas elecciones democráticas multipartidistas;

5. Pide que el Gobierno cubano aplique reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación, y ponga en marcha las reformas políticas que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas que tengan en cuenta la voluntad soberana y libremente expresada del pueblo cubano; insta al Gobierno cubano a que ajuste su política en materia de derechos humanos a las normas internacionales definidas en las cartas, declaraciones e instrumentos internacionales de los que Cuba es signataria y que permita a la sociedad civil y a la oposición política participar activamente y sin restricciones en la vida política y social; pide al Gobierno cubano que reconozca el periodismo independiente como una práctica legítima y respete los derechos de los periodistas independientes en Cuba;

6. Pide la derogación inmediata de los Decretos 349 y 370, así como de otras leyes cubanas que violan la libertad de expresión;

7. Pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que reconozca la existencia de una oposición política al Gobierno cubano y que, en consecuencia, la incluya en los diálogos institucionalizados, formales, abiertos y públicos entre la Unión y Cuba, respetando los pilares del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación;

8. Lamenta que el SEAE y la Delegación de la Unión en La Habana excluyeran a la oposición democrática cubana y a las organizaciones de la sociedad civil independientes tanto europeas como cubanas de los diálogos políticos debido a la falta de respaldo por parte de las autoridades cubanas; subraya que esta decisión es contraria al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación y que ambas partes tienen la obligación de cumplir plenamente el Acuerdo; pide al VP/AR y al SEAE que se nieguen a participar en futuros diálogos políticos y sobre derechos humanos con Cuba a menos que la sociedad civil esté representada adecuadamente;

9. Recuerda al SEAE que la participación de la sociedad civil en los diálogos políticos y en los proyectos de cooperación del Acuerdo es un elemento fundamental del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, y que debe ponerse remedio inmediatamente a la situación en la que la sociedad civil queda excluida del acceso a los fondos de cooperación y de la participación en el Acuerdo mientras que, en cambio, la participación y el acceso a dichos fondos están permitidos exclusivamente para las empresas en las que el Estado participa o que controla, como ha sido el caso desde la firma del Acuerdo;

10. Condena las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas, que vulneran los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba; insta a Cuba a que aplique y cumpla efectivamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios 29 y 105 de la OIT, respectivamente; pide al Gobierno cubano que garantice el derecho de los cubanos, incluidos los médicos desplegados en misiones médicas en el extranjero, a salir de su país y regresar a él, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide al Gobierno cubano que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que garantice los derechos a la libertad de asociación, incluido el registro de organizaciones, y a la negociación colectiva, en consonancia con las normas de la OIT;

11. Pide al SEAE que insista en que las autoridades cubanas cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión y Cuba, en particular en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, como se subraya en el artículo 1, apartado 5, el artículo 2, letra c), el artículo 5, el artículo 22 y el artículo 43, apartado 2, del Acuerdo; insiste, por ello, en que la Unión supervise y haga un seguimiento estrecho del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba a la hora de aplicar el Acuerdo e informe periódicamente al Parlamento al respecto;

12. Considera que el encarcelamiento de Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui, Maykel Castillo Pérez («Osorbo»), miembro del Movimiento San Isidro y coautor de la canción «Patria y Vida», encarcelado de forma arbitraria y calificado como desaparecido por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas tras 14 días, y de más de 120 presos políticos y de conciencia, así como todas las acciones arbitrarias y represivas registradas en abril y junio de 2021, constituyen un caso de especial urgencia, tal como se define en el artículo 85, apartado 3, letra b), del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación; pide a la UE que convoque una reunión urgente a este respecto;

13. Lamenta profundamente que las autoridades cubanas se nieguen a permitir la entrada en Cuba de las delegaciones del Parlamento Europeo; pide a las autoridades que permitan la entrada en el país tan pronto como lo posibiliten las condiciones sanitarias; pide a todos los representantes de los Estados miembros que aborden las violaciones de los derechos humanos en el país durante sus visitas a las autoridades cubanas y que se reúnan con los galardonados con el Premio Sájarov a fin de garantizar la aplicación coherente, a escala interna y externa, de la política de la Unión en materia de derechos humanos;

14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

[1] DO C 363 de 28.10.2020, p. 70.

[2] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0073.

[3] DO C 334 de 19.9.2018, p. 99.

[4] DO L 337 de 13.12.2016, p. 3.

[5] Consejo Conjunto UE-Cuba, 20 de enero de 2021

[6] Diálogo sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, de 26 de febrero de 2021

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Están desbordados los hospitales en medio de la pandemia, advierte el científico Oscar Casanella

El científico Oscar Casanella. (Imagen tomada de su perfil de Facebook).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha ubicado a Cuba entre los países de tasas semanales de muertes por COVID-19 más altas del mundo.

Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella dijo a Radio Martí que “se han empezado a aplicar los ingresos domiciliarios porque no hay capacidad, están desbordados los hospitales".

“Además”, señaló Casanella, “hay muchas personas que están ya graves en los centros de aislamiento, solicitan un traslado a un hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos y no hay siquiera transporte”.

“Esto se esperaba que ocurriera”, afirmó el biólogo, “porque, desde antes de la epidemia de COVID-19 en Cuba, ya el sistema sanitario estaba en crisis por las condiciones de higiene, por la falta de medicamentos y de infraestructura, la falta de ambulancias, por ejemplo”.

Junto a Cuba, se ubican en la lista de la OPS Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay.

El biólogo Oscar Casanella explica causas colaterales de alta incidencia de Covid-19 en Cuba
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La OPS también dio a conocer que en Estados Unidos los casos se han duplicado durante la última semana, mayormente, entre personas no vacunadas.

Karitza Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que Cuba está registrando sus tasas de infección y muerte más altas que en cualquier otro momento de la pandemia y agregó que más de siete mil menores y casi cuatrocientas mujeres embarazadas dieron positivo en la última semana.

Según el biólogo Casanella es lamentable que esté aumentando en la isla la incidencia de la enfermedad en edades tempranas.

“Quizás estén más aislados en las casas pero, cuando se reúnen con otros niños de la familia o con el del vecino, es más difícil que ellos se autocontrolen y mantengan la distancia física”.

“Ahí hay una suma de factores”, explicó el científico cubano. “Está por supuesto el incremento de la cepa Delta, del SARCO2, está el estado nutricional de los cubanos; para que una persona inmunocompetente, se necesita un buen estado de nutrición en cuanto a calidad”.

Convocan a cacerolazo después del noticiero de Humberto López

Convocan a cacerolazo para protestar por la libertad de Cuba.

Cubanos convocaron a un gran cacerolazo todos los días a las 9 de la noche para protestar en contra del régimen castrista y exigir la libertad de Cuba, informó la periodista independiente Iliana Hernández.

El cacerolazo se realizaría justo después de que finalice el noticiero estelar de la televisión cubana donde cada noche el periodista y abogado oficialista Humberto López arremete en contra de activistas, periodistas independientes y disidentes opositores difamándolos públicamente, explicó Hernández.

“Las calles están militarizadas, pero eso no impide que sigamos en protesta, pacíficamente, que el mundo vea lo que queremos los cubanos”, escribió Hernández invitando a los cubanos en la isla a que participen.

La propuesta indica que el cacerolazo debe durar 5 minutos y su intención es no pausar las manifestaciones, después de que el 11 de julio miles de cubanos protestaron contra la dictadura.

La respuesta del régimen fue detener y encarcelar a manifestantes, y prohibir a periodistas independientes salir de sus hogares.

Según la consultoría jurídica independiente Cubalex, unas 263 personas continuaban detenidas y 36 en desaparición forzada.

En huelga de hambre joven detenido en protesta de Palma Soriano

En huelga de hambre joven detenido en protesta de Palma Soriano
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Líderes opositores y de la sociedad civil encarcelados tras las protestas del #SOSCuba

Combinación de fotografías de José Daniel Ferrer (izq.) Félix Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara.

Varios líderes de la oposición cubana y los principales activistas de la sociedad civil están con operativos policiales en sus viviendas para impedirles salir a la calle pero otros permanecen en prisión desde el levantamiento nacional ocurrido el 11 de julio.

Familiares de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y presidente del Consejo para la Transición en Cuba, han denunciado que está detenido en Versalles, un lugar que ha sido denunciado como un “centro de tortura” de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba.

La familia de Ferrer cree que el opositor pudiera estar en huelga de hambre, y no han tenido comunicación alguna con el detenido desde el 11 de julio.

Mientras Félix Navarro, vicepresidente del Consejo para la Transición en Cuba y fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, se contagió de COVID-19 tras ser detenido el 12 de julio. Actualmente se encuentra reportado de cuidado pero estable, en el hospital Militar de Matanzas.

El opositor Francisco Rangel Manzano, también integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, continúa en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas. Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano dijo a Radio Martí que el activista presenta problemas de salud por una cardiopatía que padece y que no la habían hecho llegar los medicamentos requeridos.​

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.

También el opositor Carlos Manuel Pupo Rodríguez, al frente del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) fue detenido durante el levantamiento popular del 11 de julio en San Antonio de los Baños y encarcelado en el Combinado del Este. Tras contagiarse de coronavirus ha sido trasladado al hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, en La Habana.

Por otra parte, Virgilio Mantilla Arango, líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, fue condenado el pasado viernes en Florida, Camagüey, a 9 meses de prisión por el supuesto delito de “desacato”.

Según el grupo de asesoría legal Cubalex se han documentado al menos 700 detenciones desde que comenzaron las protestas.

Muchos de los detenidos han sido condenados en procesos judiciales sumarios sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas.

La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR por sus siglas), alertó en un comunicado que en los juicios sumarios contra manifestantes del levantamiento nacional del 11 de julio los acusados no cuentan con representación legal.

Una denuncia similar ha hecho la organización Human Rights Watch: "Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. Calles altamente militarizadas. Cientos de manifestantes detenidos. Ya han comenzado a juzgar a varios con procesos sumarios que no permiten derecho a la defensa. Muchos activistas y periodistas bajo prisión domiciliaria".​

El grupo Cuban Prisoners Defenders denunció que "los juicios sumarios, sin abogados ni posible defensa, se están produciendo simultáneamente en número de 10 acusados, e incluso hemos conocido casos de 30 acusados simultáneos. Estamos hablando de cientos de personas procesadas, si no miles. Una gravedad extrema".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los reportes recibidos sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las jornadas de protesta que iniciaron el pasado 11 de julio en Cuba.

Además de reiterar su condena a las acciones de represión denunciadas durante las manifestaciones, la Relatoría advierte que los reportes que llegan desde sociedad civil son graves y merecen atención por parte de las autoridades y la comunidad internacional.

Diversas organizaciones piden a Biden aliviar las regulaciones sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba

Emilio Fleitas Alonso, director de la empresa estatal cubana de suministros médicos, muestra un ejemplo de jeringas donadas por la organización "Amigos de Cuba desde Estados Unidos", en La Habana el 23 de julio de 2021. (Foto AP/Ismael Francisco).

"Una coalición sin precedentes de académicos, fundaciones y grupos cívicos con un amplio historial de acercamiento con Cuba" le escribió al presidente Joe Biden, instándole a darle prioridad a la situación humanitaria en Cuba "mediante la suspensión de las regulaciones que inhiben el flujo de ayuda a la isla", informó en un comunicado la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA.

“Todos nosotros tenemos amigos y colegas en Cuba que están enfermando e incluso muriendo como resultado del COVID-19 y de la actual escasez”, dijo Wendy Luers, de la Fundación para una Sociedad Civil, que ha trabajado en Cuba desde los años ochenta. “Esto es personal. Mientras el presidente Biden revisa su política hacia Cuba, le escribimos hoy con un simple mensaje: Salvemos primero las vidas de los cubanos”.

La coalición pide al presidente "que permita las remesas, que elimine el requisito de licencias específicas para la exportación de ayuda humanitaria y varias otras regulaciones que impiden a las ONG estadounidenses e internacionales enviar medicamentos y alimentos a Cuba".

“Las normas actuales de EE.UU. crean una telaraña de regulaciones que hacen que sea costoso, complicado y lento enviar ayuda a Cuba, y eso cuando incluso es posible”, dijo el abogado Robert Muse.

“Todas estas barreras impiden en última instancia que la ayuda llegue a Cuba, y cuestan vidas —y todas ellas podrían ser eliminadas por el presidente [Biden] de un plumazo—”, añadió Muse.

“Cualquiera que haya solicitado alguna vez una licencia de exportación al Departamento de Comercio de EE.UU. para enviar ayuda a Cuba sabe cuánto tiempo y recursos lleva el proceso”, dijo Bob Schwartz, de Global Health Partners, cuya organización ha liderado la Campaña Salvando Vidas, que ha recaudado más de US$500.000 de donaciones individuales para enviar más de seis millones de jeringas a Cuba, para utilizarlas en su campaña de vacunación.

“El simple hecho es que estas regulaciones son un impedimento para las donaciones humanitarias, y podríamos hacer mucho más para ayudar al pueblo cubano si el presidente Biden las suspendiera”, añadió Schwartz.

Las normas estadounidenses relacionadas a las transacciones financieras con Cuba impiden incluso el envío de ayuda a nivel internacional, precisó WOLA.

“El número de veces que los bancos europeos se han negado a procesar nuestras transacciones para los suministros médicos vitales que intentamos enviar a Cuba es chocante y desmesurado”, dijo Franco Cavalli, presidente de mediCuba, una organización con sede en Suiza que ha enviado más de €30 millones en suministros médicos a Cuba desde los años noventa.

Varios activistas y grupos cubano-americanos también firmaron la carta.

“Las familias en la isla que se enfrentan a colas por comida que duran horas, a la ausencia de medicinas básicas y de equipos médicos necesarios, son nuestros abuelos, tíos, primos y amigos”, dijo Daniel Jiménez, de la Fundación CubaOne, un grupo que organiza viajes para jóvenes cubano-americanos a la isla.

“Como nos enseñó el héroe de la independencia de Cuba, José Martí: ‘encendemos el horno para que todo el mundo cueza en el pan. Yo, si vivo, me pasaré la vida a la puerta del horno, impidiendo que le nieguen pan a nadie, y menos, por la lección de la caridad’”, añadió Jiménez.

“El camino hacia un verdadero cambio político y económico en Cuba pasa por la paz y el acceso a las oportunidades, no por la muerte y el sufrimiento”, dijo el empresario cubano-americano Carlos Fernández-Aballi.

“Así que la actual crisis humanitaria en la isla no puede ser aceptada y debe ser abordada ahora antes que nada. Es simplemente lo que hay que hacer”, dijo Fernández-Aballi.

Varios de los grupos que firmaron la carta llevan tiempo argumentando que una política humanitaria hacia Cuba ayudaría a alcanzar los objetivos de Estados Unidos mucho más eficientemente que las políticas y regulaciones actuales, dijo WOLA en su comunicado.

“En el largo arco de la política estadounidense hacia Cuba, se ha logrado muy poco con las crueles regulaciones que aún se aplican”, dijo Geoff Thale, presidente de WOLA.

“El estallido social sin precedentes que ha vivido Cuba en las últimas semanas está relacionado con la actual crisis humanitaria. Las sanciones del gobierno de Estados Unidos no lo explican todo, pero han desempeñado un papel importante. El simple hecho es que las implicaciones políticas van a tardar algún tiempo en resolverse, pero las cuestiones humanitarias actuales pueden, y deben, abordarse ahora”, añadió Thale.

“El presidente Biden tiene la oportunidad de responder de forma constructiva a los acontecimientos que están ocurriendo en Cuba y mostrar verdadera solidaridad con el pueblo cubano eliminando las regulaciones que impiden que la ayuda llegue a Cuba. Debería aprovecharla”, dijo Thale al concluir el comunicado.

La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, ha dicho que el envío de ayuda humanitaria al pueblo cubano es una parte clave de la política estadounidense hacia Cuba.

Dijo en ese sentido que Estados Unidos autoriza millones de dólares cada año en ayuda humanitaria a Cuba, y también en la exportación de alimentos a la isla.

A mediados de julio, el gobierno cubano anunció que alimentos, aseos y medicamentos podrán entrar a Cuba por medio de viajeros sin restricciones durante el resto del año.

Estas importaciones serán "por la vía del pasajero, es decir del equipaje acompañante en el viaje", aclaró el primer ministro Manuel Marrero, y no incluye "ni la ropa ni el calzado".

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