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América Latina

Denuncian acción legal contra 22 diputados electos en Venezuela

Los diputados electos venezolanos de la Mesa de la Unidad Democrática. EFE

El secretario ejecutivo de la alianza opositora dijo que hasta el momento desconocen las razones que se estarían alegando para impedir la juramentación de los congresistas electos.

La coalición opositora venezolana denunció este martes que personas vinculadas al oficialismo habrían introducido una acción legal en una sala del Tribunal Supremo de Justicia para impedir la juramentación de 22 de 112 diputados opositores que fueron elegidos en los comicios del 6 de diciembre.

La AP solicitó a la oficina de prensa el Tribunal Supremo de Justicia una reacción sobre el anuncio de la oposición, pero indicaron que no tenían información al respecto.

El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, indicó que personas relacionadas al oficialismo presentaron en la Sala Electoral del máximo tribunal del país un "recurso contencioso electoral" y una medida de amparo para impedir la juramentación de 22 diputados opositores electos.

"Tenemos constancia y evidencia porque estaban allí nuestros abogados, que se habilitó de manera extraña la Sala Electoral,...con magistrados suplentes para recibir un recurso", afirmó Torrealba.

El dirigente opositor expresó a The Associated Press que hasta el momento desconocen las razones que se estarían alegando para impedir la juramentación de los congresistas electos y quienes podrían ser afectados por la medida debido a que no se les permitió a los abogados de la llamada Mesa de la Unidad Democrática el acceso al expediente.

De ser admitida y aprobada la acción contra los 22 diputados opositores podrían correr el riesgo de ser impedidos de asumir sus cargos cuando se instale la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero.

Torrealba consideró la acción como un "intento de golpe judicial contra la voluntad del soberano", y señaló que ese recurso es inconstitucional y no tiene peso jurídico para impedir la proclamación de los congresistas opositores electos.

"Eso es un alzamiento contra la voluntad del soberano. Eso es un alzamiento contra la voluntad de los venezolanos. Se están poniendo (en el oficialismo) al margen de la ley, al margen de la Constitución por más que intenten darle un barniz judicial a esta maniobra, a este golpe", agregó.

El dirigente dijo que la coalición opositora estableció contactos con la OEA, Unasur, el Vaticano y las diferentes cancillerías de la región para denunciar la acción judicial.

El jurista José Vicente Haro dijo a la AP que de emitir la Sala Electoral una decisión provisional o definitiva que impida a los 22 congresistas juramentarse y comenzar a ejercer sus funciones, eso no impediría a la nueva Asamblea Nacional instalarse el 5 de enero debido a que solo "bastaría que esté la mayoría absoluta de sus miembros" para comenzar a operar.

Haro explicó que en el caso que sean anuladas las proclamaciones de algunos diputados debería llamarse nuevamente a elecciones en los circuitos electorales donde se impugnó la votación para elegir nuevos congresistas. El jurista insistió en que la posible anulación de las proclamaciones debe producirse después que se le dé el derecho a la defensa y al debido proceso a los afectados.

Opositores, algunas organizaciones de derechos humanos y analistas han denunciado que el Tribunal Supremo de Justicia es controlado por el oficialismo.

La Asamblea Nacional saliente convocó para este martes una sesión especial en la que se espera iniciar el proceso de selección de 13 magistrados del máximo tribunal que adelantaron sus jubilaciones. La coalición opositora ha señalado que podría anular esos nombramientos al asumir el nuevo congreso el 5 de enero.

La oposición ha denunciado que se habría presionado la salida de 13 de los 32 magistrados para asegurarle el oficialismo el control del Tribunal Supremo. Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios al respecto.

La coalición opositora logró en las elecciones parlamentarias 112 de los 167 escaños lo que le garantiza una mayoría calificada que le permitirá convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo.

El oficialismo, que por tres lustros había dominado el congreso con amplia mayoría, en los comicios logró 55 curules.

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Quieren enjuiciar a Áñez, quien promete defenderse mientras Evo anuncia su regreso

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, proclama la Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, reclamó este viernes una "investigación imparcial", después de que el Parlamento sugirió que sea juzgada por delitos como genocidio, al tiempo que el expresidente Evo Morales anunció su regreso al país.

El informe de una comisión de investigación de la Asamblea Legislativa de Bolivia (con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del expresidente boliviano Evo Morales) recomienda que Áñez sea presentada a un juicio de responsabilidades, un mecanismo previsto en la Constitución boliviana para procesar a altas autoridades del Estado como su presidente, por muertes de al menos 26 personas durante la crisis política y social que atravesó Bolivia el año pasado.

"El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia. Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara", declaró Jeanine Áñez a través de Twitter.

El próximo 8 de noviembre está previsto que tome posesión como nuevo presidente Luis Arce, ganador por el MAS de las pasadas elecciones del 18 de octubre.

Evo Morales se prepara para regresar el próximo 11 de noviembre a
Chimoré, en el departamento de Cochabamba, el mismo punto desde
donde partió al exilio el año pasado.

"El 11 de noviembre del año pasado salí para salvar la vida, ahora volveré con vida a Chimoré", afirmó en entrevista con EFE y aclaró que había descartado regresar el día de la toma de posesión de Luis Arce, porque eso le "quitaría el protagonismo del hermano Lucho Arce".

La CIDH repudia la nueva ley de ciberdelitos en Nicaragua

Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua. (Inti Ocon / AFP).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado contra la nueva ley de agentes extranjeros así como la promulgada sobre los ciberdelitos, aprobadas esta semana en Nicaragua por el régimen Ortega/Murillo y ha pedido que ambas leyes sean declaradas sin efecto por “formar parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONGs y atacar las libertades públicas de Nicaragua”.

El uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público, sobre funcionarios públicos o políticos vulnera en sí mismo el artículo 13 de la Convención Americana

De acuerdo con lo expresado por el CIDH en conjunto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, crear un cuerpo de leyes para castigar las expresiones “establece tipos y ámbitos de aplicación abiertos, dando discrecionalidad a las autoridades para sancionar penalmente la libertad de expresión”.

“El uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público, sobre funcionarios públicos o políticos vulnera en sí mismo el artículo 13 de la Convención Americana”, advirtió además la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Al respecto, el secretario de Estado Adjunto del gobierno Norteamericano, Michael Kozak, ha expresado en su cuenta de Twitter que “La ley de delitos informáticos de Nicaragua es otra vergonzosa violación de los principios democráticos y una herramienta más del régimen de Ortega para reprimir a los medios independientes y las voces de la oposición”.

Al igual que miembros de la Prensa Independiente en Cuba, medios no oficialistas nicaragüenses han dado en llamar “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” a las nuevas disposiciones legalizadas por el régimen de Daniel Ortega, considerando que están diseñadas especialmente para acorralar a quienes intentan denunciar la realidad política y social del país y también, contra las personas que utilizan las redes sociales para hacer públicas sus denuncias.

Otra de las similitudes entre ambas leyes “Mordaza”, la nicaragüense y la aplicada en Cuba, es concederle poder al Instituto de Telecomunicaciones para lograr que las bases de datos informáticos de cualquier entidad sean “congeladas” (sic) por el término de tres meses, según reporta la agencia EFE, en los que deberán permanecer a disposición de las autoridades designadas para el caso que, además, tendrán derecho a la incautación de equipos y material obtenido en caso de ser culpables de cometer ciberdelitos.

(Redactado con información de la Agencia EFE)

España anuncia retiro de Embajador en Venezuela para nombrar Encargado de Negocios

Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de España.

Para demostrar que las elecciones presidenciales realizadas por Nicolás Maduro en 2018 no fueron “justas ni transparentes”, España ha determinado bajar el rango de sus relaciones diplomáticas con Venezuela retirando al hasta ahora Embajador español en ese país, Jesús Silva, dio a conocer la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, según reporte de la Agencia Europa Press.

Hasta el momento, España es el tercer país europeo que decide adoptar esta medida diplomática con el régimen de Maduro, siendo antecedida por Italia y Países Bajos quienes también hicieron regresar a sus respectivos Embajadores haciendo descender el nivel de relaciones con un gobierno que más de 60 países han rechazado por considerar ilegítimo.

Esta medida, al parecer, no está relacionada con las tensiones surgidas entre ambos países a partir de la fuga, ocurrida la pasada semana, del opositor Leopoldo López, quien se encontraba en calidad de refugiado en la Embajada española en Caracas, de acuerdo a fuentes consultadas por Europa Press, quienes precisaron que dichas medidas ya estaban orientadas desde finales del mes de septiembre, cuando el Ministerio de Exteriores dio a conocer que empezaba el relevo de embajadores en varios países de Latinoamérica.

Durante su intervención, Cristina Gallach se ha referido a la necesidad de crear respecto a Iberoamérica “un consenso básico unido a una política de Estado” que no esté permeada por las diferentes posiciones ante la política que pueden entorpecer la interpretación de las verdaderas prioridades en cuanto a los objetivos marcados en ese continente.

Mientras tanto, en los corredores de la diplomacia española el nombre de Juan Fernández Trigo se oye con bastante insistencia como una posibilidad para ocupar el cargo de Encargado de Negocios con Cartas de Gabinete en la sede diplomática de España en Caracas.

El dato curioso es que Don Juan Fernández Trigo es, hasta el día de hoy, embajador de España en La Habana.

(Redactado con información de Europa Press)

Consternación por el arresto del periodista y opositor venezolano Roland Carreño

Miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), uno de los cuerpos represivos del gobierno venezolano. (STR / AFP).

El principal fiscal de Venezuela dijo que el periodista Roland Carreño había sido arrestado, horas después de que el mandatario interino, Juan Guaidó, denunciara la "desaparición forzada" del coordinador del partido Voluntad Popular.

El fiscal jefe Tarek Saab escribió en Twitter que Carreño había sido detenido por presunta "participación en planes conspirativos contra la paz democrática" y su oficina había asignado un fiscal al caso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, protestó de inmediato y pidió información sobre su situación y condiciones de salud.

El congresista federal estadounidense, Mario Díaz-Balart, de origen cubano, dijo estar “profundamente preocupado por la desaparición forzosa del periodista venezolano Roland Carreño. Una más de las tantas violaciones a los #DDHH y agresiones contra la prensa libre en #Venezuela.”

De forma similar se expresó el senador cubanoamericano Marco Rubio. Dijo que la represión no cesa en Venezuela bajo el gobierno de Maduro.

El congresista demócrata Albio Sires, también de familia cubana, condenó como secuestro el arresto de Carreño.

Michael Kozak, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo que el arresto de Carreño es un nuevo intento del régimen de Maduro de suprimir las voces de la oposición en Venezuela.

Kozak critica situación represiva en Venezuela

Imagen del uniforme de las Fuerzas de Acción Especial de Venezuela (STR/AFP).

El subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, criticó este martes en su página de Twitter la situación represiva en Venezuela.

Kozak se refirió así a la desaparición por parte de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro de un periodista e integrante del Gobierno interino de Venezuela, Juan Guaidó.

El alto diplomático estadounidense dijo que la “desaparición forzosa del periodista venezolano, representante del gobierno interino, Roland Carreño, es un nuevo intento de Maduro de detener arbitrariamente a ciudadanos para silenciarlos e infundir miedo. Elecciones no serán libres o justas bajo tal régimen. El mundo debe imputar a Maduro”.

Durante la semana pasada senadores de Estados Unidos presentaron una resolución para rechazar lo que describen como "el show electoral del dictador Nicolás Maduro", en referencia a las elecciones de diciembre.

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