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América Latina

16 países acuerdan Declaración Conjunta sobre Venezuela en Cumbre de las Américas

Plenario de la VIII Cumbre de las Américas.

La carta exhorta "a los miembros de la comunidad internacional para que apoyen los esfuerzos y decisiones de los países de la región a fin de contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela"

Al cierre de la VIII Cumbre de las Américas, 16 países de la región acordaron una declaración conjunta, en la que exhortan al régimen de Nicolás Maduro a realizar elecciones presidenciales con las “garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, sin presos políticos, que incluya la participación de todos los actores políticos venezolanos”.

Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Estados Unidos, firmaron el documento "ante la persistente situación de quiebre del orden constitucional en Venezuela y preocupados por el agravamiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país".

La carta exhorta "a los miembros de la comunidad internacional para que apoyen los esfuerzos y decisiones de los países de la región a fin de contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela".

A continuación, el texto íntegro de la declaración:

Declaración Conjunta sobre Venezuela

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, y el Vicepresidente de los Estados Unidos, reunidos con ocasión de la VIII Cumbre de las Américas; ante la persistente situación de quiebre del orden constitucional en Venezuela y preocupados por el agravamiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país:

1. Hacen un urgente llamado al gobierno venezolano para que lleve a cabo elecciones presidenciales con las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, sin presos políticos, que incluya la participación de todos los actores políticos venezolanos, y ratifican que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad.

2. Expresan su determinación de seguir impulsando, especialmente en el ámbito de la OEA, acciones e iniciativas que contribuyan a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos, y la plena vigencia del estado de derecho.

3. Refrendan su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela y reiteran que los actos jurídicos que conforme a su Constitución requieran de autorización de dicha asamblea solo serán reconocidos cuando ésta los haya aprobado y en ese contexto, considerarán nuevas medidas que contribuyan al pleno respeto de sus facultades constitucionales en materia económica y financiera.

4. Exhortan a los organismos especializados, agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas y de la OEA a implementar de manera inmediata un programa de asistencia humanitaria para aliviar la situación de sufrimiento y escasez que padece el pueblo de Venezuela. En tal sentido, reiteran su llamado al gobierno venezolano para que permita el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria que mitigue los graves efectos del desabastecimiento, especialmente de alimentos y medicinas.

5. Expresan su profunda preocupación por el creciente éxodo de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país como producto de la crisis y exhortan a los organismos internacionales pertinentes a elaborar de manera inmediata, un programa de apoyo y fortalecimiento de capacidades de los países de la región para atender las distintas necesidades, incluidas las de seguridad, derivadas de este éxodo.

6. Exhortan a los miembros de la comunidad internacional para que apoyen los esfuerzos y decisiones de los países de la región a fin de contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hacen en este sentido un llamado a los países que han adoptado medidas a ampliarlas y fortalecerlas.

7. Subrayan la importancia de que la comunidad internacional apoye la recuperación económica de Venezuela, una vez restaurado el orden democrático y constitucional.

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General venezolano: Maduro es incapaz de ser comandante en jefe

Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se presentó en el programa de Idania Chirinos en NTN24.

Un general del ejército venezolano sancionado por Estados Unidos huyó a Colombia, en momentos en que aumenta la presión internacional sobre el presidente Nicolás Maduro, y dijo que escapó porque no podía ser leal a un “gobierno de incapaces y corruptos”.

Carlos Rotondaro fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicinas que administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo que presidió durante 10 años hasta el 2017.

“No soy traidor, soy leal a la patria”, dijo Rotondaro en una entrevista divulgada el lunes por la tarde con el canal colombiano NTN24. “Ese juramento no incluía defender a un gobierno de incapaces y corruptos (...) Cada año estamos peor”, agregó.

El oficial no dio detalles sobre su salida del país, excepto que fue de forma clandestina y que su pasaporte le fue anulado a fines de 2017. Tampoco se refirió a su estatus legal en Colombia.

El exfuncionario, que había dejado el cargo en el seguro social hace un par de años, solicitó refugio en Colombia hace pocos días, según dijeron a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.

Desde enero, cientos de oficiales han desertado de Venezuela y cruzado la frontera hacia Colombia, tras una oferta de beneficios jurídicos que ofreció el líder de la oposición Juan Guaidó, cuando se proclamó presidente interino.

Sin embargo, hasta ahora pocos generales han aceptado el ofrecimiento de Guaidó.

Rotondaro dijo que reconocía al líder opositor como el presidente legítimo del país. “(La población) está pidiendo un cambio a gritos a través de unas elecciones en igualdad de condiciones”, agregó.

“No hay liderazgo total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las necesidades de la tropa hacen que el liderazgo se vaya diluyendo. Nicolás Maduro no tiene la moral, ni tiene la capacidad para ser el comandante en jefe”, dijo Rotondaro.

El Ministerio de Comunicación no respondió a solicitudes de comentarios.

Los militares de alto rango son considerados clave para mantener en el poder a Maduro, que ha presidido cinco años de recesión del país petrolero, que sufre además una hiperinflación y del que han migrado unas tres millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas.

En marzo de 2018, el exfuncionario fue incluido en la lista de sancionados por el gobierno de Donald Trump.

[agencia Reuters y NTN24]

EEUU condena violencia de Ortega contra manifestantes en Nicaragua

Policía reprime a manifestantes en Nicaragua.

Estados Unidos condenó este lunes la continua violencia y represión del régimen de Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense el pasado 16 de marzo, y pidió al gobernante liberar a cientos de personas detenidas durante las protestas.

"Estados Unidos continuarán instando a la rendición de cuentas por aquellos que han demostrado un descarado desprecio por Derechos humanos y libertades fundamentales", advirtió el Departamento de Estado en un comunicado.

"Pedimos al régimen de Ortega que ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente; respetar la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses; y comprometerse con las reformas electorales y con la celebración temprana y libre de elecciones", agregó la nota.

La cancillería estadounidense reiteró su apoyo a la Alianza Cívica y al pueblo nicaragüense "en su búsqueda por restaurar la democracia a través de medios pacíficos".

"Ahora es el momento de soluciones rápidas, justas y de buena fe. Los nicaragüenses merecen tener un gobierno que escuche sus voces y respete sus derechos humanos y libertades fundamentales", concluyó el Departamento de Estado.

(A partir de un comunicado del Departamento de Estado)

Dictan nuevo procesamiento por corrupción a Cristina Fernández

Cristina Fernández de Kirchner sale de una corte federal en Buenos aires, en febrero pasado.

Un juez argentino dictó este lunes un nuevo procesamiento por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), el tercero que incluye una orden de detención, aunque seguirá sin hacerse efectiva por ser senadora y tener fueros, informaron a Efe fuentes del caso.

El magistrado Claudio Bonadio abrió un proceso penal, que se vincula a la conocida como "causa de los cuadernos", contra la exmandataria -que está en Cuba visitando a su hija Florencia, tratada en ese país por problemas de salud- por la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL) durante su mandato presidencial.

Otros siete procesamientos más pesan ya sobre la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que insiste en que es víctima de una persecución judicial hilvanada por el actual Gobierno y ya el pasado 25 de febrero declaró por escrito que "no existe un solo elemento de prueba" que la vincule "siquiera remotamente" con lo que se la acusa.

En el dictamen de Bonadio, que también procesó a, entre otros, exdirectivos de las estatales YPF y Enarsa y a los ya detenidos Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (exsubsecretario de Control y Coordinación de la misma cartera), se apunta a supuestos delitos cometidos entre 2008 y 2015.

"Los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido", subraya el juez.

Además, el auto agrega que no existió "negociación alguna" al respecto y la participación de intermediarios y la selección de agencias marítimas también fue sin licitación.

"Facturaron a precios con variaciones injustificadas, componentes que incidieron en el precio finalmente abonado que generó un perjuicio económico a las arcas del estado, por un monto difícil de determinar", remarcó el magistrado.

"Se advirtió una sobrefacturación en las compras de GNL total y aproximada de 124,75 millones de dólares y una subfacturación de, aproximadamente, 194,28 millones. Para que la maniobra pudiera configurarse y sostenerse en el tiempo, los aportes de cada uno de los funcionarios imputados, desde sus respectivas áreas de responsabilidad, fueron indispensables", sentencia el auto.

Tanto De Vido como Baratta, junto con otros exfuncionarios como los que fueran presidentes de la empresa energética estatal Enarsa Exequiel Omar Espinosa y Walter Rodolfo Fagyas "fueron quienes tuvieron la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado", habiendo tenido en sus manos, según Bonadio, "el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL".

En el caso concreto de Fernández, por la causa del GNL se amplía su procesamiento por cohecho pasivo o defraudación contra la administración pública y por administración fraudulenta que ya registra la causa madre y se decretó prisión preventiva que se hará efectiva si el Senado prueba su desafuero.

Este expediente está directamente relacionado con la llamada "causa de los cuadernos", que se destapó en agosto pasado después de conocerse unas libretas en las que un chófer de Baratta anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.

"Su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes", remarca Bonadio en su dictamen.

Esa "asociación ilícita" fue, según el magistrado, comandada por Kirchner -fallecido en 2010- y Fernández, ya que "el dinero era entregado alternativamente" al matrimonio presidencial en sus domicilios privados u oficiales.

"Parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos", añade Bonadio.

(EFE)

Espía cubano fue expulsado de Colombia

Migración Colombia

A través de un comunicado en su página web Migración Colombia informó que el ciudadano cubano José Manuel Pena García fue expulsado del territorio colombiano en un vuelo con destino a la Habana.

Según el diario El Tiempo Pena García se encontraba realizando actividades de espionaje en la base área de Palanquero, una sede estratégica de las fuerzas militares colombianas, ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca. "Monitoreaba e informaba cómo era el funcionamiento y cómo se movía la base de Palanquero", indicó una fuente del diario colombiano cercana al caso. "Tenía un equipo que le permitía medir las dimensiones de los aviones y el armamento", añadió la fuente.

Migración Colombia explica que Pena García fue solicitado la madrugada del sábado para comunicarle la orden de expulsión en su contra por considerarlo un extranjero que amenaza la seguridad nacional del país.

Un testigo del diario El Tiempo asegura que en el año 2014 Pena García ha sido clave para llevar a Venezuela a miembros del G2 cuando llegó al país vecino por medio del programa de intercambio de médicos entre ambos países.

Por medio de su comunicado Migración Colombia asegura que por medio del Artículo 2.2.1.13.2.2 los inmigrantes "… que realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social...

Esta medida le impide la entrada a territorio colombiano por un lapso de 10 años a partir de la fecha de expulsión.

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