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Cuba

Apagones dificultan la educación a distancia por medio de teleclases

Eliane Porchete toma las teleclases en la comunidad de Minas, Guanabacoa, durante la pandemia. (AP Photo/Ismael Francisco, File)

En Cuba, cuando llega el apagón muchos niños quedan sin recibir las teleclases, lo que obliga a los padres a buscar cómo copiar la sesión a través de una memoria USB o por medio de una aplicación, para la cual se necesitan megas para acceder a Internet.

Desde la localidad de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, la activista Nayelis Pérez Aguilar relató a Radio Martí las dificultades que debe enfrentar día tras día para que su hijo pueda mantenerse al día con las clases online.

“Se queda el niño sin la teleclase o, viene la posibilidad de, con una memoria, ¡si tienes, si la puedes conseguir!, ir a la escuela y que, cuando a alguien se le ocurra y pueda, porque yo he ido a varias escuelas y no han estado las teleclases, tuve que ir a otra escuela que no es la de mi hijo para que él pudiera dar las teleclases”, explicó Pérez Aguilar.

Titánico esfuerzo deben realizar padres cubanos para que sus hijos estudien
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En caso de no poder grabar las teleclases en la memoria USB, los padres se ven obligados a descargar una aplicación, lo cual implica el gasto de los escasos megas a los que la población puede acceder, pagando extra incluso, lo cual dificulta que los escolares logren mantenerse al día con las materias.

“Hay que descargar una aplicación que ellos mismos (el gobierno) crearon y, entonces, por ahí también te ‘comen’ megas para que el niño pueda acceder a las teleclases”, apuntó Nayelis.

“Aquí todo es un problema, ¡todo es un problema aquí! Héroes somos los que estamos viviendo aquí, los ‘de a pie’. Da dolor y tristeza ver las condiciones a las que hemos llegado aquí!”, expresó.

A inicios de septiembre, el diario oficialista Granma informó que la reanudación del curso escolar 2020-2021 en Cuba estaría planificada a través de actividades docentes televisivas en todos los niveles educativos, durante el proceso de vacunación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, de manera escalonada, se irían incorporando a las actividades escolares presenciales.

[Reporte radial de Ivette Pacheco]

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Resolución de la SIP exige al régimen cubano fin de la "persecución policial y judicial" contra periodistas

Agentes de la policía política detienen a un manifestante, el 11 de julio, en La Habana. ((AP/Ramón Espinosa)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al régimen cubano, en una resolución dada a conocer este lunes, el cese de la persecución policial y judicial contra periodistas independientes en la isla, así como de su práctica de obligarlos al destierro.

La organización regional también pidió el fin de la represión en las redes sociales contra los ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso.

En su resolución, adoptada al término de la 77 Asamblea General de la organización, la SIP condenó, además, el encarcelamiento -y solicitó a as autoridades cubanas la inmediata liberación- de los reporteros Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, y del youtuber Yoandi Montiel, y que deje sin efecto los procesos judiciales contra Mary Karla Ares y Camila Acosta.

También demandó "la remoción de leyes que criminalizan la actividad periodística y de los ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de prensa y de expresión", como el Decreto Ley 35, que criminaliza la publicación de contenidos en Interner contrarios a los intereses e ideales del régimen comunista.

Como parte de la medida, la SIP alertó a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales sobre la nueva ola de represión que el gobierno cubano ha desatado contra los organizadores de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15 de noviembre.

A continuación, el texto completo de la resolución:

CONSIDERANDO que el régimen cubano mantiene en prisión a dos periodistas independientes, un youtuber y un ciudadano que filmó una protesta

CONSIDERANDO que la represión a las protestas pacíficas del 11 de julio por parte de los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas dejó un saldo de más 300 nuevos presos políticos

CONSIDERANDO que a muchos periodistas independientes se le aplicó régimen de reclusión domiciliaria por periodos de meses, con o sin pretexto judicial, y que tres de ellos permanecen bajo ese régimen

CONSIDERANDO que el gobierno sigue sin reconocer a los medios de prensa y periodistas independientes, tratando de asfixiarlos policial y económicamente y obligarlos a variar su línea editorial y a que sus reporteros emigren

CONSIDERANDO que el Ministerio de las Comunicaciones y ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.), son los organismos que efectúan bloqueos de sitios web independientes y producen cortes totales o parciales de los servicios de Internet y telefonía a todo el país o a determinados periodistas independientes

CONSIDERANDO que el Partido Comunista, a través de sus medios de prensa, articula las campañas de difamación contra medios y periodistas independientes y que el Ministerio de Justicia avala las violaciones de derechos humanos, además de condenar a periodistas, youtubers y usuarios de Facebook

CONSIDERANDO que la Constitución de la República de Cuba, el Código Penal, la Ley 88 y los decretos-leyes 370 y 35, son usados para frenar las libertades de prensa, información y expresión

CONSIDERANDO que el gobierno ha comenzado a hostigar e intimidar a quienes están convocando una nueva marcha de protesta para el 15 de noviembre

CONSIDERANDO que el régimen viola todos los preceptos establecidos en la Declaración de Chapultepec y de Salta desde hace más de 60 años.

LA 77ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Condenar el encarcelamiento y solicitar al gobierno de Cuba la inmediata liberación de los reporteros Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, y del youtuber Yoandi Montiel, y que deje sin efecto los procesos judiciales contra Mary Karla Ares y Camila Acosta

Exigir al gobierno que cese la persecución policial y judicial contra periodistas independientes y su práctica de obligarlos al destierro y que cese la represión en las redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso

Demandar la remoción de leyes que criminalizan la actividad periodística y de los ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de prensa y de expresión

Alertar a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales sobre la nueva ola de represión que el gobierno cubano ya desató contra los organizadores de una protesta social convocada para el 15 de noviembre.

FNCA tacha de falsa y difamatoria campaña del régimen cubano para desacreditar la marcha del 15N

El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera es confrontado por seguidores del régimen frente a la sede de la Asamblea Municipal en la Habana Vieja. (YAMIL LAGE / AFP)

“Esto es totalmente falso y lo sabe muy bien el régimen, que conoce y le teme al carácter genuinamente autóctono de estas manifestaciones que solo responden al ansia de libertad, de respeto, justicia y bienestar de un pueblo que lleva ya más de seis décadas de represión y miseria, de mentiras y promesas incumplidas”.

Así respondió la Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA), con sede en Miami, Florida, a lo que ha calificado de infundios que algunos medios a fin al gobierno de Cuba han divulgado, y que intentaron vincular a la mencionada organización con el joven dramaturgo Yunior García Aguilera, promotor de la Marcha Pacífica por el Cambio, programada para el próximo 15 de noviembre a nombre de Archipiélago, grupo de la sociedad civil independiente en la isla.

“Desde que fue anunciada la marcha de protesta popular, ahora prevista para el 15N, el régimen castro-comunista ha comenzado una campaña de injurias y difamación contra sus organizadores, tildándolos de “mercenarios” y vendidos a la “mafia” de Miami. Esto no es nada nuevo, por más de seis décadas esa ha sido su arma favorita en adición a la más sórdida y despiadada represión, siempre que ha surgido un movimiento de repulsa contra este. Como en ocasiones anteriores, el régimen y sus adláteres acusan a la Fundación Nacional Cubano Americana, junto a otras organizaciones de la diáspora, de incitar y organizar estas protestas populares”, consideró la Fundación en un comunicado.

La semana pasada, la corresponsal de la cadena Telesur en La Habana, Fabiola López, intentó vincular al activista con la FNCA, preguntándole sobre ciertos consejos publicados por dicha organización en las redes sociales en cuanto a la marcha del 15 de noviembre, a lo que el joven dijo no tener conocimiento.

“De lo que sí pueden estar seguros es que encontrarán a la FNCA en causa común con todos aquellos, cubanos o extranjeros, que busquen abrirle al pueblo cubano caminos de solidaridad que conduzcan a una incruenta transición hacia la democracia, la justicia y la paz para todos, y por el bien de todos los cubanos”, manifestó la organización en el comunicado, que firma su director, José Pepe Hernández.

La Fiscalía General de la República ha declarado la marcha del 15N ilegal e hizo conocer a los organizadores que, de llevar la iniciativa a vía de hecho, serían acusados y juzgados.

En una reciente entrevista con Radio Martí, García Aguilera opinó que el "apercibimiento" que hizo público la Fiscalía es "un guion que ya estaba escrito", y en el que solo cambiaron el nombre de cada uno de los promotores de Archipiélago que fueron citados, justo como sucedió con la nota oficial con la que las autoridades les comunicaron sobre la prohibición de la marcha del 15N.

"A ellos les han bajado un documento y en las fiscalías, donde nos han citado, han leído exactamente lo mismo. Eso indica de manera obvia, sin lugar a ninguna duda, que es un falso mito, que nadie más podrá defender, el tema del Estado de Derecho. En Cuba no existe separación de poder, hay una dictadura, pero de las más descaradamente... No sé ni qué palabra usar, porque no me gustaría ser ofensivo, pero es que no encuentro otra manera de verlo", dijo el dramaturgo.

Relatores de ONU recomiendan modificación de "Ley Mordaza" en Cuba

Una mujer chequea las opciones para conectarse a Internet en Cuba. (YAMIL LAGE / AFP)

Relatores de Naciones Unidas manifestaron su preocupación de que decretos que regulan las telecomunicaciones y el contenido en internet en Cuba puedan socavar la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación de los ciudadanos y recomendaron al régimen su modificación en apego al respeto de estos derechos.

Una carta de los relatores publicada este lunes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), estos recomiendan a las autoridades cubanas que las disposiciones del "Decreto de Ley No. 35 sobre las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico" sean modificadas "con el fin de definir de forma estricta y limitada los contenidos que pueden ser restringidos, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos".

Los relatores recuerdan, además, que el Consejo de Derechos Humanos de ONU ha condenado "inequívocamente las medidas, cuyo objetivo deliberado es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos".

Los mandatos de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos abordan, además, el reglamento establecido en el Decreto No. 42 y la Resolución 105/2021, publicados en la Gaceta Oficial el 17 de agosto de 2021, tras las protestas multitudinarias que sacudieron la isla el 11 de julio.

"Esta carta basa su análisis en las obligaciones de Cuba de respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y otros instrumentos internacionales. Recordamos en este respecto que Cuba firmó el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) el 28 de febrero de 2008, lo cual implica un deber, en virtud del derecho internacional, de no frustrar el objeto y propósito del Pacto", señala la misiva.

El documento también realiza observaciones sobre las facultades atribuidas a los Ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior sobre las telecomunicaciones del país, quienes pueden disponer la implementación de medidas especiales para el manejo del espectro radioeléctrico, cuando estas sean de un alcance regional, provincial o municipal.

"Nos preocupa que el Decreto no define de manera precisa a qué se refiere con “medidas especiales”, tampoco establece a qué se refiere con “situaciones excepcionales, maniobras militares y otras circunstancias vinculadas a la seguridad y la defensa nacionales, así como con el Orden Interior”. Con respecto al procedimiento, también nos preocupa que el único requisito es informar al Ministerio de Comunicaciones, sin la intervención de un juez", dijeron los relatores.

Sobre las disposiciones que facultan a los operadores de servicio a suspender los servicios de telecomunicación cuando sean utilizados para afectar o transmitir “información falsa, ofensiva o lesiva a la dignidad humana” o “la moralidad pública y el respeto al orden público”, los relatores manifestaron su preocupación por la vaguedad con la que esta legislación ha sido formulada.

"El hecho que estos términos sean establecidos como un deber para los usuarios sin aclarar el alcance de estas categorías, genera una situación donde le resulta imposible al titular de derecho adecuar su actuar para cumplir con las disposiciones de la legislación. Si estas disposiciones no se definen con más detalle, podrían suponer una restricción indebida de la libertad de opinión y expresión, así como de la libertad de reunión pacífica", subraya la carta.

Los relatores señalan, además, que resulta preocupante que "una limitación tan considerable sea establecida mediante decreto gubernamental", sin concordancia con los estándares internacionales y la participación necesaria de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil o expertos relevantes.

El régimen cubano respondió a las manifestaciones del 11 de julio con un apagón masivo de internet y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, mientras los manifestantes utilizaban estos canales de comunicación para dar a conocer al mundo lo que sucedía en la isla. Días después, decenas de personas fueron detenidas por subir contenido de las protestas a la red, o por aparecer en videos y fotografías de las mismas.

En opinión del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, “los Estados deberían abstenerse de adoptar medidas como la supresión del acceso a los servicios de Internet y de telecomunicaciones, y deberían poner fin a esas medidas. El acceso a los servicios de Internet y de telefonía móvil se deberían mantener siempre, incluso en épocas de desórdenes públicos”, indica el documento.

"Los supuestos que se establecen en las normas que facultan a la interrupción no constituyen un motivo legítimo para restringir la expresión según el Artículo 19 de la DUDH y del PIDCP, tampoco para determinar incidentes de alta peligrosidad que faculten a las autoridades estatales a establecer medidas de monitoreo constante sobre los usuarios, que además podrían ser sancionados con hasta 4 años de prisión con la legislación actual", subraya.

Fiscalía pide largas condenas para residentes de Palma Soriano por protestar el 11J

Imágenes de la Protesta en Palma Soriano el 11 de julio.

Continúan las peticiones fiscales en turbios procesos judiciales en contra de los residentes del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba, por su participación en las protestas populares del 11 de julio.

Daineris Moya García, activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), actualmente bajo una medida cautelar de arresto domiciliario por el monto de 2 mil pesos, ya recibió la notificación el viernes de que será juzgado por dos supuestos delitos, y aún no tiene fecha de juicio, informa el activista, que declinó contratar un abogado porque no considera que hay independencia judicial en el país.

“Ya me llegó la petición fiscal, donde se me acusa de desorden público y desacato, cada uno tiene como sanción tres años de privación de libertad y, conjuntamente, seis años de cárcel. Todo eso es una farsa. Sabemos que es el proceder de esta férrea tiranía contra todo el que se levante en favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano. Sería una burla contratar un abogado, porque el sistema judicial está en poder del desgobierno”, aseguró el activista.

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Mientras que, al pastor del poblado de Palma Soriano, Lorenzo Rosales le piden años de prisión por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado, y lleva tres meses en la prisión de Boniato, en la ciudad de Santiago de Cuba, en pésimas condiciones, reporta el pastor apostólico Mario Jorge Travieso, quien preside, en Las Tunas, el Ministerio Viento Recio, donde se le está brindando ayuda a la familia del pastor encarcelado.

“La verdad es que esto es una injusticia que rompe los límites contra un hombre que solamente salió a manifestarse, el lleva tres meses preso, no se lo han dejado ver a su esposa todavía y hemos estado recogiendo ofrendas en nuestra iglesia, porque a ella la sacaron del trabajo también y tienen niños. Se le han llevado medicamentos porque está enfermo producto de las chiches y los mosquitos en el penal, tiene forúnculos en la cabeza, y en los brazos también, no le han dejado pasar los medicamentos", explico Travieso.

El religioso pidió solidaridad con el caso de Rosales.

"La situación es muy difícil y estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que liberen a este hombre, que solamente salió pacíficamente, que no hay delito, y ahora enfrenta una petición fiscal de 10 años. Eso es una injusticia colosal, por tanto, estamos haciendo un llamado a toda la comunidad para que se una por la liberación de este pastor”, concluyó.

Menores presos por manifestarse el 11J permanecen en régimen "abusivo", denuncia madre de uno de ellos

Brandon David Becerra Curbelo, de 17 años, manifestante del 11J (Foto tomada de Facebook)

Brandon David Becerra, de 17 años, detenido por manifestarse el 11 de julio en La Habana, recibió el sábado, por primera vez tras más de tres meses de encarcelamiento, la visita de su madre, Yanaisy Curbelo, en la Prisión de Jóvenes de Occidente, en El Guatao.

Curbelo dijo en conversación con Radio Martí que el régimen impuesto en esa cárcel a los menores detenidos por la protestas del 11 de julio es abusivo.

“Ni tomar agua puede cuando estás hablando con él”, se quejó la madre de Brandon, agregando que a su hijo no llegaron a darle golpes pero, “a otros muchachitos sí dicen que los han golpeado, y a muchos los pusieron bajo el sol muchas horas”.

“Tienen un régimen, ahí, con esos niños, que es abusivo, muchas cosas no te las dejan pasar; él, con la mascarilla arriba (puesta), no puedes ni prácticamente abrazarlo, y ellos (los guardias) con la mascarilla abajo, fumando”, denunció Curbelo.

Becerra expresó a su madre que son muchos los jóvenes que permanecen detenidos por manifestarse el 11 de julio en la prisión de menores de El Guatao, en La Lisa, La Habana.

“Por ejemplo, en la compañía de mi hijo, que es la 15, todos están por la misma causa; hay como 77 muchachitos ahí, y él (Brandon) me dijo: ‘mamá, los que están aquí, no son todos los que tú ves, la mitad están allá adentro porque los padres no han venido a verlos”, explicó Curbelo.

Brandon David Becerra Curbelo fue arrestado en la tarde del 16 de julio, cuando se encontraba en un restaurante en la esquina de su casa, en 10 de octubre, La Habana. Lo esposaron, le quitaron el móvil y se lo llevaron, según contó su hermano, de 12 años, testigo de los hechos.

Con 17 años, manifestante del 11J puede ser condenado a 18 años de cárcel
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Según Yanaisy Curbelo, su hijo Brandon permanecía en prisión por los cargos de desorden público, propagación de epidemia y atentado, pero ahora le han entregado una petición fiscal en la cual le piden 18 años de cárcel por el delito de “sedición”.

“Sedición, 18 años”, afirmó la madre del manifestante detenido.

En ningún momento mi hijo Brandon David sale en ningún video cometiendo un acto vandálico, afirmó Yanaisy la mujer.

“Dice la policía que él tiró piedras a las patrullas, que él viró las patrullas y él no hizo eso porque, primeramente, él no sale en ningún video haciendo eso, él se ve en una esquina. Esos niños, la mayoría, ninguno tiene ese expediente”, argumentó.

Yanaisy Curbelo se refiere a su hijo Brandon como un muchacho que “estudiaba la licenciatura en Lengua Española, no tiene un antecedente, es bueno, nunca le habían puesto unas esposas”.

“Yo, sinceramente, tengo mucho miedo, y lo que pienso es que puede ser sancionado de verdad con esa sentencia, como sacrificio, para dar ejemplo a los otros que se quieran manifestar, que no lo hagan”, lamentó Curbelo.

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