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Derechos Humanos

Ernesto Borges cumple 54 años, de ellos 22 en las cárceles castristas

Ernesto Borges, 22 años encarcelado en Cuba. (Twitter/@ILusson)

Este lunes 23 de marzo Ernesto Borges Pérez cumplió 54 años de edad. El próximo mes de julio habrá cumplido 22 años en prisión de los 30 a los que fue condenado en 1998, por presunta tentativa de espionaje en un juicio sin garantías procesales.

Con motivo de la fecha, Radio Martí conversó con el padre del detenido, Raúl Borges, quien lo pudo ver el pasado 10 de marzo, y afirma que su hijo se encuentra tras las rejas pero con una moral muy alta.

Aseguró el padre del prisionero político que su hijo está en una situación indefensa y que está en manos de sus captores, "que pueden hacer de él lo que quieran".

Según el entrevistado al prisionero le han hecho en los últimos dos años, diez propuestas de sacarlo en libertad a cambio de que se convierta en un colaborador de los órganos de la Seguridad del Estado, cosa a la que se ha negado rotundamente argumentando que la dignidad y los principios no se negocian a cambio de nada.

le han hecho en los últimos dos años diez propuestas de sacarlo en libertad a cambio de que se convierta en un colaborador de los órganos de la Seguridad del Estado


Agregó el entrevistado que su hijo no se arrepiente de su negativa a convertirse en colaborador de la policía política del régimen y que esa "actitud inclaudicable" es la que lo convierte en un peligroso enemigo para la dictadura, más cuando Ernesto proviene de las filas mismas de la Seguridad del Estado, hasta 1998, cuando decidió luchar por el pueblo de Cuba y evitó que 26 espías cubanos fueran penetrados en territorio norteamericano. "Por lo que no solamente luchó por su país sino por el pueblo de EE.UU, cosa que el régimen no perdona", concluyó Raúl Borges.

Ernesto Borges Pérez nació el 23 de marzo de 1966 en San José de las Lajas, provincia Habana. Borges llegó a convertirse en oficial del MININT, ubicado en la Dirección General de la Contrainteligencia en el Municipio Boyeros.

Por su trabajo en el departamento donde se preparaban los agentes encubiertos que luego serían infiltrados en Estados Unidos, pudo recolectar y organizar información sensible que pensaba entregar a funcionarios de la Oficina de Intereses, pero al fallarle los mecanismos de entrega que había planificado y caer los mismos en manos de oficiales de la Seguridad del Estado, por lo cual la acción no se produjo, fue luego condenado en un juicio amañado.

Los detalles en el audio:

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DOCUMENTO: Informe de Human Rights Watch sobre detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos en Cuba

Policías vestidos de civil detienen a una persona durante protestas el 11 de julio de 2021. REUTERS / Stringer

La organización Human Rights Watch presentó este martes, en Miami, el informe “Cuba: detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos” que a continuación reproducimos.

El gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta.

El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.

Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.

“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.

“Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”, agregó.

Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un “municipio especial”.

Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos.

Los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “Seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas. Jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.

El 11 de julio, cuando empezaron las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios y fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”. Varias organizaciones indicaron que ese día hubo interrupciones del servicio de internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales. El gobierno cubano ha recurrido en reiteradas ocasiones a las restricciones de internet para limitar la posibilidad de los críticos de movilizarse.

Human Rights Watch determinó que los agentes detuvieron reiteradamente a manifestantes pacíficos y transeúntes e impidieron que muchas personas protestaran, arrestando a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones. Más de 1.000 personas fueron detenidas, según la organización cubana de derechos humanos Cubalex; de las cuales, más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo reclusión domiciliaria.

Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió el 12 de julio durante una manifestación en La Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, señaló que un policía le disparó por la espalda. Nadie ha sido juzgado por su muerte.

La investigación de Human Rights Watch indica que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡Libertad!” o “Patria y Vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “Patria o Muerte”, y critica la represión en el país.

En los 130 casos documentados en detalle por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas.

En la mayoría de los casos que documentó Human Rights Watch, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo. A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar.

La mayoría de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios abusivos y reiterados, a veces en medio de la noche, en los cuales a menudo se les preguntó por la “organización” y el “financiamiento” de las manifestaciones y se los amenazó con largas penas de prisión.

Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, contó que fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasó caminando por un lugar donde había una manifestación el 11 de julio. Dijo que, una vez detenida, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago. Una agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un dedo. Unos días después, un agente varón la amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Varias veces, los agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había protestado y quien la “financiaba”.

El 22 de julio, Zequeira Hernández fue condenada a ocho meses de cárcel por “desorden público”. Solamente se le permitió ver a su abogado particular pocos minutos antes de la audiencia. Un tribunal superior le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria. Zequeira y su familia indicaron que no pudieron obtener copias de las sentencias.

Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. Los casos positivos confirmados de Covid-19 alcanzaron algunos de los niveles más elevados en Cuba en julio y agosto. Varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención.

Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los manifestantes fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia de a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo. Los agentes habitualmente tardaron varios días en comunicar a los detenidos cuáles eran los motivos del arresto. Los familiares y abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con ellos unos pocos minutos antes del juicio.

El 19 de agosto, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa, según comprobó Human Rights Watch.Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021

Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021

Todos los casos se basan en relatos directos de la víctima, sus familiares o su abogado. Cuando fue posible, Human Rights Watch consultó documentos judiciales y multas impuestas a los manifestantes, y verificó fotos y videos que corroboran los testimonios. Los casos documentados por Human Rights Watch representan apenas una fracción de la cantidad total de violaciones de derechos humanos que cometió el gobierno cubano durante las manifestaciones de julio.

Las investigaciones de Human Rights Watch indican que las manifestaciones de julio se desarrollaron de forma abrumadoramente pacífica. De los 130 casos que documentó Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solamente a unas pocas de las personas detenidas de participar en actos de violencia (en general, de arrojar piedras durante las protestas). En la mayoría de estos casos, las personas detenidas o sus familias negaron haber participado en actos de violencia, y en todos los casos los procesos penales se vieron afectados por graves violaciones a las garantías del debido proceso y las penas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen ser excesivas.

Las descripciones de los casos se actualizaron por última vez el 30 de septiembre de 2021.
Lista completa de los casos que documentó Human Rights Watch en: https://www.hrw.org/es/video-photos/interactive/2021/10/18/descripciones-de-los-casos-de-manifestantes-detenidos-por-el

A 100 días de las protestas del 11J en Cuba, HRW presenta informe sobre la "represión brutal" del régimen

Un hombre es detenido durante una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021.

La organización Human Rights Watch presentará este martes, en Miami, el informe “Cuba: detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos”, y ha extendido una invitación a los interesados.

La presentación tendrá lugar este 19 de octubre, a las 11: 45 de la mañana, en el Miami Dade College, Edificio número 2, Breezewey, y la exposición del informe estará a cargo del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

"(...) a 100 días de las protestas del 11 de julio, presentaremos un informe exhaustivo sobre la brutal represión del régimen cubano contra manifestantes”, anunció este lunes Vivanco en Twitter.

El informe se basa en las denuncias recibidas por la organización defensora de los derechos sobre la violencia desatada contra el pueblo por el régimen cubano durante los días 11, 12 y 13 del pasado mes de julio, cuando cientos de miles de cubanos se lanzaron a las calles de todo el país al grito de “¡Libertad!”.

Esta sublevación espontánea, inédita en los 62 años de duración del régimen castrista en el poder, dejó el saldo de un muerto a tiros y varias decenas de heridos a causa de la violencia policial, además de cientos de detenidos.

Prohibición de la marcha del 15N es “ilegítima, ilegal e inadmisible”, denuncia Cuba Próxima

Una marcha de manifestantes contra el gobierno en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021. AP / Ismael Francisco

La prohibición de la manifestación cívica del 15 de noviembre en la isla es “ilegítima, ilegal e inadmisible”, denunció este viernes el jurista Roberto Veiga González, presidente del think thank Cuba Próxima.

“La respuesta del Gobierno cubano es ilegítima, porque el derecho de manifestación es un derecho humano natural, al cual todos los ciudadanos deben tener acceso, con independencia de cómo esté formulada la legislación al respecto”, explica Veiga en declaraciones a Radio Televisión Martí.

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Licenciado en Derecho, con posgrados de Filosofía, Liderazgo y Ciencias políticas, entre otros, el líder de Cuba Próxima ha sido profesor de Historia del Estado y del Derecho, y anteriormente editó la revista católica “Espacio Laical” y coordinó el laboratorio de ideas Cuba Posible.

“[La respuesta dada a los convocantes] es ilegal, porque ha sido prohibida a partir de las supuestas decisiones de los gobiernos municipales, apelando a una interpretación de los derechos constitucionales. Según la legislación cubana, esto no es facultad de los gobiernos municipales, sino que lo sería solo de la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo”, argumenta Veiga.

Las autoridades prohibieron la "Marcha Cívica por el Cambio", convocada en varias ciudades, y acusaron a sus organizadores de plantear objetivos "inconstitucionales y desestabilizadores". No obstante, los convocantes mantienen su intención de manifestarse pacíficamente el 15N.

Para el presidente de Cuba Próxima, la prohibición “es además inadmisible, desde todos los puntos de vista: humanos, patrióticos y políticos, porque apela al artículo 4 para colocar a todos los cubanos con criterios diferentes a los de la cúpula del Partido Comunista, fuera de la República, sin derechos ciudadanos, como traidores a la patria”.

Cuba Próxima es una plataforma de investigación e influencia que promueve la construcción de una sociedad democrática y un Estado de Derecho en Cuba. Recientemente, anunció la incorporación de la expresidenta de la región de Madrid, Esperanza Aguirre, a su Consejo Asesor Internacional.

Sin ser llevados a juicio activistas pacíficos permanecen en las prisiones cubanas

Maykel El Osorbo, Esteban Rodríguez y Luis Manuel Otero Alcántara siguen en prisión a la espera de juicio. (Foto: Facebook)

Continúan en las cárceles del régimen cubano, a la espera de juicio, dos de los manifestantes en la protesta de Obispo, en La Habana Vieja, el pasado 30 de abril, y artistas y activistas del Movimiento San Isidro, que han exigido sus derechos de forma pacífica.

Luis Ángel Cuza Alfonso fue uno de los 13 jóvenes que alzaron su voz en Obispo, y aún espera juicio en la cárcel Combinado del Sur, en Matanzas.

"Él siempre llama, y tiene su abogado, que se llama Clemente. Estuvimos hablando de que a él se le denegó cuatro veces el cambio de medida y, entonces, estamos esperando al juicio. El abogado me dijo que a él le están pidiendo de uno a tres años por resistencia y desorden público”, dijo a Radio Martí su esposa, Dailenis Romero.

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Inti Romero fue encarcelado por participar en la misma protesta. Un familiar que prefirió el anonimato dijo a Radio Martí que el joven se encuentra bien de salud, que se comunica todos los días con su familia desde la prisión de Taco Taco, en San Cristóbal, Artemisa.

El familiar precisó que el abogado que lleva el caso presentó un cambio de medida cautelar y en este momento están a la espera de una respuesta.

Encarcelados por el régimen cubano permanecen, además, el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien también protestó en Obispo el pasado 30 de abril, el rapero Maykel El Osorbo y el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, todos integrantes del Movimiento San Isidro.

El Funky, músico del género urbano, dijo a Radio Martí que hace pocos días habló con El Osorbo, quien lo llamó desde la prisión de Sandino, en Pinar del Río.

"Maykel está bien de salud, que es muy importante, contento con todas estas cosas que están pasando, y que ve a mucha gente apoyando. Nosotros, pendientes a su caso, y al de Luisma (Luis Manuel Otero Alcántara), que sabemos también que ya lleva ‘diecipico’ de días plantado, en una celda, aislado", señaló.

Este miércoles, El Funky escribía en Facebook: “Es increíble el miedo que le tiene la dictadura a estos artistas. En lo personal, es un gran orgullo ser amigo de estos valientes cubanos”.

Defensora de derechos humanos en Cuba activa alarma mundial para activistas en riesgo

María Elena Mir Marrero, durante su participación en el Foro "Cuba: Economía, Derechos y Migración", en 2017, en Miami, EEUU.

La defensora de los derechos humanos y civiles en Cuba, María Elena Mir Marrero, se ha visto obligada a activar la alarma del Natalia Project (Proyecto Natalia) al ser, otra vez, amenazada por efectivos de la Seguridad del Estado.

Oficiales de ese órgano represivo la visitaron en su casa para comunicarle que si continuaba con su actividad opositora “las consecuencias iban a ser muy graves”, según dio a conocer la organización internacional Civil Rights Defenders (CRD).

Entre las amenazas recibidas, Mir Marrero fue advertida por los agentes del régimen de que sería “encarcelada si sale de la vivienda”, denunció CRD.

En abril de este año, la organización emitió una alerta similar.

Luchadora de larga data, reconocida dentro y fuera de Cuba, la opositora continúa con su actividad de oposición a pesar de encontrarse en una reclusión domiciliaria que califica de ilegal, pues no ha sido legalmente sancionada por ningún tribunal.

Erik Jennische, director para América Latina de Civil Rights Defenders, dijo que “los ataques” en contra de la activista cubana “llevan muchos años, y ha sido detenida varias decenas de veces”, y se refirió a este nuevo ataque contra la opositora “como un ejemplo”, de lo que el régimen cubano puede hacer “para reprimir a los activistas por la democracia y a los periodistas independientes”.

Jennische apuntó que, “sin embargo, no han conseguido suprimir a María Elena Mir Marrero, que continúa con su importante labor”.

El director para las Américas de CRD señaló, además, que quienes se enfrentan a la agresividad represiva de la Seguridad del Estado en estos momentos necesitan de la Unión Europea, cuyo “apoyo es ahora crucial para los cientos de defensores de los derechos humanos cubanos que se encuentran en la misma situación”.

También recordó que, “en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió a Mir Marrero medidas cautelares, lo cual, explica la denuncia, “significa que la comisión solicita a Cuba que garantice su seguridad. Las medidas cautelares sólo se conceden en situaciones urgentes y graves”.

Respecto al Proyecto Natalia, activado por Mir Marrero, el CRD explica que este es “el primer sistema de alarma de seguridad del mundo para defensores de los derechos humanos en riesgo". El sistema de alarma se basa en GPS, y la iniciativa se inició en 2013 con el fin de satisfacer la creciente necesidad de protección de los defensores de los derechos humanos a nivel mundial, subraya la organización.

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