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Economía

Cuba en planes de reducir contribución del Estado a seguridad social

Los ancianos llevan la parte más difícil en medio de la crisis por el coronavirus en Cuba. (Yamil Lage/AFP)

Cuba está en planes de reducir las contribuciones del Estado a los fondos de seguridad social, anunciaron este martes las autoridades de la isla.

"De conjunto con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Planificación se estudian disminuir la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social, a partir de identificar nuevas fuentes para su financiamiento como el seguro de vida", indica un reporte de la prensa oficial que reseña la intervención de la ministra de Finanzas y Precios (MFP), Meisi Bolaños Weiss en el programa Mesa Redonda de la televisión cubana​.

“Siempre la financiación por parte del Presupuesto del Estado ha sido mucho más alta que la contribución de las personas”, dijo la ministra quien también mencionó la aplicación de una nueva política de reducción de impuestos, en la que el trabajador por cuenta propia será el menos beneficiado.

La exención de impuestos para los cuentapropistas será de solo entre 5% y 15%, mientras que para las empresas estatales será de entre 10% y 40%.

A las empresas mixtas se les aplicará una exención tributaria de entre 10% y 30%, y para las cooperativas que producen bienes exportables o con destino a la Zona Especial de Desarrollo Mariel el beneficio será de entre 5% y 20%.

En general, las medidas anunciadas por la ministra son “adecuadas en su espíritu”, le dijo al periodista de Radio Televisión Martí Amado Gil el profesor de Economía Mauricio de Miranda Parrondo, director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en Colombia.

Aunque la estrategia contempla objetivos claros, que son lograr la sostenibilidad fiscal generando incentivos para el desarrollo de líneas exportables, las diferencias están ahí, indica el experto.

“A pesar de la pretendida igualdad, no se les da el mismo tratamiento; evidentemente, el peor tratamiento se les otorga a los trabajadores por cuenta propia, y el mejor tratamiento a las empresas estatales”, explicó De Miranda Parrondo.

"El peor tratamiento se les da a los trabajadores por cuenta propia"
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"No entiendo cómo puede fundamentar la ministra que hay un tratamiento tributario igual, cuando en definitiva los beneficios son claramente diferentes, comentó el experto. Lo otro es el nivel de discrecionalidad, porque se dan rangos, y esos rangos son muy grandes", subrayó.

“Cuando se habla de un beneficio tributario que oscila entre 10% y 40% ahí hay un mundo de diferencia, y por supuesto que no es lo mismo recibir un beneficio tributario de 10% que de 40%”, explicó De Miranda Parrondo.

La disminución del papel del Estado en las contribuciones a la seguridad social es algo que ocurre en muchos países, indica.

“En Cuba eso se enmascaró en los años 60 cuando se eliminaron los salarios brutos y quedaron solamente los salarios netos, porque la diferencia entre el salario bruto y el salario neto que había en aquellos tiempos era justamente la contribución del trabajador a la seguridad social”, explica el economista.

Eso se eliminó y se ha creado una ficción, en el sentido de que pareciera que el trabajador no está pagando nada para recibir esos beneficios, y efectivamente no lo hace de manera directa, observa.

“Pero, evidentemente, para que se haga a través del presupuesto del Estado, eso tiene que ser el resultado del trabajo de toda la sociedad, porque nada es gratis en este mundo: la gente puede ‘no pagarlo’; pueden convertirse en bienes públicos, pero el disfrute de cualquier cosa, así no se pague por ella, es el resultado del trabajo productivo de la sociedad”, comenta.

La idea parece ser crear mecanismos para que la seguridad social tenga tres fuentes de financiamiento: el presupuesto del Estado, la empresa y los propios trabajadores a partir de un descuento sacado de su salario, apunta el experto.

“Lo que pasa es que para que esto ocurra, evidentemente tienen que subir los salarios, porque si la gente no tiene suficientes ingresos para asegurar sus necesidades elementales, difícilmente podrá reducirlos para, además, cotizar a la seguridad social”, subraya.

En su intervención en la Mesa Redonda, la ministra Bolaños Weiss anunció también algo que no se hacía en Cuba desde 1959: que el Estado emitirá “bonos soberanos”, una forma de financiación comúnmente usada por otros estados en situaciones extraordinarias como guerras, o para financiar proyectos de infraestructura, indica el economista.

Aunque la ministra presenta la decisión como una forma de propiciar la iniciativa y generar responsabilidad fiscal, el experto se remite a los antecedentes de la práctica financiera estatal. “El problema está claramente en la credibilidad del estado como pagador de deudas”, manifestó De Miranda Parrondo.

De acuerdo con Bolaños Weiss, su ministerio pretende que las medidas entren en vigor con la mayor rapidez.

“Estamos trabajando aceleradamente para que la instrumentación de estas normas ocurra lo antes posible”, aseguró la ministra, “y ya con el cierre fiscal del año 2020 puedan las entidades que son productoras de bienes exportables y de servicios aplicarse estos incentivos fiscales”.

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Anuncio sobre oficios privados quedó "en el aire"

Dos cubanos viajan el martes en tractor por una calle de La Habana (Yamil Lage/AFP).

El gobierno eliminará el listado que restringía a 123 las actividades permitidas en el sector privado en la isla, una medida que analistas entrevistados por Radio Televisión Martí califican de insuficiente.

La ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó Cabrera anunció este jueves en el programa televisivo Mesa Redonda, que el gobierno eliminará el listado aunque no puso fecha.

La funcionara explicó que las nuevas regulaciones se aplicarán de forma gradual y acompañadas por el desarrollo de las cooperativas y la micro, pequeña y mediana empresa.

Desde La Habana, el Máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien asesora al sector privado, considera que es tan solo una estrategia y que es precipitado una conclusión del impacto de este anuncio, que calificó de incompleto.

"Hasta ahora no hay claridad en este asunto, no hay norma jurídica y las normas jurídicas aún tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional para su implementación", declaró el experto quien recordó que el régimen cubano lleva 10 años haciendo esperar a los privados por reformas y aperturas.

Por otro lado, apuntó, nada dijeron de otras medidas necesarias en el sector de trabajo por cuenta propia, entre ellas una reforma tributaria y una Ley de Empresas.

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En la isla los trabajadores privados carecen de una cultura del emprendimiento porque han sido un sector muy vulnerable y en línea general no conocen cómo presentar un modelo de negocios, paso necesario para obtener una licencia, dijo Rodríguez Pita.

Mientras que el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, España Elías Amor Bravo, destaca que hay que tomarse todo esto con mucha precaución.

La ministra dijo que muchos de esos enunciados estaban en estudio, y el académico considera que esto es otra de las estrategias que lanza el oficialismo con la idea de cambiar un poco el paso en tiempos de crisis, para ganar tiempo, pero que realmente no llevan el ingrediente necesario de un cambio.

"Todo está como en el aire, muy provisional", criticó Amor.

La lista se va, los economistas aplauden apertura al sector privado

Empleados descargan mercancía el 28 de julio de 2020 en la primera tienda mayorista para el abastecimiento de cuentapropistas en La Habana (Alexandre Meneghini/Reuters).

Cuba eliminará la lista de 123 actividades permitidas en el sector privado, una medida ampliamente demandada por economistas.

"Finalmente!", dijo en Twitter Mauricio de Miranda Parrondo. "Tuvimos que insistir en ello hasta la saciedad para que lo adoptaran (...), pero mejor tarde que nunca".

La prensa internacional destacó que es una medida que podría abrir nuevas posibilidades de negocios para los empresarios de la isla en un momento de fuerte crisis económica.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feito, anunció este jueves en la televisión estatal que se eliminará dicho listado de actividades "con alcances preestablecidos y limitados", para permitir que los particulares pongan en marcha negocios "de perfil mucho más amplio".

También habló de los ingresos de la gente. Dijo que es necesario que el salario constituya la fuente principal de satisfacción del trabajador y su familia. “La vida ha demostrado que poner indicadores limites asociados al cumplimiento de planes no da resultado. Usted tiene que pagar a los trabajadores por los resultados concretos de la riqueza que se genere. El límite tiene que ponerlo la eficiencia”, argumentó.

Economistas cubanos y el propio sector privado llevaban años diciendo que la lista era absurda y un lastre para el crecimiento.

Como alternativa, los expertos sugerían que el Gobierno sustituyera la lista de trabajos permitidos por una de ocupaciones prohibidas, lo que ampliaría enormemente el espectro de actividades para los emprendedores de la isla.

El economista Pedro Monreal elogió la decisión pero comentó en Twitter que "seguir enfocando el empleo del sector privado como una cuestión de 'perfeccionar' el trabajo por cuenta propia es extemporáneo. Desde hace rato debería haberse colocado el acento en las PYMES para elevar el techo de la productividad".

Entretanto, es de esperar que se mantengan vetados a la iniciativa privada sectores estratégicos para el Estado cubano como los de la salud, la educación, las telecomunicaciones, la prensa y la defensa.

La tajada que saca el Estado al permitir importar y exportar a negocios privados

Empleados descargaban mercancía la semana pasada en la primera tienda mayorista para el abastecimiento de cuentapropistas en La Habana (Alexandre Meneghini/Reuters).

Una revisión de la lista de 36 empresas estatales que el sector privado está obligado a usar en Cuba para importar y exportar mercancías deja ver que el gobierno aún se reserva cuánto cobrará por la “gestión” de sus intermediarios y que pretende usarlos para seguir explotando la exportación de servicios profesionales y de mano de obra.

También: que ETECSA es la única entidad que no ofrece nombres de personas de contacto para recibir solicitudes de mediación.

Además: que las ofertas de algunos de esos servicios profesionales descritos para la exportación hacen suponer una experiencia de libre mercado ajena a la realidad cubana, y que los comentarios de los propios lectores de los medios oficiales no son nada complacientes a la hora de juzgar la decisión del gobierno de imponer la mediación.

“Está forma de gestión no logrará el por ciento de clientes que se piensa, y tiene muchas manifestaciones en contra, ya que aquellos que tienen facilidades de viajar o tienen proveedores en el extranjero no necesitan de un intermediario para importar o exportar”, escribió Armando Enrique al pie de una nota reciente en el periódico Granma.

Basta cumplir las regulaciones aduanales, comenta el lector, y se pregunta por qué si su familia le envía un auto desde el extranjero, hace falta un intermediario que cobre sin hacer gestión alguna.

“Tampoco está claro si cuando yo exporte, la empresa estatal me pagará de inmediato o tendré que esperar a que llegue al destinatario”, alerta. “Aquí [en Cuba], ¿quién asume la responsabilidad de los incumplimientos de los tiempos pactados? Si el destinatario manifiesta inconformidad, ¿quién pagará las penalidades?

Me parece que las trabas continúan, escribió Roberto también en la sección de comentarios de los lectores de la edición digital de Granma.

La intermediaria estatal que aparece en el directorio con el número 31, Dinvai Construcciones, S.A., dice gestionar “asistencia técnica y fuerza de trabajo, consultoría técnica y diseño de proyectos y gerencia de obras y dirección integrada de la construcción”, además de “servicios de montaje especializado de la construcción”.

En un país donde los únicos grandes inversionistas (los militares, con su consorcio GAESA) contratan a una empresa francesa, Bouygues Bâtiment International (BBI), para construir el hotel Manzana Kempinski, y esa empresa francesa a su vez importa trabajadores hindúes, el gobierno asegura que Dinvai Construcciones, S.A., “garantiza la Gestión Integral de proyectos constructivos desde su concepción hasta su puesta en marcha con la participación fundamental de empresas especializadas del sector construcción”.

INTERAUDIT, S.A., por ejemplo, se especializa en “servicios profesionales asociados a las actividades de auditoría y asesorías técnicas y de negocios”, mientras que la Empresa de Informática y Medios Audiovisuales (CINESOFT) se ofrece como “plataforma de educación a distancia, plataforma de producción de contenidos digitales educativos y generación de contenidos utilizando un modelo pedagógico”.

¿Será cualquiera de ellas un mediador eficiente al servicio de un cuentapropista cuyos recursos son limitados tanto para importar como para exportar? El economista Emilio Morales, presidente de la firma de consultoría The Havana Consulting Group, se aparta de los detalles y asegura que toda la operación montada esta vez por el régimen se resume en cambiar el lenguaje y mantener el mismo concepto.

“Cambian la semántica, pero al final todo sigue siendo lo mismo”, opina Morales. Hacen que el sector no estatal se vea obligado a importar y exportar a través de un grupo de entidades estatales porque, dice, “no toman una sola medida que signifique un cambio real en la política económica”.

La verdadera estrategia de supervivencia del gobierno cubano está delineada desde los años 80 del siglo pasado y sigue siendo la misma, asegura el experto: mantener a los cubanos de la isla como rehenes para sacarles el dinero a sus familiares en el extranjero.

“Se refugian en los dólares con una economía cuya fuerza productiva es incapaz de generar dólares”, comenta Morales, refiriéndose a las cuentas en dólares necesarias --con tarjetas magnéticas-- para operar un negocio. “Son estrategias parásitas; no hay nada que le permita a la gente poder desarrollarse efectivamente y prosperar en un mercado de libre comercio. Se trata de un pueblo esclavo que el gobierno exporta en mano de obra y en servicios, y que se mantiene realmente con el dinero de la familia que se fue a otro país”.

Desde La Habana, el analista Ángel Marcelo Rodríguez Pita observa que todas las entidades estatales que aparecen como intermediarias para que los cuentapropistas importen y exporten tienen cuentas en instituciones como el Banco Metropolitano, “pero si el banco no tiene liquidez, quiere decir que esas empresas tienen problemas con sus ciclos de cobro y sus ciclos de pago, y eso a su vez repercute en que no sean eficientes”.

Según la información oficial, serán tres los bancos comerciales que darán servicios a los cuentapropistas en función del lugar del país donde radique su negocio: el Popular de Ahorro, el Metropolitano y el de Crédito y Comercio. El ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, dijo que hay un mapa con 1.026 bienes y servicios exportables y que se han identificado “382 formas de gestión no estatales con potencial para exportar en sectores diversos”.

A su vez, el gobierno cubano está vendiendo la Zona del Mariel como un comercio de exportación, pero en realidad es un comercio de frontera, asegura Rodríguez Pita.

“No se puede concebir la exportación si no hay un proceso previo de producción y reproducción de los bienes y servicios; si no existe eso dentro del mercado interno no va a ser posible nunca esa exportación con calidad”, dice. Porque “no es llegar solo a exportar: es competir en esa dinámica de exportación, porque no es llegar y pensar que vamos a tener a alguien que nos va a querer comprar. Hay otros productos con calidad” en el mercado, indica el analista.

Rodríguez Pita: “No es exportar: es competir en esa dinámica de exportación”
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Entre los comentarios de los lectores al pie de las notas correspondientes de Granma hay uno firmado por “RealxEver”, quien subraya que el embargo comercial estadounidense se aplica a las empresas estatales, pero no a los cubanos.

“Las personas naturales no son objeto de ‘bloqueo’ y pueden comprar lo que quieran y donde quieran si tienen el dinero necesario”, dice el lector o lectora. “Si de verdad se quiere que funcione, hay que permitir que los propios privados importen y exporten por su cuenta”.

Habría que ver cuánto se incrementan los costos a los particulares utilizando los servicios de un tercero que no produce nada, pero mantiene una burocracia grande “acostumbrada a los viajes al extranjero y a vivir del cuento del bloqueo durante muchos años”, añade.

Se triplica el precio de carne de cerdo, y solo hay en el mercado negro

Un hombre carga un cerdo en sus hombros en una calle de La Habana. (YAMIL LAGE / AFP)

La carne de cerdo, la principal proteína que consumen los cubanos, está en falta total en los mercados del país tras la decisión del gobierno de obligar a los privados a vender sus producciones al estado, y con precios impuestos por el Ministerio de la Agricultura.

Los productores del sector privado, principal fuente de suministro de la red de mercados agropecuarios, se niegan a aceptar las condiciones impuestas por las autoridades, y han preferido disminuir la comercialización de la carne antes de venderla al bajo precio que les ofrecen.

El cerdo vuelve a ser un lujo que no pueden darse muchos cubanos
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Algunos de los más exitosos criadores porcinos en Cuba han enfrentado procesos judiciales en los últimos meses, acusados de varios delitos, los más comunes, “cohecho y enriquecimiento ilícito”.

Es el caso de Bismar Rodríguez Pérez, quien se convirtió en el principal abastecedor de carne en la provincia de Holguín y actualmente cumple condena de ochos años de prisión.

Una situación similar atraviesa, en Puerto Padre, Las Tunas, el campesino Johnny Castelló, mayor productor porcino en esa provincia, y actualmente en prisión.

En ambos casos las autoridades confiscaron equipos, cochiqueras y el dinero depositado en el banco.

Muchos de los cuentapropistas que vendían el cerdo en pie a los campesinos que luego lo comercializaban en los diferentes puntos de venta en los mercados han sido forzados a cerrar, víctimas de multas y decomisos, tras la medida de precio topado impuesta por el gobierno.

Mientras, la Empresa Estatal Porcina muestra su incapacidad para abastecer los mercados cubanos. Las limitadas producciones del gobierno son destinadas al sector turístico.

Cubanos de la isla alertaron en entrevista con Radio Televisión Martí sobre la actual crisis por el desabastecimiento de carne de cerdo. En Los Palacios, Pinar del Río, Maikel Norton, comunicador independiente, dijo que los puntos de venta donde los privados ofertaban este producto están cerrados.

Los que tienen el dinero ahora acuden al mercado informal, donde están pagando hasta 45 pesos cubanos por una libra de cerdo, añadió.

Los que gobiernan no tienen en cuenta que un saco de soya para el consumo animal les cuesta 400 pesos a los campesinos, aseguró Norton.

La economista Martha Beatriz Roque Cabello, residente en la capital del país, señaló que el gobierno no respeta las reglas del mercado, y por tanto ha provocado esta crisis, lo que ocurre también con otros productos básicos en la red de sumistros.

El periodista independiente Jorge Bello, en Güira de Melena, Artemisa, informó que allí la situación es crítica. Dijo que ha llegado a pagar hasta 70 pesos cubanos una libra de carne de cerdo con hueso.

Las personas pasan semanas ahorrando para comprar dos libritas en la bolsa negra, denunció.

Vladimir Ríos Cruz, campesino residente en Jatibonico, Sancti Spíritus, afirmó que está convencido de que los guajiros no van a vender sus producciones de cerdo en los términos que quiere el estado.

En la carretera que conduce a Majagua, en Ciego de Ávila, los militares tienen granjas donde crían cerdos para su autoconsumo, aseguró.

La crisis, afirma desde Santa Clara el cuentapropista Yoel Espinosa Medrano, la provocó el gobierno.

Espinosa Medrano recuerda que la provincia de Villa Clara era la mayor productora de este alimento en Cuba, pero "el hostigamiento" contra los campesinos "ha sido muy fuerte".

Desde Camagüey, Leydis Tabares dijo que en estos momentos hay que tener amistad con un campesino para que te venda el cerdo “por fuera”, y al costo de 50 pesos cubanos la libra.

En el municipio de Banes, más al oriente del país, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, comentó que las multas y confiscaciones acabaron con los vendedores. Las producciones estatales, señaló, son para los polos turísticos y los autoconsumos de los militares y dirigentes.

En una reciente comparecencia en el espacio oficialista de la televisión cubana Mesa Redonda, el Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, dijo que las importaciones de pienso para consumo animal cayeron en lo que va de año en un 50 por ciento.

Freno a las remesas crea tensa situación en la isla

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