Cuba
14 cubanos encarcelados tras rumor infundado sobre éxodo por la Base Naval
La detención de 14 jóvenes en Cuba que intentaban llegar a la Base Naval de Guantánamo tras un rumor infundado que recorrió la isla ha provocado la indignación en Cuba de familiares que se preguntan por qué casi dos meses después el gobierno cubano no ha desmentido la falsa noticia.
El rumor, que aparentemente surgió en las redes sociales y luego se extendió por todo el país, decía que un barco enviado por el presidente estadounidense Donald Trump aguardaba en el enclave militar de EEUU en el oriente de la isla para acoger a los cubanos que decidieran abandonar el país.
Yuliet Yero, esposa de Rafael Badari Sánchez Ruiz, quien junto a Danner Manuel Estrada Gorra fue deportado a territorio guantanamero luego de haber penetrado en la Base Naval estadounidense, dijo a Radio Martí que los dos jóvenes cruzaron por el campo minado, nadaron, y llegaron a la otra orilla, donde fueron interceptados por soldados de la Base Naval.
Quince días después fueron devueltos a territorio cubano. Durante ese tiempo nunca informaron sobre su estado a los familiares, que temían por sus vidas, porque “habían explotado minas, y no teníamos conocimiento de si estaban vivos o no”, dijo Yero.
Los familiares solo pudieron ver a los detenidos cuatro días después de ser repatriados. “Cuando los vimos [en las oficinas de Operaciones de la Seguridad del Estado en Guantánamo] no pudieron hablar nada, tenían la cabeza baja (…) parece que les estaban impidiendo que nos dijeran como fueron las cosas”, añadió.
Yero explicó que las autoridades estadounidenses entregaron a los jóvenes un salvoconducto, y una nueva muda de ropa, porque la que llevaban estaba muy deteriorada por la travesía, y los guardafronteras cubanos “se las quemaron delante de ellos y el documento se lo quitaron, y no se lo devolvieron”.
Según dijeron los dos jóvenes a sus familiares, el salvoconducto decía que eran entregados “en perfecto estado de salud”, y que al llegar a territorio de Cuba “debían ser liberados”, pero llevan más de 15 días bajo arresto en una cárcel guantanamera a la espera de un proceso judicial.
“Hoy nos avisaron que teníamos que contratar a un abogado para poder defenderlos, es decir, que van a juicio”, dijo Yero.
Una funcionaria de la Embajada de EEUU en La Habana contactó este martes a los familiares de los dos jóvenes para interesarse sobre su situación, señaló la mujer.
Al momento de redactar esta información RadioTelevisionMarti.com no ha podido confirmar esa versión con la Embajada de EEUU en La Habana.
“Violación de perímetro y desobediencia”
Liznet Téllez Ruiz, residente en el poblado de Caimanera y esposa de Danner Manuel Estrada Gorra, de 24 años de edad, y hermana de Sánchez Ruiz, de 23 años, confirmó a Radio Martí lo dicho por Yero.
Añadió que su esposo le dijo que recibieron buen trato por parte de las autoridades estadounidenses en la Base Naval, “buena alimentación, les pusieron nueve vacunas”, señaló.
Los dos jóvenes, que posiblemente el lunes sean llevados a juicio, según Téllez Ruiz, son acusados de “violación de perímetro y desobediencia”, lo que podría conllevar una sanción “de tres meses a un año de privación de libertad”.
La joven dijo a Radio Martí que aunque busquen a un abogado para que los defiendan, saben que los letrados están “a favor del gobierno”.
Otro joven, residente en La Habana, habría pasado 21 días en la Base Naval antes de ser también repatriado e igualmente detenido en el Combinado Sur de Guantánamo, según dijo Téllez Ruiz, citando el testimonio de su esposo.
El rumor desata una pesadilla
Junto con estos dos jóvenes, otros 12 fueron detenidos por intento de salida ilegal del país, 8 de Cienfuegos 2 de Holguín y 2 de Guantánamo.
Desde la provincia de Cienfuegos, Edil Aníbal Martell, padre del joven Aniel Martell, de 26 años de edad, uno de los ocho cienfuegueros que se encuentran en la prisión provincial de Guantánamo luego de ser arrestados en Caimanera cuando intentaban penetrar de forma ilegal en la Base Naval, dijo que los hechos ocurrieron el 4 de marzo.
Martel explicó que se enteró de lo sucedido por la policía, que visitó a los familiares de los jóvenes para informarles que se encontraban detenidos en Guantánamo por intentar llegar a la Base Naval.
Al momento del arresto los jóvenes fueron maltratados por los agentes cubanos, aseguró Martell. “A mi hijo lo zambulleron en el agua tres veces, le pusieron una capucha, lo arrastraron. A los otros les dieron piñazos, golpes, les ponían las botas de casquillo en la cabeza, le apuntaron con el revolver en la boca”, dijo el padre, quien supo de la verdadera situación de su hijo “a los ocho o diez días” porque al principio las autoridades “no dejaban que ellos hablaran”.
Según Martell, a estos ocho jóvenes se les acusa de “salida ilegal” del país. El cienfueguero explicó que indagaron con la Fiscalía por qué solo encausaban a sus hijos si “a gente de todo el país los viraron (…) había gente por todos los lugares, ¿por qué esa represalia con esos ocho?”.
El rumor supuestamente se extendió a través de las redes sociales, “se regó en todos los lugares”, dijo Martell.
Francisco Pilar Conde, padre del joven cienfueguero Jesús Miguel Aguilar, de 26 años,otro de los capturados por los guardafronteras cubanos, dijo que “todo comenzó con un comentario que se regó en la localidad donde vivimos, y al final se regó en toda Cuba, de que había un barco (…) y todo el que llegara a ese barco sería trasladado hacia los Estados Unidos”.
Ante este rumor las autoridades “lejos de desmentirlo lo que hicieron fue callarse y poner retenes en la carretera de ciento y pico, 200 guardias, en vez de informárselo a la población”, cuestionó Conde. “Si lo hubieran informado mi hijo estuviera en esa situación”, recalcó.
El padre de Jesús Miguel fue citado a las oficinas de la Seguridad del Estado, y allí le dijeron que su hijo estuvo “a punto de caer en unas minas”, y le dieron a entender que “eso había sido una maniobra de los Estados Unidos, que habían engañado a la gente para hacer algo parecido a lo que pasó en Venezuela”.
Dos oficiales de la Seguridad del Estado visitaron luego a Conde en su vivienda y le dijeron que los jóvenes serían “trasladados a Cienfuegos, que no fuera a Guantánamo (…) y estuve una semana y tanto esperando por la llegada de mi hijo”. Luego supo que los familiares de los otros detenidos habían viajado a Guantánamo y salió para allá. Al llegar, supo que Jesús Miguel y los otros siete se encontraban detenidos en el Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, y serían trasladados al Combinado Sur.
Conde dijo que el grupo de jóvenes se adentró en el monte para evitar los retenes, y los guardafronteras “salieron al parecer a cazarlos con perros”, ante lo cual se dispersaron y terminaron perdidos entre la maleza.
Su hijo quedó en un grupo de cuatro, uno de los cuales se desmayó. Decidieron entonces entregarse, y llamaron a las autoridades, pero cuando los guardias llegaron al lugar los golpearon, y al desmayado le pusieron una bota de casquillo en la cabeza, les apuntaban con las pistolas, y las rastrillaban, dijo Conde, según el testimonio de Jesús Miguel.
El hombre dijo que el fiscal con el que se entrevistaron en Guantánamo les aconsejó “que no pongamos abogado (…) porque en definitiva ellos cometieron un delito”.
Rumor aún sin desmentido oficial
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, residente en Guantánamo, dijo a Radio Martí que “la mayoría de los cubanos desconocen que no se puede entrar a la Base Naval, porque hay un solo punto de entrada (…) que está controlado por militares de ambos países (…) el resto del perímetro fronterizo está altamente minado y es muy peligroso atravesarlo”.
Quiñones relata que el 22 de febrero pasado, dos días antes de que se celebrara en la isla el referendo constitucional, viajaba de Cienfuegos a Guantánamo, y el ómnibus fue detenido en el punto de control junto a otros vehículos, y “un gran número de militares de las fuerzas especiales del MININT y de las Fuerzas Armadas, que estaban deteniendo allí a todas las personas que no residían en Guantánamo".
El abogado añadió que se les exigía que dieran un número de teléfono para confirmar el motivo de su visita a la provincia, y si no podía ser confirmado, eran detenidos.
El también periodista dijo que en investigaciones que hizo sobre estos hechos algunos residentes comentaron que “en Caimanera había más de 150 ciudadanos detenidos porque habían logrado llegar hasta el poblado atravesando los campos”.
Luego se tomaron medidas más drásticas, dijo Quiñones, hasta el extremo de que en el circuito Sur de la provincia “fue limitada la circulación y verificada la entrada y salida de ciudadanos, incluso guantanameros”.
Según rumores que el periodista no ha podido confirmar, hubo en la zona “hasta disturbios en los que las autoridades dispararon balas de goma a ciudadanos que intentaron traspasar esos controles”.
El abogado cuestionó que las autoridades cubanas no hayan advertido del falso rumor a la ciudadanía. “Me llama la atención que todavía estén sucediendo esos hechos y las autoridades cubanas, ni por el Noticiero Nacional de Televisión, ni por el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido, hayan esclarecido esto para evitar estos incidentes que pueden resultar peligrosos para la vida humana”, subrayó.
Quiñones señaló que en lugar de afrontar estos cuantiosos gastos al presupuesto estatal con la movilización de fuerzas especiales hacia Caimanera y otras áreas de la provincia, hubiese sido muy simple publicar “una nota oficial en el periódico Granma para que tantos cubanos no afluyeran hacía allí en la creencia de que está existiendo algo que realmente es una gran mentira, y sin embargo no ha habido ninguna intención por parte del gobierno cubano de esclarecer esto”.
El abogado, que desde hace 20 años tiene prohibido ejercer su profesión en Cuba, dijo que la práctica que se ha seguido siempre es que las autoridades de EEUU entregaban a los cubanos “que habían logrado pasar el perímetro fronterizo sorteando todos estos peligros”, y a estos no se les encausaba, solo se les levantaba un acta de advertencia y se les dejaba en libertad.
“Desconozco si ha cambiado el procedimiento”, señaló.
“Este hecho que les están imputando de violación del perímetro fronterizo no es ningún delito, por lo menos no existe en el Código Penal”, recalcó el abogado. El delito contemplado es el de “salida ilegal”.
Sobre el delito de desobediencia, dijo que solo es aplicable cuando un ciudadano es advertido por un agente de la ley, de que haga o no determinada acción. El abogado señaló que no tiene sentido aplicarlo en este caso si estos ciudadanos llegaron hasta el perímetro de la frontera y nadie los detuvo ni les advirtió nada.
Noticias falsas y redes hackeadas
En la capital, el activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca dijo a Radio Martí que el rumor les llegó a través de una noticia falsa publicada en las redes sociales de opositores que fueron hackeadas por la Seguridad del Estado.
“La seguridad del Estado hackeó varias cuentas (…) nuestras y pusieron una noticia falsa de que Donald Trump había puesto un barco para los que quisieran abandonar el país ahí en la Base Naval de Guantánamo”, dijo Valle Roca.
La noticia falsa se difundió días antes del referendo constitucional, por lo que el activista señala -aunque advierte que no puedo esto afirmarse categóricamente- que quizás las autoridades buscaron desviar la atención de la campaña por el NO que varias organizaciones opositoras emprendieron en la isla.
“Con esas mismas noticias falsas que ellos crean nos quieren atacar a nosotros para sacarnos de circulación”, concluyó Valle Roca.
Un residente en el municipio holguinero de Gibara que prefirió no ser identificado dijo a Radio Martí que la falsa noticia “tuvo que ver con el referendo del 24 de febrero. Puerto Padre, Banes, y Gibara fueron prácticamente sitiados, igualmente Caimanera, por el sur de Oriente. No permitieron a los pescadores salir a sus labores diarias”.
Agregó que en Gibara “se llevaron presas a muchas personas que cogieron escondidos en las cuevas por esos supuestos barcos americanos que vendrían a recoger gente. Reforzaron la presencia de la PNR con Tropas Especiales (…) Detenían el transporte público, pedían carnet de identidad, y si no tenía dirección del municipio no podían entrar al pueblo”.
|
Los nombres de los 14 jóvenes detenidos son: Cienfuegos 1. Amari Martínez 2. Yordanis Ramírez 3. Yasdiel Galván 4. Aniel Martell 5. Lázaro Valdés 6. Jesús Miguel Aguilar 7. Carlos Antonio García 8. Tasmania Marcelino Mendoza Holguín 9. Roinel Espinoza 10. Adonis Domínguez Guantánamo 11. Arcelio Lechuga 12. Yorli Céspedes 13. Danner Manuel Estrada Gorra 14. Rafael Badari Sánchez Ruiz |
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal, su política es promover una inmigración ordenada y segura.
(A partir de entrevistas concedidas al reportero Tomás Cardoso en el programa Hoy en Cuba, de Radio Martí)
Vea todas las noticias de hoy
Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.
Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.
Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.
"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.
La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.
Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.
"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
Foro