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Cuba

Cubanos denuncian subida de precios del carbón y falta de keroseno; Unión Eléctrica advierte que habrá más apagones

Apagón en La Habana. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Debido a los prolongados apagones, residentes de Cabañas, en la provincia de Artemisa, recurren al carbón para poder cocinar sus alimentos, al igual que lo hicieran en los años 90, durante el denominado "Período Especial".

Pero el precio del producto se ha disparado en medio de la inflación que vive el país. Desde esa localidad, el activista Moisés Leonardo Rodríguez explicó a Radio Martí que un saco de carbón cuesta cerca de 200 pesos cubanos.

“En estos momentos, por ejemplo, ya en Cabañas no se consigue prácticamente carbón, que es algo que hay que utilizar, porque el gas que se vende por racionamiento es muy ‘alejado’, no alcanza, y entonces ha habido que recurrir al carbón como alternativa”, señaló Rodríguez.

Entre apagones, sin keroseno y con el carbón a 200 pesos el saco, cubanos temen al hambre
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Al convertirse en producto casi de primera necesidad, el carbón empieza a escasear y “cuando aparece, los precios se han disparado hasta alcanzar casi los 200 pesos; ¡un saco de carbón que costaba 50 pesos unos meses atrás!”, aseguró el activista.

En cuanto a las alternativas como el keroseno, conocido también como ‘luzbrillante’, el opositor artemiseño afirmó que “¡ni pensar!" en ello.

"He tratado de recuperar una cocina de las viejas, aquellas ‘Pike’ que se fabricaban en Cuba”, comentó Rodríguez, quien se refirió a la imposibilidad tanto de arreglar las ‘Pike’ como de encontrar el keroseno.

“Así estamos: no hay energía eléctrica (…) para llevar en las casas una vida normal (…) y, por lo menos para la cocción de los alimentos, por lo menos en Cabañas; graves dificultades”, concluyó.

Según la Unión Eléctrica de Cuba, los recientes apagones se deben a roturas. La empresa estatal dio a conocer en un comunicado que “la entrada tardía de la CTE Antonio Guiteras ocasionó que el consumo de electricidad fuera superior a lo estipulado”, lo cual creó un déficit entre la oferta y la demanda que superó a la primera en 100 MW.

Para este miércoles, 23 de septiembre, advierte el comunicado, "se estima para el horario pico una disponibilidad de 2, 633 MW y una demanda máxima de 2, 880 MW, para un déficit de 167 MW”, por lo que continuarán los pagones.

"Se pronostica que la afectación se mantenga durante todo el día, con una afectación máxima al mediodía de 400 MW", concluye la nota oficial.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

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Seguidores de Díaz-Canel armados con palos generan miedo, rechazo y burlas... también invitan a la violencia

Una brigada posa con palos.

Para muchos, las imágenes de cubanos ensayando el Día de la Defensa con palos y herramientas de trabajo, listos para enfrentar a quien se manifieste contra la revolución, es una prolongación de la frase del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, cuando dijo el 11 de julio durante las manifestaciones populares que "la orden de combate" estaba dada.

Pero, a juzgar por los hechos, la interpretación del pueblo pudiera, en esta ocasión ser distinta, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.

“Este exhibicionismo de violencia que están haciendo los adictos a la dictadura ha tenido varias consecuencias dentro de Cuba como reacción de la gente, una, pues está claro, cumpliendo uno de los propósitos de este exhibicionismo, ha generado miedo”, apuntó.

“Por otra parte, personas que son, o han sido simpatizantes o tolerantes con la dictadura están diciendo: ‘Pero esto no es mi propósito, yo no pienso así’, es decir, si por una parte puede provocar miedo en los que iban a ir, está provocando un rechazo emocional también en las personas que han creído en la revolución y que creen que esta no es la manera correcta de hacerlo”, expresó Escobar.

Llamado de Díaz Canel puede desencadenar un enfrentamiento civil en cuba
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Además, las redes sociales dentro de la isla han sido inundadas de burlas.

“Por ejemplo, en una persona que hace una comparación entre unas personas con garrotes en la mano y una imagen de la película “Juan de los Muertos”, describió el periodista independiente habanero.

La foto de una señora que porta una ametralladora acostada en la acera se ha hecho viral, muchos han escrito que está cuidando el turno en la cola del pollo.

Pero también han comenzado a identificar con nombres y apellidos a otras personas aparecidas en fotos.

“Están como denunciando que, si estas personas se atreven a mostrarse como los presumibles atacantes de conciudadanos, de cubanos que están pidiendo justamente que cese la violencia, pues esas personas merecen ser, de alguna manera, castigadas", dijo el periodista.

Lo peor, afirma Escobar, es que “puede traer como consecuencia, una riposta de violencia; hay algunas personas que dicen ‘si tú vas con un bate, yo voy con otro bate’ y eso puede ser muy, muy peligroso".

Resolución de la SIP exige al régimen cubano fin de la "persecución policial y judicial" contra periodistas

Agentes de la policía política detienen a un manifestante, el 11 de julio, en La Habana. ((AP/Ramón Espinosa)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al régimen cubano, en una resolución dada a conocer este lunes, el cese de la persecución policial y judicial contra periodistas independientes en la isla, así como de su práctica de obligarlos al destierro.

La organización regional también pidió el fin de la represión en las redes sociales contra los ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso.

En su resolución, adoptada al término de la 77 Asamblea General de la organización, la SIP condenó, además, el encarcelamiento -y solicitó a as autoridades cubanas la inmediata liberación- de los reporteros Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, y del youtuber Yoandi Montiel, y que deje sin efecto los procesos judiciales contra Mary Karla Ares y Camila Acosta.

También demandó "la remoción de leyes que criminalizan la actividad periodística y de los ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de prensa y de expresión", como el Decreto Ley 35, que criminaliza la publicación de contenidos en Interner contrarios a los intereses e ideales del régimen comunista.

Como parte de la medida, la SIP alertó a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales sobre la nueva ola de represión que el gobierno cubano ha desatado contra los organizadores de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15 de noviembre.

A continuación, el texto completo de la resolución:

CONSIDERANDO que el régimen cubano mantiene en prisión a dos periodistas independientes, un youtuber y un ciudadano que filmó una protesta

CONSIDERANDO que la represión a las protestas pacíficas del 11 de julio por parte de los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas dejó un saldo de más 300 nuevos presos políticos

CONSIDERANDO que a muchos periodistas independientes se le aplicó régimen de reclusión domiciliaria por periodos de meses, con o sin pretexto judicial, y que tres de ellos permanecen bajo ese régimen

CONSIDERANDO que el gobierno sigue sin reconocer a los medios de prensa y periodistas independientes, tratando de asfixiarlos policial y económicamente y obligarlos a variar su línea editorial y a que sus reporteros emigren

CONSIDERANDO que el Ministerio de las Comunicaciones y ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.), son los organismos que efectúan bloqueos de sitios web independientes y producen cortes totales o parciales de los servicios de Internet y telefonía a todo el país o a determinados periodistas independientes

CONSIDERANDO que el Partido Comunista, a través de sus medios de prensa, articula las campañas de difamación contra medios y periodistas independientes y que el Ministerio de Justicia avala las violaciones de derechos humanos, además de condenar a periodistas, youtubers y usuarios de Facebook

CONSIDERANDO que la Constitución de la República de Cuba, el Código Penal, la Ley 88 y los decretos-leyes 370 y 35, son usados para frenar las libertades de prensa, información y expresión

CONSIDERANDO que el gobierno ha comenzado a hostigar e intimidar a quienes están convocando una nueva marcha de protesta para el 15 de noviembre

CONSIDERANDO que el régimen viola todos los preceptos establecidos en la Declaración de Chapultepec y de Salta desde hace más de 60 años.

LA 77ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Condenar el encarcelamiento y solicitar al gobierno de Cuba la inmediata liberación de los reporteros Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, y del youtuber Yoandi Montiel, y que deje sin efecto los procesos judiciales contra Mary Karla Ares y Camila Acosta

Exigir al gobierno que cese la persecución policial y judicial contra periodistas independientes y su práctica de obligarlos al destierro y que cese la represión en las redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso

Demandar la remoción de leyes que criminalizan la actividad periodística y de los ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de prensa y de expresión

Alertar a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales sobre la nueva ola de represión que el gobierno cubano ya desató contra los organizadores de una protesta social convocada para el 15 de noviembre.

FNCA tacha de falsa y difamatoria campaña del régimen cubano para desacreditar la marcha del 15N

El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera es confrontado por seguidores del régimen frente a la sede de la Asamblea Municipal en la Habana Vieja. (YAMIL LAGE / AFP)

“Esto es totalmente falso y lo sabe muy bien el régimen, que conoce y le teme al carácter genuinamente autóctono de estas manifestaciones que solo responden al ansia de libertad, de respeto, justicia y bienestar de un pueblo que lleva ya más de seis décadas de represión y miseria, de mentiras y promesas incumplidas”.

Así respondió la Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA), con sede en Miami, Florida, a lo que ha calificado de infundios que algunos medios a fin al gobierno de Cuba han divulgado, y que intentaron vincular a la mencionada organización con el joven dramaturgo Yunior García Aguilera, promotor de la Marcha Pacífica por el Cambio, programada para el próximo 15 de noviembre a nombre de Archipiélago, grupo de la sociedad civil independiente en la isla.

“Desde que fue anunciada la marcha de protesta popular, ahora prevista para el 15N, el régimen castro-comunista ha comenzado una campaña de injurias y difamación contra sus organizadores, tildándolos de “mercenarios” y vendidos a la “mafia” de Miami. Esto no es nada nuevo, por más de seis décadas esa ha sido su arma favorita en adición a la más sórdida y despiadada represión, siempre que ha surgido un movimiento de repulsa contra este. Como en ocasiones anteriores, el régimen y sus adláteres acusan a la Fundación Nacional Cubano Americana, junto a otras organizaciones de la diáspora, de incitar y organizar estas protestas populares”, consideró la Fundación en un comunicado.

La semana pasada, la corresponsal de la cadena Telesur en La Habana, Fabiola López, intentó vincular al activista con la FNCA, preguntándole sobre ciertos consejos publicados por dicha organización en las redes sociales en cuanto a la marcha del 15 de noviembre, a lo que el joven dijo no tener conocimiento.

“De lo que sí pueden estar seguros es que encontrarán a la FNCA en causa común con todos aquellos, cubanos o extranjeros, que busquen abrirle al pueblo cubano caminos de solidaridad que conduzcan a una incruenta transición hacia la democracia, la justicia y la paz para todos, y por el bien de todos los cubanos”, manifestó la organización en el comunicado, que firma su director, José Pepe Hernández.

La Fiscalía General de la República ha declarado la marcha del 15N ilegal e hizo conocer a los organizadores que, de llevar la iniciativa a vía de hecho, serían acusados y juzgados.

En una reciente entrevista con Radio Martí, García Aguilera opinó que el "apercibimiento" que hizo público la Fiscalía es "un guion que ya estaba escrito", y en el que solo cambiaron el nombre de cada uno de los promotores de Archipiélago que fueron citados, justo como sucedió con la nota oficial con la que las autoridades les comunicaron sobre la prohibición de la marcha del 15N.

"A ellos les han bajado un documento y en las fiscalías, donde nos han citado, han leído exactamente lo mismo. Eso indica de manera obvia, sin lugar a ninguna duda, que es un falso mito, que nadie más podrá defender, el tema del Estado de Derecho. En Cuba no existe separación de poder, hay una dictadura, pero de las más descaradamente... No sé ni qué palabra usar, porque no me gustaría ser ofensivo, pero es que no encuentro otra manera de verlo", dijo el dramaturgo.

Solicitan orden de excarcelación de Lázaro Yuri Valle Roca por precario estado de salud

Lázaro Yuri Valle Roca en una calle de La Habana. (Facebook)

Familiares del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca presentaron este lunes ante la Dirección de Cárceles y Prisiones, en La Habana, una petición de excarcelación a favor del comunicador debido al precario estado de salud que presenta.

Valle Roca, que se encuentra en la prisión Combinado del Este, recibió el viernes en la tarde su primera visita desde que fuera detenido, hace ya 129 días, informó a Radio Martí su esposa, la también periodista independiente y activista Eralidis Frómeta.

“Ahora en la mañana, ya estoy cerca de aquí, en 15 y K”, señaló Frómeta refiriéndose a las oficinas de Prisiones y agregando que el motivo de su visita a dicha dependencia era “exigir un peritaje médico” para su esposo porque, apuntó, “lo están matando allí”.

Eralidis Frómeta dijo llevar “la petición por escrito” y añadió que el pasado 22 de octubre “fue la primera visita que tuvo Lázaro Yuri Valle Roca y, como he venido denunciando desde el 15 de junio, él, desde la huelga de hambre, se le produjo un fallo renal pero, en estos momentos, ya no es sólo el fallo renal”.

Eralidis Frómeta teme por la saludo mental y física de Lázaro Yuri Valle Roca
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“Lo vi muy afectado psicológicamente y aún sin recibir asistencia médica; no lo veo ‘dentro de sus cabales’ que debe tener una persona normal. Yo le he llevado los medicamentos, lo que no le han dejado entrar es las jeringuillas para inyectar las vitaminas que le llevé y, en cuanto a la alimentación, ha perdido muchísimo peso, está muy flaquito. Lo vi en un estado crítico, muy mal”, enfatizó.

Según Frómeta, han vuelto a regular la “entrada de la alimentación” en el penal en el que se encuentra su esposo, y “lo que yo le llevaba en dos sacos, no lo están admitiendo, están admitiendo un solo saco”, dijo.

“Las cosas que no me dejaron pasarle de alimentos lo dejamos guardado en un ‘lugarcito’ y, cuando salimos, ya los guardias de allí se lo habían robado. Él”, cita Eralidis a su esposo, “dice que eso le tocaba, que es el precio de la libertad que él tiene que pagar”.

Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el pasado 15 de junio, luego de haber cubierto una protesta realizada por activistas en la calle Zanja, en la cual se lanzaron octavillas con frases martianas. Lo acusan de los delitos de "desacato y propagación de epidemias". Un recurso de Habeas Corpus presentado a su favor fue rechazado.

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)

Relatores de ONU recomiendan modificación de "Ley Mordaza" en Cuba

Una mujer chequea las opciones para conectarse a Internet en Cuba. (YAMIL LAGE / AFP)

Relatores de Naciones Unidas manifestaron su preocupación de que decretos que regulan las telecomunicaciones y el contenido en internet en Cuba puedan socavar la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación de los ciudadanos y recomendaron al régimen su modificación en apego al respeto de estos derechos.

Una carta de los relatores publicada este lunes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), estos recomiendan a las autoridades cubanas que las disposiciones del "Decreto de Ley No. 35 sobre las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico" sean modificadas "con el fin de definir de forma estricta y limitada los contenidos que pueden ser restringidos, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos".

Los relatores recuerdan, además, que el Consejo de Derechos Humanos de ONU ha condenado "inequívocamente las medidas, cuyo objetivo deliberado es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos".

Los mandatos de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos abordan, además, el reglamento establecido en el Decreto No. 42 y la Resolución 105/2021, publicados en la Gaceta Oficial el 17 de agosto de 2021, tras las protestas multitudinarias que sacudieron la isla el 11 de julio.

"Esta carta basa su análisis en las obligaciones de Cuba de respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y otros instrumentos internacionales. Recordamos en este respecto que Cuba firmó el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) el 28 de febrero de 2008, lo cual implica un deber, en virtud del derecho internacional, de no frustrar el objeto y propósito del Pacto", señala la misiva.

El documento también realiza observaciones sobre las facultades atribuidas a los Ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior sobre las telecomunicaciones del país, quienes pueden disponer la implementación de medidas especiales para el manejo del espectro radioeléctrico, cuando estas sean de un alcance regional, provincial o municipal.

"Nos preocupa que el Decreto no define de manera precisa a qué se refiere con “medidas especiales”, tampoco establece a qué se refiere con “situaciones excepcionales, maniobras militares y otras circunstancias vinculadas a la seguridad y la defensa nacionales, así como con el Orden Interior”. Con respecto al procedimiento, también nos preocupa que el único requisito es informar al Ministerio de Comunicaciones, sin la intervención de un juez", dijeron los relatores.

Sobre las disposiciones que facultan a los operadores de servicio a suspender los servicios de telecomunicación cuando sean utilizados para afectar o transmitir “información falsa, ofensiva o lesiva a la dignidad humana” o “la moralidad pública y el respeto al orden público”, los relatores manifestaron su preocupación por la vaguedad con la que esta legislación ha sido formulada.

"El hecho que estos términos sean establecidos como un deber para los usuarios sin aclarar el alcance de estas categorías, genera una situación donde le resulta imposible al titular de derecho adecuar su actuar para cumplir con las disposiciones de la legislación. Si estas disposiciones no se definen con más detalle, podrían suponer una restricción indebida de la libertad de opinión y expresión, así como de la libertad de reunión pacífica", subraya la carta.

Los relatores señalan, además, que resulta preocupante que "una limitación tan considerable sea establecida mediante decreto gubernamental", sin concordancia con los estándares internacionales y la participación necesaria de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil o expertos relevantes.

El régimen cubano respondió a las manifestaciones del 11 de julio con un apagón masivo de internet y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, mientras los manifestantes utilizaban estos canales de comunicación para dar a conocer al mundo lo que sucedía en la isla. Días después, decenas de personas fueron detenidas por subir contenido de las protestas a la red, o por aparecer en videos y fotografías de las mismas.

En opinión del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, “los Estados deberían abstenerse de adoptar medidas como la supresión del acceso a los servicios de Internet y de telecomunicaciones, y deberían poner fin a esas medidas. El acceso a los servicios de Internet y de telefonía móvil se deberían mantener siempre, incluso en épocas de desórdenes públicos”, indica el documento.

"Los supuestos que se establecen en las normas que facultan a la interrupción no constituyen un motivo legítimo para restringir la expresión según el Artículo 19 de la DUDH y del PIDCP, tampoco para determinar incidentes de alta peligrosidad que faculten a las autoridades estatales a establecer medidas de monitoreo constante sobre los usuarios, que además podrían ser sancionados con hasta 4 años de prisión con la legislación actual", subraya.

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