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Derechos Humanos

Zapata Tamayo: Nueve años después subsisten las causas de su muerte

Orlando Zapata Tamayo, disidente cubano fallecido en una huelga de hambre el 23 de febrero de 2010 en La Habana, Cuba. [Composición].

Se cumplen nueve años de aquel infausto hecho. Un albañil de unos cuarenta años hastiado de las golpizas y humillaciones de los carceleros retó al régimen castrista a que lo respetaran de una vez y por todas o moriría en una huelga de hambre.

Son las fisuras del entramado penitenciario de la isla. Orlando Zapata Tamayo (Santiago de Cuba, 15 de mayo de 1967 - La Habana, 23 de febrero de 2010) murió en aquella huelga. Las causas que lo llevaron a tal desenlace siguen intactas, a saber:

  • falta de garantías procesales
  • abusos de los carceleros contra los reos políticos y comunes
  • intromisión de la Seguridad del Estado en diferentes mecanismos del Control Penal y Reeducación Penal -según establecen las Normas de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (Minint), estos centros están a cargo directamente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (DGEP).

En un breve resumen, así fueron los hechos:

Zapata Tamayo fue detenido arbitrariamente por la Seguridad del Estado luego de la llamada Primavera Negra de 2003. Aunque no estuvo incluido directamente en esa conocida causa contra disidentes cubanos, condenados desde unos meses de cárcel hasta la friolera de algo más de cuarenta años de privación de libertad, acumulados tras varias acusaciones de desacato, desobediencia y desorden público.

En diciembre de 2009, ante la desidia de las autoridades en la Prisión Provincial de Holguín por una brutal golpiza que recibiera semanas atrás de su arresto, decide plantarse en huelga de hambre y el día tres de ese mes, lo envían a la cárcel en Camagüey conocida como Kilo 8, Régimen Especial o "Se me perdió la llave".

En el tramo de 86 días que duró su protesta de inanición, activistas de derechos humanos y sus propios familiares responsabilizaron directamente al entonces Teniente Coronel Julio César Bombino de negarle el agua por 18 días en la cárcel Kilo 8.

Zapata fue trasladado gravemente hacia La Habana el 16 de febrero, cuando ya su cuerpo no respondía a los intentos de los equipos médicos por salvarlo. El 23 de febrero, a media tarde, Zapata Tamayo falleció en la capital cubana.

“Un sistema disfuncional”

La definición viene de la autoría de la abogada cubana Laritza Diversent, Directora de la organización Cubalex, que se viera forzada a salir al exilio y ahora habla desde Estados Unidos. “El sistema de protección y defensa de los Derechos Humanos en Cuba es disfuncional para toda la sociedad, pero para las personas privadas de libertad es peor, porque están expuestas a represalias”.

Laritza Diversent Cambara, abogada cubana exiliada en Estados Unidos, directora del Centro Cubalex. (Foto cortesía de la entrevistada, Facebook).
Laritza Diversent Cambara, abogada cubana exiliada en Estados Unidos, directora del Centro Cubalex. (Foto cortesía de la entrevistada, Facebook).

Diversent apunta a un vacío entre el espacio que hay entre la ejecución de la sanción y la estadía en prisión. “Las prisiones deben de estar administradas por autoridades civiles, no militares, y en el país debe haber un sistema de denuncia de violaciones a los derechos humanos”.

El actual Reglamento del Sistema Penitenciario de Cuba, puesto en vigor el 1 de diciembre de 2016, es específico en los derechos de los "asegurados" sancionados, pero como se ilustra en ejemplos que se exponen más adelante, tales reglas son violadas bajo el halo de la impunidad.

Familiares del reo fallecido Alexis Vázquez revisan su cuerpo al llegar a Santiago de Cuba
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El Reglamento, en su Sección Tercera, referente al régimen disciplinario, establece las medidas de aislamiento como pena máxima. En el Artículo 138, sugiere “Internamiento en celda disciplinaria, con carácter excepcional, por un término de hasta 15 días a los hombres, y hasta de diez días a las mujeres, a los jóvenes y a los mayores de sesenta años”.

En ningún caso –aunque parezca obvio resaltarlo- aparecen los castigos corporales como medidas disciplinarias, sin embargo, a diario, por 60 años, han abundado las denuncias de golpizas, torturas y tratos crueles y degradantes prohibidos por diversos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos.

Para Diversent, que por una década estuvo ligada a la recepción de casos de violaciones en las cárceles cubanas, “el sistema no tiene recursos adecuados para tramitar denuncias contra las autoridades de los centros penitenciarios”.

La primera indefensión jurídica -como pasó con el caso de Zapata Tamayo y otra decena de reos que han muerto en huelgas de hambre- es que ese tipo de protesta es punible, así lo explica Diversent.

“Lo primero (se refiere a las autoridades) es considerar que la huelga de hambre es una indisciplina grave [que] conlleva aislamiento (…) porque supuestamente es una posición de fuerza contra el régimen establecido en el centro penitenciario”, dijo la abogada.

Tres ejemplos concretos

El miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Palma Soriano, Santiago de Cuba, Geordanis Muñoz, relató a Radio Martí cómo fue golpeado en la cárcel de Boniato por el oficial de la Seguridad del Estado, Dainier Suárez Pagán.

Pagán se sirvió de otros oficiales, quienes esposaron al disidente en una oficina de la prisión para propinarle una paliza. “Me esposaron a la espalda y me golpearon. Comienzan a amenazarme, a decirme lo que me iba a suceder, hasta que llegó el momento en que se les fue de control la situación y él [Pagán] me empieza a golpear”, asegura Muñoz.

Las otras golpizas ocurrieron el 13 y 21 de abril de 2017 en la prisión de Boniato, en la 5ta sección. “Para nadie es un secreto que hoy en Cuba todo está predicho por ellos (la Seguridad). Ellos son los que mandan”, concluye el opositor.

Geordanis Muñoz Guerrero, activista de UNPACU. Foto cortesía de GMG.
Geordanis Muñoz Guerrero, activista de UNPACU. Foto cortesía de GMG.

En junio de 2017, la señora Damaris Rodríguez, madre de la presa política Lisandra Rivera, denunció a esta publicación que su hija había recibido una golpiza en la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba.

La mujer se dirigió a la cárcel, donde por medio de algunos reos ella y sus familiares constataron que “le dieron una paliza, le rompieron los zapatos y los espejuelos y se la llevaron para una celda de castigo dándole golpes".

Daniel Alfaro Frías, de 53 años de edad y miembro del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), explicó a este redactor que en su encarcelamiento entre octubre de 2017 y octubre de 2018 en la cárcel Taco-Taco, de Pinar del Río, pudo presenciar un acto verdaderamente dantesco.

Un carcelero, acompañado de otros funcionarios de Orden Interior, golpeó a un recluso común identificado como El Chiqui: "Le fueron arriba, con las esposas le rompieron la cara, la boca, le tumbaron un diente. El oficial conocido por El Bolo fue el primero que le fue arriba delante de otros oficiales de alto rango”, denunció Alfaro.

Vacío legal, testigos incómodos

El impacto en la credibilidad del régimen cubano por la muerte de Zapata Tamayo solo había tenido un precedente parecido, precisamente siete años atrás, cuando fueron condenados a altísimas penas los disidentes que integraron la Causa de los 75.

A la muerte del opositor Zapata Tamayo reaccionaron en condenas contra el gobierno de Raúl Castro la Unión Europea, Estados Unidos, la organización Reporteros Sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otros.

Abogada Laritza Diversent sobre el debido proceso en Cuba
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Además del Tte. Coronel Bombino, dos oficiales han sido acusados directamente por defensores de derechos humanos del desenlace fatal de Zapata Tamayo y la represión posterior contra su humilde familia en la localidad de Banes, provincia Holguín.

El entonces Tte. Coronel Roilán Cruz Oliva -en 2010 a cargo de la Sección 21 (Enfrentamiento al enemigo) en la provincia- y según activistas interrogados por él, se jactó varias veces de haber propuesto el traslado del huelguista desde la Prisión Provincial de Holguín a la cárcel Kilo 8 en Camagüey.

Oficial de la Seguridad del Estado Douglas Torres, en un acto de repudio a la familia de orlando Zapata Tamayo en Banes, Holguín (CIRCA, 2010). Foto cedida a la periodista Idolidia Darias.
Oficial de la Seguridad del Estado Douglas Torres, en un acto de repudio a la familia de orlando Zapata Tamayo en Banes, Holguín (CIRCA, 2010). Foto cedida a la periodista Idolidia Darias.

Douglas Torres -en aquel año Mayor de la Seguridad del Estado- apareció por varios meses cada domingo al frente de militares y civiles de las Brigadas de Respuesta Rápida que repudiaban a la familia Zapata Tamayo y los opositores que intentaban llegar a Banes como un acto de peregrinaje.

La familia del opositor fallecido se tornó en el principal acusador contra el régimen por las golpizas que le propinaron a éste, las amenzas y la muerte final que encontró al plantarse como acto de rebeldía por los atropellos que sufría.

Reina Luisa Tamayo (C), mother of Cuban political prisoner Orlando Zapata Tamayo
Reina Luisa Tamayo (C), mother of Cuban political prisoner Orlando Zapata Tamayo

La presión sicológica, las golpizas y el hostigamiento subieron a tal punto, que un año después del suceso, Reina Loina Tamayo Danger -madre del mártir- y su más cercano núcleo familiar, solicitaron y recibieron asilo político, y llegaron a Estados Unidos el 9 de junio de 2011.

En septiembre de 2018, Douglas Torres, que ostentaba ya el grado de Tte. Coronel, fue encontrado culpable de un acto de corrupción, según denunció opositor Déxter Pérez, residente en Holguín. Radio Televisión Martí contactó telefónicamente al represor Torres, quien reconoció haber sido castigado, pero se negó a ofrecer declaraciones.

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Científico cubano denuncia ante Fiscalía Militar agresión sufrida durante marcha LGBTI

Detención de Oscar Casanella durante la marcha LGBTI en La Habana, el pasado 11 de mayo.

El científico y activista cubano Oscar Casanella presentó este martes ante las autoridades una denuncia por daños físicos tras su violenta detención el pasado sábado, 11 de mayo, durante la marcha de la comunidad LGBTI en La Habana.

"Entregué el documento de la denuncia contra los represores implicados en mis lesiones aproximadamente a las 10:20 de la mañana en la fiscalía militar", dijo Casanella a Radio Martí.

Casanella denuncia ante Fiscalía Militar agresión durante marcha LGBTI
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El agredido también entregó como evidencia el certificado médico que da cuenta de las lesiones, emitido el mismo día de la detención en el hospital Calixto García, y videos de los hechos, según explicó.

El propósito del reclamo, subrayó Casanella, es "presionar para que se haga justicia" por el daño que le causaron. "Quisiera que se haga algo para buscar a los responsables (...). No pueden quedar impunes los que hacen estas agresiones", afirmó.

Once días han transcurrido del violento arresto de Casanella, quien aún sufre las secuelas físicas. "Tengo una condritis, una inflamación de los cartílagos entre las costillas, y además tengo una epicondilitis del forcejeo para evitar que me pusieran las esposas", entre otras lesiones, dijo el activista.

(Reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)

Opositor cubano denuncia que fue obligado a abordar un avión a Guyana

Daniel Llorente se manifiesta envuelto en una bandera estadounidense a la llegada del crucero Adonia a La Habana, en mayo de 2016.

El opositor cubano Daniel Llorente Miranda denunció este viernes a Radio Martí que fue forzado a salir de Cuba por agentes de la Seguridad del Estado.

Según relató en conversación telefónica con nuestra emisora, fue sacado de su casa en horas de la madrugada y conducido en un auto hasta el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde inicialmente fue llevado a la Terminal 2 desde donde salen los vuelos para EEUU y luego al mostrador de Aruba Airlines, para arreglar su vuelo a Guyana.

Declaraciones de Daniel Llorente Miranda a Radio Martí.
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Antes de subirlo a la aeronave, afirmó Llorente, los guardias le advirtieron que no debía regresar nunca más a Cuba porque “lo podrían desaparecer”.

RadioTelevisionMarti.com envió sendos mensajes a la Cancillería de Guayana y a la empresa Aruba Airlines, inquiriendo detalles sobre la denuncia realizada por Llorente.

A la hora de escribir esta nota, la Cancillería respondió señalando que habían recibido nuestro mensaje. Por su parte la aerolinea expresó:

"Gracias por contactar Aruba Airlines, apreciamos su tiempo.Queremos hacerle saber que hemos recibido su correo electronico. Debe estar recibiendo una respuesta personalizada entre 24-48 horas".

Una solicitud similar fue enviada a la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior, sin lograr todavía respuesta.

El opositor cobró notoriedad tras su violento arresto luego que corrió envuelto en la bandera americana durante un desfile del 1 de Mayo en 2017 y como castigo fue confinado durante un año en el hospital psiquiátrico de La Habana.

Llorente dijo que hoy logró hacer la denuncia gracias a la bondad de un cubanoamericano que tramita la reclamación de su familiares en la embajada estadounidense en Georgetown, que al verlo desesperado a su llegada al aeropuerto de esa ciudad, le facilitó un lugar donde pasar la noche y su teléfono celular para hacer algunas llamadas.

En días recientes el opositor denunció a Radio Martí que entre el 12 de abril y el 2 de mayo, fue sacado de La Habana junto a su hijo Eliecer,por la Seguridad del Estado para obligarlos a hacer un recorrido por “centros históricos de la revolución” y amenazado con que sería sacado a Guyana de seguir con su postura de enfrentamiento al sistema.

En febrero de 2019 el opositor Eliecer Góngora, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, en Jobabo, Las Tunas, denunció que también fue forzado a salir hacia Guyana bajo presión de la Seguridad del Estado.

[Redactado por Pablo Alfonso a partir de un reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí]

Denuncia busca eliminar la “esclavitud” de los cubanos

Javier Larrondo, presidente de Cuban prisioners Defenders, entrevistado en "Karen a las 8".

El ingeniero, inversor y filántropo cubano-español Javier Larrondo, es presidente de Prisoners Defenders, organización no gubernamental, cuya misión es combatir la represión política en el mundo. La primera sección de este grupo de análisis y acción es Cuban Prisoners Defenders (CPD), que ha denunciado diversos atropellos del régimen comunista a los ciudadanos cubanos, sobre todo el caso de los presos políticos en la isla.

Pero hace unos días, una denuncia por “esclavitud” -considerado un crimen de lesa humanidad- contra varios miembros de la dirigencia castrista, ha llevado a Larrondo a declarar en importantes foros del orbe. Una denuncia nunca antes presentada.

Uno de los casos más conocidos de la llamada “esclavitud moderna” es el de los médicos cubanos enviados a misiones internacionalistas, sobre todo a Venezuela, y anteriormente a Brasil, a quienes se les cataloga como “esclavos de bata blanca”, por las condiciones en que laboran fuera de su país, víctimas de acuerdos arbitrarios, cobrando injustas cuotas, impedidos de encontrarse con sus seres queridos por largas temporadas y bajo permanente vigilancia, amenazas y acoso por parte de agentes de la policía política que operan en estos países.

En representación de CPD y la agrupación opositora Unión Nacional Patriótica de Cuba (UNPACU), Larrondo ha presentado en la Corte Penal Internacional (CPI), en la Organización de Estados Americanos y otras instituciones, una denuncia por “la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos”, recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte de La Haya, adoptado en la capital italiana en 1998.

“Con esto lo que buscamos es la libertad de Cuba. Por ahí se empieza. Eso es lo que nos motiva. Porque si esta demanda se restringe a los profesionales que están en el extranjero, no es porque nosotros tengamos una especial predilección en demandar en ese ámbito, sino porque es la patita débil del castrismo. El haber querido exportar todo eso y el haber caído en jurisdicciones haciéndolo”, dijo Larrondo a Radio y Televisión Martí en entrevista exclusiva con el programa “Karen a las 8”, conducido por la periodista Karen Caballero.

“Pero no sólo hay médicos que son y continúan siendo víctimas de este modelo, catalogado como un crimen de lesa humanidad. Hay también ingenieros, maestros, músicos, deportistas, todo tipo de profesionales que trabajan fuera de su país esclavizados”, destacó el activista, quien inició su carrera en operadoras españolas como Vodafone, para luego lanzar al mercado diferentes negocios digitales, ser directivo de multinacionales y a la par, velar por los derechos humanos. “Desde joven, he estado comprometido con la defensa de los derechos de la gente, y aunque nací en España, siendo hijo de cubanos, me siento cubano”.

Más de un centenar de testimonios

La elaboración de esta demanda, basada en la recopilación y análisis de cientos de documentos y testimonios, le ha tomado a CPD un “arduo año de trabajo”, y cuenta en España, según Larrondo, con el apoyo de dos importantes partidos, Ciudadanos y el Partido Popular.

“Hemos almacenado y estudiado información sobre qué está pasando con las misiones [internacionalistas], y hemos llegado a la conclusión de que se podía procesar a Cuba en diferentes organismos internacionales, porque lo que el Estado cubano realiza con estas misiones, son violaciones de numerosos acuerdos internacionales y crímenes de lesa humanidad en países donde los ciudadanos residentes, también los cubanos, están protegidos”, señaló.

Los hechos y documentos que componen la denuncia abarcan un periodo de 17 años, desde 2002 a 2019. Entre los más de 100 testimonios recogidos, hay buena parte de galenos desertores del programa Mais Medicos, en Brasil, unos han permitido hacer públicos sus nombres y otros han preferido mantenerlos en privado, por temor la represión castrista contra ellos o sus familiares.

La denuncia, explica Larrondo, ha sido presentada en un amplio abanico de cortes penales. Además de La Haya, también en 5 comités de las Naciones Unidas y varias relatorías, que “ya están trabajando” en el análisis de estas violaciones a os derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

Los implicados

Los 6 señalados en esta demanda son: Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (órgano rector de la sociedad cubana según la Constitución vigente) y quien estuviera al frente del gobierno entre 2006 y 2018; Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Ministros; José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública; Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social.

“Los crímenes de lesa humanidad son cometidos por el poder político de forma sistemática, y se presupone que hay una jerarquía, que tú no procesas a 200 sino que procesas al jefe de los 200. Sin embargo, en este caso, la involucración de cada uno es importante porque en cada uno de esos ministerios existen leyes que rigen esas misiones y cada una de esas leyes, estudiadas como están en la denuncia, son leyes esclavistas. Entonces no podíamos dejar los cargos solamente en Díaz-Canel y Raúl Castro, sino que había que atacar también a esos 4 dirigentes. Y son la crema de toda la metodología de las misiones. No son los únicos, pero estimados que con ellos cubrimos esa cúpula que está a cargo de todo ese esclavismo”, manifestó.

Quitarle la careta al régimen

Larrondo asegura que esta denuncia tiene dos objetivos paralelos: “La transparencia, quitarle la careta al régimen. La difusión y fotografía de lo que el régimen de los Castro está haciendo, que va en contra de todo principio, “socialista” o “de los trabajadores”, y que por lo tanto es más cercano a una monarquía totalitaria esclavista capitalista. Porque al final, ellos sí van en autos de 200 mil dólares, esa oligarquía”.

El segundo objetivo es “generar la presión suficiente en los organismos internacionales para que estos señores, si Dios quiere, se vean presionados a tener que, como ellos llaman, “liberar” a los médicos. Y queremos que los liberen ya, pues hay familias que no se ven, madres, padres e hijos que no se ven desde hace años, y eso es muy urgente”.

“El hecho de que Castro se pueda sentar en una corte, si conseguimos que esas familias sean liberadas, y que esta esclavitud se detenga, me parece un hito que, para mí, humanitariamente, sería un grandísimo éxito”, expresó el representante de UNPACU en la Unión Europea.

Larrondo, graduado de Ingeniería Superior de Montes e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, en la Universidad Politécnica de Madrid, está convencido de que, es posible materializar que las personas señaladas en la demanda “paguen por haber cometido estos crímenes”.

“La Corte Penal Internacional es la que más ejecutoria tiene. Puede dictar una orden de detención internacional en 123 países. Sabemos que la Corte tiene unos plazos lentos, ¿y cómo dinamizamos la demanda?, abriéndola en multitud de organismos que tienen relación y que van haciendo que eso sea público, cada vez más escandaloso, y eso acelera los plazos de cualquier organismo de la corte”, precisó.

Programación mental

A pesar de sus conocimientos de la sociedad cubana, de haber colaborado con Oswaldo Payá y ayudar a fundar la UNPACU, el “altísimo nivel de adoctrinamiento” es uno de los efectos que más ha impresionado a Larrondo. “Es increíble cómo tienen inculcada una programación mental en Cuba”.

“Hay médicos que han salido [de la isla] con la ilusión y agradecimiento al Estado por darle la oportunidad. Luego, claro, ven el mundo y se encuentran con que todo eso se les cae, se les cae la vida. “He perdido mi vida, me dicen, estaba esclavizado”. Es importante hacer trasparente esto al mundo, a los propios profesionales, y lanzar un mensaje dentro del régimen: Señores, yo no sé quiénes de ustedes sabían exactamente cómo se produce, y si tenían la confirmación, pero ahí hay 350 páginas de prueba tras prueba, y no sólo testimonios, tenemos los contratos, las leyes que afectan, cómo se aplican, las pruebas de las amenazas, las pruebas de todo lo que está pasando, y por lo tanto ahí está negro sobre blanco, a partir de ahora nadie puede decir: bueno, yo, no sabía”, advirtió.

Con Cuban Prisoners Defenders colaboran grupos disidentes en Cuba y familiares de los presos políticos, para compilar información, mantener actualizadas las listas de los condenados y prisioneros de conciencia y promover la libertad en la isla.

El programa “Karen a las 8” emitido este jueves 16 de mayo, contiene una entrevista de 25 minutos con Javier Larrondo.

Fundación LGBTQ consternada por arrestos en desfile gay en Cuba

El científico cubano y activista gay Ariel Ruiz Urquiola detenido durante la marcha LGBTI el sábado 11 de mayo.

Rainbow World Fund, organización de ayuda humanitaria para la comunidad LGBTQ en el mundo, hizo pública su consternación por las detenciones durante la marcha alternativa contra la homofobia, organizada al margen de las instituciones estatales, el pasado sábado en La Habana.

En una declaración conjunta de Cleve Jones y Jeff Cotter, ejecutivos de Rainbow World Fund, aseguran estar “consternados por el intento del gobierno de cerrar una conga alternativa LGBTQ organizada por activistas independientes y las detenciones de algunos participantes de ese evento”.

Cleve Jones, Mariela Castro y Jeff Cotter en San Francisco en el 2012. Foto tomada de rainbowfund.org.
Cleve Jones, Mariela Castro y Jeff Cotter en San Francisco en el 2012. Foto tomada de rainbowfund.org.

“Nos entristece la decisión del gobierno de cancelar las congas de este año”, dice el comunicado de la fundación que envió una delegación a la isla para participar en las Jornadas contra la Homofobia, que organiza anualmente el CENESEX, dirigido por Mariela Castro Espín.

El grupo lamenta la decisión de La Habana de negar la entrada al reportero de Washington Blade, Michael Lavers.

El periodista que había visitado Cuba para cubrir eventos del movimiento LGBTI+ fue retenido en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana el pasado miércoles 8 de mayo, devuelto a Miami de inmediato y declarado “persona non grata”.

“Hemos comunicado nuestras preocupaciones directamente a los líderes de Cenesex”, dice el comunicado.

[Con información de www.rainbowfund.org]

Expreso político podría volver a prisión por negarse a pagar "una multa arbitraria"

Geordanis Muñoz Guerrero, opositor cubano, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). (Facebook).

El expreso político cubano, Geordanis Muñoz Guerrero, quien cumplió dos condenas en 2016 y 2017 por negarse a pagar multas que consideró arbitrarias, ha recibido una nueva notificación con una multa de 2 mil pesos en moneda nacional.

Una funcionaria se presentó en la vivienda de Muñoz Guerrero en Palma Soriano, Santiago de Cuba, denunció este martes a Radio Televisión Martí.

Se trata de una sanción impuesta el 4 de octubre de 2018 por “exigir la liberación del hermano Tomás Núñez Magdariaga” mientras realizaba una huelga de hambre que resultó en la liberación del disidente.

"Nosotros aquí decidimos hacer una manifestación pacífica en las calles de Palma Soriano. por ese motivo la policía política me detiene, me dejan cerca de 96 horas en los calabozos, llevan un inspector de cobros de multas y me ponen una de 2 mil pesos", explicó el opositor.

Geordanis Muñoz denuncia imposición de multas arbitrarias
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Muñoz Guerrero es activista y coordinador de célula de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y en 2016 fue condenado a un año de cárcel por una contravención junto a su hermano Adael Muñoz Guerrero. A mitad de condena recibió otra sanción de 6 meses más por la misma causa.

La imposición de multas ha sido uno de los más recurrentes métodos del régimen cubano para encarcelar a sus opositores en los últimos años.

En la actualidad cinco mujeres integrantes del movimiento Damas de Blanco están entre rejas, acusadas de desacato, desorden público o atentado, pero todas han sido multadas hasta con varios centenares de pesos por supuestamente “violar el dispositivo de seguridad”.

Las Damas de Blanco actualmente en prisión son Aymara Nieto Muñoz, Marta Sánchez, Nieves Matamoros, Yolanda Santana y Xiomara Cruz Miranda.

Aunque la notificación de este lunes lo pone al borde una prisión otra vez, Muñoz Guerrero ofreció sus argumentos para contravenir la que considera una arbitraria medida.

“Es una cosa de principios y ética. Si pagas una (multa) tienes que pagar mil y quitarte de la organización y abandonar la lucha… pienso que la pago en prisión”, concluyó.

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