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Cuba

La SINA da servicios a pesar de cierre de gobierno de EEUU

Un soldado del Regimiento de Protección y Seguridad a sedes diplomáticas custodia la Oficina de Intereses de EE.UU.en La Habana.

La Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana no ha sido afectada por el cierre parcial del gobierno estadounidense y presta sus servicios habituales, incluidos los consulares.

La Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana informó en su página web que pese al cierre de operaciones del Gobierno de los Estados Unidos por decisión del Congreso continúa operando normalmente.

"Seguiremos prestando servicios consulares y desempeñando las funciones habituales que el Departamento de Estado ha asignado a esta Misión", señala la nota.

"Los servicios consulares nacionales, tanto como en el exterior, no se verán afectados, ya que se dispone de los fondos necesarios para estas operaciones", precisa la información.

La Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana está empeñada en fomentar los lazos interpersonales entre cubanos de las dos orillas y entre estadounidenses y cubanos.

En agosto pasado se comenzaron a expedir visas de 5 años de duración y múltiples entradas a ciudadanos cubanos, entre las que se incluyen visas temporales para viajes de turismo o visitas a familiares en Estados Unidos.

En el primer semestre de 2013 Washington concedió a través de su oficina en la capital cubana 16.767 visas temporales a cubanos, lo que representa un incremento de 79% respecto al mismo período de 2012.

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Luis Robles "angustiado" por su caso, mientras régimen ratifica medida de prisión provisional

Luis Robles Elizastigui. (Imagen publicada en redes sociales)

El Tribunal Popular de La Habana denegó una cuarta solicitud para un cambio de medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizástegui, por lo que el joven permanecerá en prisión provisional hasta el día del juicio.

Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí, que el detenido se siente "desesperado y angustiado" porque su situación no ha cambiado desde que fue encarcelado. "Un día la Seguridad del Estado le dice que la Fiscalía es quien lo tiene detenido, y otro día un fiscal le dice que la Seguridad del Estado es quien lo tiene ahí", señaló.

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La solicitud del cambio de medida, negada el 14 de octubre, fue presentada por el abogado de Robles Elizástegui ​basada en las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, quien después del levantamiento popular del 11 de julio afirmó que "todos los cubanos tienen derecho a manifestarse". Sin embargo, el Tribunal Popular de La Habana ​negó la solicitud por considerar que "no había suficientes razones" para otorgar una medida cautelar.

Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue multado primeramente con 1,000 pesos y detenido en Villa Marista. Luego fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

El auto de denegación entregado al abogado del joven indica que tendrá que seguir detenido hasta el día de juicio, pautado para el mes de diciembre, luego de que fuese suspendido uno previo por la manifestación del 11 de julio.

Fernández aseguró que su madre presentó una queja por la decisión del Tribunal, y la respuesta que recibió fue el mismo documento entregado al abogado.

Robles fue detenido cuando protestaba pacíficamente con un cartel en el boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento.

La Fiscalía pide al manifestante seis años de privación de libertad, por los delitos de "propaganda enemiga y desobediencia".

Según denuncias desde prisión, el joven ha sido llevado en varias oportunidades a celda de castigo y ha sido víctima de aislamiento.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

"Desnudos, golpeados, obligados a gritar "¡Viva Fidel!": el Post narra el horror vivido por los detenidos el 11J

Policías vestidos de civil detienen a un manifestante en La Habana, el 11 de julio de 2021. (REUTERS/Stringer)

"Desnudos, golpeados, obligados a gritar "¡Viva Fidel!", así encabeza este martes el Washington Post un artículo en su portada sobre la represión que el régimen cubano desató contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba.

El diario diario estadounidense narra, a través del testimonio de los protagonistas, los horrores vividos por algunos de los detenidos tras el levantamiento popular que sacudió a la isla.

Michel Parra, de 20 años y empleado de un hospital, declaró al Post la emoción con la que marchó “por primera vez" para manifestar su desacuerdo con el gobierno. Podo después, él y su hermana fueron detenidos en su hogar por agentes vestidos de civil, y conducidos a una sala de interrogatorio del Departamento “Técnico” de la Seguridad del Estado.

“Gritaban y me decían que me iban a disparar a mí y a mi familia. Les rogué que pararan, mientras seguían llamándome gusano", contó Parra, quien asegura haber recibido una brutal paliza de manos de los oficiales.

“Me dieron una bofetada que me tiró al suelo. Me patearon por todo el cuerpo. No se detendrían. Me golpearon en las manos y las rodillas con un bastón. Para mí, tomó una eternidad, pero tal vez solo fueron 60 segundos. Lo que sé es que sentí dolor durante 20 días seguidos ", confesó el joven matancero al Post.

Los testimonios, señala el diario estadounidense, fueron recogidos “a través de entrevistas independientes con detenidos que han sido liberados, y con familiares de los que siguen encarcelados", e incluyen "a presos que fueron castigados por negarse a gritar '¡Viva Fidel!'”.

La ola represiva que se desató tras las protestas dejó más de mil detenidos, entre ellos opositores, activistas y ciudadanos comunes que salieron a protestar abiertamente contra el gobierno por la crisis sanitaria, económica y toda índole que agobia al país.

El Post hace referencia al informe que al respecto hiciera público este martes la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch.

“Puede que haya habido mano dura, pero se está exagerando enormemente”, declaró el exdiplomático cubano Carlos Alzugaray desde su casa en La Habana, agregando que “la policía recibió instrucciones estrictas de no usar armas.

No estamos hablando de Chile o Colombia, donde la policía realmente mata a la gente”, aseveró. Sin embargo, señala el Post, “varios manifestantes detenidos describieron los abusos sufridos durante su detención”.

“Me sentí violada”, confesó la periodista independiente cubana Orelvys Cabrera, relatando el momento en que fue obligada a desnudarse completamente “frente a los militares en una sala de interrogatorio”.

Además de soportar una larga cadena de historias sobre los triunfos de la Revolución y las proezas de Fidel Castro, Cabrera tuvo que “dormir en el suelo durante treinta y tres días” y comer “arroz con tierra; sopa con grasa” y, para desayunar, una rebanada de pan a secas.

La experiencia de María Cristina Garrido, contada por su esposo, Michael Valladares, quien supo a través de sus vecinos, porque él no se encontraba presente en el momento de su detención, que ambas hermanas (María Cristina y Angélica) fueron brutalmente golpeadas delante de los presentes.

Dieciocho días después, cuando Valladares pudo ver a su esposa, esta le contó que, literalmente, la obligaron a dormir en el suelo sobre heces fecales por haberse negado a darle Vivas al difunto Comandante en Jefe.

“Cada vez que se negaba”, contó Garrido a su esposo, “una soldado la golpeaba tan fuerte, que se orinaba”.

El Post recuerda en su artículo que "la represión se cierne sobre los cubanos mientras se avecina otra importante prueba de disidencia: una protesta el 15 de noviembre convocada por actores, artistas y disidentes, respaldada por exiliados cubanos, pero prohibida por el estado cubano".

¿Ocurrirá lo mismo? Organizadores de la "Marcha Cívica por el Cambio" del 15N temen que el gobierno responderá de la misma manera que el 11J.

“Algunos acudiremos a pesar de la campaña de intimidación contra nosotros, pero no creo que sea como el 11J. Los que saldrán serán menos, quizá cientos, por el miedo a la represión. ¿Creo que nos detendrán?, ¡Sí!”, dijo desde La Habana el líder opositor Manuel Cuesta Morúa.

Cuba suspende cuarentena obligatoria para viajeros que arriben a la isla

Turistas disfrutan de un mojito mientras viajan en un automóvil americano clásico durante un recorrido por la ciudad de Varadero (AP / Ramón Espinosa)

En medio del entusiasmo de las autoridades por el bajón en las cifras oficiales de contagiados y fallecidos por COVID-19 en Cuba, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda anunció este martes que, a partir del 7 de noviembre, la cuarentena no será un requisito obligatorio para los viajeros que arriben al país.

La medida, que antecede a la reapertura de las fronteras nacionales prevista para el 15 de noviembre, relaja un protocolo implementado para controlar la importación de casos de coronavirus que tuvo una explosión tras la entrada de turistas y viajeros internacionales en diciembre pasado.

Según el funcionario, esta vez el país tendrá “una reapertura controlada y escalonada”, y aunque no habrá cuarentena ni PCR negativo, todos los viajeros "deberán presentar un pasaporte de salud o certificado internacional" que avale la vacunación certificada por "las agencias reguladoras correspondientes”.

Turistas rusos en la ciudad de Varadero, Cuba, el miércoles 29 de septiembre de 2021. (AP / Ramón Espinosa)
Turistas rusos en la ciudad de Varadero, Cuba, el miércoles 29 de septiembre de 2021. (AP / Ramón Espinosa)

De no poseer este documento, los viajeros deberán presentar un PCR negativo al virus, procesado por un laboratorio certificado en el rango de las 72 horas antes del arribo a las fronteras cubanas.

Mientras, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), reportó este martes 1,768 nuevos contagios, para un acumulado de 938,577, y otros 22 fallecidos por la enfermedad, que ya se ha cobrado 8,101 vidas en Cuba.

En comentarios al reporte oficial del MINSAP en Facebook, cubanos se quejan del servicio deficiente, o ausente, en hospitales y otros centros de salud de la isla.

"Si, es muy bueno todo lo que nos está sucediendo, pero, díganme, el oxígeno de hogar para los enfermos de patologías pulmonares cuando lo van a servir, por dios, pónganse una vez más la mano en el corazón", preguntó desde La Habana Luci Córdova García.

Un "padre preocupado por la salud de su hija y por la del bebé" compartió su inquietud sobre la atención de salud a las embarazadas durante la pandemia.

"“Quisiera que alguien me explique cómo es posible que una embarazada tenga orientado un análisis de sangre y que haya perdido el viaje porque no se le puede realizar, porque tenían que salir para realizar donaciones de sangre. Mi preocupación es si las embarazadas aún no tienen atención especial en nuestro sistema de salud; lo preocupante es que tiene que viajar y después que pierda el viaje", escribió Enrique Rodríguez.

Comentario en el reporte oficial del MINSAP en Facebook.
Comentario en el reporte oficial del MINSAP en Facebook.

Yurama Bolaño, por su parte, indagó "cuando comienzan los trasplantes en el pediátrico de Centro Habana. “Mi hija se está deteriorando y nadie sabe nada, y nadie me da un aliento, ni una esperanza”, dijo.

Tres integrantes del Movimiento San Isidro esperan juicio en prisión: su "delito", protestar pacíficamente

Luis Manuel Otero Alcántara )izq.), Esteban Rodríguez (centro) y Maykel El Osorbo (der.). (Foto: Facebook)

Jóvenes artistas cubanos permanecen, sin ser llevados a juicio, en prisiones de la isla, donde enferman y protestan con prolongados ayunos por su encarcelamiento.

El periodista independiente Esteban Rodríguez, encarcelado en la prisión Combinado del Este, está convencido de que no ha cometido delito alguno. Así lo dijo en una breve llamada telefónica este lunes al también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho.

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"Me comunica que se encuentra firme en sus convicciones. Él sabe que no cometió delito alguno, que lo único que hizo fue manifestarse pacíficamente. A Esteban la Fiscalía le ha denegado dos cambios de medida. Esteban pasó el COVID en dos ocasiones, algo que nos alarmó muchísimo, porque Esteban padece de hipertensión y asma bronquial. Pero, bueno, ya en estos momentos se encuentra bien de salud", dijo Valdés Cocho a Radio Martí.

"Rodríguez fue arrestado el pasado 30 de abril en la calle Obispo, en La Habana Vieja, junto a más de una decena de activistas que pacíficamente pedían llegar hasta la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara, en el barrio San Isidro, donde en ese entonces permanecía el artista del performance en huelga de hambre y sed.

El periodista y activista detenido le dijo a Valdés Cocho que “sigue firme, luchando por la libertad total de nuestra tierra, que está muy contento y muy animado con esta nueva convocatoria de manifestarse el próximo 15 de noviembre, que no doblemos el brazo, que sigamos fuertes, como estamos hasta ahora".

Otro integrante del Movimiento San Isidro, el rapero y activista Maykel Castillo Pérez, El Osorbo, preso en la cárcel 5 y Medio, en Pinar del Río, también se comunicó este lunes con su amigo, el músico del género urbano El Funky, quien nos explicó que la nueva abogada de Maykel lo visitó en prisión. “La abogada fue a verlo, ayer puso otro cambio de medida, vamos a ver qué pasa”, señaló.

Recientemente, Maykel ha sido trasladado, según el Funky, a un nuevo destacamento, donde no tenía colchón. “Esto se lo hacen a cada rato (…), parece una estrategia para que no haga amigos o para que no se sienta bien”, aventuró El Funky.

El rapero también abordó la situación del coordinador general del Movimiento San Isidro, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien se recupera de una huelga de hambre que llevó a cabo recientemente en la prisión de Guanajay, en Artemisa, donde se encuentra encarcelado tras su arresto el pasado 11 de julio, en La Habana. “Ha bajado bastante de peso, pero está bien hasta ahora, está comiendo ya, que por lo menos se restablezca un poco más y entonces tenga ánimo…”, concluyó.

DOCUMENTO: Informe de Human Rights Watch sobre detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos en Cuba

Agentes de la policía política detienen a un manifestante, el 11 de julio, en La Habana. ((AP/Ramón Espinosa)

La organización Human Rights Watch presentó este martes, en Miami, el informe “Cuba: detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos” que a continuación reproducimos.

El gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta.

El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.

Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.

“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.

“Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”, agregó.

Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un “municipio especial”.

Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos.

Los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “Seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas. Jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.

El 11 de julio, cuando empezaron las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios y fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”. Varias organizaciones indicaron que ese día hubo interrupciones del servicio de internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales. El gobierno cubano ha recurrido en reiteradas ocasiones a las restricciones de internet para limitar la posibilidad de los críticos de movilizarse.

Human Rights Watch determinó que los agentes detuvieron reiteradamente a manifestantes pacíficos y transeúntes e impidieron que muchas personas protestaran, arrestando a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones. Más de 1.000 personas fueron detenidas, según la organización cubana de derechos humanos Cubalex; de las cuales, más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo reclusión domiciliaria.

Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió el 12 de julio durante una manifestación en La Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, señaló que un policía le disparó por la espalda. Nadie ha sido juzgado por su muerte.

La investigación de Human Rights Watch indica que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡Libertad!” o “Patria y Vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “Patria o Muerte”, y critica la represión en el país.

En los 130 casos documentados en detalle por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas.

En la mayoría de los casos que documentó Human Rights Watch, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo. A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar.

La mayoría de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios abusivos y reiterados, a veces en medio de la noche, en los cuales a menudo se les preguntó por la “organización” y el “financiamiento” de las manifestaciones y se los amenazó con largas penas de prisión.

Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, contó que fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasó caminando por un lugar donde había una manifestación el 11 de julio. Dijo que, una vez detenida, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago. Una agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un dedo. Unos días después, un agente varón la amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Varias veces, los agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había protestado y quien la “financiaba”.

El 22 de julio, Zequeira Hernández fue condenada a ocho meses de cárcel por “desorden público”. Solamente se le permitió ver a su abogado particular pocos minutos antes de la audiencia. Un tribunal superior le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria. Zequeira y su familia indicaron que no pudieron obtener copias de las sentencias.

Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. Los casos positivos confirmados de Covid-19 alcanzaron algunos de los niveles más elevados en Cuba en julio y agosto. Varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención.

Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los manifestantes fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia de a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo. Los agentes habitualmente tardaron varios días en comunicar a los detenidos cuáles eran los motivos del arresto. Los familiares y abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con ellos unos pocos minutos antes del juicio.

El 19 de agosto, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa, según comprobó Human Rights Watch.Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021

Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021

Todos los casos se basan en relatos directos de la víctima, sus familiares o su abogado. Cuando fue posible, Human Rights Watch consultó documentos judiciales y multas impuestas a los manifestantes, y verificó fotos y videos que corroboran los testimonios. Los casos documentados por Human Rights Watch representan apenas una fracción de la cantidad total de violaciones de derechos humanos que cometió el gobierno cubano durante las manifestaciones de julio.

Las investigaciones de Human Rights Watch indican que las manifestaciones de julio se desarrollaron de forma abrumadoramente pacífica. De los 130 casos que documentó Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solamente a unas pocas de las personas detenidas de participar en actos de violencia (en general, de arrojar piedras durante las protestas). En la mayoría de estos casos, las personas detenidas o sus familias negaron haber participado en actos de violencia, y en todos los casos los procesos penales se vieron afectados por graves violaciones a las garantías del debido proceso y las penas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen ser excesivas.

Las descripciones de los casos se actualizaron por última vez el 30 de septiembre de 2021.
Lista completa de los casos que documentó Human Rights Watch en: https://www.hrw.org/es/video-photos/interactive/2021/10/18/descripciones-de-los-casos-de-manifestantes-detenidos-por-el

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