Derechos Humanos
Mujeres opositoras: El lado más oscuro de la represión en Cuba
Las patean en el suelo, son arrestadas sin órdenes de detención, vejadas en calabozos policiales, y solo en raras ocasiones los tribunales y fiscalías en Cuba reciben sus quejas debidamente. Para el régimen, estas mujeres "apestan" ideológicamente.
Son activistas de derechos humanos, por ello quedan fuera de las campañas oficialistas sobre la violencia contra la mujer: otras mujeres las golpean también.
“Me llevaron hasta una patrulla, pero en el camino me iban dando patadas, me llevaron arrastrada y me iban dando golpes”, así describió la Dama de Blanco Yamilé Garro Alfonso la detención de la que fue objeto en la mañana del 6 de abril de 2017.
En el arresto, explicó Garro, participaron féminas vestidas completamente de uniforme verdeolivo, y otras de civil.
Descabezar el foco de protesta
Ningún grupo opositor en la isla realiza actividades cívicas semanales que reporten una cifra de medio centenar de arrestos como promedio. Desde el 20 de marzo de 2016, cuando el entonces presidente de EEUU Barack Obama visitó Cuba, las merecedoras del Premio Sajarov 2005 no han podido llegar nuevamente hasta la Iglesia de Santa Rita, en La Habana.
Al morir Laura Pollán en 2011, Berta Soler Fernández tomó el batón de relevo, y llevó al grupo a una escala distinta.
Liberado el total de presos políticos de la Causa de los 75, las mujeres siguieron abogando por otras libertades, y por todos los presos políticos.
Tres años después, unas treinta integrantes, entre las que se encontraba Belkis Cantillo -una de sus fundadoras y exesposa del opositor José Daniel Ferrer- decidieron abandonar la organización y crear el grupo Ciudadanas por la Democracia.
Como Garro Alfonso otras en el país han sufrido violencia de género desde sus funciones como periodistas independientes, integrantes de la sociedad civil o simplemente por ser esposas o familiares de disidentes que cumplen prisión por oponerse abiertamente al gobierno cubano.
Lamentablemente, las jornadas científicas, los talleres comunitarios e incluso los convenios firmados entre instituciones que implican a la Fiscalía y organizaciones de masas como la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FM) no reflejan ni las cifras ni el impacto de la violencia ejercida desde el poder contra las mujeres que buscan un espacio de libertad y lo expresan públicamente.
La amenaza, más allá de los golpes
No siempre los golpes o los abusos físicos son el recurso utilizado para reducir a las que alcen la voz para denunciar la falta de libertades en Cuba.
Yaremis Buqueriget Socías es una joven guantanamera que integra el grupo audiovisual independiente Palenque Visión. Ha sido arrestada en varias ocasiones, le han confiscado los equipos de trabajo, pero en el último arresto, el pasado 13 de noviembre, la amenaza fue con despojarla de la Patria potestad.
“[Me dijeron] En relación al tema de mis hijos (…) que podían quitármelos y mandarlos a lo que aquí llaman ‘La Casa de la Patria’, que son como orfanatos”, explicó.
La joven periodista había sido arrestada en otras ocasiones, pero ese día le ocuparon además una cámara de video, un micrófono profesional y un trípode.
Por lo general, acotó la joven, "pasamos semanas, a veces meses, para poder obtener nuevos equipos para trabajar y sustentar a la familia".
Doble rasero mientras se intensifica el hostigamiento
En 2016 la prensa oficial cubana anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) firmaron un acuerdo “con el objetivo de darle más garantías a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos”.
El contrato en cuestión, explicó la funcionaria Raquel Rodríguez Fraga, consistió en la creación de dos comisiones: una para la ciudadanía en general y otra “especializada para la protección de la familia y asuntos jurisdiccionales, que se vinculen a los menores de edad, violencia contra la mujer, protección al adulto mayor, entre otros temas sensibles”.
Sin embargo, ninguna de esas gestiones se traduce en la protección de quienes son acosadas por el propio aparato de Seguridad del Estado.
Precisamente en 2016, Martí Noticias documentó el más alto número de opositoras encarceladas –condenadas o pendientes- en varias cárceles de la isla.
Dieciséis mujeres presas por motivaciones políticas: entre ellas una portadora de VIH-SIDA (Jackeline Heredia Morales) que sufrió además varias golpizas.
Otro de los métodos que ha usado la policía política desde hace varios años, con el apoyo de las Brigadas de Respuesta Rápida y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ha sido el cerco de las viviendas de opositores, en el que han llevado a estas fuerzas represivas a maltratar físicamente a no pocas mujeres delante de hijos y otros familiares.
Los opositores Sonia de la Caridad González Mejías y Yuri Sollet Soto fueron detenidos el 25 de julio en el barrio del Vedado, de La Habana, y golpeados de manera brutal por la policía, tal como indicó este medio.
“Me dieron piñazos, patadas con botas, con las ‘tonfas’ me dieron en la rodilla, que es la que tengo más lesionada, la tengo inflamada”, contó González Mejía, activista de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
La opositora dijo que al llegar a la parada del bus, se dieron cuenta de que habían estado vigilados, porque inmediatamente llegó la policía con el pretexto de saber sus identidades y la emprendieron a golpes contra ambos.
Multas: de la inhabilitación pública a la cárcel
Luego de ser detenidas, activistas que incluso integran otros movimientos opositores han sufrido la nueva modalidad represiva.
Las multas por los supuestos delitos de ‘desorden público’, ‘desacato’, ‘atentado’ o 'afear el ornato público' intentan detener las protestas cívicas, los reclamos ante las detenciones arbitrarias de algunos de sus familiares o incluso por distribuir octavillas en las calles.
El decreto No. 141, sobre las Contravenciones de las Regulaciones del Orden Interior, contiene lo relacionado al Orden Público, la Seguridad Colectiva, el Régimen de la Propiedad, la Economía Nacional, el del Carné de Identidad y registro de población, la Licencia de Conducción y otros.
FOTOGALERIA: Multas a las Damas de Blanco
Martí Noticias tuvo acceso en marzo de 2017 a un extenso listado proporcionado por las Damas de blanco que relaciona a 21 mujeres miembros del grupo que habían sido sancionadas, incluso más de una vez, con multas que van desde $7.50 pesos en moneda nacional hasta 1.500 pesos.
Dos de estas "penalizadas" por su activismo -Berta Soler y Leticia Ramos Herrería- al negarse apagar lo que definen como "un gesto arbitrario de la Seguridad del Estado" tienen "restricción de salidad del país", los que les impide además hacer denuncias de los actos que sufren, ante organismos internacionales de Derechos Humanos.
Entre las multadas con mayor cuantía aparecen la vocera de la organización, Soler Fernández, Maylen González González, Lismeyris Quintana Ávila y María Josefa Acón Sendiña –las tres primeras con 1.500 y la última con 1.000 pesos en moneda nacional.
Al momento de redactar este reportaje, para algunas de ellas la cuantía monetaria de la penalidad había subido hasta los 3.000 pesos en moneda nacional.
En el mes de marzo, la Dama de Blanco Lismery Quintana fue juzgada por el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, y trasladada a una cárcel de mujeres de la capital donde le impusieron una sanción de seis meses de privación de libertad por el delito de "impago de multas".
Varios días después, Quintana, que sufre Hepatitis B, fue trasladada a una prisión de mujeres en Sancti Spíritus, a centenares de kilómetros de la capital cubana: estaba ya lejos de la posibilidad de ser visitada por sus dos hijos menores de edad, tal como señaló su esposo, el periodista independiente Enrique Díaz.
Díaz informó a Radio Martí que su esposa había sido trasladada sin ninguna seguridad para su salud. “Me comunicó que desde ayer está sin ingerir alimento alguno, es portadora de la Hepatitis B y está sin ingerir su medicación, no se lo han dado y ya fue amenazada por la Seguridad del Estado”.
De todos modos, mujeres de varias organizaciones opositoras salen a protestar cada vez que sus pares sufren una detención, y el resultado va desde el bullying que las Brigadas de Respuesta Rápida les organizan, hasta las golpizas sistemáticas dirigidas por las fuerzas del orden público.
La política gubernamental cubana parece ir en otro rumbo, mirar al otro lado. Mariela Castro, la hija del general que administra el país, habló a la prensa nacional en abril pasado en los términos que siguen:
“El bullying es el acoso o maltrato que se le realiza a otra persona cualquiera desde un grupo, desde sus coetáneos. Son formas del lenguaje que conforman la violencia verbal, acciones sicológicas, violencia física o sexual, incluso se ha tratado desde las redes sociales. Lo constituye la humillación, el desprestigio, la disminución, las ofensas, y el maltrato a otra persona que por determinado rasgo no es aceptada.
“Hay que superar esas actitudes salvajes en todos los contextos sociales. Este es un problema mundial, solo que desde los años 70 se visibiliza más en estudios y asociaciones académicas de forma más completa. Desde el ámbito de la UNESCO se buscan estrategias efectivas para estudiar y enfrentar el bullying en su propio contexto geográfico", concluyó Castro, también diputada a la Asamblea Nacional, quien obviamente no se refería al constante abuso del que son víctimas las opositoras al régimen en Cuba.
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Denuncian humillante registro a preso político Félix Navarro en Agüica
Mandos de la prisión matancera Agüica practicaron un registro corporal “humillante” al preso político Félix Navarro, denunció su esposa Sonia Álvarez Campillo a Martí Noticias.
Antes de salir a encontrarse con su familia en la visita reglamentaria que le correspondió este martes, el Segundo Jefe de Orden Interior, Noslén Pedroso Sotolongo, requisó de forma degradante al preso político de 70 años:
“Le quitó dos pomos plásticos, y lo peor y más humillante, fue que lo hizo desnudarse. Le mandó a quitarse la prótesis dental, a abrir la boca, levantar los brazos para revisarle las axilas y quitarse los zapatos para revisarle la planta de los pies”.
Naciones Unidas ha convocado a los Estados Partes a que se aseguren de que, en sus territorios, las personas privadas de libertad, que son especialmente vulnerables, no sean sometidas a la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha alertado que el Reglamento del Sistema Penitenciario de Cuba, no tiene una prohibición expresa de la tortura por lo que los reclusos están sujetos al fuero militar y al uso excesivo de la fuerza y la violencia física y verbal.
“Al regresar al interior del penal, este mismo militar le quitó a Félix un pedazo de papel sanitario que llevaba en el bolsillo”, lamentó Álvarez Campillo.
Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021, a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público.
Álvarez Campillo ha entregado varias quejas a los órganos responsables sobre el tratamiento que dan las autoridades de la cárcel a su esposo, pero el propio Navarro ha denunciado, en numerosas ocasiones, los procedimientos denigrantes del personal penitenciario con los reclusos, así como los abusos ejecutados con la complicidad de la Fiscalía Militar.
“Este militar es un abusador, golpea a los presos, hace todo lo que le da su antojo y en cualquier momento puede matar a cualquiera, pero está apadrinado por el teniente coronel Emilio Cruz, Jefe de la prisión”, indicó la esposa.
De igual modo, la familia ha reclamado ante la Fiscalía, una atención médica adecuada para Navarro, enfermo de diabetes y ha responsabilizado del riesgo que corre el preso político “a la Seguridad del Estado, al régimen y al jefe de la prisión de Agüica, Emilio Cruz”.
No obstante, los responsables del establecimiento penitenciario no han garantizado la asistencia de salud que requiere el prisionero: “sigue muy delgado con sus problemas de la diabetes”, afirmó Álvarez.
En los meses de octubre y noviembre pasados, Navarro sufrió pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglicemias.
Junto a Félix fue presa su hija Saily Navarro, sancionada a ocho años de prisión tras las marchas del 11 de julio de 2021.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Denuncian "práctica represiva amplia y diversificada" en Cuba en marzo
Cuba registró en marzo pasado 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades, reportó la asesoría jurídica Cubalex, la cifra más alta desde agosto de 2022, cuando la organización comenzó a documentar cada mes las violaciones de derechos humanos en la isla.
"Durante el mes de marzo, Cuba fue testigo de las primeras protestas masivas del año 2024. A pesar de que el régimen cubano negó la represión, los hechos demuestran una práctica represiva amplia y diversificada", señaló la ONG en un informe publicado el martes.
El grupo con sede en Estados Unidos afirmó que algunos de los 388 incidentes de hostigamiento que registró su equipo de monitoreo estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
Según Cubalex, los incidentes se distribuyeron por todas las provincias y 59 municipios, incluyendo la Isla de la Juventud. En La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se registró el mayor número de actos represivos.
En el informe, Cubalex identificó los patrones de represión en relación con las protestas de marzo y cómo estas prácticas represivas "constituyen violaciones flagrantes de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución nacional, como la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación para fines lícitos y pacíficos", señala una nota de la organización.
La ONG precisó que para la elaboración del reporte se analizaron 719 registros que incluyen 331 noticias sobre el contexto y 388 eventos de represión ocurridos del 1 al 31 de marzo de 2024, y que los datos se obtuvieron principalmente de publicaciones en Facebook (333), sitios web de noticias (178), la red social X (135) y aportes directos a Cubalex (44).
La organización explicó que la represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada, en el que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, el deterioro de los servicios públicos como el abasto de agua, el sistema de salud, la recogida de basura y la distribución normada de alimentos "que aparecen cuando las personas se lanzan a la calle a protestar". Mientras, señaló, el régimen invirtió "cuantiosos recursos para organizar eventos de propaganda internacionales, como el Coloquio Patria".
A principios de abril, Cubalex dijo en un comunicado que varios cubanos han sido detenidos, interrogados y amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en varias provincias del país.
"Registramos acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales. Tales acciones contra la libertad de expresión representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen, con el objetivo de silenciar las voces disidentes", señaló la ONG.
Observatorio de Libertad Académica investiga discriminación de género en el sistema educativo cubano
El Observatorio de Libertad Académica (OLA) inició, con su más reciente informe, un perfil de investigación sobre la segregación por orientación sexual en el Sistema de Educación de Cuba.
“Con este informe, el número 38 y el primero del año 2024, el Observatorio de Libertad Académica abre una línea de investigación respecto a la discriminación por cuestiones de orientación de género en el sistema educativo cubano”, dijo a Martí Noticias, Omara Ruiz Urquiola, investigadora principal de OLA.
La entidad, con sede en Miami, repasa los momentos más representativos del afianzamiento de la discriminación por razón de preferencia sexual en el país que generaron comportamientos dañinos para una parte de la población cubana.
Para esto analiza el discurso de Fidel Castro, en marzo de 1963, en el que habló de la necesidad de erradicar hábitos burgueses que mantenían algunos jóvenes rockeros, “vagos” u homosexuales.
“Para hacer frente a estos “rezagos del pasado”, Castro creó un programa de formación de maestros para las escuelas revolucionarias, los que estuvieron atravesados por un plan curricular militarizado y enfocado en anular mediante la enseñanza todo conato de disenso. Este proyecto de ingeniera social destinado a crear el hombre nuevo guevariano, se basó también en el uso de teorías científicas obsoletas destinadas a la represión de la comunidad LGTBQ+ y otras expresiones de disidencias culturales o religiosas”, señala el dossier.
Igualmente examina la Resolución 289 del 2019 del Ministerio de Educación que instituye la responsabilidad con los postulados ideológicos del Partido Comunista, lo que patentiza la discriminación en cuanto a las libertades educativas.
Como en los anteriores, este informe visibiliza las historias de víctimas de discriminación en la enseñanza y evidencian los actos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades cubanas.
“Decidimos abrir con un caso paradigmático, que es el caso de Kiriam Gutiérrez Pérez”, indicó Ruiz Urquiola.
“Kiriam es una lideresa de la comunidad LGTBQ en Cuba en la lucha por las reivindicaciones de derechos de esta comunidad, históricamente una comunidad postergada, una comunidad maltratada, soslayada”.
“Una estudiante de primera línea, ganadora de concurso nacional, competidora en varias asignaturas en el nivel provincial que no pudo ingresar a la vocacional, la Escuela Lenin. Ella quería ser neurocirujana”, relató la estudiosa.
El informe describe como los sueños de Kiriam fueron tronchados debido a las políticas y prejuicios de los responsables de Educación.
Asimismo, el informe se refiere a Alberto Góngora Mulet, que, durante su etapa de estudiante de Estomatología de la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín, fue agraviado por parte de las autoridades.
Este joven “empezó recibiendo reprimendas por el pelo largo y acabó teniendo que soportar injurias que, obviamente, no soportó callado del propio decano de la facultad”, añadió Ruiz Urquiola.
La investigadora subrayó que el problema de la discriminación por cuestiones de género no ha sido aún superado: “Es algo que hay que encarar de una manera científica, de una manera honesta, poniendo la realidad sobre la mesa, analizándonos como sociedad, y como sociedad civil independiente”.
Agregó que "la extirpación de la discriminación por quién te atrae y hacia quién sientes atracción emocional y sexual debe hacerse de una manera consciente, no de una manera superficial por leyes que incluso han sido mal consensuadas y eso trae polarización”.
“Nosotros como sociedad tenemos que revisarnos. Nosotros tenemos que plantear los hechos todos, que tienen que ver con lo que hemos vivido en estas décadas de totalitarismo, de autocracia, lo que estamos viviendo y discutir sobre lo que nos ha pasado, sobre lo que nosotros mismos hemos permitido. para dar el salto para realmente llegar al siglo XXI”, precisó.
"Mi familia está devastada", dice el hermano de uno de los cubanos presos tras las protestas del 17M
Asdrúbal Kindelán Garbey, uno de los cubanos que salió a las calles a protestar el pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba, lleva más de una semana detenido tras acudir a una citación a la Unidad de la Policía El Palacete, en Santiago de Cuba.
"Mi familia está devastada", dijo su hermano Randy Kindelán a Martí Noticias. Para él, lo que le están haciendo a Asdrúbal es una muestra más de las injusticias que comete el régimen con quienes piensan diferente.
"Mi mamá no sale de la depresión. Desde que todo esto empezó no ha tenido fuerzas para ir a trabajar y mira que yo le doy ánimos y le digo que tiene que levantarse, que tenemos que seguir para transmitirle la fuerza a mi hermano. Pero ella está devastada, igual que su esposa y su hija. La niña tiene un teléfono de juguete y todos los días pregunta papá, papá, dónde tú estás, papá, ven", explica.
Kindelán fue arrestado por primera vez varios días después de las protestas, cuando los oficiales se llevaron preso a su hijo de 18 años, Cristian Osmauri Kindelán, y él hizo una directa denunciando lo sucedido.
“Ellos van a hacer lo que quieran conmigo. Me pueden detener, me pueden quitar hasta la vida, pero por la libertad de mi hijo yo voy a luchar hasta el final”, aseguró a nuestra redacción poco después de que lo liberaran con una multa de 50 mil pesos.
El pasado 3 de abril lo volvieron arrestar y su hermano dice que ahora lo acusan de "atentado".
"No puede ser otra cosa que no sea represalia, porque el no cometió ningún delito de atentado. Para eso lo primero que hay que hacer es agredir a alguien. Lo que le duele a la Seguridad del Estado, en particular el mayor Oscar, y a su jefe, el teniente coronel Abel, es la directa que hizo", explica.
Según cuenta, a Asdrúbal le dijeron que había tomado "un mal camino al denunciar" y querían que se retractara. En el video el cubano explicaba que había estado junto a su hijo, y su niña de tres años en brazos, durante la manifestación y que la Policía intentaba culpar al joven de delitos que no cometió.
"Mi familia nunca ha estado en una situación de este tipo porque nosotros siempre hemos sido personas correctas. Con nuestro pensamiento, con nuestros ideales, pero es que tener pensamiento e ideales no es un delito en ninguna parte del mundo, solamente en Cuba".
Randy Kindelán cree que la justicia les está fallando. "Cuando tú entras una prisión ya no sabes lo que pueda pasar con tu vida". No obstante, aclara, "queremos denunciar lo que está ocurriendo para que el mundo tenga otra prueba más de todas las injusticias que se cometen en Cuba".
"Algún día, cuando lleven a los dirigentes a a una Corte Internacional, tendrán una prueba más. Quiero que el mundo entero vea que nosotros, los ciudadanos de a pie que no tenemos cargo, que no tenemos familiares militares, que no tenemos nadie que nos respalde, estamos desnudos con las leyes que inventa la dictadura".
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