Después de cinco meses de espera y de mucha especulación sobre el proceso de revisión de la política hacia Cuba, el presidente Donald Trump ha puesto “nuevas reglas del juego” para tratar de llegar a un nuevo acuerdo con el gobierno cubano, siguiendo el espíritu contenido en la Ley Helms Burton de 1996.
El discurso de Trump en Miami ha puesto las negociaciones en un escenario más realista y directo. El cambio fue dirigido a evitar el comercio con las empresas bajo la estructura empresarial de las Fuerzas Armadas de Cuba (FAR) y tratar de favorecer el comercio con los cuentapropistas. Sobre todo, cuando faltan apenas unos meses para que Raúl Castro deje el poder. El mensaje fue a la nueva cúpula que está por llegar al mando: si quieren más hay que mover ficha, ordenen la casa, hagan sus ajustes y podremos seguir el juego.
Sin embargo, mantuvo prácticamente todas las fichas negociadas hasta el momento en el mismo lugar ─sin retornar a la era Bush─ y más bien dejó la puerta abierta.
La verdad de GAESA
El impacto de las medidas anunciadas será mínimo. Primero, porque las medidas están basadas en el mito de que mediante el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), los militares cubanos dominan el 60% de la economía cubana; algo que no es cierto a pesar de que se cansan de repetirlo sesudos analistas, cubanólogos y medios de comunicación que han adoptado la postura de replicar sin verificación de fuentes confiables.
En realidad, los militares cubanos controlan ciertos sectores estratégicos, como por ejemplo el 85% del mercado minorista, el 40% del sector hotelero dentro de la industria turística, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y el 27% de ETECSA, entre otros. Sin embargo, su esquema empresarial solo representa el 21% de los ingresos brutos de la economía cubana.
Lo cierto es que el resto del aparato estatal controla el 61% (exportación de azúcar, níquel, derivados del petróleo, servicios médicos, ron, tabaco, mariscos, biotecnología, telecomunicaciones, etc.), mientras que el naciente sector privado ─aún con sus tremendas limitaciones de todo tipo─ ostenta el 18% de los ingresos, algo nunca visto en casi 60 años.
Tratar de restringir o evitar el comercio con las empresas que pertenecen a la estructura empresarial de las FAR es muy complicado y, en la práctica, difícil de ejecutar. No es fácil determinar sin un turista estuvo hospedado en alguno de los hoteles controlados por los militares o si cenó en un bar o restaurante controlado por ellos. Implementar un sistema para auditar a los viajeros norteamericanos implicaría un presupuesto multimillonario para la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en momentos en que la entidad se ha quedado prácticamente sin personal especializado en Cuba.
A su vez, las medidas pueden ser contrarrestadas muy fácilmente por el gobierno cubano. La compañía Havanatur, turoperador encargado de gestionar el mercado estadounidense, puede sacar de su oferta todos los hoteles que pertenecen a la compañía Gaviota y sustituirlos por los hoteles de las otras tres cadenas turísticas (Gran Caribe, Cubanacán, e Isla Azul), que no pertenecen a los militares. No es tampoco improbable que el Ministerio del Turismo desvíe los turistas provenientes de Canadá y Europa hacia los hoteles de Gaviota y priorice a viajeros estadounidenses para ser recibidos en las otras cadenas hoteleras.
Alternativas de enmascaramiento
Por ejemplo, la empresa CIMEX podría nuevamente pasar a manos del Consejo de Estado y dejar de ser de GAESA como parte de las opciones de enmascaramiento empresarial; incluso Gaviota podría convertirse en un holding independiente, fuera de la estructura de GAESA. El gobierno cubano podría incluso desintegrar GAESA o transformarla en un conglomerado independiente, y convertir nuevamente a las FAR en un ministerio presupuestado.
En todo caso, estas medidas pondrían en ventaja a los inversores extranjeros de otros países, al tener el camino más despejado, sin la presión de los negociantes estadounidenses. Las grandes cadenas hoteleras españolas y de otros países van a tener un acceso más fácil al pastel turístico cubano y a los proyectos de infraestructura en negociación para la remodelación de aeropuertos, terminales de cruceros en los puertos, la zona industrial del Mariel, planes de energía, transporte, producción de alimentos, biotecnología, etc.
En realidad, las medidas pueden convertirse en combustible para la retórica que ha usado el gobierno cubano por seis décadas.
De hecho, el naciente y pujante sector privado cubano pudiera afectarse si al final disminuye la entrada de turistas estadounidenses, pero hay que esperar a los próximos meses para poder medir el impacto. Por ahora los vuelos desde Estados Unidos a Cuba han tenido un descomunal crecimiento en los primeros seis meses del año. La cifra de viajes se ha duplicado en comparación con el mismo período en los tres años precedentes.
Un retroceso estratégico
Actualmente un poco más de un millón de personas son independientes económicamente del estado, de ellos 530,000 emprendedores con una licencia oficial para ejercer el trabajo privado. Hoy esta masa de cuentapropistas maneja el 18% de los ingresos brutos de la economía cubana, a pesar de las limitaciones existentes para su desarrollo. Cualquier medida que detenga el empuje de esta fuerza empresarial sería un retroceso estratégico.
En estos momentos hay una gran incertidumbre sobre el futuro de la economía cubana, más por la situación de Venezuela que por el impacto mismo que pudieran causar las medidas anunciadas por Trump.
En días recientes, la Asamblea Nacional del Poder Popular acordó reconocer la personalidad jurídica de las pequeñas y medianas empresas, y lo planteó como una necesidad dentro del lento proceso de reformas que están en marcha para transformar la economía, aun con la retórica absurda de que no quieren permitir la “acumulación de riquezas”.
La salida de Raúl Castro
La salida de Raúl Castro del poder en los próximos meses pudiera sacar del juego a una buena parte de quienes hoy constituyen una barrera contra los cambios dentro de las esferas del gobierno. El pase a retiro de muchos de ellos despejaría el camino a quien se espera sea el nuevo presidente del Consejo de Estado, y le permitiría profundizar y hacer más dinámicas las reformas.
En los próximos meses se hará oficial la ley que autoriza las pequeñas y medianas empresas. También comenzará el proceso electoral para seleccionar los delegados municipales y provinciales, y los candidatos a la Asamblea Nacional, el cual culminará en febrero del 2018 con la instauración del nuevo Parlamento y un presidente del país que por primera vez en 59 años no llevará el apellido Castro.
Para ese entonces, habría un nuevo escenario que indudablemente hará mover las fichas en el tablero de juego. ¿En qué dirección y a qué ritmo se moverán? ¿Estarán los militares fuera del juego o definitivamente en posesión del pastel de la discordia?
Todo dependerá del pragmatismo y la voluntad de ambas partes, pero me aventuro a pronosticar que el escenario de las relaciones bilaterales no va a sufrir un viraje sorprendente.
(Este artículo de Emilio Morales ha sido publicado originalmente en CafeFuerte el 06/23/2017)
