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Cuba

Detenidos durante funerales de Castro podrían pasar Navidad en prisión

Un militar cubano custodia el pasillo de una prisión en Cuba. (Foto: Archivo EFE)
Un militar cubano custodia el pasillo de una prisión en Cuba. (Foto: Archivo EFE)

Una familia opositora, un transportista, un activista del Movimiento Cristiano Liberación y una de UNPACU permanecen en prisión en Holguín, o bajo reclusión domiciliaria, a la espera de un juicio que no llega.

Una familia integrante del Movimiento Cubano Reflexión (MCR), el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y un trabajador del transporte, detenidos durante la jornada de duelo por la muerte del exgobernante cubano Fidel Castro, permanecen aún en diferentes prisiones de la oriental provincia de Holguín a la espera de juicio.

La familia opositora del MCR fue acusada por "difamación a los mártires de la Patria" el pasado 27 de noviembre, y hasta este miércoles seguían detenidos en el centro de procesamiento penal de Holguín.

La familia no ha podido nombrar un abogado que los defienda, porque los documentos oficiales sobre el caso no han llegado a Fiscalía, explicó a Martí Noticias Maidolys Leyva.

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En los calabozos de instrucción penal de Holguín están Adairis, Anairis Miranda y Fidel Batista, mientras que Maydolis Leyva, madre de los tres jóvenes, también acusada por el mismo delito que los hijos, está bajo reclusión domiciliaria hasta tanto se realice la vista oral.

La mujer se encarga de cuidar a sus nietos, menores de edad.

Leyva, que no había podido ver a sus hijos desde que fueron arrestados, logró una breve visita este lunes. "Tuve que hacer varias demandas para que me permitieran esa visita", señaló

El pasado viernes 16, la opositora fue a la oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Justicia en Holguín para reclamar una visita, pero un fiscal del que solo pudo conocer "que se llama Jorge", lejos de darle alguna orientación, la ofendió y amenazó.

“Me dijo que nosotros éramos lacras sociales, que debíamos estar muertos, y que él había participado en el acto de repudio que nos dieron el día que nos detuvieron”, relató Leyva.

La mujer dijo que el fiscal profirió las amenazas en presencia de los niños, y que "otros juristas que estaban allí le pedían que no siguiera ofendiéndome".

Después, la opositora fue al Obispado de Holguín, a pedir la intersección de los religiosos en el caso de sus hijos, “porque una de ellas, Ana Iris, estuvo grave en terapia intensiva después del arresto y nunca me avisaron".

Explicó que allí le dijeron que "se está valorando la situación", y que "el Obispo de Holguin le dará una entrevista, aunque aún no me dijeron la fecha en que me va a atender".

Después de las gestiones, la madre recibió una llamada de las autoridades autorizando la visita a sus hijos, que ocurrió este lunes 19 de diciembre.

"Adairis y Anairis Miranda Leyva pesan 35 y 38 kgs respectivamente, y en el caso de la primera padece una escabiosis casi generalizada, y las sábanas no se las cambian diariamente como corresponde", detalló la madre.

A Fidel Batista Leyva, “el Teniente Coronel Reinerio le propinó una fuerte golpiza (unas cuantas patadas), tiene moretones y golpes en el cuerpo y lo amenazaron de golpearlo cada vez que se niegue a tomar el sol", dijo la mujer.

El 23 de diciembre se cumple el período de 20 días hábiles desde la detención de los activistas, el período en que las autoridades cubanas le entregan a la familia de los acusados los documentos donde aparece la fecha de juicio, lo que permite la contratación de un abogado defensor.

Leyva dijo que en el caso de su familia tiene un papel donde dice que el número de la causa es la 356 de 2016, pero no precisa la fecha del juicio, por lo que fue este martes a la Fiscalía de Holguín a indagar.

Una funcionaria llamó a los tribunales y me dijo que "todavía no tenían fecha de juicio, y que posiblemente el caso de mis hijos se dejaría para los primeros días de enero del 2017, puesto que el viernes 23 de diciembre recesarán los tribunales".

Otros detenidos también esperan juicio en Holguín

Darío Pérez Rodríguez, detenido el viernes 2 de diciembre por negarse a ver por televisión en su centro laboral los funerales de Fidel Castro, fue trasladado a la prisión provincial de Holguín y aún desconoce la fecha de su juicio.

A Pérez Rodríguez el Tribunal Municipal de Holguín le dictó prisión provisional. Lo acusan de “difamar a los mártires de la Patria”, delito comprendido en al Artículo 204 del Código Penal, que prevé sanción “de privación de libertad de tres meses a un año, o multa de 100 a 300 cuotas”.

El hermano, Déxter Pérez, integrante de la UNPACU, denunció este miércoles el ensañamiento contra Darío.

"He ido varias veces a la prisión para ver a mi hermano y que le entreguen algunos artículos de aseo que el necesita, pero no me lo han permitido", detalló el activista.

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Al momento del arresto Darío Pérez se desempeñaba como trabajador de la base de Transporte de Ómnibus Nacional (ASTRO) en esa ciudad.

El coordinador del MCL, Dr. Eduardo Cardet, fue detenido en la localidad de Velasco, provincia de Holguín, el 30 de noviembre, fecha que coincide con el duelo por la muerte de Castro.

Lo acusaron de "atentado a la autoridad", y fue trasladado a la Prisión Provisional de Holguín, donde espera juicio. En su caso, un abogado solicitó la libertad bajo fianza, pero el trámite aún no ha recibido respuesta de las autoridades.

Tambien en la localidad de Buenaventura, Nirma Hernández, de la organización UNPACU, fue detenida y acusada de desacato por no obedecer la orden de las autoridades de no salir de su casa mientras durara el duelo nacional.

Días despues volvió a ser detenida luego de escribir un cartel en las paredes de su casa, y le informaron que se tiene que presentar todos los días en la Policía a firmar un acta, hasta que le hagan el juicio. Sin embargo, la mujer no ha acatado las advertencias, en desafío a las autoridades policiales.

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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)

Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.

Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.

La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.

El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.

La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.

La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.

Los Santos de Hialeah
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Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano

Angel Jesús Véliz Marcano y su madre, Ailex Marcano. (Facebook/Ailex Marcano Fabelo)
Angel Jesús Véliz Marcano y su madre, Ailex Marcano. (Facebook/Ailex Marcano Fabelo)

Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.

Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.

Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.

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En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.

Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.

Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.

Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.

El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.

Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.

Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos

Taimir García fue condenada a cinco años de privación de libertad por respaldar a un trabajador independiente en Las Tunas.
Taimir García fue condenada a cinco años de privación de libertad por respaldar a un trabajador independiente en Las Tunas.

El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.

La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.

“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".

"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.

Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.

De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.

Activistas y familiares denuncian las críticas condiciones que sufren los presos en las cárceles.
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También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.

Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.

En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.

"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.

Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo

En el primer semestre del actual año fiscal han llegado 126.517 cubanos a la frontera. (AP/Archivo)
En el primer semestre del actual año fiscal han llegado 126.517 cubanos a la frontera. (AP/Archivo)

Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).

La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.

Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.

Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró en marzo la llegada de de 19,571 cubanos a las fronteras de EEUU.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró en marzo la llegada de de 19,571 cubanos a las fronteras de EEUU.

"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.

La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.

Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.

"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.

“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo

Unidad Territorial de Investigación Criminal y Operaciones, perteneciente a la PNR
Unidad Territorial de Investigación Criminal y Operaciones, perteneciente a la PNR

El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.

El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.

“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.

“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.

El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.

“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.

La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:

“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.

“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.

No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.

En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.

En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.

Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.

“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.

Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.

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