Enlaces de accesibilidad

Derechos Humanos

¿Ciudadano cubano? En peligro tu libertad de movimiento

Vista de un pasaporte cubano.

El artículo 25 de la actual Ley Migratoria cubana señala que “toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país” mientras este sujeto a proceso penal, pendiente al cumplimiento de una sanción o medida de seguridad, o pendiente al cumplimiento del Servicio Militar.

Durante 2017 decenas de opositores y periodistas independientes cubanos han sido impedidos de viajar al extranjero, y en ocasiones hasta de salir de sus provincias de residencia, como parte de la coerción del gobierno para que abandonen el activismo político o su labor de comunicadores.

En unos casos, los afectados recibieron la notificación en el aeropuerto minutos antes de abordar el avión, y en otros les dieron la información en las oficinas del carnet de identidad de los municipios donde residen, o antes de salir de sus casas.

Algunos fueron detenidos antes del viaje, y recluidos durante días sin justificación legal.

A excepción de los opositores que han recibido multas, calificadas por los afectados de "injustas y arbitrarias", o están pendientes de procesos judiciales por su activismo, no ha recibido una explicación de las razones por las que no se les permite viajar.

A continuación, una lista de los casos de prohibición de viaje en Cuba que ha reportado Martí Noticias en 2017:

Noviembre:

El expreso político Jorge Luis García Pérez (Antúnez) tenía previsto ofrecer su testimonio en Washington ante la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. Las autoridades le informaron en la localidad de Placetas que no le permitirían viajar.

Robert Jiménez Gutiérrez y César Iván Mendoza Regal se dirigían al Aeropuerto José Martí, en La Habana, para viajar al evento Cuba Internet Freedom, en Miami, y nunca llegaron a abordar el avión. Fueron detenidos por más de 9 días.

Wendy Castillo viajaría a un evento en Perú, pero una vez en el aeropuerto recibió la informacion de que no podía viajar. Tampoco le dieron razones de la negativa.

Augusto Cesar San Martín Albístur periodista independiente recibio la notificación en el Aeropuerto Internacional José Martí. Había sido invitado a la Conferencia Regional “El futuro del periodismo”, en Ciudad Panamá del 1 al 4 de diciembre del 2017.

Después de chequear su boleto, el periodista fue retirado de los controles de inmigración y conducido a una oficina donde le informaron que no podía viajar.

Octubre:

Yoandy Izquierdo Toledo, del equipo directivo del Centro de Estudios Convivencia, residente en Pinar del Río, fue informado de la prohibición de viaje en el aeropuerto de La Habana, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Europa. Tenía previsto dictar una conferencia en la Universidad de Valencia, España, y participar en un taller de jóvenes.

Una oficial le retiró los documentosy lo llevó a una oficina para informarle que tenía una prohibición de salida del país. Luego le rompió su pase de abordar y le dijo que debía recoger la maleta, pues no haría el viaje.

Agosto:

Mayli Estévez Pérez, Joan Manuel Núñez Díaz y Carlos Alejandro Rodríguez no pudieron viajar a México, donde habían sido invitados a un taller de Periodismo Digital.

En esa ocasión, Rodriguez publicó pormenores del incidente en el portal digital El Estornudo. “Nos prohíben la salida del país por nuestras "actividades" con las organizaciones de periodistas IPYS (Instituto Prensa y Sociedad, de Perú) y TAZ PANTER (de Alemania)”, escribió el periodista.

Ninguno de los implicados recibió respuesta de las autoridades de Aduanas acerca de la prohibición, ni tampoco en las oficinas municipales donde atienden Emigración, adonde acudieron en busca de una explicación.

Omar Sayut Taquechel, organizador del concurso “Cantando por la Libertad”, tenía previsto viajar a Miami con el apoyo de la Fundación “Alma Cubana”. Cuando se presentó en el Aeropuerto Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, una funcionaria de aduanas le impidió abordar el avión.

Julio:

Los periodistas independientes Víctor Manuel Domínguez y Yusimí Rodríguez, y los miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial Jorge Amado Robert y Fernando Palacios fueron impedidos de viajar a Colombia. Estaban invitados a un intercambio en Cali sobre el racismo en ambos países.

Junio:

Agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a Félix Llerena López pocos minutos de abordar un avión en el aeropuerto de Santa Clara. Intentaba viajar a Cancún, México, para asistir a un foro regional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (RedLat).

Lía Villares, que también iba al foro de la RedLat, fue abordada el 17 de junio por oficiales de Inmigración en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en la ventanilla de salida, antes de acuñar el pasaporte. La llevaron a una oficina y le dijeron que no podía volar porque tenía "una limitante de salida.

Lia Villares publicó esta foto en Twitter en señal de protesta por la prohibición de viaje.
Lia Villares publicó esta foto en Twitter en señal de protesta por la prohibición de viaje.

Kirenia Yalil Núñez y María Elena Marrero fueron arrestadas en La Habana antes de llegar al aeropuerto, y retenidas hasta que pasó el horario del vuelo del avión que debían tomar para asistir a un evento en México.

Los opositores Juan Madrazo Luna, Fernando Palacio y Marthadela Tamayo también fueron notificados de que no podrían viajar a México.

Joanna Columbié fue informada de que no viajaría fuera del país en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, luego de pasar por un riguroso control de los funcionarios encargados del procedimiento de viajes. Había sido invitada al Curso “Juventud, participación y derechos: Herramientas para analizar y promover el diálogo sobre la situación de los jóvenes”, que se celebró en Lima, Perú, como parte del proyecto Aulas Abiertas.

Saylí Navarro, y el exprisionero político Iván Hernández Carrillo, promotores de la campaña Cuba Decide, fueron impedidos por el Gobierno de viajar a Bruselas, para asistir a un evento convocado por el Parlamento Europeo.

La activista dijo que un “ciudadano nombrado Alain” alegó que sobre ella pesa una “restricción de viaje, porque según las computadoras tiene una multa impuesta" que Navarro desconoce.

Henry Constantín y Sol García Basulto, director y editora de la revista independiente La Hora de Cuba, ambos de Camagüey, no pudieron participar en eventos convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que Constantín es vicepresidente, porque sobre ellos pesa una "regulación " que les impide salir del país.

Mayo:

El opositor cubano Carlos Amel Oliva, de la Unión Patriótica de Cuba, estaba invitado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, para asistir a un intercambio de ideas entre activistas de la sociedad civil de ambos países. Una vez en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, poco antes de abordar el avión, le comunicaron que no podría viajar.

Abril:

Marthadela Tamayo, Aimée Cabrera y Roberto de Jesús Quiñones Haces.

Marthadela Tamayo, principal gestora en el área de Comunicación de la Plataforma Política #Otro18, y Aimée Cabrera, integrante de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, debían asistir a un seminario sobre liderazgo y empoderamiento femenino, auspiciado por el Instituto Simone de Beauvoir, con sede en la capital mexicana.

En el caso de Tamayo, un oficial de la Seguridad del Estado le comunicó que no podía viajar y no la dejó salir de su casa hacia el aeropuerto.

Cabrera sí logró llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, pero un agente de la Seguridad del Estado le dijo que no podía viajar, y no se le permitió subir al avión.

Roberto de Jesús Quiñones Haces, abogado y periodista independiente residente en Guantánamo, denunció que las autoridades de Migración de Cuba le negaron la posibilidad de prorrogar su pasaporte para viajar a Jamaica, a visitar a su hijo.

El abogado solicitó conversar con la jefa de la Oficina de Trámites, quien se negó a atenderlo. Fue entonces que el Jefe de la Unidad, "un oficial con rango de Mayor", le confirmó que en su expediente aparecía la palabra “regulado”, reiterándole que no podía ofrecerle mayor información, y que debía acudir a la Oficina de Atención a la Ciudadanía y quejarse.

Marzo:

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, recibió notificación de negativa de viaje en el Aeropuerto Internacional de La Habana, cuando un oficial vestido con uniforme de Aduanas la detuvo y le dijo que no podía viajar al extranjero, porque debía el pago de "una multa por arrojar papeles en la calle".

Había sido invitada a un evento en Los Ángeles, donde tendría lugar un debate sobre el tema de la tortura, y esperaba reunirse con el relator especial de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión y opinión, David Kaye.

Febrero:

Ernesto Oliva Torres y Lizandra Robert Salazar, que realizarían trámites para obtener la visa de Perú, fueron detenidos y trasladados al Centro de Detención El Vivac, en las afueras de La Habana. La detención, arbitraria e injustificada, impidió que pudieran obtener la visa para viajar a Lima, y asistir a un curso sobre juventudes y liderazgo, al que habían sido invitados.

El arresto fue calificado por defensores de derechos humanos como parte de una “política represiva” del régimen para impedir que los activistas viajen al exterior.

Enero:

El presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, Nelson Gandulla Díaz, que tenía previsto viajar a Colombia para participar en talleres de capacitación de esa comunidad, recibió la comunicación de que no podría salir del país a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Al indagar las razones de la negativa, un oficial le comunicó que no tenía información al respecto, y que buscara informacion con las autoridades de Cienfuegos, donde reside.

(Resumen elaborado con reportes de Martí Noticias)

Vea todas las noticias de hoy

Coalición por la Libertad de Asociación trata las restricciones y amenazas a ese derecho en Cuba

Niños juegan en una gran cartel de Cuba.

La Coalición por la Libertad de Asociación realizó su primer foro virtual para conversar sobre las restricciones y amenazas a la libertad de asociación que se registran en numerosos países de América Latina, incluyendo Cuba.

Inés Pousadela, investigadora de CIVICUS, una alianza de organizaciones de la sociedad civil, declaró que Cuba es el único país de las Américas que tiene un espacio cívico cerrado, especificando que cuando se habla de espacio cívico se refiere a que haya cabida para el desarrollo y la capacidad de las personas a organizarse y expresar una opinión.

Por su parte, Gerardo Berthin, Director de los Programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, señaló que en el último informe de su organización sobre la libertad en el mundo, Cuba salió entre los países con menos puntaje.

“En el caso de Cuba es interesante porque desde el 2013 los datos muestran que ha mantenido un puntaje constante bajo que oscila entre 10 y 14 puntos sobre el máximo de 60 puntos en el área de libertades civiles”, dijo Berthin.

Mientras tanto, la abogada Laritza Diversent, de Cubalex, señaló que, aunque el estado cubano reconoce la libertad de asociación, establece restricciones en la práctica que son “incompatibles con los estándares internacionales”.

“La decisión de que una organización se inscriba está sujeta a la discrecionalidad de las autoridades administrativas y no existen herramientas adecuadas para la revisión en caso de rechazo de estos registros”, aclaró Diversent.

La abogada subrayó además que había que hablar también del derecho a no adherirse a una organización y dijo que en Cuba “se han establecido determinadas prácticas que conllevan estar obligatoriamente integrado organizaciones”.

Opinó que “esto implica un control social, porque los individuos son obligados a integrarse, por ejemplo, al Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas o a los sindicatos u organizaciones estudiantiles”.

Asimismo, declaró que otra parte es el derecho a asociarse sin tener que iniciar un procedimiento de registro: “el simple motivo de crear un grupo”, añadiendo que hay determinadas figuras que pueden ser utilizadas dentro de la ley penal para sancionar a las personas que se asocien supuestamente porque determinada actividad puede considerarse conspirativas contra la seguridad del estado.

Diversent mencionó que la Ley 88 o Ley Mordaza “va contra la libertad de expresión pero también contra el derecho de asociación porque impide a las personas asociarse para determinado fin”.

La Coalición por la Libertad de Asociación, que organizó la conferencia virtual, está compuesta por 15 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe entre ellas Freedom House, People in Need, CADAL y PROVEA.

Solicitan visa humanitaria para tratar en EEUU a activista de UNPACU

Cristian Pérez Carmenate.
Cristian Pérez Carmenate.
Cristian Pérez Carmenate.

Desnutrido y sin medicamentos para el tratamiento del cáncer en los huesos que sufre permanece el activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Cristian Pérez Carmenate, de 48 años de edad.

Su madre y el líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, alertan que la vida del activista corre peligro, y están solicitando la ayuda de los congresistas cubanoamericanos en EEUU para obtener una visa humanitaria, con el propósito que puede recibir la atención médica que requiere.

Hace casi dos meses que Cristian no recibe el tratamiento médico que necesita, porque no hay la medicina en el hospital general Ernesto Guevara de la Serna, en la ciudad de Las Tunas, expresa el opositor.

“Es el mismo tiempo que llevo postrado en la cama sin poder caminar, y con fuertes dolores en la espalda, los huesos, las rodillas, y donde quiera me duele, y mi estado de salud se ha ido deteriorando. El hospital no me da ninguna respuesta sobre el medicamento, simplemente me dicen que no hay, y para colmo tampoco hay dipirona, ni un ibuprofeno para calmar un poquito estos intensos dolores que tengo”, explicó.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:22 0:00

Por su parte, su madre, Yolanda Carmenate, informa que también está desnutrido, pesa menos de 100 libras por falta de alimentos y no hay ambulancias para llevarlo al hospital, por tanto, tienen que usar un vehículo de tracción animal.

“Hace alrededor de 50 días la salud de Cristian se ha ido agravando. Además de la falta de medicinas, los alimentos no son los adecuados. La dieta que recibe por su enfermedad consiste en media de libra de pollo y leche en polvo una vez al mes. También tenemos problema con el transporte con el que contamos; resulta peligroso y doloroso para su organismo”, destacó la opositora.

Mientras, el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer García, señala que ellos han recibido el apoyo financiero de exiliados, tanto en Estados Unidos como en Europa, para cubrir los gastos médicos del activista, pero falta la visa humanitaria, que ya fue solicitada en la embajada de los Estados Unidos en la capital cubana.

“La respuesta, directamente de la embajada, no ha llegado, y no sabemos si llegaría sin las gestiones de los congresistas cubanoamericanos, tanto de María Elvira Salazar como de Marco Rubio, que es muy preocupado, solidario y humano, y los demás congresistas también”, apuntó Ferrer.

El 12 de agosto de 2019, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica, y luego de ser operado de un tumor en un brazo, en el hospital clínico quirúrgico, fue regresado a la cárcel Plan Confianza, hasta que en noviembre se le otorgó la Licencia Extrapenal por razones de salud.

Informe de Derechos Humanos alerta sobre una "nueva versión de la Primavera Negra" en Cuba

Una oficial de policía exige identificación a un ciudadano en una calle de La Habana cerrada por coronavirus. (YAMIL LAGE / AFP)

Con decenas de opositores encarcelados, entre los que esperan sanción y los condenados por causas políticas, además de la “hospitalización” forzada durante semanas del artista Luis Manuel Otero Alcántara, mayo fue un mes de marcada represión, denunció el Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH).

"El mes de mayo vino acompañado, además de flores, de una nueva versión de la Primavera Negra", subraya en el informe la coordinadora de la organización, la opositora Martha Beatriz Roque Cabello.

Además del elevado número de opositores que están pendientes de juicio, el reporte recalca la cifra de "13 nuevos presos políticos, que es la mayor que se reporta de una vez, desde marzo del 2003".

Los encarcelados son: Delvis Sardiñas Mora, Yuisán Cancio Vera, Luis Ángel Cuza Alfonso, Thais Mailén Franco Benítez, Esteban Lázaro Rodríguez Lopez, Inty Soto Romero, Orestes Varona Medina, Yeilis Torres Cruz, Roberto Perdomo Fuentes, Maykel Castillo Pérez (Osorbo), Carlos Alberto Álvarez Rojas, Waldo Hernández Batista y Cándido Chacón Puñales.

El informe incluye, además, el caso de una familia de 4 personas sancionada a 1 año de limitación de libertad por presuntas amenazas, 24 presos pendientes de ser enjuiciados, 8 a los que ya les hicieron juicio y están en proceso de apelación, y 6 activistas ya sancionados y dentro de prisiones, esperando nuevos juicios.

"Procesar opositores se ha convertido en la última forma que ha adoptado la dictadura, de reducir al mínimo a los que no apoyan el sistema. No importa cuán conocida sea la persona que se lleva a los tribunales, el problema es hacerle juicio y mantenerlo entre rejas. En particular todos aquellos que estuvieron vinculados a la canción Patria y Vida, a raíz de la popularidad que ha alcanzado", señala Roque Cabello.

El informe subraya el sitio permanenente que la policía política impone a varios activistas en sus viviendas. "No les permiten salir de sus casas, so pretexto de que están con una medida cautelar; sin embargo, no les hacen entrega de algún documento emitido por el instructor, el fiscal o el tribunal local", denuncia.

Entre los presuntos delitos atribuidos a los activistas por las autoridades, el reporte menciona el impago de multas, desacato, desorden público, desobediencia, propagación de epidemias, actividad económica ilícita y peligrosidad predelictiva.

El dólar por las nubes y la escasez rampante

En su acápite de "Problemas sociales y la crisis", el reporte del CCDH menciona la falta de liquidez del Estado, que anunció "que no tenía dólares ni para el cambio en los aeropuertos".

"Cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se ofertan en MLC, en detrimento del peso cubano, lo que ha contribuido, entre otros aspectos, a que en el mercado informal, a fin de mes el dólar se cambiaba a 1 x 60, algo que reconoció el Ministro de Economía, con la tendencia al alza en junio", destaca el reporte.

El precio de los alimentos se ha disparado en el mercado negro. Una libra de carne de puerco en La Habana, por ejemplo, cuesta ya 100 pesos, un valor que en el interior del país asciende a 150 pesos. La leche en polvo ha llegado a costar 300 pesos, reconocen hasta los medios estatales, añade el texto.

Mientras, la zafra de este año "ha sido quizás la peor en la historia de Cuba", con apenas 816 mil toneladas de azúcar, para un cumplimiento de solo el 68% del plan.

El CCDH menciona, además, el congelamiento de obras en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, "lugar tan cacareado como centro de soluciones de los problemas del país" que, señala, "no ha reflejado los resultados que se esperaban". En el lugar, "se ha detenido la construcción de las casas de sus directivos, ya que a los trabajadores les deben 3 meses de salarios".

El informe concluye que la llamada "Tarea Ordenamiento" ya cumple 5 meses de su implementación "y no se ve la luz al final del túnel". Las medidas establecidas, como la modificación de las tarifas eléctricas, de agua, teléfonía fija y de gas, y el aumento del pago de los comedores para ancianos, "no mejoran la vida del cubano promedio".

"El régimen plantea que no se podían seguir postergando las transformaciones, pero lo cierto es que todo este tiempo ha sido de sufrimiento para la sociedad", concluye el texto.

Régimen cita a la activista del 27N Carolina Barrero

Autoridades de la dictadura citan a la activista Carolina Barrero

La historiadora de arte y activista del grupo 27N, Carolina Barrero, informó que fue citada por la teniente Yusaidy Romero con relación al estado de la medida cautelar que se le fue impuesta tras una denuncia por supuesto Desacato el 5 de mayo.

La artista, con ciudadanía cubana y española, informó que la citación es para el jueves en la Unidad Policial de Infanta y Manglar ante el instructor penal Francisco Rodríguez Balaguer.

La medida cautelar fue impuesta a Barrero cuando fue denunciada por desacato y al momento de detención fue violentada por los cuerpos policiales, aun así, el régimen la acusa.

“Fui desnudada con violencia por tres mujeres, una de civil y dos policías, en el calabozo de San Miguel del Padrón, mientras un policía hombre miraba del otro lado de la reja”, recordó las historiadora de arte.

A pesar de las amenazas por parte del régimen la joven cubana aseguró que, si sus compañeros opositores no son liberados, ella no dejará de protestar ni alzar su voz.

“No me lo anuncien, no me amenacen, si no liberan a los manifestantes de Obispo, a Maykel Castillo, a todos los presos políticos y de conciencia, me pueden llevar a prisión provisional con ellos”, dijo Barrero.

Familiares de Luis Robles, preso en el Combinado por pedir "Libertad" con un cartel, sufren por su encarcelamiento

Luis Robles, manifestándose pacíficamente en Centro Habana poco antes de ser arrestado por la policía política cubana

La familia de Luis Robles Elizástigui, el joven cubano que el 4 diciembre de 2020 fue detenido por pedir con un cartel "Libertad", "No+Represión", "#Free-Denis" en en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, está sufriendo las consecuencias del encarcelamiento de este joven en una prisión de máxima seguridad.

Su hermano Landy Fernández Elizástigui habló con Radio Televisión Martí luego que su hermano se comunicara vía telefónica con él desde la prisión Combinado del Este, en La Habana, cuando al prisionero le fue levantado el castigo de mantenerlo dos meses sin acceso al teléfono.

“Mi mamá está mal, con la presión súper descompensada, está recibiendo tratamiento médico ahora por la presión y el niño lo tengo yo ahora, cumple dos años en septiembre. Cuando yo le pongo los videos que tengo en el celular de Luis y cuando lo llama siempre lo pongo a hablar", explicó el hermano.

El pequeño vive con su mamá pero Luis lo traía a su casa cada cierto tiempo, comenta Fernández, quien ha asumido el papel de padre en ausencia de su hermano.

"Lo traigo conmigo, una semana o un mes", declaró.

“Me dijo que se siente bastante bien de salud, que está esperando juicio, por los delitos de resistencia y propaganda enemiga”, comentó Fernández quien asegura que el abogado ya se pudo reunir con Robles.

El día en que se manifestó pacíficamente por la libertad de Denis Solís un joven rapero del Movimiento San Isidro, varias personas filmaron su protesta y también el momento en que agentes policiales se lo llevaron detenido sin que el hiciera resistencia.

Radio Televisión Martí tuvo acceso al documento de la Fiscalía en donde se asegura que Robles Elizástigui es "responsable en concepto de autor, conforme el artículo 18.1.2 a) del Código Penal de los delitos Propaganda Enemiga previsto y sancionado en el artículo 103. 1 a) del Código Penal y de un delito de Desobediencia previsto y sancionado en el artículo 147.1 del Código Penal".

"La sanción que debe imponérsele al acusado Luis Robles Elizástigui es la de 6 años de privación de libertad, por el delito de Propaganda Enemiga y la de 1 año de privación de libertad, por el delito de Desobediencia y como sanción única y conjunta la de 6 años de privación de libertad", indica el texto.

El documento de la Fiscalía indica que el acusado respondía a una convocatoria del influencer cubano Alexander Otaola, a quien califican de "contrarrevolucionario cubano residente en los Estados Unidos de América".

"El 4 de diciembre de 2020, el acusado Luis Robles Elizástigui, con el cartel en su poder y con el propósito de iniciar una provocación en algún sitio donde acudieron varias personas, en horas del mediodía se dirigió al parque “Curita” ubicado en el municipio Centro Habana, pero al percatarse de que no habían muchas personas, siguió su recorrido por la calle Águila hasta llegar al Boulevard de San Rafael entre Industria y Consulado del mismo municipio y una vez allí se acercó a la tienda de moneda libremente convertible donde concurrían varias personas; sacó el cartel que tenía en su mochila y con el propósito de crear un ambiente desestabilizador del orden social interno y en oposición al sistema de desarrollo económico escogido por la mayoría de la población cubana, gritaba frases como las que mostraba en el cartel: “Libertad”, "Abajo la dictadura” y otras de desacuerdo con las medidas adoptadas por la dirección del país para de alguna manera subsistir ante el férreo bloqueo económico al que estamos sometidos por los Estados Unidos de América como: “Quiten las tiendas en MLC”, moviéndose de un lado a otro para convidar a las personas que allí estaban a que lo siguieran y de esta manera generar desorden", relatan las autoridades cubanas.

El documento identifica al agente que lo apresó como Vladimir Rodríguez Despaigne y reconoce que Robles logró captar la simpatía de los transeúntes y generar "con su actuar, desorden entre las personas que se encontraban allí, dentro de las que hubo quienes se le sumaron en sus manifestaciones, gritando idénticas frases, atrayendo a otras que se congregaron al frente del establecimiento público, prestándose otros a la filmación de los acontecimientos desde sus celulares".

Tras los pocos minutos de su acción en la céntrica calle, fue arrestado a la fuerza por agentes del Ministerio del Interior, incluidos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y del cuerpo de élite conocido como “Avispas Negras” y le fue impuesta una multa de 1.000 pesos.

El abogado Eloy Viera Cañive, analizó el caso contra Robles en la publicación El Toque, donde concluyó que se trata de un proceso marcado por la política donde lo que se intenta penalizar no es otra cosa que su atrevimiento a materializar y amplificar ideas que son contrarias a los intereses del Estado/Gobierno cubano.

"El de Robles es un juicio en el cual las manifestaciones políticas son jurídicamente relevantes. Las Conclusiones Provisionales del fiscal asemejan más un documento político que uno jurídico. El documento parece un alegato o una nota oficial de los aparatos de propaganda. Para justificar el juzgamiento de Robles se usan frases que deberían ser intrascendentes jurídicamente hablando —si no se tratara de un juicio político—. Por ejemplo, la Fiscalía considera que mostrar desacuerdo con la existencia de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) es, desde lo jurídico, relevante porque implica a su vez mostrar inconformidad con «medidas adoptadas por la dirección del país para de alguna manera subsistir ante el férreo bloqueo económico al que estamos sometidos por los Estados Unidos de América». Además, piensa que proferir frases como «Libertad» y «Abajo la dictadura» no es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino una provocación que buscaba generar un «ambiente desestabilizador del orden social interno y en oposición al sistema de desarrollo económico escogido por la mayoría de la población cubana». El planteamiento de la Fiscalía puede calificarse de excluyente y fascistoide, pues de manera implícita asegura (con independencia de lo discutible de esa afirmación) que como la mayoría de la población cubana escogió un determinado modelo de desarrollo económico-social, la minoría restante no tiene derecho a expresarse en contra de esa decisión. No hay mucha diferencia en esa idea y la que sostiene que algunas minorías pueden ser eliminadas de un territorio si así se decide democráticamente", argumentó Viera.

[Entrevista a Landy Fernández Elizástigui realizada por Ivette Pacheco para Radio Martí]

Cargar más

XS
SM
MD
LG