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Economía

Cuba asegura que paga su deuda en medio de una economía devastada

El presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel inaugura la Feria Internacional de La Habana.

El gobierno cubano anunció esta semana que ha comenzado a pagar un cuarto tramo de la deuda renegociada de 2.600 millones de dólares que tiene con 14 países pese a sus problemas de liquidez.

Su principal negociador dijo que todos los desembolsos se realizarían aunque sea con retraso, reportó la agencia de noticias Reuters.

"Hasta ahora hemos estado cumpliendo, no sin grandes esfuerzos", dijo el presidente del consejo de ministros Ricardo Cabrisas durante un recorrido por la Feria Internacional de La Habana que celebra su edición 37 desde este lunes.

El gobierno necesita unos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía, pero los inversores llegan, y ante la falta de garantías y la burocracia gubernamental los negocios no se materializan.

Comenzó la feria internacional de La Habana
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El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, recordó en Twitter que el régimen de La Habana tiene una larga historia de no pagar sus deudas internacionales.

El diplomático afirmó que el no pago es un síntoma más de la mala gestión económica del régimen y los negocios internacionales necesitan socios en que puedan confiar.

El funcionario invitó al exgobernante Raúl Castro y al presidente designado Miguel Díaz-Canel a no culpar a los demás, y a que inicien reformas. Kozak hizo uso del numeral #StopBlamingStartReforming (#ParadeCulparIniciaReformas).

La embajada de Estados Unidos en La Habana retuiteó el mensaje del diplomático que sirvió en La Habana de 1996 a 1999.

Cuba llegó a un acuerdo en 2015 con los países miembros del Club de París que perdonaron 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que la isla incumplió hasta1986, al igual que otros cargos.

La deuda restante se reestructuró hasta 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos para inversiones en Cuba.

El gobierno pagó alrededor de 70 millones de dólares en 2018 y debía desembolsar otros 80 millones antes del 31 de octubre.

En 2018, algunos de los pagos a los miembros del Club de París se realizaron tras esa fecha límite, dijeron a Reuters diplomáticos de seis de los países acreedores, quienes pidieron no ser identificados y agregaron que es posible que esa situación se repita este año.

"Ambas partes entienden la importancia de los acuerdos y las dificultades que enfrenta Cuba. Sin embargo, esperamos que paguen", señaló un diplomático.

(Incluye información de Reuters)

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Experto: hacen falta "claridad y línea recta" para atraer inversiones de emigrados a Cuba

Un trabajador carga el 17 de junio en una furgoneta paquetes de compras hechas por internet en La Habana (Yamil Lage/AFP).

La renovada convocatoria a los cubanos residentes en el extranjero para que inviertan en Cuba es una apelación circunstancial con limitaciones impuestas por las reglas de juego, opinó desde La Habana el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.

“Cuando hay una situación de crisis económica como la que se está atravesando ahora, tú apelas a cualquier resorte pero, en la práctica, cuando comienza a funcionar, entonces empiezan los cómos y los porqués?, dijo Pérez Villanueva. “Porque si no dejas que alguien traiga sus propios maletines para poner una tienda en su casa, cómo después quieres que otro cubano de España invierta en Cuba?

"Para levantar esta economía se necesitan miles de millones"
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Debe haber una claridad y una línea recta para atraer realmente los capitales en la magnitud que el gobierno cubano desea, indica el experto al hablar de una legislación capaz de garantizar la confianza del inversionista cubano radicado en otros países.

“Porque aquí no se trata de cuatro o cinco millones [de dólares]; para que esta economía levante se necesitan miles de millones”, subraya.

La semana pasada, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, declaró en el programa de propaganda oficial de la televisión cubana Mesa Redonda que nada impide a los cubanos residentes en el extranjero invertir en la isla, algo que ya había dicho en Twitter el 31 de mayo de 2019.

Para Pérez Villanueva, Malmierca no ha hecho más que reafirmar algo aprobado hace tiempo. “Y yo no he visto la primera inversión todavía en ese sentido”, comentó el experto.

La Ley 118 de Inversión Extranjera de 2014, vigente actualmente, no discrimina a nadie por el origen: considera inversionista extranjero a todo el que viva fuera de Cuba y cuyo dinero tenga origen fuera de Cuba, recuerda el economista. Pero el gobierno cubano debería buscar una legislación mucho más específica al respecto.

“Y divulgarla en la próxima reunión que tendrá que haber -no sé si este año-, de Nación y Emigración”, sugiere. “Allí deberían aparecerse con cosas bastantes concretas, y una puede ser esa: no solo trabajar el tema de la ciudadanía, el valor de los pasaportes, etcétera, sino algo más sólido”.

Como han hecho Vietnam y China, indica Pérez Villanueva.

“El dinero que fue a China hace 30, 35 años, no fue ni norteamericano ni español: fueron los chinos de ultramar”, dice. “Hong Kong empezó a mover todo el dinero hasta que fue moviéndose esa economía, y en Vietnam también: les dieron tratamiento de inversionistas a todos los vietnamitas que habían estado en el exterior. Creo que Cuba tendría que ir por ahí, necesariamente, dado el volumen de la emigración tan grande que tiene”.

Internamente, hace falta resolver una contradicción que enfrentan los trabajadores por cuenta propia y los cooperativistas dentro de la isla, manifestó el experto.

“Habría que ver cuál es la voluntad [del gobierno], porque por un lado [la ley] dice que los trabajadores por cuenta propia y los cooperativistas pueden exportar, pero por otro lado dice ‘a través de las empresas estatales’; entonces dice: no hay que llegar a convertirlos en una empresa jurídica”.

Es una contradicción: ¿cómo un individuo va a poder exportar y, sin embargo, no puede crear una empresa?, se pregunta el experto, y agrega que con el reconocimiento jurídico de la empresa debería venir el derecho a importar.

“Ahí es donde está mi duda, porque realmente el comercio exterior cubano, con ese carácter monopólico que tiene, no necesariamente ha sido eficiente siempre”, comenta Pérez Villanueva. “Entonces, ¿cómo un trabajador por cuenta propia podría exportar? Bueno, primero que lo que tienen que permitirle es importar directamente, porque necesitas insumos para producir”.

Ha pasado mucho tiempo desde que la Ley de Inversiones vigente fuera aprobada en 2014, indica el economista, y todavía no hay inversiones de cubanoamericanos en Cuba, al menos oficialmente.

“Mucha gente, a través de su familia, ha montado negocios, ha aportado dinero para hacerlo; pero concretamente… me parece superinteresante si fuera real”, subraya Pérez Villanueva. “Es lo que vengo diciendo hace tiempo: se les puede dar a las remesas un fin más productivo, y no solo para consumo”.

A los cubanos residentes en otros países interesados en abrir un negocio en Cuba tal vez les convenga incorporar a sus familiares en la isla, manifiesta el experto. De esa forma estarían desarrollando a su familia y ellos mismos recibirían un dividendo, porque Cuba es una plaza “vacía” muy atractiva, donde hay que producir de todo y donde se puede establecer cualquier tipo de servicio sin mucha competencia.

“Lo que dicen [con respecto a las inversiones de cubanos residentes en el extranjero] no tiene ninguna dificultad; la realidad lo que creo es que podría ser otra”, añade.

En cuanto a que ese dinero sirva, por ejemplo, para que sus familiares en Cuba abran una tienda, los insumos inicialmente podrían aportarlos los propios familiares. “Son infinitas las posibilidades que podrían existir”, concluye Pérez Villanueva.

Alertan sobre falta de garantías para emigrados que decidan invertir en Cuba

Foto de octubre del 2018 de comensales en el restaurante Los Draquesitos, en La Habana, propiedad del emigrado Mauricio García, quien regresó a la isla tras vivir 16 años en Cataluña, España.

En una intervención el pasado jueves en el espacio televisivo estatal Mesa Redonda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, expresó que “no existe ninguna limitación para que los cubanos residentes en el exterior inviertan en el país”.

Resaltan ausencia de garantías para cubanos que inviertan en la isla
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Sin embargo, la actual Ley de la Inversión extranjera aprobada en el 2014 no ofrece garantías para los cubanos emigrados que estén interesados en invertir en algún sector de la economía nacional, por lo que el capital que lleven al país está en riesgo, alertan académicos y economistas entrevistados por Radio Martí.

Desde La Habana, el politólogo y economista Énix Berrio Sardá expresa que en Cuba, desde 1982, han sido creados tres instrumentos jurídicos que regulan la inversión extranjera y ninguno de ellos ofrece garantías al inversionista cubano que reside en el extranjero.

"(El emigrado que invierte) no tiene garantías de ningún tipo de que el Estado le incaute, le nacionalice (su inversión) o no le pague", afirmó.

Para Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en Ciencias Sociales y exprofesor de la Universidad de La Habana, el derecho mercantil se basa en la personalidad jurídica y realmente sin una ley de empresas quienes pongan capital en la isla se colocarán en una situación muy vulnerable.

Esa ley, explica, "le daría (al inversionista) la oportunidad de adquirir una personalidad jurídica y un proteccionismo legal, un amparo, ante cualquier situación empresarial que pueda enfrentar".

Elías Amor Bravo, profesor de Economía de la Universidad de Valencia, destaca que este es otro intento desesperado de las autoridades cubanas en busca de dinero ante el delicado estado de la economía en Cuba, y agrega que los emigrados cubanos tienen muchas obligaciones para regresar como inversionistas a la isla pero ningún derecho.

De acuerdo con Amor Bravo, sobre "el cubano no residente recae un montón de deberes y obligaciones, pero no tiene derechos reconocidos en Cuba, y esto es importante que se sepa".

La economista Martha Beatriz Roque Cabello asegura desde la isla que las autoridades no respetan incluso lo que establece su propia ley y, cuando se trata de dinero y negocios, cualquier cosa es posible.

"Yo le recomendaría a todos los cubanos en el exterior que no vengan aquí a invertir en nada, porque van a perder su inversión", recalcó.

Un ejemplo de ello es el caso de Nivardo Jacinto Hernández, quien trabajó durante años en la planta procesadora de Alimentos Tysons, en el estado de Iowa y se repatrió a Cuba en el 2014 alentado por la apertura del cuentapropismo, invirtió 20.000 dólares y recibió un préstamno de 100.000 pesos por parte del Banco Nacional de Cuba.

Hernández abrió en junio del 2016 en Puerto Padre, en la oriental provincia de Las Tunas el restaurante privado La Cascada, que en poco tiempo se convirtió en el más exitoso del pueblo.

Un año después, durante un proceso considerado turbio, le fue retirada la licencia del negocio y su casa confiscada. Hoy está endeudado y perdió toda la inversión.

Operativos contra campesinos: "La cacería del régimen es en cualquier lugar y a cualquier gente"

AP Photo / Ramon Espinosa

Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acompañados de miembros del cuerpo de guardabosques registraron, la pasada semana, la vivienda de Cecilia Carballosa Beltrán y sus hijos Yasmani y Luis Alberto Torres, una familia campesina del barrio Colorado de Mayarí en la provincia Holguín, denunció a Radio Televisión Martí, el periodista independiente Osmel Ramírez, yerno de Carballosa Beltrán.

Continúan en Cuba operativos policiales contra la iniciativa privada: registran viviendas de campesinos en Mayarí
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“Mi suegra y su familia son campesinos muy humildes, que viven de su trabajo, que no tienen ningún tipo de riqueza ni recursos suficientes, siquiera, para trabajar la tierra y para tener prosperidad económica”, dijo.

"Registraron su casa y encontraron mangueras de riego compradas en la tienda de materiales de la construcción, de las que vendieron por la libre para agua corriente. Las confiscaron porque, dicen, tienen que investigarlas", apuntó el comunicador mayaricero.

También impusieron 50 pesos de multa a Carballosa, la dueña de la propiedad, por pelar el tronco de un arbusto silvestre, que, de seguir creciendo, sus raíces podrían dañar el piso del humilde inmueble.

“Al hijo Yasmany Torres, por protestar, la policía lo sancionó con 20 pesos y lo amenazó con procesarlo por desacato a la autoridad", añadió Ramírez y resaltó que “la PNR ha realizado, solo en el municipio, decenas de operativos contra emprendedores indagando sobre potenciales transgresiones. Desacreditando y aterrando a las personas”.

El mismo día, las fuerzas represivas registraron tres casas más de los alrededores, multaron a sus propietarios e incautaron artículos que catalogaron como pruebas de delitos.

El periodista independiente, quien es además biólogo y agricultor, aseguró que la cacería del régimen es “en cualquier lugar, a cualquier gente. Lo mismo un taller de carpintería, no importa si es muy sencillo, o un trabajador rural, escudriñando, buscando algo ilícito para castigar, para que la gente sienta que hay una persecución de ilegalidades”.

Analistas han destacado que los cubanos se ven obligados a quebrantar las restrictivas leyes del país para atenuar la crisis económica doméstica. Estos operativos policiales, que cuentan con el aplauso de los medios de prensa oficiales, constituyen una cortina de humo con la que las autoridades quiere ocultar su propia incompetencia para abastecer a su pueblo.

“El registro a mi familia es parte de una represión colectiva, algo muy injusto. Están combatiendo no la delincuencia, están agrediendo a las personas que están produciendo, al pueblo en general”, acotó Ramírez.

“La coyuntura incita a las personas a delatar a sus conciudadanos, a sus vecinos, lo que llamamos “chivatería”, que en muchos casos es fruto de venganzas o de envidias. Y el Estado está estimulando eso. Nadie sabe exactamente cuáles son las motivaciones de los oficiales policiales. Si lo hacen al azar o si salen a la calle a sembrar el terror o son denuncias que reciben, muchas veces infundadas”.

Para el reportero independiente, el Gobierno, temeroso de un estallido social debido a la escasez de productos de primera necesidad, trata de culpar de las carencias a la iniciativa privada.

La Habana llama a los emigrados a invertir como extranjeros y someterse como nacionales

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca (derecha) y el presentador de la Mesa Redonda, Randy Alonso (Foto: Cubadebate).

Para atraer capital, el gobierno cubano está apelando a los cubanos residentes fuera de la isla como extranjeros. Sin embargo, para tramitar sus visitas a Cuba, los acepta solo como cubanos que paguen pasaportes cubanos y estrictas condiciones Made in Cuba.

“No existe ninguna limitación para que cubanos residentes en el exterior inviertan en el país”, declaró el jueves en el programa de propaganda gubernamental Mesa Redonda el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz.

Pero tampoco hay leyes que limiten la potestad del gobierno cubano para despojar de su inversión en Cuba a una persona nacida en la isla y residente en el extranjero.

Hace poco más de un año, el 31 de mayo de 2019, Malmierca hizo la misma convocatoria repetida el jueves en la Mesa Redonda, aquella vez en un mensaje de Twitter: “La ley 118 de Inversión Extranjera no establece ninguna limitación respecto al origen del capital. En ese sentido ciudadanos de origen cubano no están limitados de invertir en Cuba”.

Cuando habla de inversionistas nacionales, la Ley de Inversión Extranjera vigente (Ley No. 118 de 2014) dice en su Artículo 2, Capítulo II, inciso m, que se trata de “una persona jurídica de nacionalidad cubana, con domicilio en el territorio nacional, que participa como accionista en una empresa mixta, o sea parte en un contrato de asociación económica internacional”.

Si no tiene domicilio en el territorio nacional o, lo que es lo mismo, si no se ha repatriado, el cubano que vive fuera de Cuba puede abrir un negocio en su país solo como extranjero. A la vez, si para hacerlo se ha repatriado y de pronto quiere llevarse su dinero al país donde reside, el Artículo 9 del Capítulo III (“De las garantías a los inversionistas”) hace una salvedad en su punto 2:

“Las personas naturales extranjeras que presten sus servicios a una empresa mixta, a las partes en cualquier otra forma de asociación económica internacional o a una empresa de capital totalmente extranjero, siempre que no sean residentes permanentes en la República de Cuba, tienen derecho a transferir al exterior los haberes que perciban dentro de la cuantía y conforme a las demás regulaciones dictadas por el Banco Central de Cuba”.

No solo habría un campo minado en esas regulaciones de cuantía emitidas por el Banco Central de Cuba: si el inversionista es residente permanente en la República de Cuba, la ley establece claramente que no puede sacar su dinero.

A su vez, en una situación de conflicto, el inversionista “cubano-extranjero” podría estar en Cuba únicamente en su condición de cubano, con un pasaporte cubano y sujeto a las leyes cubanas. No como extranjero, a pesar de que la ley le hubiese exigido invertir como tal porque no tenía residencia en la isla.

“La adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana”, dice el Artículo 36 de la Constitución vigente, y luego: “Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera”.

"Desprecio por el inversionista cubano"

Entre 1968 --cuando el régimen cerró los negocios privados-- y 1982 no hubo inversiones foráneas en Cuba que no fueran las “ayudas” de la extinta Unión Soviética y los países del llamado campo socialista, recordó el año pasado el economista Enix Berrios en el programa de Radio Martí Cuba al Día.

El primer instrumento legal de ese tipo aparece en 1982 con el objetivo de atraer inversiones al turismo, pero era muy pobre en garantías al inversionista, y solamente lo aprovecharon las empresas españolas que aún están en Cuba. En 1995, la Ley 77 pretende dar mayores oportunidades y garantías al inversionista, superando el precepto de que en una empresa nacional no podía ser mayoritaria la inversión extranjera, explicó Berrios.

“En definitiva, tampoco se hizo”, dijo. “Pero nunca se pensó, y esto es importante, para las empresas norteamericanas ni para los cubanos residentes en el exterior: eso debe quedar claro”.

La Ley de Inversión Extranjera vigente ahora, la 118 de 2014, se “aprueba” en medio de una crisis económica que obliga al gobierno cubano a buscar capital extranjero, “pero el capital internacional es cobarde”, comentó el experto. “No hay animal mas cobarde que un millón de dólares”, dijo en su momento el escritor y ensayista Carlos Alberto Montaner.

“El expediente cubano respecto a las garantías cuando decide incautar no es el mejor del mundo”, recordaba Berrios en junio de 2019, a raíz de la apelación que hizo Malmierca en Twitter. “Todos los años del socialismo cubano ha habido desprecio, no ha habido interés por los inversionistas cubanos del exterior, y mucho menos por los que residimos en la isla”.

Las sucesivas apelaciones a los cubanos residentes en el extranjero para que inviertan en Cuba “demuestra el oportunismo y la retórica de las autoridades cubanas”, manifestó Berrios.

Una y otra vez

En mayo de 2019 tampoco era la primera vez que las sirenas de La Habana cantaban para encantar a los nacionales que hicieron fortuna en el extranjero: hace siete años, en julio de 2013, martinoticias.com informaba que un funcionario cubano de alto rango había visitado Miami dispuesto a hacer una invitación semejante.

“Los cubanos que residen en el exterior pueden invertir en Cuba bajo las mismas condiciones que otros empresarios extranjeros, y serán beneficiados bajo una nueva ley de inversiones en preparación, aseguró en Miami el Cónsul de Cuba acreditado en la Sección de Intereses en Washington. D.C., Llanio González Pérez”, decía el reporte.

Se refería precisamente a la Ley 118 del año siguiente, 2014. Aunque la crisis ocasionada por el COVID-19 ha incrementado la urgencia de divisas para el gobierno cubano, la ofensiva venía preparándose desde antes.

El proceso de normalización con la emigración es continuo, irreversible y permanente”, titulaba en La Habana en enero el diario Juventud Rebelde una entrevista con Ernesto Soberón Guzmán, director de asuntos consulares y atención a cubanos residentes en el exterior, a propósito de la convocatoria a la IV Conferencia “Nación y Emigración”, programada antes de la pandemia para abril.

En tiempos de crisis con EEUU, Cuba convoca a sus emigrados”, tituló la agencia Associated Press un reporte de aquella convocatoria hecha por Soberón Guzmán.

Atraer la inversión extranjera fue uno de los tres puntos que Malmierca presentó el jueves en la Mesa Redonda como “algunas oportunidades que se deben aprovechar” en medio de la crisis, además de promover la exportación de bienes y servicios –dígase más brigadas médicas al extranjero-- y la sustitución de importaciones.

A juzgar por sus declaraciones, se limita a esta etapa de crisis que las empresas tengan la mayor libertad posible para funcionar de manera eficiente. “Vamos a flexibilizar el otorgamiento de facultades de exportación e importación a las empresas estatales cubanas, que a lo mejor no tenían aprobadas nomenclaturas para importar determinados productos”, dijo.

Según Malmierca, su ministerio contempla incentivos --no solo fiscales—para atraer la inversión extranjera al país, y uno de ellos, “flexibilizar los objetos sociales de las empresas con capital extranjero”, parece una velada referencia a cierta permisividad política.

La ONAT aplaza, pero no perdona, el pago de impuestos a pesar de la pandemia

Gregory Biniowsy, canadiense copropietario del Nazdarovie restaurant posa en su estableciemiento cerrado durante el COVID-19.AP Photo/Ismael Francisco)

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) se mantendrá cobrando impuestos a la ciudadanía y las empresas privadas, estatales y de inversión extranjera a pesar de la severa crisis económica que atraviesa Cuba y que se ha visto agravada durante la pandemia.

Ni siquiera los adultos mayores estarán exentos de pagar sus impuestos, según anunció el lunes Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios. Ellos deberán hacerlo con una llamada "atención diferenciada" que consiste en hacer el pago por vía telefónica.

Entre las medidas financieras, tributarias, presupuestarias y de precios para las tres fases de la etapa de recuperación pos-COVID-19 previstas por el régimen, se contempla entre otras que las pérdidas asociadas al COVID-19 deberán asumirse con el presupuesto de cada empresa, y en caso de que no tengan cómo pagar, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) evaluará un posible financiamiento.

Aunque reconocen que existe falta de liquidez porque muchas empresas han dejado de funcionar durante la pandemia, estas entidades ya sean estatales, mixtas, de inversión extranjera o cooperativas tampoco estarán exentas, pues solo se les permite un "aplazamiento en el pago del impuesto sobre utilidades" sin aplicar intereses moratorios.

El pago de las cuotas tributarias mensuales, los impuestos sobre las ventas y los servicios por la utilización de la fuerza de trabajo, la declaración jurada y otros tributos, será simplemente aplazado, no condonado.

Aunque aclaran que las garantías salariales para quienes se quedaron sin trabajar y siguieron cobrando un salario "no están gravadas con el impuesto sobre los ingresos personales ni con la contribución especial a la seguridad social".

Los gobiernos municipales podrán decidir si otorgan un perdón de, hasta un 50% en las cuotas tributarias mensuales de las actividades que se afecten.

En la segunda fase se restablecen los pagos aplazados de las obligaciones corrientes de los contribuyentes, aunque permiten una moratoria de hasta seis meses y se "incluye la liquidación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales (TCP, artistas, creadores, productores individuales agropecuarios, comunicadores sociales, trabajadores de sucursales extranjeras)".

La paralización de la actividad económica y turística en el país ha golpeado fuertemente al sector privado, donde el 22% de los aproximadamente 605 mil cuentapropistas del país ha pedido la suspensión temporal de sus licencias.

Vladimir Regueiro, viceministro primero de Finanzas y Precios, reconoció que con la pandemia se han afectado los ingresos de más de 26 mil arrendadores de viviendas, más de 500 negocios de Airbnb y más de 52 mil transportistas.

Un informe de la consultora AUGE apunta a la pandemia como el mayor desafío que ha enfrentado el sector privado en la isla. AUGE considera que los emprendimientos privados serán duramente afectados por la actual situación epidemiológica, y que sus efectos perjudiciales se mantendrán y amplificarán en la post-pandemia.

El estudio, publicado recientemente, propone una serie de medidas urgentes, entre ellas fiscales, que sugieren, entre otras, "evaluar la posibilidad de condonar el pago de los impuestos y servicios cuya liquidación fue prorrogada por decisión del gobierno hasta que mejore la situación epidemiológica", y "eliminar el impuesto de la fuerza de trabajo con el objetivo de proteger el empleo", de los trabajadores del sector privado.

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