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Cuba

"Actividad económica ilícita", el delito del que se acusa a la prensa independiente en Cuba

Cubanos recolectan agua tras el paso hace tres días del huracán Matthew en Baracoa.

Reporteros de medios alternativos de prensa se exponen a ser procesados legalmente por informar al margen de los medios oficiales. Algunos de ellos fueron arrestados brevemente cuando intentaban reportar sobre los estragos del huracán Matthew en Baracoa.

El periodista independiente Ignacio González, que dirige la agencia En Caliente Prensa Libre, podría ser enjuiciado por el delito de "actividad económica ilícita", según explicó este jueves a Martí Noticias.

González, quien permaneció 48 horas detenido después de ser arrestado el lunes en su estudio de Centro Habana, dijo a la reportera Yolanda Huerga, de Radio Martí, que las autoridades judiciales le abrieron un expediente procesal.

El periodista opina que en este operativo contra diferentes agencias de prensa y reporteros independientes, el gobierno busca alejarse de la connotación política y trata de convertirlo en un problema legal.

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Según González, las autoridades "te vinculan con que no tienes una licencia en la ONAT", ni permisos para operar, y amparados en ello "pueden decomisarte los equipos" de trabajo.

El periodista alega que en Cuba no existe libertad de prensa, ni la posibilidad de obtener una licencia para ejercer el periodismo de forma independiente.

Pero el suyo no es el único caso. Maykel González Vivero, expulsado de Radio Sagua por escribir para medios independientes, fue detenido el pasado lunes cuando intentaba reportar desde Baracoa sobre los estragos causados por el huracán Matthew, y también acusado del mismo delito.

En declaraciones sobre su arresto, González Vivero dijo a Diario de Cuba que al principio los oficiales le dijeron que estaba detenido "por interés de la Seguridad del Estado", pero que "después se inventaron un delito: actividad económica ilícita".

"Me decomisaron la computadora y la cámara fotográfica. Voy a presentar una reclamación en la Fiscalía en Guantánamo", añadió González Vivero.

El gobierno cubano condenó a prisión a 26 periodistas independientes durante la Primavera Negra de 2003 acusados de "realizar actos contra la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba, y contra la integridad o estabilidad territorial del estado".

En reciente entrevista con Martí Noticias, Carlos Lauría, coordinador principal de programas para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, señalaba que aunque los métodos han cambiado la presión continúa contra todo el que intente hacer periodismo en Cuba al margen de los medios oficiales, ahora mediante detenciones arbitrarias, amenazas, y decomiso de sus instrumentos de trabajo.

Un editorial publicado este jueves en el diario oficial Granma sobre la cobertura que han intentado dar los medios alternativos cubanos tras el paso del huracán Matthew por el extremo oriental de la isla, ha dejado muy clara la posición del gobierno con respecto al periodismo independiente Cuba, al que desacredita y acusa de servir a intereses personales y extranjeros.

El editorial fue publicado un día después que varios reporteros de medios alternativos de prensa fueran detenidos e impedidos de realizar su labor periodística en los municipios guantanameros afectados por el ciclón, especialmente Baracoa.

No solo contra los periodistas

"Actividad económica ilícita" es igualmente la figura delictiva que las autoridades utilizaron el pasado mes de septiembre para el allanamiento del Centro de Información Legal Cubalex, que terminó con el envío a prisión de uno de sus miembros, el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, cree que el operativo contra la sede de la organización de juristas independientes, y una posible acusación de enriquecimiento ilícito contra sus miembros, podría ser en represalia al "Informe sobre la situación de la libertad de expresión y opinión en Cuba” que ella presentó a mediados de agosto al Relator Especial sobre ese tema del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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Guardia Costera detiene a presunto contrabandista de personas y repatría a 51 cubanos

Una embarcación sospechosa de contrabando de personas fue detectada a 20 millas al oeste de Anguilla Cay, Bahamas. (Foto de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza)

La Guardia Costera de EEUU repatrió a 51 personas a Cuba este miércoles, luego de cuatro intercepciones en el mar, informó la institución en un comunicado.

Un avión de la dirección de Aduanas y Protección Fronteriza informó al sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera, alrededor de las 9:45 AM del domingo, que había detectado una embarcación sospechosa a unas 20 millas al oeste de Cayo Anguila, en Bahamas.

El evento se consideró una presunta operación de tráfico de personas y uno de los sospechos se encuentra bajo investigación de la Patrulla Fronteriza.

El lunes, un avión de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Miami reportó al sector de Cayo Hueso, alrededor de las 11:00 AM, sobre una embarcación rústica, aproximadamente a 25 millas de Cayo Largo.

Ese mismo día, sobre la 1:00 PM, la tripulación del guardacostas Charles David, Jr. reportó sobre otra embarcación, a unas 20 millas de Cayo Hueso.

También el lunes, en horas de la noche, Operaciones Aéreas y Marinas de Protección de Aduanas y Fronteras informó de otra embarcación rústica detectada a unas 52 millas de Cayo Hueso.

Las personas interceptadas en estas operaciones fueron repatriadas a Cuba.

El número de cubanos que intenta llegar a las costas estadounidenses ha aumentado considerablemente en los últimos meses, en comparación con años anteriores. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han detenido a 339 migrantes de la isla.

A continuación, la cifra de interceptados en años anteriores:

  • 5,396 en el año fiscal 2016
  • 1,468 en el año fiscal 2017
  • 259 en el año fiscal 2018
  • 313 en el año fiscal 2019
  • 49 en el año fiscal 2020
  • 838 en el año fiscal 2021

Una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica, señala el comunicado.

SIP condena acusación contra periodista cubana Claudia Montero

Claudia Montero y Fabio Corchado. (Foto: CubaNet)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció este miércoles acerca de la represión de la dictadura comunista de Cuba contra la comunicadora independiente Claudia Montero Lescaille.

Montero Lescaille ha sido acusada por un presunto delito de "desorden público".

La pareja de Montero, el activista Fabio Corchado Borroto, también fue acusado por el mismo "delito". Ambos están bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria y regulación migratoria que les impide salir del país.

La notificación les fue dada en la Unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de Zapata y C, en La Habana, adonde fue citada la pareja el pasado sábado.

“Me entero por otra acta que me presentó que se me imponía una medida cautelar de prisión domiciliar. Le pregunto ¿hasta cuándo esta medida cautelar? ‘Hasta que se acabe el proceso’, me respondió. Yo supongo que se refería al proceso de Camila en el que yo estoy implicada y él me dice que cuando termine el proceso, ellos decidirán si se me abre un expediente a mí y a Fabio, de acuerdo a lo que determine la investigación a Camila”, señaló la periodista.

El oficial que interrogó a Montero Lescaille le dijo que la acusación se basa en el contenido contrarrevolucionario de los videos que envía a Cubanet en el exterior.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que el régimen “continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Lo venimos observando de forma acentuada desde las protestas del 11 de julio, cuando a muchos periodistas independientes se le aplicó esas mismas medidas y fueron acusados, con o sin sustento judicial, por algún delito".

Montero considera que el hostigamiento podría ser en represalia por acoger en su vivienda durante meses a la periodista Camila Acosta, luego de que esta fuese desalojada del lugar donde vivía.

En ese periodo "tuvimos vigilancia policial y de la SE", relató Montero, quien junto a su pareja son consideradas personas de interés en el proceso contra Acosta, acusada por "instigación a delinquir".

“¿Por qué Fabio y yo somos parte del proceso de Camila? Porque mi esposo y yo la acogimos en nuestra casa. Entonces a mi cuñado, Víctor Manuel González lo detuvieron el 26 de julio, lo tuvieron una semana en Villa Marista [Cuartel General de la Seguridad del Estado] y lo presionaron tanto que él reconoció que me editaba videos”, indicó Montero a Radio Martí, y agregó que su esposo Fabio Corchado se acogió a su derecho de no declarar ni firmar ningún documento.

Camila Acosta se encuentra bajo prisión domiciliaria a la espera de un juicio, acusada de “instigación a delinquir” después que fuera detenida durante cinco días por reportar las protestas del 11 de julio.

Montero refirió que incluso el agente de la policía política que la interrogó fue el teniente Ernesto, “el mismo que atiende a Camila”.

“Yo estaba preparada psicológicamente porque yo, desde que escogí ser periodista independiente, sabía lo que venía, que, en algún momento, iban a pasar las entrevistas, los interrogatorios y yo siempre mantuve un bajo perfil: no soy activista”, dijo.

Aumentan casos de COVID-19 en Holguín

Barrio en cuarentena en Holguín. (Captura de foto/ACN)

Aumentan los nuevos casos de COVID-19 en la provincia Holguín, según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Sobre los factores que pueden estar incidiendo en este repunte de la enfermedad, una residente de la provincia que se identificó como Alejandrina dijo a Radio Martí que la situación ha empeorado debido a la aglomeración de personas en las calles y en el transporte urbano.

“Los ómnibus van muy llenos de personal (…)”, aseguró la mujer, que recientemente se trasladó al hospital Vladimir Ilich Lenin en una guagua repleta, con “una persona encima de la otra, tres veces el personal que le cabe a un ómnibus”.

En su criterio, “la gente [actúa] como que ya se acabó, y el coronavirus no se ha acabado”.

Otros holguineros entrevistados señalaron la indisciplina social como una de las causas del aumento de casos de COVID19, así como las largas colas en establecimientos comerciales.

“En el uso del nasobuco, sobre todo, porque hay personas indisciplinadas, lo mismo en la parada que en el ómnibus. Andan con él en el cuello como si fuera un collarín. En las colas, en cualquier lado”, dijo una residente de la cabecera provincial.

Ramón Zamora, doctor opositor en Holguín
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En opinión del doctor y opositor holguinero Ramón Zamora, en este momento no se están cumpliendo las normas establecidas para evitar los contagios entre otras violaciones.

“Usted llega a un establecimiento y generalmente tienen un saco, ya seco, en el suelo y le echan hasta agua común, como para demostrar que se están cumpliendo las normas, pero la realidad es que no es así. Notas que, dentro, las personas que, incluso, están manipulando el dinero, pues no se lavan las manos”, detalló.

El galeno se refirió, además, a la gran cantidad de viajeros proveniente de Rusia que arriban a la provincia. Afirmó que “se ha demostrado que muchos de ellos” han sido fuente de contagio de coronavirus para la población local.

Según los últimos reportes oficiales de las autoridades de Salud de Cuba, Holguín encabeza la lista de provincias con el mayor número de nuevos casos, 30 el día 5 de diciembre, 22 el día 6 y al cierre de la jornada del martes, 20 personas detectadas con la enfermedad.

Presentarán a Asamblea Nacional de Cuba proyecto de Ley de Amnistía que requerirá de 10 mil firmas

Vista de una sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Foto AFP/ Yamil Lage.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, según anunció este miércoles en un comunicado.

La iniciativa se presentará como "Proyecto No Más" y necesita recoger al menos 10.000 firmas, en virtud del Artículo 164, inciso k, de la vigente Constitución de Cuba.

Este proyecto de Ley de Amnistía, según explican será confeccionado y avalado por un equipo de abogados y de estudiantes de derecho y no comprenderá solo a los presos políticos y de conciencia sino a las personas encarceladas por Peligrosidad Predelictiva, a la que consideran como "una figura penal racista y discriminatoria y una presunción que se pone por encima de la noción moderna del derecho: la que presume la inocencia antes de la condena por delitos ciertos y probados".

El consejo entiende que para que Cuba vuelva a estar entre las naciones civilizadas es necesario el despoblamiento de sus cárceles y que exista una sintonía entre el Código Penal, los derechos constitucionales, la Carta Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario Internacional.

El Proyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso busca "la convivencia sana de la diversidad y la pluralidad como la participación ciudadana en el impulso del derecho, nuestros derechos, desde abajo".

"Cuba ocupa el tercer lugar, después de Estados Unidos y de China, en cantidad de presos y presas en las cárceles respecto de la población. Un título que no honra a la sociedad cubana dentro de la comunidad internacional. Más prisiones que hospitales y universidades no es la cifra proporcional de un país de justicia y bienestar", apunta el CDTC.

La semana pasada el Consejo retomó la idea de propiciar un diálogo nacional entre cubanos, antes propuesto por el Movimiento San Isidro para motivar a la ciudadanía con la idea de buscar un nuevo proceso constitucional.

"Después del 11 de julio, obviamente lo que está en juego es la legitimidad misma de la Constitución de 2019 y lo que buscamos con esta iniciativa es concitar esa presión ciudadana para una nueva Constitución en Cuba”, explicó a Radio Martí Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del CDTC.

Denominada “Cuba11J”, la iniciativa tiene como objetivos también lograr unas elecciones libres, justas y pluralistas, instrumentar la elección directa, promover una reforma hacia una economía social de mercado, exigir la liberación o amnistía de todos los presos políticos y una reforma laboral, entre otros propósitos.

Piden entre tres y ocho años de privación de libertad a opositores de Isla de Pinos

Foto Archivo. Un tribunal en Cuba durante la pandemia.

La Fiscalía Municipal de Isla de Pinos solicitó entre 3 y 8 años de privación de libertad para cuatro manifestantes del 11 de julio, miembros del Partido Autónomo Pinero (PAP).

Ramón Salazar Infante, Martha Pérez Acosta y Francisco Alfaro Diéguez, los tres en libertad bajo fianza, están acusados de “desórdenes públicos”, delito por el que el órgano acusatorio les pide a cada uno, 3 años de privación de libertad y Juan Luis Sánchez, en prisión preventiva en el penal conocido como “El Guayabo”, está imputado de “atentado” y tiene una petición fiscal de 8 años de prisión.

La fecha del juicio no ha sido fijada.

“Nosotros somos un partido opositor, pacífico y el gobierno, junto con la Seguridad del Estado nos está imponiendo sanciones como personas que estamos violando [las leyes]. Todo lo hicimos porque pensábamos que teníamos algún respaldo de la ley, pero no ha sido así”, lamentó Pérez Acosta en conversación con Radio Televisión Martí.

“En este país estamos sometidos por la dictadura de este sistema que no nos permite manifestarnos de manera pacífica. Nuestra organización tiene todo un programa bien claro, en el cual hemos trabajado durante 16 años, incluso las autoridades pineras conocen cuáles son nuestras perspectivas hacia el futuro que es trabajar para la sociedad”, indicó la opositora.

Según las Conclusiones Provisionales del Estado, los acusados “en compañía de otros ciudadanos se organizaron en la casa de Ramón para salir gritando palabras y frases que convocaban a la alteración del orden”.

Susana Sánchez, hermana Juan Luis Sánchez declaró, recientemente que “él iba caminando para un lugar que se llama Sierra Caballo, que queda cerca de donde estaban iniciándose las protestas en Nueva Gerona”, cuando vio que más de cinco agentes policiales estaban golpeando a un joven; “él intervino para evitar que le siguieran dando golpes”.

“Pero vino por detrás, un policía le pegó y él (su hermano) respondió con un golpe en defensa propia”.

El documento oficial, firmado por la Fiscal Oravia Torres Cabrera, asegura que Sánchez González trató de evitar que los oficiales de la policía detuvieran a uno de los manifestantes, “se interpuso” ante el oficial y, “sin mediar palabra, le propinó un golpe por el mentón que le causó un hematoma, lesión que no requirió tratamiento médico”.

Alrededor de 11 activistas del Partido Autónomo Pinero resultaron detenidos ese día y liberados en las semanas siguientes con multas o bajo fianza.

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