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CIJ ordena a Nicaragua detener dragado en el río San Juan


Vista aérea del río San Juan, que marca la línea fronteriza entre Nicaragüa y Costa Rica.

El San Juan es un río bajo soberanía nicaragüense, pero en el que los costarricenses pueden navegar en función de tratados bilaterales.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio la razón a Costa Rica y ordenó este viernes a Nicaragua detener el dragado y retirarse de una isla en el río San Juan, objeto de una disputa de soberanía entre los dos países. Costa Rica había reclamado a la CIJ en septiembre pasado que ordenara a Nicaragua suspender la construcción de dos caños (canales) artificiales en Isla Portillos (Harbour Head para los nicaragüenses), un pequeño humedal de unos 3 km2 en el extremo oriental de la frontera común.

En acuerdo con esos pedidos, la CIJ determinó que Nicaragua "deberá abstenerse de cualquier actividad de dragado u otra actividad en el territorio en litigio y, en particular, de cualquier trabajo en los dos nuevos caños", indicó el presidente del tribunal con sede en La Haya, Peter Tomka. Además, "Nicaragua tendrá que garantizar la retirada del territorio en litigio de todos los agentes ya sean civiles, de policía o de seguridad e impedir la entrada de tales agentes en el territorio mencionado".

Managua también deberá proceder al retiro de "cualquier persona privada bajo su jurisdicción", agregó la sentencia de la corte. La Corte de La Haya había dictado en marzo de 2011 medidas cautelares a los dos países, que debían mantenerse fuera del área e impedir el ingreso de civiles o militares, en espera de pronunciarse sobre la cuestión de fondo de la soberanía.

Pero según Costa Rica, Nicaragua alentaba la entrada de activistas que le son afines y envió maquinaria para abrir dos canales artificiales, causando graves daños ambientales. El territorio de 3 km2, situado en el extremo este del San Juan, es un área declarada de interés mundial por la Convención Ramsar de protección de humedales.

Por otra parte, "Nicaragua tendrá un plazo de dos semanas para rellenar" las obras realizadas para construir los caños y deberá entregarle como máximo una semana después un informe con fotografías que demuestren su cumplimiento. Por último, la Corte exige que ambas partes le informen "cada tres meses de la manera en que garantizan la puesta en marcha de las medidas cautelares", con lo que busca supervisar el acatamiento de todas esas medidas.

Jorge Urbina, embajador de Costa Rica en Holanda y coagente de su país en la audiencia, celebró la decisión de la CIJ. "Son buenas noticias", dijo, aunque señaló que "solo se trata de medidas cautelares, (pues) no era un juicio sobre el fondo". Carlos Argüello Gómez, agente de Nicaragua, aseguró que "era más o menos lo que se esperaba", dado que su país ya había admitido que hubo una "equivocación" por parte de quienes decidieron emprender trabajos en la zona.

Las tensiones entre Costa Rica y Nicaragua estallaron en octubre de 2010, cuando San José, que abolió el ejército hace 64 años, acusó a Managua de invadir la pequeña isla. Managua rechazó esas denuncias sobre ese territorio que, al igual que Costa Rica, reivindica como propio. Posteriormente y argumentando severos daños ambientales en el San Juan, Nicaragua acusó a Costa Rica ante la CIJ por la construcción de una carretera paralela al río.

De hecho, la CIJ tramitaba la demanda sobre las medidas cautelares junto a otra planteada por Nicaragua en diciembre de 2012, por supuestos daños ambientales causados por la construcción de esa carretera. Sin embargo, las audiencias en La Haya para ambos casos se realizaron de manera separada.

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