Estados Unidos
Corte de EEUU mantiene trato dispar a solicitantes de asilo (FOTOS)
EAGLE PASS, Texas - Mientras se ponía el sol sobre el Río Bravo, unos 120 cubanos, colombianos y venezolanos que habían vadeado el río con el agua hasta la cadera subieron a a vehículos de la Patrulla Fronteriza, poco antes de ser liberados en Estados Unidos para tramitar sus casos de inmigración.
Al otro lado de la frontera, en la localidad mexicana de Piedras Negras, familias hondureñas se mantenían juntas en una zona céntrica con veredas agrietadas, calles estrechas y poca gente, sin tener claro dónde pasar la noche porque el único refugio de la ciudad estaba lleno.
Esa suerte dispar refleja la doble naturaleza de la vigilancia de fronteras estadounidenses con una norma de pandemia conocida como Título 42, que toma su nombre de una ley de salud pública de 1944. El presidente, Joe Biden, quería poner fin a esas normas el lunes, pero un juez federal en Luisiana emitió una orden nacional que las mantuvo intactas.
El gobierno de Estados Unidos ha hecho más de 1,9 millones de expulsiones amparándose en el Título 42, que niega la oportunidad de pedir asilo, contemplada por la ley estadounidense y tratados internacionales, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19.
Pero el Título 42 no se aplica por igual a todas las nacionalidades. Por ejemplo, México acepta recibir a los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Pero para otras nacionalidades, el alto coste, las malas relaciones diplomáticas y otras consideraciones hacen que sea difícil para Estados Unidos enviarlos de vuelta a sus países de origen según el Título 42. En lugar de eso, normalmente se les libera en Estados Unidos para que pidan asilo o recurran a otras fórmulas legales.
Los hondureños en Piedras Negras piden dinero a los cubanos que llegan a la estación de autobús, sabiendo que a los cubanos no les servirán los pesos porque pasan directamente la otro lado de la frontera. Aunque México aceptó en abril recibir a algunos cubanos y nicaragüenses expulsados según el Título 42, la gran mayoría son liberados en Estados Unidos.
“Fue entrar y salir”, dijo Javier Fuentes, de 20 años, sobre su estancia de una noche en una casa arrendada en Piedras Negras. El domingo por la mañana, él y otros dos hombres cubanos cruzaron el Río Bravo y caminaron por una carretera durante una hora hasta que encontraron un vehículo de la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, una población de Texas de unas 25.000 personas en la que los migrantes cruzan el río al borde de un campo de golf público.
La lluvia de la noche subió el nivel del agua hasta el cuello para la mayoría de los adultos, una posible explicación para la ausencia de grandes grupos de docenas o hasta un centenar de personas, como se suelen ver en la zona.
“La mañana ha empezado despacio”, dijo un agente de la Patrulla Fronteriza al saludar a otros oficiales que vigilaban a cuatro peruanos, incluido un niño de siete años que cruzó con sus padres tras varios días hacinados en una habitación arrendada en Piedras Negras con 17 migrantes.
Cuando el agua volvió a descender hasta la altura de la cadera, una treintena de migrantes se reunió en la orilla de un parque público que también atrae a los residentes de Piedras Negras, considerado como el lugar de nacimiento de los nachos. Había bebés y niño pequeños en el grupo que cruzaba, la mayoría migrantes hondureños. Una mujer hondureña, embarazada de ocho meses, mostraba signos claros de dolor.
Eagle Pass, una localidad dispersa con almacenes y casas en mal estado que la mayoría de las grandes cadenas de tiendas ha ignorado, es uno de los puntos de tránsito más ocupados para la Patrulla Fronteriza en el sector Del Rio, que incluye unos 400 kilómetros (250 millas) de ribera poco poblada. En el cercano Del Rio, que no es mucho más grande que Eagle Pass, el año pasado se congregaron unos 15.000 migrantes, la mayoría haitianos. Todo lo que separa a las localidades de San Antonio, a unas tres horas de carretera, son campos de grano.
La relativa facilidad del cruce -los migrantes atraviesan el río a pie en pocos minutos, a menudo sin pagar a un contrabandista- y la percepción de que el lado mexicano es relativamente seguro ha convertido la remota región en una importante ruta migratoria.
Hace tiempo que el Valle del Río Grande, en Texas, es el más bullicioso de los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza en la frontera mexicana, pero este año Del Rio se ha convertido en el segundo a corta distancia. Yuma, Arizona, otra zona conocida por su relativa seguridad y facilidad para cruzar, ha ganado afluencia con rapidez y ahora es la tercera más transitada.
Del Rio y Yuma quedaron sexta y séptima en número de agentes entre los nueve sectores, lo que refleja cómo la distribución de personal de la Patrulla Fronteriza va por detrás de los flujos migratorios desde hace tiempo.
Otros tramos de la frontera tienen menos patrullas que Del Rio, una ventaja para los migrantes que intentan eludir la captura, pero son más escarpados y remotos, explicó Jon Anfinsen, presidentte del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza en el sector de Del Rio.
Anfinsen describe la región como “una especie de agradable punto intermedio” para los migrantes que buscan un equilibrio entre zonas remotas y seguridad.
Cristian Salgado, que duerme en las calles de Piedras Negras con su esposa y su hijo de cinco años tras huir de Honduras, dijo que la localidad fronteriza mexicana “uno de los pocos lugares donde uno puede vivir más o menos en paz”.
Pero su entusiasmo por los planes del gobierno de Biden de levantar el lunes el Título 42 se evaporó con el fallo judicial. “Ahora no hay esperanza”, dijo.
Su pesimismo podría ser un poco exagerado. En abril se dio el alto a ciudadanos hondureños en 16.000 ocasiones en la frontera, con ligeramente más de la mitad expulsados debido al Título 42. El resto pudo pedir asilo en Estados Unidos si expresaba miedo a regresar a su país.
Pero a los cubanos les fue mucho mejor. Se les dio el alto más de 35.000 veces en abril y apenas 451, o apenas el 1%, fueron procesados según el Título 42.
“Los cubanos entran automáticamente", dijo Joel Gonzalez, hondureño de 34 años y que intentó eludir a los agentes durante tres días en Eagle Pass antes de ser localizado y expulsado. Los agentes le dijeron que ya no era posible pedir asilo en Estados Unidos.
Isis Peña, de 45 años, rechazó una oferta de otra mujer hondureña para cruzar el río. La mujer llamó desde San Antonio y dijo que la habían liberado sin preguntarle siquiera si quería pedir asilo. Ahora vive en Nueva York.
Peña intentó cruzar al día siguiente, una experiencia que no quiere repetir por miedo a ahogarse. Tras unas cuatro horas detenida, un agente le dijo que no había asilo para hondureños.
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Senado desestima cargos de juicio político contra Mayorkas
El Senado desestimó todos los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin a la iniciativa de los republicanos en la Cámara de Representantes para destituir al funcionario por su manejo de la situación en la frontera con México y poniendo fin al proceso incluso antes de que comenzaran los argumentos.
Los senadores votaron a favor de desestimar los dos artículos que, según los republicanos, justificaban iniciar un juicio político. Los demócratas argumentaron que los artículos eran inconstitucionales. El primer artículo acusaba a Mayorkas de “negativa deliberada y sistémica a cumplir” con la ley de inmigración. El segundo lo acusaba de “abuso de confianza” por decir que la frontera estaba segura. Ambas votaciones fueron 51-48 según líneas partidistas, con la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votando “presente”.
Previamente, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que buscaría desestimar el juicio argumentando que los dos artículos acusatorios presentados por los republicanos “no cumplían con los estándares de delitos y faltas graves” y esto podría sentar un precedente peligroso.
"Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político para los raros casos en que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar las acusaciones de hoy”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, al abrir la sesión del Senado.
En febrero, la Cámara de Representantes aprobó por estrecha mayoría someter a Mayorkas a un juicio político por su manejo de la situación en la frontera con México, argumentando en los dos artículos que el funcionario “intencional y sistemáticamente” se negó a implementar las leyes migratorias. Los responsables de la Cámara de Representantes presentaron los cargos ante el Senado el martes, de pie en la tribuna del Senado y leyéndolos en voz alta ante una audiencia cautiva de senadores.
Una desestimación total de la acusación, sin posibilidad de argumentar el caso, iba a ser una derrota embarazosa para los republicanos y para el asediado presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que hizo de la destitución una prioridad. Y es probable que tenga resonancia política tanto para los republicanos como para los demócratas en un año de elecciones presidenciales en el que la seguridad fronteriza ha sido uno de los temas principales.
Los republicanos argumentan que el presidente Joe Biden ha sido débil en la frontera, ya que las detenciones por cruces ilegales se dispararon a más de 2 millones de personas durante los dos últimos años de su mandato, aunque han disminuido desde un récord de 250.000 en diciembre, debido a la intensificación de la aplicación de la ley en México. Los demócratas afirman que, en lugar de someter a un juicio político a Mayorkas, los republicanos deberían haber aceptado un compromiso bipartidista del Senado destinado a reducir el número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos.
Cuando firmó los artículos de juicio político el lunes antes de enviarlos a través del Capitolio, Johnson dijo que Schumer debe convocar un juicio “para que quienes orquestaron esta crisis rindan cuentas”.
Schumer “es el único impedimento para que el pueblo estadounidense vea que hay una rendición de cuentas”, aseguró Johnson. “De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Cámara de Representantes exige un juicio”.
Audiencia clave en el caso Rocha ¿Quiénes fueron sus víctimas y cuánto merecen en restitución?
Una audiencia clave en el caso del exdiplomático norteamericano Víctor Manuel Rocha, condenado el pasado viernes a 15 años de cárcel por trabajar clandestinamente para la inteligencia cubana, tendrá lugar el próximo 21 de julio.
De acuerdo a documentos de la corte y entrevistas realizadas por Martí Noticias el ex funcionario deberá comparecer en una audiencia judicial sobre la restitución de los daños causados a sus víctimas.
“Una sentencia federal tiene varios componentes. El primero es el tiempo a servir: en este caso es el tiempo máximo de 15 años a los dos cargos de los que él se declaró culpable: defraudar a los Estados Unidos y trabajar clandestinamente para un gobierno extranjero”, dijo Nelson Rodríguez Varela, abogado de Miami especializado en derecho penal y bienes raíces.
“La segunda parte de la sentencia es el tiempo en supervisión, que en su caso fueron tres años, y el tercer elemento es una multa de 500.000 dólares pagables al gobierno de Estados Unidos. Por último, la restitución en casos y cargos que ameriten restitución”, añadió.
En el momento de la sentencia a 15 años de prisión, impuesta por la jueza federal Beth Bloom, la fiscalía no tenía una lista de víctimas del trabajo de Rocha como agente del régimen cubano.
“La Corte no estuvo de acuerdo con que el único afectado fuera el gobierno federal y por eso ha puesto esta audiencia de restitución para identificar quiénes son las víctimas y a quiénes se le ordena la restitución”, explicó Rodríguez Varela.
Bajo los términos del acuerdo de culpabilidad, Rocha tiene que cooperar con el gobierno y aseguró que lo reparará como colaborador de las agencias de seguridad de EEUU.
"Asumo [plenamente] la responsabilidad por ello y acepto la sanción que debo pagar. Y lo que es más importante, estoy reparando, y seguiré reparando cuando sea necesario, el daño causado a través de mi colaboración incondicional con aquellos a quienes traicioné", dijo Rocha en la Corte, según reseña El Nuevo Herald.
Rodríguez Varela aseguró que la Corte buscará restituir el daño al gobierno de Estados Unidos con la devolución de todo el dinero devengado en las más de cuatro décadas de trabajo de Rocha para el régimen cubano.
“El gobierno le estuvo pagando como compensación por su trabajo mientras él violaba la confianza de Estados Unidos y cobró dinero sin estar trabajando a favor de los Estados Unidos. La Corte va a ordenar que todo ese dinero lo tenga que devolver”, dijo el abogado.
¿Además del gobierno quién más podría recibir compensación?
“La Corte va a querer saber quiénes fueron las otras víctimas en su trabajo como agente a lo largo de décadas: podrían ser, por ejemplo, los familiares de las víctimas de los Hermanos al Rescate o la familia de Oswaldo Payá”, indicó Rodríguez Varela.
El 24 de febrero de 1996 el gobierno de Cuba derribó sobre aguas internacionales dos aviones civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. La acción armada provocó la muerte de cuatro cubanoamericanos.
En el documento acusatorio contra Rocha aparece una declaración en la que el exdiplomático admite que "estaba a cargo" cuando ocurrió el derribo de las avionetas. Precisamente, entre 1995 y 1997 Rocha fue subdirector de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. "Ese fue un tiempo de mucha tensión", reconoció al agente encubierto.
El líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio de 2012, en una carretera de Bayamo, Granma, desde entonces su familia y reconocidas entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado al régimen cubano responsable de estas muertes. La familia Payá ha demandado a Rocha civilmente.
¿Puede indemnizar Rocha económicamente a las víctimas?
Registros de la oficina del Secretario del Tribunal y Contralor de Miami-Dade, con fecha del 8 de febrero, reflejan que el acusado transfirió a su esposa, Karla Wittkop Rocha, el título de propiedad de cuatro apartamentos de lujo, valorados en 4 millones de dólares, que están ubicados en el Brickell City Center. Durante la audiencia de culpabilidad de Rocha también se conoció que había transferido dos cuentas bancarias a su esposa.
La jueza se mostró insatisfecha en ese momento por el acuerdo alcanzado por la Fiscalía. Las transferencias han hecho pensar a muchos si Rocha tendría la capacidad de afrontar las restituciones que le imponga la Corte.
“La Corte puede ordenar la restitución tenga él los fondos o no los tenga. Tenga él el dinero o no lo tenga, las víctimas tienen derecho a una restitución”, dijo Rodríguez Varela.
Según Rodríguez Varela, las transferencias que hizo Rocha a su esposa podrían ser consideradas ilícitas “al estar en función de evitar afrontar las restituciones”.
“Si las familias logran demostrar que Rocha tuvo un impacto en lo que sucedió con sus seres queridos podrían proceder contra esas propiedades en un juicio civil que no tendría nada que ver con esta sentencia”, añadió.
“Lo más importante en el caso de las víctimas es lograr demostrar a la Corte que Rocha escondió información al gobierno de Estados Unidos a favor del régimen cubano y que como resultado de sus acciones hubo daños y perjuicios a estas personas”, dijo el abogado.
Senado de EEUU pudiera poner fin rápidamente a juicio político contra Mayorkas
Los demócratas del Senado podrían poner fin al juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, este miércoles, incluso antes de que comiencen los argumentos.
La Cámara envió al Senado el martes dos artículos de juicio político contra Mayorkas, lo que lleva a un juicio bajo cargos de que se “rehusó a cumplir con las leyes federales de inmigración” en medio de una oleada histórica de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y que ha “quebrantado la confianza pública” con sus afirmaciones ante el Congreso de que la frontera es segura.
Si bien el Senado está obligado a celebrar un juicio según las reglas de juicio político, una vez que los cargos crucen el Capitolio, es posible que el proceso no dure mucho.
Se prevé que el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, convoque a una votación para desestimar los dos artículos acusatorios contra Mayorkas, una vez que los senadores sean juramentados como jurados alrededor del mediodía.
La medida cancelaría el juicio y frustraría a los republicanos que han exigido que se les permita a los fiscales de la cámara baja presentar su caso. Los demócratas parecen estar unidos en su oposición al proceso.
El martes, los senadores se sentaron en silencio mientras el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el congresista republicano Mark Green, leía en voz alta los cargos contra Mayorkas.
"Alejandro N. Mayorkas merece un juicio politico, la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza y beneficio bajo los Estados Unidos", opinó Green.
Por su parte, Schumer dijo en el pleno del Senado que aunque quieren abordar esta cuestión lo más rápidamente possible, el juicio político “nunca debe utilizarse para resolver desacuerdos sobre política”.
“Esto sentaría un terrible precedente para el Congreso, que cada vez que haya un desacuerdo político en la Cámara, lo envíen al Senado para hacer un juicio político. Eso es absurdo. Eso es un abuso del proceso”, dijo el senador demócrata.
Por su parte, Mayorkas dijo el miércoles que está enfocado en su trabajo, administrando esa enorme agencia gubernamental.
“Mientras ellos se enfocan en un juicio político, yo trabajo en impulsar la misión del Departamento de Seguridad Nacional. Eso es lo que he hecho durante todo este proceso”, declaró en el programa “CBS Mornings”, a donde acudió para hablar de la campaña del departamento por proteger a los niños cuando usan la Internet.
Mayorkas es apenas el segundo funcionario del gabinete presidencial que enfrenta su destitución mediante un juicio político. La última vez fue en 1876, cuando William Belknap, el secretario de guerra del entonces presidente Ulysses Grant, fue acusado de corrupción.
Muere Bob Graham, un político instrumental en el éxodo del Mariel (VIDEO)
Bob Graham, el ex gobernador de Florida y senador estadounidense que jugó un papel instrumental en el manejo del éxodo de cubanos por el Mariel, falleció el martes a los 87 años, anunció su hija Gwen Graham.
El político originario de Miami y graduado de Harvard tuvo que hacer frente como gobernador de Florida a la mayor avalancha de inmigrantes cubanos que se había producido hasta entonces, cuando Fidel Castro (1926-2016) dio luz verde para que embarcaciones fletadas por exiliados llegaran al puerto de Mariel a buscar a sus familiares.
Castro aprovechó la oportunidad para vaciar prisiones y manicomios y obligó a los barcos a cargar también con miles de convictos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la Florida y de la administración de entonces, la del presidente Jimmy Carter.
El 21 de abril de 1980, el primer barco del puerto de Mariel llegó a Key West, Florida, transportando a 48 exiliados cubanos y, en cuatro días, casi 300 barcos llegaron a las costas floridanas. Esa primera semana, el entonces gobernador Graham se movilizó para que fuera declarado el estado de emergencia en los condados de Monroe y Dade en respuesta al arribo de los miles de inmigrantes bautizados como "marielitos".
La inmigración desde Cuba alcanzó su punto máximo en el mes de mayo de 1980 con 86.488 refugiados, pero se estima que en total fueron 125 mil los cubanos que arribaron a EEUU en aquel éxodo sólo superado por el actual, que ha traído más de medio millón de cubanos a territorio estadounidense.
El diario floridano The Miami Herald destaca en el obituario de Graham que en los años posteriores al Mariel, el representante demócrata se enfrentaría a las administraciones de Jimmy Carter y Ronald Reagan, argumentando que el gobierno federal había abdicado de su responsabilidad de abordar una crisis de inmigración federal que se desarrollaba en el estado de Florida".
Graham se inició en la política a los 29 años como representante estatal de la Florida y escaló a las más altas esferas, en las que mantuvo por tres términos un escaño en el Senado de los Estados Unidos, donde llegó a presidir el Comité de Inteligencia.
En 2003 se convirtió en candidato presidencial para las elecciones de 2004, en una campaña en las que ganó seguidores, entre otras condiciones, por su oposición a la guerra de Irak.
Años después viajaría a Cuba para explorar los riesgos de las perforaciones petroleras en la zona del Golfo, fue interlocutor del canciller Bruno Rodríguez y un escéptico de que se diera un cambio político en la isla con un miembro de la familia Castro en el poder, como expresó en entrevista concedida a Martí Noticias en 2014.
También apostó a la normalización de relaciones con Cuba impulsada por el presidente Barack Obama, considerando que "a largo plazo sería beneficiosa para estadounidenses y cubanos".
Rubio pide "transparencia" en investigación del caso Rocha en carta enviada a Blinken
El senador cubanoamericano de la Florida, Marco Rubio, pidió al gobierno federal “transparencia” en las investigaciones sobre el caso del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, sentenciado el pasado viernes a 15 años de prisión por trabajar como un agente no declarado del régimen cubano.
“Es de suma importancia para el Congreso y el pueblo norteamericano que las brechas de contrainteligencia que permitieron la carrera de 40 años de Rocha como espía cubano sean identificadas y abordadas para prevenir futuras amenazas de espionaje que podrían poner en peligro vidas norteamericanas e intereses de EEUU”, escribió Rubio en una carta enviada al secretario de Estado, Antony Blinken.
Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia y miembro sénior del Comité de Exteriores del Senado, recordó que Rocha trabajó en puestos diplomáticos estadounidenses en media docena de países de América Latina. Recalcó su papel como director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, segundo jefe de la Sección de Intereses de EEUU en La Habana, embajador en Bolivia y asesor del Comando Sur de los Estados Unidos.
“Estaba en condiciones de utilizar su acceso gubernamental para socavar la asistencia estadounidense a la lucha de Nicaragua contra los rebeldes sandinistas respaldados por Cuba, dirigir la política estadounidense hacia América Latina en beneficio de Cuba, revelar detalles de la asistencia estadounidense a defensores de los derechos humanos en Cuba, ayudan a elegir un líder procubano en Bolivia y divulgar la planificación militar estadounidense”, advirtió Rubio.
Rocha fue condenado tras llegar a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos cargos: trabajar como agente de un gobierno extranjero sin registrarse y defraudar al gobierno de los Estados Unidos.
El Buró Federal de Investigaciones, FBI, cree que Rocha fue reclutado por los servicios de inteligencia cubanos en 1973 mientras se encontraba en Chile.
El exdiplomático, de 73 años, fue arrestado a finales del pasado año tras una serie de encuentros con un oficial del FBI que se hizo pasar por un oficial de inteligencia cubano. En ese momento Rocha se refirió a Estados Unidos como “el enemigo” y alabó a Fidel Castro. También alardeó de su trabajo de inteligencia y lo calificó como “un grand slam”.
Ante la corte federal en la ciudad de Miami el pasado viernes, Rocha dijo asumir “toda la responsabilidad” por sus acciones, y que “continuará haciendo, según sea necesario, enmiendas significativas a través de mi colaboración incondicional a aquellos a quienes he traicionado”.
El acuerdo de culpabilidad de Rocha le obliga a compartir con el gobierno estadounidense “una evaluación completa y detallada del daño que cometió”, de acuerdo con documentos judiciales.
El senador Rubio destacó en su carta al secretario Blinken que había una multitud de señales para sospechar de Rocha pero que todas fueron ignoradas, permitiéndole acceder a información confidencial de seguridad nacional.
En ese contexto, Rubio pidió una actualización de las “lagunas” que permitieron que Rocha trabajara en secreto por más de 40 años para la inteligencia cubana y qué acciones acometerá el gobierno para que esto no ocurra nuevamente.
“¿Qué lagunas de contrainteligencia permitieron a Rocha trabajar sin ser detectado como espía cubano durante toda su carrera en el Departamento de Estado? ¿Qué explica el fracaso de los procesos interinstitucionales para compartir con el Departamento de Estado información crítica sobre Rocha poseída por la CIA y el FBI? ¿Cómo mejorará el Departamento de Estado las medidas de contrainteligencia y seguridad actuales?”, son algunas de las preguntas del senador al secretario Blinken.
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