El Procurador General de Nicaragua, Alberto Novoa, dijo que la decisión de la Contraloría no es más que una presión política del Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, opositores a Bolaños.
La decisión de pedir la destitución del presidente nicaragüense la tomaron los cinco contralores, tres liberales y dos sandinistas.
Esta resolución se sucede después de varios meses de solicitarle a Bolaños que colaborara con la auditoria por supuestos delitos electorales, sin obtener respuesta del mandatario.
La auditoria fue iniciada a petición del Juzgado Primero del Crimen de Managua, en donde la Fiscalía denunció al actual presidente y a otras treinta personas vinculadas al Partido Liberal Constitucionalista por cometer supuestos delitos electorales durante la campaña del 2001.