El acceso del Estado al capital de Globovisión tiene lugar después de la liquidación, por la Superintendencia de Bancos, del Sindicato Ávila, sociedad accionista propiedad del empresario Nelson Mezerhane, acusado de delitos financieros y del que Venezuela pide la extradición desde Estados Unidos. En el mismo caso se encuentra Guillermo Zuloaga, dueño de Globovisión, quien también está en Estados Unidos.
Mezerhane afirmó que no había vendido sus acciones y por ende el gobierno no tenía control sobre el canal.
Según el analista político y ex asesor de Globovisión, Esteban Gerbasi, es evidente que ahora Chávez terminará manejando al canal de televisión.
"Los venezolanos lo sabemos, y vemos cómo las libertades todos los días están amenazadas y cómo un canal como Globovisión tiene que acabar diluyéndose poco a poco en el tiempo", afirmó.
Reporteros destacó que Globovisión ha recalcado que se necesita el 65% de las acciones para cambiar la administración de la empresa.
No obstante, la preocupación es grande. Reporteros ha denunciado que Globovisión está en el punto de mira del poder ejecutivo por su presunta actitud durante el golpe de Estado de abril de 2002, aunque nunca fue condenada por tal motivo.
La empresa es objeto de varios procedimientos de suspensión y amenazas de cierre, y el gobierno de Venezuela se acerca cada vez más a la posibilidad de dominar todo el espacio televisivo abierto en el país, advirtió Reporteros.
La entidad, con sede en París, ha denunciado otras amenazas a la libertad de expresión en Venezuela. Por ejemplo, un proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se está debatiendo en la Asamblea Nacional tiene disposiciones que amenazan la independencia de las ONG locales.
Otro tema de inquietud es la aplicación a Internet de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Apoyándose en esa ley, el gobierno - en realidad el presidente - requisa todas las ondas abiertas para los largos discursos de sus "cadenas" o mensajes. Este mismo texto, añade Reporteros, también permite suspender un medio de comunicación por motivos confusos como puede ser el hecho de publicar o emitir una noticia susceptible de "provocar la conmoción social y al desorden público".
Reporteros señaló que el apartado dentro de dicha ley, sobre los Servicios de los Medios Electrónicos, elaborado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), le daría al Estado la posibilidad de garantizar que un contenido en Internet "sea apto, en particular para los niños, niñas y adolescentes".
Tal fórmula hace sospechar que la protección de la infancia no será el único criterio de aplicación de la futura legislación, concluyó Reporteros sin Fronteras.