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Derechos Humanos

Citado y amenazado activista de UNPACU Yanier Joubert en Guantánamo

Yanier Joubert, activista de la UNPACU

El activista de UNPACU, Ernesto Oliva Torres, informó en su cuenta de Twitter que Yanier Joubert, también activista de esa organización, acudió la mañana del sábado a una citación en el gobierno municipal de Guantánamo.

Según informó Yanier Joubert posteriormente, fue amenazado con que su caso sería presentado ante tribunales, y que sería llevado a prisión si no paga las multas, a su juicio, arbitrarias.

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Campaña "Pa' la Calle" busca unir activistas y pueblo en un mismo reclamo

José Díaz Silva y Lourdes Esquivel, matrimonio de activistas, participan en la campaña Pa' la Calle.

Activistas por los derechos humanos y ciudadanos en diferentes lugares de Cuba se unieron de manera espontánea a manifestaciones autónomas de rechazo a la represión gubernamental dentro de la campaña "Pa' la Calle".

En los reclamos, los manifestantes ratificaron su compromiso de acción cívica en las calles por la recuperación de los derechos y libertades del pueblo cubano y por un cambio verdaderamente democrático, destacó un reporte de Asamblea de la Resistencia Cubana.

José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositor Por Una Nueva República y uno de los promotores de la iniciativa, celebró que están participando organizaciones de diferentes "líneas políticas con un solo pensamiento: el de la libertad de los presos politicos de Cuba y el cese de la represión del régimen contra activistas de derechos humanos y el pueblo en general".

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A criterio de Díaz Silva, la campaña tiene un aspecto "positivo" porque cubanos de diferentes grupos en la isla se unieron con personas de la sociedad civil en general para participar.

Cubanos en la Campaña Pa' la Calle. (Foto tomada de Facebook)
Cubanos en la Campaña Pa' la Calle. (Foto tomada de Facebook)

El informe de la Asamblea de la Resistenca Cubana precisó que grupos de personas salieron a las calles vestidos de amarillo con carteles y gritando "pa´ la calle" y "libertad" en Villa Clara, La Habana, Pinar del Río, Holguín, Bayamo, Granma, Las Tunas, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Ciego de Ávila.

De igual manera familiares de activistas, también vestidos con ropa amarilla, denunciaron la represión contra sus seres queridos y contra ellos mismos en casi todas las provincias.

También aparecieron cintas y lazos amarillos en muchas calles de pueblos en Villa Clara, Pinar del Rio y Holguín. En La Habana aparecieron cintas amarillas en teléfonos públicos, en parques, sobre carteles de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y en paradas de guaguas.

Iliana Hernández: "La policía que allanó mi casa venía en busca de pintura roja" por Clandestinos

La periodista independiente y activista cubana Iliana Hernández. (YouTube)

La comunicadora y activista cubana Iliana Hernández, quien fue víctima de un allanamiento y detenida en días recientes, afirmó en entrevista con RadioTV Martí que los agentes de la policía política que requisaron su casa, realmente estaban a la búsqueda de "pintura roja".

A la pregunta de a qué atribuía esa nueva ola represiva del régimen cubano, Hernández, reportera de CiberCuba, respondió: "Yo lo atribuyo a Clandestinos. Hoy mismo una vecina ha venido a contarme que ella venía con una amiga y le preguntó a un policía qué estaban buscando y el policía le dijo: ´Pintura roja´".

"Parece que quieren establecer un vínculo entre el movimiento Clandestinos y yo. Estoy en la misma situación de todo el mundo: los sigo en la página, los sigo en Twitter para tener información de las cosas que están haciendo, pero no he hablado absolutamente con ninguno de los miembros de Clandestinos y no sé absolutamente nada (sobre ellos). Si la intención de ellos es vincularme con estos grupos, están bastante equivocados. Yo no soy clandestina, yo soy a cara descubierta", subrayó.

En otro momento de la conversación, Hernández comentó que la reacción del régimen "tiene que ver con sus vínculos con la familia de (el doctor en Ciencias Biológicas Ariel Ruiz) Urquiola, con mi oposición, con mi trabajo en Cibercuba, con lo que está generando en la sociedad que una persona exprese lo que siente sin miedo a pesar de todas las represalias".

Afirmó que con el comienzo del año, la situación para los activistas dentro de la isla es peor. "Empecé el año con un allanamiento, con una acusación. Estoy ahora mismo bajo fianza. Además estoy bajo tres amenazas: dejar de hacer ´contrarrevolución´ -yo no hago ´contrarrevolución´, yo lo que hago es revolución-; irme del país o ir presa. Esas son las alternativas".Sobre el allanamiento, Hernández explicó que "entraron con una supuesta orden de registro. Se llevaron varios artículos. La orden decía que venían por artículos de dudosa procedencia".

"En realidad -amplio-, a orden estaba un poco incompleta. No me dejaron que la viera bien. No me dejaban que me acercara a ver la supuesta orden de registro. Se llevaron mi ordenador, y dos ordenadores de mi mamá, mi teléfono, dos antenas viejas, con una se veía un televisor y otra, que estaba guardada llena de polvo porque no se usaba, una memoria flash de 16 gigs, un disco duro externo, que además está roto y un trípode que me había regalado una amiga, además de documentos sobre una denuncia que yo hice".

Iliana Hernández, durante una manifestación contra Podemos en Madrid. (Archivo)
Iliana Hernández, durante una manifestación contra Podemos en Madrid. (Archivo)

Explicó que tras el registro, "me llevaron detenida para la estación y me hicieron una acusación de ´receptación´ por los equipos, que fueron comprados en el exterior y pasaron todos por la aduana. Lo que pasa es que aquí la aduana jamás me ha dado ningún documento. Son cosas absurdas. Yo tengo documentación que garantiza que esos artículos son míos, que son comprados en el exterior, pero no me la aceptan porque dicen que eso no es una propiedad".

Hernández denunció que "en ningún país del mundo dan una propiedad por la compra de un producto, solo un recibo. Bueno, pues a mí me exigen la propiedad de estos artículos".

Human Rights Watch también acusa al régimen cubano de explotar a los médicos (VIDEO)

Médicos cubanos en Bolivia (Archivo).

Human Rights Watch (HRW) se sumó el martes a las organizaciones internacionales que acusan al gobierno cubano de explotar a sus profesionales de la salud cuando los envía al extranjero en misiones médicas.

“Nos alegra que se le dé atención médica a quien la necesite, y no nos oponemos al envío de médicos o enfermeros por parte de Cuba a sitios donde se requiere atención médica”, dijo en Nueva York Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, a la reportera de Radio Martí Carmen María Rodríguez.

“Lo problemático en el caso de Cuba son las condiciones a las que someten a quienes son enviados al extranjero: muchas veces se les separa de sus familiares, y con frecuencia se les paga una fracción de lo que el gobierno que recibe sus servicios paga por ellos; el resto va al cofre gubernamental de La Habana”, declaró Roth.

Le parece magnífico que el gobierno cubano quiera enviar a personas a trabajar a otros países, pero esos trabajadores tienen que hacerlo libremente y con el beneficio de su salario completo, añadió el director de HRW en la entrevista con Rodríguez.

La Habana no ha contestado una carta remitida en noviembre por Naciones Unidas en la cual califica de variante moderna de la esclavitud las condiciones de trabajo de los médicos cubanos en tales misiones.

“Las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional de Trabajo”, dice el documento. “El trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud”.

La exportación de servicios profesionales, especialmente los de salud, se ha convertido en el primer renglón de ingresos del Estado cubano. De acuerdo con cifras proporcionadas por La Habana, en 2019 Cuba habría recibido más de 6 mil millones de dólares por las misiones médicas en 67 países.

La carta de Naciones Unidas fue remitida por la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, habla durante la presentación del informe sobre derechos humanos del 2020 en la sede de la ONU, en Nueva York, el martes.
Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, habla durante la presentación del informe sobre derechos humanos del 2020 en la sede de la ONU, en Nueva York, el martes.

Cuestiona también el carácter “voluntario” de las misiones, considerando que “muchos médicos se sienten presionados para acogerse a dichas misiones y temen represalias por parte de gobierno de Cuba si no participan”.

En muchos de los países adonde van a prestar sus servicios no les hacen contratos individuales de trabajo, y cuando los hacen, las autoridades cubanas se quedan con ellos y no se los entregan, indica la carta.

El gobierno cubano retiene una parte significativa del pago, y cuando el salario completo se entrega directamente al profesional de la salud, ella o él tiene que entregarle al gobierno entre el 75 por ciento y el 90 por ciento de lo que haya percibido, apunta las relatoras de Naciones Unidas.

“En muchos casos, el salario entregado al personal médico no le permitiría vivir dignamente”, dicen. Además, el gobierno de Cuba estaría <<congelando>> una parte del salario, al cual los médicos pueden acceder solo cuando regresen al país y, aun así, tampoco siempre reciben la totalidad del monto pendiente.

OCDA demanda al régimen poner fin al exilio forzado de los cubanos

Regis Iglesias en Radio y Televisión Martí

La Organización Democrata Cristiana de las Américas (ODCA) demandó este lunes el fin del exilio forzado de los cubanos e hizo un llamado a la comunidad internacional a respaldar el derecho de los nacidos en Cuba a vivir en su patria.

"Uno de los derechos más vulnerados durante el actual régimen totalitario cubano es el derecho de los cubanos a vivir en su propia Patria y, consecuentemente, el derecho a circular y residir en el lugar del país que prefiera y el derecho a entrar y salir libremente de su país, tal como lo consigna el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos", señaló la organización en un comunicado.

ODCA se refirió al caso al caso del ex prisionero político Regis Iglesias Ramírez, Portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, al que no dejaron entrar a Cuba en diciembre a pesar de tener todos sus documentos en regla.

La Organización Demócrata Cristiana de América reiteró que la práctica del exilio forzoso ejecutada por las autoridades cubanas es una franca violación a los principios del derecho internacional.

"Si hay un derecho que, en principio, es absoluto, es el derecho a vivir en la patria, ya que según la doctrina internacional es un atributo de la personalidad, al igual que el nombre y la nacionalidad. La mantención de esta facultad es, por tanto, contraria al derecho internacional y solo un mecanismo de las dictaduras para mantener fuera de su territorio a los disidentes políticos", subrayó.

Todas las convenciones internacionales -advierte ODCA- prohíben la expulsión de los nacionales y excluyen la posibilidad de restringir el ingreso al país donde se nace. La organización demanda al régimen de La Habana "que levante la medida que impide el ingreso a Cuba a todos los disidentes cubanos y restablezca el derecho a regresar y vivir en Cuba".

La entidad continental reafirmó, además, "la necesidad de restablecer todos los derechos ciudadanos del pueblo cubano".

En noviembre pasado, cuatro relatores de Naciones Unidas denunciaron ante esa organización la existencia de un “patrón de persecución” contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas críticos con el régimen en Cuba y la coacción sistemática para forzarlos a salir del país.

Reporte de Human Rights Watch resalta violaciones a los DDHH en Cuba

La policía cubana arresta a manifestantes en la marcha LGTBI en La Habana, el 11 de mayo de 2019.

“El gobierno cubano continúa la represión y castigos contra los disidentes y las críticas públicas (al gobierno)”, afirmó Human Rights Watch durante la presentación de su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

El informe fue presentado por Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, en la sede la de ONU, en Nueva York el martes. El informe recoge la situación de los derechos humanos en más de 90 países.

En el caso particular de Cuba, el documento subrayó que los arrestos breves y arbitrarios de defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil fueron más bajos en el 2019 que en los 12 meses anteriores, pero aun así continúan altos, con unas 1,800 detenciones reportadas hasta agosto.

“El gobierno continúa usando tácticas represivas contra sus críticos, incluyendo golpizas, escarnios públicos, restricciones de viaje y despidos de empleos. En febrero, una nueva Constitución de la República de Cuba fue aprobada en referendo, que entró en vigor en abril. Antes de la consulta popular, las autoridades reprimieron a los activistas que se oponían a su adopción, incluyendo allanamientos, detenciones cortas y bloqueos de varias páginas web que eran consideradas críticas del régimen”, precisó el documento.

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, habla durante la presentación del informe sobre derechos humanos del 2020 en la sede de la ONU, en Nueva York, el martes.
Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, habla durante la presentación del informe sobre derechos humanos del 2020 en la sede de la ONU, en Nueva York, el martes.

Las detenciones

Las detenciones arbitrarias son para presionar e intimidar a sus críticos, activistas independientes, opositores políticos y otros.

Según el informe, el número de detenciones cortas y arbitrarias, que se habían incrementado dramáticamente entre el 2010 y el 2016 –desde unas 172 como promedio por mes a 827-, comenzaron a disminuir en el 2017, de acuerdo con la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

Según la misma fuente, el número de detenciones arbitrarias reportadas continuó bajando en el 2019, con 1,818 de enero a agosto, una disminución del 10 por ciento en comparación con las 2,024 reportadas durante el mismo período en el 2018.

“Los oficiales de la seguridad raramente presentan órdenes de arresto para justificar las detenciones de sus críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados después de recibir advertencias, que los fiscales pueden usar en subsiguientes juicios para mostrar un patrón de comportamiento delictivo”, explicó el reporte.

“Las detenciones son usadas con frecuencia para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o reuniones con fines políticos. Los detenidos son con frecuencia golpeados, amenazados e incomunicados por horas o días”, dice el informe de Human Rights Watch.

El documento señaló que los agentes de la seguridad presionan, maltratan y detienen de manera rutinaria a las Damas de Blanco antes o después de la misa del domingo.

Boris González Arenas, periodista independiente y colaborador de Diario de Cuba, fue arrestado durante la Marcha del Orgullo LGBT el 11 de mayo, en La Habana.
Boris González Arenas, periodista independiente y colaborador de Diario de Cuba, fue arrestado durante la Marcha del Orgullo LGBT el 11 de mayo, en La Habana.

Sin libertad de expresión

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, Cuba tiene el “clima más restrictivo para la prensa en Las Américas”.

“Un pequeño número de periodistas independientes y blogueros se las arreglan para escribir artículos para portales y blogs o publican tuit. El gobierno rutinariamente bloquea el acceso dentro de cuba a esos portales. En febrero, antes del referendo sobre la nueva Constitución, bloqueó varias páginas de internet que considera críticas del régimen, incluyendo 14ymedio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet. Desde entonces, ha continuado bloqueando otras páginas”.

El texto subrayó que “solo una fracción de cubanos” pueden leer páginas de internet y blogs independientes debido al alto costo y limitado acceso a la internet.

“Los periodistas independientes que publican informaciones consideradas críticas del gobierno son rutinariamente sujetos a acosos, violencia, campañas de descrédito, restricciones de viaje, allanamientos en sus casas y oficinas, confiscación de sus materiales y arrestos arbitrarios. A los periodistas se les mantiene detenidos sin comunicación, al igual que a los artistas y académicos que demandan mayores libertades”, precisó el reporte.

Como parte de esos esfuerzos del régimen, el decreto 370/2018 sobre la “informatización de la sociedad” entró en vigor y convirtió en ilegal para los cubanos tener una página web con servidores en un país extranjero. La nueva ley –apuntó el reporte- puede afectar directamente a la mayoría de las páginas de internet independientes y blogs críticos del gobierno. El decreto oficial también prohíbe la diseminación de información “contraria a los intereses sociales, la moral, las buenas maneras y la integridad de las personas”.

El informe también puntualizó que, en abril, el decreto 349 estableció restricciones amplias y vagas sobre las expresiones artísticas, al prohibir actuaciones o cualquier otra expresión artística en lugares públicos o privados sin la expresa autorización del Ministerio de Cultura.

“Aquellos que contraten o hagan pagos a personas por servicios artísticos sin autorización, están sujetos sanciones, como también los artistas. Entre las sanciones están multas, confiscaciones de materiales, cancelación de eventos artísticos y revocación de licencias”, indicó el reporte.

Régimen cubano continúa presionando para que opositor declare en contra del líder de UNPACU
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Los prisioneros políticos

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, hasta octubre, precisó que el régimen mantiene en cárceles a 109 prisioneros políticos.

El informe de Human Rights Watch subrayó que el gobierno le niega el acceso a las prisiones al grupo. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional sospecha –según el reporte- que existen más prisioneros políticos cuyos casos no ha podido documentar.

Human Rights Watch enfatizó que quienes critican al gobierno enfrentan la amenaza de enjuiciamientos y no cuentan con garantías procesales porque las cortes están subordinadas a las ramas ejecutiva y legislativa.

Entre los casos más conocidos de arrestos arbitrarios está el de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien fue detenido en su casa por agentes de la policía. Hasta el momento –precisó el informe-, no se le ha informado sobre cuáles son las acusaciones formales contra él y no ha sido presentado ante un juez.

Un oficial de inmigración chequea el pasaporte de un ciudadano en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. (REUTERS/Stringer)
Un oficial de inmigración chequea el pasaporte de un ciudadano en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. (REUTERS/Stringer)

Las restriciones a los viajes

Human Rights Watch subrayó que desde el 2003, muchas personas a las que anteriormente se les había negado el permiso para viajar pudieron hacerlo, incluyendo defensores de los derechos humanos y blogueros independientes, pero las reformas, sin embargo, “dieron al gobierno poderes discrecionales amplios para restringir los viajes sobre la base de ´defensa de la seguridad nacional´ y ´otras razones de interés público´. Las autoridades han continuado negando la salida a personas que expresan opiniones disidentes”.

Las cárceles

Las prisiones están saturadas y los prisioneros son obligados a trabajar 12 horas diarias y castigados si no cumplen las cuotas diarias, según un exprisionero político citado en el informe.

“Los prisioneros no tienen un mecanismo efectivo para quejarse por abusos. Aquellos que critican al gobierno o llevan a cabo huelgas de hambre u otras formas de protesta, con frecuencia terminan en aislamiento solitario, son golpeados, ven restringidas las visitas familiares o se les niega asistencia médica”.

Sin derechos laborales

En otra parte del reporte, Human Rights Watch apuntó que, aunque el gobierno actualizó su Código de Trabajo en 2014, La Habana continúa violando las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, en el tema de la libertad de asociación. “Aunque la ley cubana técnicamente permite la formación sindicatos independientes, en la práctica Cuba solo permite los sindicatos controlados por el gobierno: la Central de Trabajadores de Cuba”.

Los defensores de los derechos humanos

En el acápite dedicado al monitoreo de los derechos humanos, el texto advirtió que el régimen se niega a reconocer esa práctica como una actividad legítima y les niega reconocimiento a los grupos de derechos humanos locales.

“Las autoridades gubernamentales han acosado, asaltado y encarcelado a los defensores de los derechos humanos que han tratado de documentar estos abusos”.

El reporte citó el caso de Ricardo Fernández Izaguirre, un defensor de los derechos humanos y periodista, quien fue arrestado después de salir de las oficinas centrales de las Damas de Blanco en La Habana, donde había estado documentando violaciones a los derechos de libertad religiosa. Fue liberado tras nueve días en prisión”.

Un activista LGBTI discute con un policía el sábado 11 de mayo, durante la marcha gay convocada por la sociedad civil.
Un activista LGBTI discute con un policía el sábado 11 de mayo, durante la marcha gay convocada por la sociedad civil.

La comunidad LGBT

El documento de Human Rights Watch precisó que el gobierno cubano decidió retirar del borrador de la nueva Constitución, aprobada en febrero del 2018, lenguaje que hubiera redefinido el concepto de matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo.

En mayo –señaló el informe-, las fuerzas de seguridad arremetieron contra una protesta en La Habana que promovía los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Como parte de la arremetida, varios activistas fueron detenidos.

“La protesta, que no estaba autorizada, fue organizada después de que el gobierno anunciara que había cancelado la Marcha del Orgullo Gay del 2019 en Cuba”, afirmó el documento.

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