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América Latina

CIDH denuncia aumento de ataques a la prensa y violaciones a DDHH en Nicaragua

Nicaragüenses protestan en Costa Rica contra el presidente Daniel Ortega.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la escalada de ataques a la prensa, la censura y clausura de medios de comunicación, y la detención arbitraria y enjuiciamiento de periodistas en Nicaragua.

La Comisión también ha documentado la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales, así como condiciones de detención que violan los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familias.

Durante las primeras semanas del año, el MESENI de la CIDH recibió información sobre la detención de Wilfredo Brenes Domínguez, Karla y Fernando Escobar Maldonado y Ramón Javier Cerrato ocurrida en el barrio Fox el 2 de enero, y la de Keneth Martínez, ocurrida en el barrio Monimbó el 3 de enero. Para estas detenciones la Policía habría desplegado unos treinta efectivos antimotines acompañados de perros. Además, el 11 de enero, en el poblado El Jícaro en Nueva Segovia, fueron detenidos Jorge García y Salvador Orozco por realizar pintadas de protesta contra el Gobierno en letreros públicos. En el momento de la detención fueron llevados a la delegación del Jícaro y luego a la delegación departamental del Jocotal. Sin embargo, durante cuatro días a partir de su detención, sus familiares no tuvieron información precisa sobre su paradero, ninguno de los dos había sido presentado ante un juez, ni se conocía la imputación legal que habría justificado la detención. Finalmente, Jorge García y Salvador Orozco fueron liberados de la estación policial el 19 de enero.

Lo anterior pone de relieve la gravedad de la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias ininterrumpido en el que la detención preventiva pierde su función cautelar y constituye la regla general para castigar a quienes manifiestan su disidencia con el Gobierno. La CIDH recuerda al Estado que una detención es ilegal o arbitraria cuando se produce fuera de las hipótesis previstas en la ley, o cuando es utilizada para fines diferentes a los previstos y sin las estrictas formalidades establecidas en la norma. La CIDH hace presente, además, que las detenciones ilegales y arbitrarias constituyen verdaderas penas aplicadas sin que se haya llevado a cabo un debido proceso legal.

La Comisión también recibe con profunda preocupación el aumento de las denuncias de malos tratos y castigos físicos contra mujeres y hombres recluidos en las cárceles conocidas como La Esperanza y La Modelo. A través del MESENI, la Comisión tomó conocimiento de que la noche del 31 de diciembre en la cárcel La Modelo, un grupo de antimotines, armados con fusiles de guerra AK 47, con gas pimienta y con perros agredieron a un grupo de internos que había entonado el himno nacional. También se conoció sobre la golpiza recibida el 11 de enero por Francisco Sequeira, recluido en dependencias de máxima seguridad de la cárcel La Modelo. La agresión habría sido cometida por varios funcionarios, como represalia por la eventual grabación de un video en el que el interno Chester Membreño habría comunicado su testimonio desde el interior de la unidad penal. Sequeira habría sido rociado con gas pimienta y, luego de la agresión, dejado en su celda sin atención médica. Similares denuncias llegaron a la CIDH sobre la agresión, el 16 de enero, contra Kenia Gutiérrez, recluida en la cárcel La Esperanza. Según la denuncia pública, la detenida habría comparecido a su primera audiencia de juicio con marcas visibles de golpes en los brazos, los que habría recibido de una funcionaria penitenciaria como represalia por haber brindado agua a otra mujer detenida. En el mismo contexto, la CIDH ha tomado conocimiento de que los días 23 y 24 de enero, agentes penitenciarios realizaron allanamientos en las galerías 16-1 y 16-2 de la cárcel la Modelo e inutilizaron los alimentos no perecibles de las personas privadas de libertad en el lugar. Además se habrían apropiado de varios utensilios y productos de primera necesidad que regularmente traen los familiares de los detenidos para su aseo personal, lo que podría afectar sus condiciones de salud e integridad.

La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, expresó que "se trata de un conjunto de prácticas que reflejan el uso de la privación de la libertad como un modo de criminalizar, sancionar y neutralizar la protesta social, desnaturalizando las funciones excepcionales que debería cumplir la privación de la libertad en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”. La Comisionada añadió: "reitero el llamado al Estado al cese de la represión, así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares y al restablecimiento de las garantías del debido proceso”.

Asimismo, la CIDH recibió información sobre personas privadas de la libertad que no estaría recibiendo la debida atención médica. En este marco, la CIDH expresa su especial preocupación por el caso de María Mercedes Chavarría, que se encuentra con parte importante de su cuerpo paralizada sin que se haya brindado información sobre su estado de salud, ni se haya provisto la atención médica que requiere. También se recibieron antecedentes de la operación de reparación del marcapaso a la que fue sometida el 7 de enero Ruth Matute, detenida también en la cárcel La Esperanza, y quien tuvo que ser intervenida de suma urgencia debido a la desatención por las autoridades penitenciarias de la seria condición médica que padece.

La Comisión ha expresado en reiteradas ocasiones la grave violación a los derechos humanos que constituye la falta de atención médica adecuada a las personas privadas de libertad. La CIDH recuerda nuevamente a las autoridades del Estado de Nicaragua su insoslayable obligación de garantizar la integridad física de las personas que se encuentran bajo su custodia y de brindar las condiciones sanitarias y de atención médica adecuada. La Comisión recuerda que el incumplimiento de esta obligación, en particular cuando se trata de personas confinadas bajo el control de agentes estatales, constituye una seria violación a los derechos humanos.

El Relator para Personas Privadas de la Libertad, Comisionado Joel Hernández, expresó que “las condiciones de reclusión deben tener en cuenta el especial deber de protección del Estado con la integridad y salud de las personas recluidas”. Asimismo, añadió que "el Estado de Nicaragua debe modificar las prácticas en su sistema penitenciario para cumplir con los estándares a los que está obligado”.

Sobre la situación de las personas privadas de libertad, la CIDH toma nota que la delegación del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua el 23 de enero de 2019 tuvo acceso a las personas detenidas en los centros de detención denominados La Esperanza y El Chipote. Si bien la visita confirmó las preocupaciones sobre la salud de las personas detenidas y sobre las condiciones generales de reclusión, la CIDH toma nota de la apertura del Gobierno para facilitar la visita y el contacto con los detenidos.

En las últimas semanas sigue la ofensiva para cerrar y censurar medios de comunicación independientes, detener y encarcelar periodistas y forzar al exilio a los nombres más importantes del periodismo nicaragüense. La CIDH ya había denunciado los ataques a la prensa ocurridos desde el inicio de la crisis, entre los que se encuentran La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12 y el equipo periodístico de Canal 10 de Nicaragua (Comunicado R267/18). En este mismo ámbito, la Comisión recibió información sobre la criminalización de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, Jefa de Prensa y Director del canal de televisión 100% Noticias, quienes fueron detenidos el 21 de diciembre y luego acusados de “proposición y conspiración para cometer actos terroristas y apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio”, junto a otros tres trabajadores de la prensa, Jaime Arellano, Jackson Orozco, y Luis Chavarría Galeano, quienes habrían abandonado el país.

La Policía Nacional mantiene el control y ocupación de las plantas y equipos de las redacciones de 100% Noticias y el medio digital El Confidencial. El ente regulador de las telecomunicaciones suprimió de la grilla de la televisión para abonados canales con líneas editoriales independientes, como 100% Noticias. Asimismo, el Canal 12 ya no transmite los programas “Esta Semana” y “Esta Noche”, que se producían en las instalaciones de El Confidencial. Las autoridades mantienen retenidas en la aduana las importaciones de papel realizadas por el histórico diario La Prensa, que publicó su portada en blanco como una forma de denunciar este nuevo mecanismo de censura, mientras que anunció el inminente cierre de su edición papel debido a la medida.

A lo largo de los últimos tres meses, se han exiliado más de 60 periodistas nicaragüenses debido a amenazas provenientes de distintos grupos controlados por el Estado. En paralelo, el Gobierno favorece al duopolio que mantiene el control de la mayor parte de la televisión y la radio en Nicaragua. De acuerdo a información pública, uno de esos grupos estaría constituido por miembros da familia del Presidente y la Vice Presidenta del país.

“La democracia y el Estado de Derecho son incompatibles con la criminalización de la prensa independiente. El uso del derecho penal para castigar la emisión de información u opiniones, conforme a un criterio fuertemente asentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, viola abiertamente sus estándares. El Estado de Nicaragua debe cesar inmediatamente los ataques a la prensa independiente y mostrar cuanto antes apego a los principios democráticos”, sostuvo el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han manifestado su preocupación por la garantía de los derechos sociales en Nicaragua, en relación con los actos de represión por parte del Estado desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018. Recordando que dichas protestas siguieron al anuncio de una reforma del seguro social, la REDESCA de la CIDH manifiesta su preocupación ante la adopción del Decreto Presidencial No. 06-2019 en la materia, publicado el 1 de febrero. Dicho decreto contiene reformas al “Reglamento General de la Ley de Seguridad Social” sobre la base de la resolución 1/325, del 28 de enero de 2019 del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Entre otros aspectos, la reforma implica aumentos en las cotizaciones de trabajadores y empleadores, omite referirse a la actualización periódica de las pensiones ahora en el 5% anual, e introduce modificaciones en el cálculo de las mismas que puede suponer una disminución de hasta el 30% en las nuevas pensiones. Recordando el carácter progresivo de los derechos sociales y ambientales, la REDESCA expresa su preocupación por el carácter prima facie regresivo de tales reformas y su potencial impacto negativo para los derechos humanos de la población nicaragüense, en particular para los derechos laborales, el derecho a la seguridad social y los derechos de las personas mayores.

La CIDH y la REDESCA también han recibido información que indica que las reformas son decretadas sin un apropiado proceso de consultas, información y diálogo con los diferentes sectores afectados. Un Decreto presidencial no resulta la vía adecuada para la realización de reformas que afecten derechos sociales y puedan suponer retrocesos en relación con los niveles de progreso ya alcanzados por Nicaragua en el cumplimiento de obligaciones relativas a DESCA. La CIDH y su REDESCA recuerdan que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos interamericanos y universales vigentes requiere que cualquier medida que afecte al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tenga la consideración más cuidadosa y se justifique plenamente en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos disponibles. Además, la toma de decisiones debe producirse en el marco de procesos transparentes y ampliamente informados, asegurando una amplia y efectiva participación social que permita a las autoridades evaluar el impacto y considerar con seriedad todas las alternativas diferentes a la adopción de medidas de naturaleza regresiva.

Asimismo, la REDESCA reitera que una reforma al sistema del seguro social debe tomar en cuenta no sólo una perspectiva económica o financiera, sino fundamentalmente de derechos humanos. "Cualquier proceso de reforma legislativa que afecte derechos sociales debe garantizar la participación ciudadana y evaluar exhaustivamente el impacto para la realización de tales derechos antes de su adopción”, manifestó Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH.

La CIDH urge a restablecer las condiciones propias de un Estado de Derecho en Nicaragua. El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, destacó: “Es muy preocupante que junto al cierre paulatino de los espacios democráticos en el país, también persistan las amenazas a la integridad y a la libertad de las personas. Asimismo, reiteramos el llamado a que el Gobierno de Nicaragua se abra al escrutinio internacional en materia de derechos humanos”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Expresidente peruano Alejandro Toledo arrestado en California

Alejandro Toledo en su campaña presidencial el 7 de abril de 2011. Foto Archivo AP/Martin Mejia.

El expresidente de Perú Alejandro Toledo fue arrestado el martes en su residencia de California y aguarda una decisión de la Justicia estadounidense para su posible extradición.

Toledo está acusado de haber recibido coimas de hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecerlo en sus negocios en Perú cuando estaba en a presidencia.

El actual presidente de Perú, Martín Vizcarra, había prometido que lo llevaría ante la Justicia antes de dejar su cargo de Presidente de la República.

"Alejandro Toledo estará aquí afrontando a la justicia. Es un compromiso que asumo", aseguró el mandatario en una entrevista a Radio Santa Rosa a finales de 2018.

El martes tras conocer la detención del expresidente Toledo, Vizcarra declaró: “Tenemos que ser conscientes que la justicia puede tardar, pero llega. Hoy también, hemos tomado conocimiento de la detención del expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos, iniciando un proceso de extradición que esperemos que se cumpla en el menor plazo posible”.

“Todas las personas y principalmente las autoridades deben dar cara a la justicia. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y tienen que tener la valentía de enfrentar a la justicia aquí en el país, donde debe ser”, dijo el actual presidente.

La situación de Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, quedó en manos de jueces de California, que debatirán ahora si debe ser enviado a su país para afrontar las

Toledo ha denunciado que está siendo víctima de una persecución política.

La constructora brasileña Odebrecht ha causado el mayor escándalo por sobornos de la historia de Brasil y en el caso de Perú ha reconocido haber ofrecido pagos multimillonarios para emprender grandes proyectos de obras públicas durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

[Con información de agencias, redes sociales, periódico Gestión y Canal N]

Human Rights Watch pide a EEUU más presión sobre Daniel Ortega

Testimonio gráfico del sentimiento popular en Nicaragüa

Human Rights Watch presentó este martes un amplio informe sobre la represión del régimen Daniel Ortega-Rosario Murillo contra la población nicaragüense desde abril del pasado año.

En este documento, la organización defensora de los derechos humanos subraya la necesidad de que el Gobierno de Donald Trump tome medidas, aplicando sanciones tanto a Ortega como a la cúpula del poder que lo secunda.

“Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses" –advierte José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch- "creen que pueden cometer impunemente abusos aberrantes sin enfrentar ninguna consecuencia".

"La imposición de nuevas sanciones por el gobierno de Estados Unidos es clave para redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses para que pongan fin a los abusos y restablezcan las garantías básicas de derechos humanos en Nicaragüa”, recalcó Vivanco.

En ese contexto, Human Rights Watch dio su respaldo a los esfuerzos de los senadores Bob Menéndez y Ted Cruz, quienes enviaron una carta a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en la que manifiestan su preocupación por las constantes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

En dicha carta, ambos senadores resaltan el ensañamiento en las torturas y vejaciones a los manifestantes detenidos por parte de la Policía Nacional y los grupos paramilitares, y piden sanciones para Daniel Ortega y otros ocho funcionarios.

Unión Europea prepara más sanciones contra oficiales de Maduro

Maduro reunido con el alto mando militar en Miraflores el 30 de abril.

La Unión Europea está preparando nuevas sanciones contra oficiales de las fuerzas de seguridad venezolanas involucrados en violaciones de derechos humanos, dijo el martes la jefa de política exterior del bloque, luego de la muerte de un capitán de la marina en medio de denuncias de tortura.

Federica Mogherini sostuvo que la muerte de Rafael Acosta mientras estaba bajo custodia por presunta participación en un complot para un golpe de Estado fue un "claro ejemplo" del deterioro de la situación en el país bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"La UE está decidida a comenzar a aplicar medidas específicas a los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos", dijo Mogherini en un comunicado.

El 11 de julio, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la agencia de contrainteligencia militar de Venezuela luego de la muerte de Acosta.

Mogherini también advirtió que si no hubiera progreso en las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Maduro para resolver la crisis política de la nación sudamericana, la UE aumentaría las sanciones.

"En caso de que no haya resultados concretos de las negociaciones en curso, la UE ampliará aún más sus medidas específicas", dijo Mogherini.

"También se recuerda que estas medidas se pueden revertir en caso de que se logren avances sustanciales hacia el restablecimiento de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela", añadió.

Situación en Venezuela a discusión en el Consejo Permanente OEA

Sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación en Venezuela.

El Consejo Permanente de la OEA abordará la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En el encuentro, que tendrá lugar este miércoles 17 de julio a las 10:00 (hora del Este), participarán la abogada Tamara Suju, directora del Instituto Casla y Esmeralda Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El coloquio sesionará en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, DC para “para considerar la situación de los derechos humanos en Venezuela, entre otros temas”, según nota de prensa del organismo regional.

Participarán además Valentina Ballesta, representante de Amnistía Internacional y Tamara Taraciuk Broner, representante de Human Rights Watch.

La semana pasada el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fustigó fuertemente la presencia cubana en Venezuela.

En la conferencia “Crímenes Internacionales en Venezuela” Alamagro denunció que es impensable el regreso a la democracia en esa nación mientras continúe la injerencia cubana.

Almagro declaró que incluso podrá haber “un lavado de cara semi-institucional, pero no retorno a la democracia, a las garantías públicas. Porque yo no conozco ningún país en el mundo, y menos en este continente, en el cual Cuba haya jugado un papel para restaurar la democracia en ese país; nunca ocurrió y no va ocurrir esta vez, lo siento mucho”, lamentó.

Gobierno y oposición de Venezuela retoman diálogo en Barbados

Una mujer con el rostro pintado con los colores de la bandera venezolana participa en una protesta en Caracas. (Archivo)

En medio de las fricciones generadas tras la detención de dos integrantes del equipo de seguridad del líder opositor Juan Guaidó, el gobierno y la oposición se disponían este lunes a retomar las negociaciones en la isla caribeña de Barbados, promovidas por Noruega, para abrir el camino a un diálogo que permita una salida pacífica a la crisis venezolana.

La delegación opositora anunció en Twitter la noche del domingo el regreso a Barbados para proseguir las negociaciones que se reiniciaron el 8 de julio luego de varias semanas de suspensión. Ambas partes decidieron a mediados de la semana pasada viajar a Caracas para consultas y luego regresar a la isla caribeña.

“¡Seguimos trabajando hasta alcanzar nuestra meta!”, afirmó la noche del domingo en su cuenta de Twitter el jefe de la delegación opositora y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, quien indicó que el objetivo que se han trazado es “poner fin al sufrimiento de los venezolanos”.

Por su parte, los representantes del gobierno dijeron que esperan que las conversaciones "desactiven las agresiones" contra Venezuela, según un video publicado en Twitter por el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez, acompañado del canciller Jorge Arreaza y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, todos miembros de la delegación oficialista.

La detención de dos miembros del equipo de seguridad de Guaidó por parte de las autoridades quienes los señalaron el sábado de intentar vender armas que presuntamente fueron usadas durante la fallida rebelión militar del 30 de abril, desataron nuevas fricciones entre las partes que se temían podrían afectar el proceso de negociaciones.

Rodríguez, aprovechó el incidente para acusar a la oposición de incurrir en el engaño en medio de las conversaciones.

La oposición rechazó las alegaciones de las autoridades y señaló al gobierno de seguir “inventando ollas”. “El desespero los lleva a reaccionar pero ya es inevitable: vamos rumbo a la transición”, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter al rechazar la detención de dos miembros de su equipo de seguridad.

En las negociaciones la semana pasada las partes acordaron la instalación de una mesa permanente que tendrá como fin llegar a una “solución acordada y el marco de las posibilidades que ofrece la constitución”, indicó el gobierno noruego en un comunicado.

Durante la ronda las partes decidieron dejar el tema de las elecciones, que ha generado posiciones encontradas, hasta el final de las conversaciones, precisó una fuente.

Al celebrar el reinicio del proceso el presidente Nicolás Maduro dijo la semana pasada que la mesa de diálogo esta "funcionando" y que en el marco de las conversaciones hay una agenda de seis puntos que incluye temas políticos, sociales y económicos, sin ofrecer mayores detalles.

Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, ha planteado que independientemente del mecanismo al que se llegue la oposición seguirá trabajando en los objetivos que se propuso a inicios de año del cese del mandato de Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición y nuevas elecciones presidenciales.

La oposición sostiene que Maduro está “usurpando” el cargo desde enero tras ser reelecto el año pasado en unos comicios en los que asegura que hubo un “fraude”. Estados Unidos y varios gobiernos de la región y Europa también objetaron la reelección del mandatario.

Las partes viajaron entre mayo y junio en dos oportunidades a Noruega para tratar de avanzar hacia una negociación que permita el inicio de un diálogo que abra una salida pacífica a la crisis venezolana.

Entre 2016 y 2018 el gobierno y la oposición participaron en varias iniciativas de diálogo, con el apoyo de varios países y el Vaticano, que no llegaron a ningún acuerdo y terminaron por profundizar los enfrentamientos entre las partes.

(Con información de Associated Press y redes sociales)

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