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América Latina

CIDH denuncia aumento de ataques a la prensa y violaciones a DDHH en Nicaragua

Nicaragüenses protestan en Costa Rica contra el presidente Daniel Ortega.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la escalada de ataques a la prensa, la censura y clausura de medios de comunicación, y la detención arbitraria y enjuiciamiento de periodistas en Nicaragua.

La Comisión también ha documentado la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales, así como condiciones de detención que violan los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familias.

Durante las primeras semanas del año, el MESENI de la CIDH recibió información sobre la detención de Wilfredo Brenes Domínguez, Karla y Fernando Escobar Maldonado y Ramón Javier Cerrato ocurrida en el barrio Fox el 2 de enero, y la de Keneth Martínez, ocurrida en el barrio Monimbó el 3 de enero. Para estas detenciones la Policía habría desplegado unos treinta efectivos antimotines acompañados de perros. Además, el 11 de enero, en el poblado El Jícaro en Nueva Segovia, fueron detenidos Jorge García y Salvador Orozco por realizar pintadas de protesta contra el Gobierno en letreros públicos. En el momento de la detención fueron llevados a la delegación del Jícaro y luego a la delegación departamental del Jocotal. Sin embargo, durante cuatro días a partir de su detención, sus familiares no tuvieron información precisa sobre su paradero, ninguno de los dos había sido presentado ante un juez, ni se conocía la imputación legal que habría justificado la detención. Finalmente, Jorge García y Salvador Orozco fueron liberados de la estación policial el 19 de enero.

Lo anterior pone de relieve la gravedad de la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias ininterrumpido en el que la detención preventiva pierde su función cautelar y constituye la regla general para castigar a quienes manifiestan su disidencia con el Gobierno. La CIDH recuerda al Estado que una detención es ilegal o arbitraria cuando se produce fuera de las hipótesis previstas en la ley, o cuando es utilizada para fines diferentes a los previstos y sin las estrictas formalidades establecidas en la norma. La CIDH hace presente, además, que las detenciones ilegales y arbitrarias constituyen verdaderas penas aplicadas sin que se haya llevado a cabo un debido proceso legal.

La Comisión también recibe con profunda preocupación el aumento de las denuncias de malos tratos y castigos físicos contra mujeres y hombres recluidos en las cárceles conocidas como La Esperanza y La Modelo. A través del MESENI, la Comisión tomó conocimiento de que la noche del 31 de diciembre en la cárcel La Modelo, un grupo de antimotines, armados con fusiles de guerra AK 47, con gas pimienta y con perros agredieron a un grupo de internos que había entonado el himno nacional. También se conoció sobre la golpiza recibida el 11 de enero por Francisco Sequeira, recluido en dependencias de máxima seguridad de la cárcel La Modelo. La agresión habría sido cometida por varios funcionarios, como represalia por la eventual grabación de un video en el que el interno Chester Membreño habría comunicado su testimonio desde el interior de la unidad penal. Sequeira habría sido rociado con gas pimienta y, luego de la agresión, dejado en su celda sin atención médica. Similares denuncias llegaron a la CIDH sobre la agresión, el 16 de enero, contra Kenia Gutiérrez, recluida en la cárcel La Esperanza. Según la denuncia pública, la detenida habría comparecido a su primera audiencia de juicio con marcas visibles de golpes en los brazos, los que habría recibido de una funcionaria penitenciaria como represalia por haber brindado agua a otra mujer detenida. En el mismo contexto, la CIDH ha tomado conocimiento de que los días 23 y 24 de enero, agentes penitenciarios realizaron allanamientos en las galerías 16-1 y 16-2 de la cárcel la Modelo e inutilizaron los alimentos no perecibles de las personas privadas de libertad en el lugar. Además se habrían apropiado de varios utensilios y productos de primera necesidad que regularmente traen los familiares de los detenidos para su aseo personal, lo que podría afectar sus condiciones de salud e integridad.

La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, expresó que "se trata de un conjunto de prácticas que reflejan el uso de la privación de la libertad como un modo de criminalizar, sancionar y neutralizar la protesta social, desnaturalizando las funciones excepcionales que debería cumplir la privación de la libertad en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”. La Comisionada añadió: "reitero el llamado al Estado al cese de la represión, así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares y al restablecimiento de las garantías del debido proceso”.

Asimismo, la CIDH recibió información sobre personas privadas de la libertad que no estaría recibiendo la debida atención médica. En este marco, la CIDH expresa su especial preocupación por el caso de María Mercedes Chavarría, que se encuentra con parte importante de su cuerpo paralizada sin que se haya brindado información sobre su estado de salud, ni se haya provisto la atención médica que requiere. También se recibieron antecedentes de la operación de reparación del marcapaso a la que fue sometida el 7 de enero Ruth Matute, detenida también en la cárcel La Esperanza, y quien tuvo que ser intervenida de suma urgencia debido a la desatención por las autoridades penitenciarias de la seria condición médica que padece.

La Comisión ha expresado en reiteradas ocasiones la grave violación a los derechos humanos que constituye la falta de atención médica adecuada a las personas privadas de libertad. La CIDH recuerda nuevamente a las autoridades del Estado de Nicaragua su insoslayable obligación de garantizar la integridad física de las personas que se encuentran bajo su custodia y de brindar las condiciones sanitarias y de atención médica adecuada. La Comisión recuerda que el incumplimiento de esta obligación, en particular cuando se trata de personas confinadas bajo el control de agentes estatales, constituye una seria violación a los derechos humanos.

El Relator para Personas Privadas de la Libertad, Comisionado Joel Hernández, expresó que “las condiciones de reclusión deben tener en cuenta el especial deber de protección del Estado con la integridad y salud de las personas recluidas”. Asimismo, añadió que "el Estado de Nicaragua debe modificar las prácticas en su sistema penitenciario para cumplir con los estándares a los que está obligado”.

Sobre la situación de las personas privadas de libertad, la CIDH toma nota que la delegación del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua el 23 de enero de 2019 tuvo acceso a las personas detenidas en los centros de detención denominados La Esperanza y El Chipote. Si bien la visita confirmó las preocupaciones sobre la salud de las personas detenidas y sobre las condiciones generales de reclusión, la CIDH toma nota de la apertura del Gobierno para facilitar la visita y el contacto con los detenidos.

En las últimas semanas sigue la ofensiva para cerrar y censurar medios de comunicación independientes, detener y encarcelar periodistas y forzar al exilio a los nombres más importantes del periodismo nicaragüense. La CIDH ya había denunciado los ataques a la prensa ocurridos desde el inicio de la crisis, entre los que se encuentran La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12 y el equipo periodístico de Canal 10 de Nicaragua (Comunicado R267/18). En este mismo ámbito, la Comisión recibió información sobre la criminalización de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, Jefa de Prensa y Director del canal de televisión 100% Noticias, quienes fueron detenidos el 21 de diciembre y luego acusados de “proposición y conspiración para cometer actos terroristas y apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio”, junto a otros tres trabajadores de la prensa, Jaime Arellano, Jackson Orozco, y Luis Chavarría Galeano, quienes habrían abandonado el país.

La Policía Nacional mantiene el control y ocupación de las plantas y equipos de las redacciones de 100% Noticias y el medio digital El Confidencial. El ente regulador de las telecomunicaciones suprimió de la grilla de la televisión para abonados canales con líneas editoriales independientes, como 100% Noticias. Asimismo, el Canal 12 ya no transmite los programas “Esta Semana” y “Esta Noche”, que se producían en las instalaciones de El Confidencial. Las autoridades mantienen retenidas en la aduana las importaciones de papel realizadas por el histórico diario La Prensa, que publicó su portada en blanco como una forma de denunciar este nuevo mecanismo de censura, mientras que anunció el inminente cierre de su edición papel debido a la medida.

A lo largo de los últimos tres meses, se han exiliado más de 60 periodistas nicaragüenses debido a amenazas provenientes de distintos grupos controlados por el Estado. En paralelo, el Gobierno favorece al duopolio que mantiene el control de la mayor parte de la televisión y la radio en Nicaragua. De acuerdo a información pública, uno de esos grupos estaría constituido por miembros da familia del Presidente y la Vice Presidenta del país.

“La democracia y el Estado de Derecho son incompatibles con la criminalización de la prensa independiente. El uso del derecho penal para castigar la emisión de información u opiniones, conforme a un criterio fuertemente asentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, viola abiertamente sus estándares. El Estado de Nicaragua debe cesar inmediatamente los ataques a la prensa independiente y mostrar cuanto antes apego a los principios democráticos”, sostuvo el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han manifestado su preocupación por la garantía de los derechos sociales en Nicaragua, en relación con los actos de represión por parte del Estado desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018. Recordando que dichas protestas siguieron al anuncio de una reforma del seguro social, la REDESCA de la CIDH manifiesta su preocupación ante la adopción del Decreto Presidencial No. 06-2019 en la materia, publicado el 1 de febrero. Dicho decreto contiene reformas al “Reglamento General de la Ley de Seguridad Social” sobre la base de la resolución 1/325, del 28 de enero de 2019 del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Entre otros aspectos, la reforma implica aumentos en las cotizaciones de trabajadores y empleadores, omite referirse a la actualización periódica de las pensiones ahora en el 5% anual, e introduce modificaciones en el cálculo de las mismas que puede suponer una disminución de hasta el 30% en las nuevas pensiones. Recordando el carácter progresivo de los derechos sociales y ambientales, la REDESCA expresa su preocupación por el carácter prima facie regresivo de tales reformas y su potencial impacto negativo para los derechos humanos de la población nicaragüense, en particular para los derechos laborales, el derecho a la seguridad social y los derechos de las personas mayores.

La CIDH y la REDESCA también han recibido información que indica que las reformas son decretadas sin un apropiado proceso de consultas, información y diálogo con los diferentes sectores afectados. Un Decreto presidencial no resulta la vía adecuada para la realización de reformas que afecten derechos sociales y puedan suponer retrocesos en relación con los niveles de progreso ya alcanzados por Nicaragua en el cumplimiento de obligaciones relativas a DESCA. La CIDH y su REDESCA recuerdan que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos interamericanos y universales vigentes requiere que cualquier medida que afecte al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tenga la consideración más cuidadosa y se justifique plenamente en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos disponibles. Además, la toma de decisiones debe producirse en el marco de procesos transparentes y ampliamente informados, asegurando una amplia y efectiva participación social que permita a las autoridades evaluar el impacto y considerar con seriedad todas las alternativas diferentes a la adopción de medidas de naturaleza regresiva.

Asimismo, la REDESCA reitera que una reforma al sistema del seguro social debe tomar en cuenta no sólo una perspectiva económica o financiera, sino fundamentalmente de derechos humanos. "Cualquier proceso de reforma legislativa que afecte derechos sociales debe garantizar la participación ciudadana y evaluar exhaustivamente el impacto para la realización de tales derechos antes de su adopción”, manifestó Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH.

La CIDH urge a restablecer las condiciones propias de un Estado de Derecho en Nicaragua. El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, destacó: “Es muy preocupante que junto al cierre paulatino de los espacios democráticos en el país, también persistan las amenazas a la integridad y a la libertad de las personas. Asimismo, reiteramos el llamado a que el Gobierno de Nicaragua se abra al escrutinio internacional en materia de derechos humanos”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Renuncia vicepresidente del Tribunal Electoral de Bolivia

Consejo Electoral de Bolivia

El vicepresidente de la junta electoral de Bolivia, Antonio Costas, presentó el martes su renuncia al gobierno del presidente Evo Morales, debido a la "tonta" decisión del resto del panel de seis miembros de interrumpir la publicación de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del domingo.

En una carta dirigida al vicepresidente Álvaro García, fechada el martes, Costas dijo que la decisión había desacreditado "todo el proceso electoral, causando una convulsión social innecesaria".

La renuncia obedece a "la desatinada decisión de la Sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados", dijo en su carta de dimisión.

"Bolivia está primero", agregó Costas.

Su renuncia se produce cuando las protestas contra el gobierno continuaron por segundo día tras.

El Gobierno de Bolivia pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizar una auditoría del conteo definitivo, ante las protestas de que hubo fraude.

La mision de la OEA en Bolivia ha criticado el proceso electoral. Amnistia Internacional, Human Rights Watch y el gobierno de Estados Unidos tambien han denunciado las irregularidades.

Bolivia continúa su segundo día de protestas tras tensión electoral

Manifestaciones en Bolivia

Continúa tensa la situación para Bolivia tras las elecciones presidenciales que arrojaron como ganador a Evo Morales.

Este sería el cuarto mandato para Morales a pesar de que en 2016 el pueblo votó por el referéndum y ganó el "no" para reformar la constitución que le permitiría aspirar a una nueva reelección.

Durante el escrutinio de votos que daría a conocer el nuevo presidente de Bolivia, la divulgación fue suspendida, luego de que se conocieran las primeras cifras, horas después fue reanudada. Situación que generó dudas con respecto a la transparencia del conteo por parte del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE).

Según Carlos Mesa, periodista e historiador de 66 años quién ya había sido presidente entre 2003 y 2005 y que se enfrentaba a Morales por la presidencia del país, el TSE tiene que ofrecer una explicación a esta situación.

"De manera arbitraria, discrecional y por órdenes del gobierno de ​Evo Morales, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha incumplido el compromiso que hizo el 10 de octubre, en una reunión con periodistas y partidos políticos, de dar a conocer el conteo del TREP (transmisión de resultados preliminares electorales) al 100%".

La Organización de Estados Americanos (OEA), también se pronunció frente a estos hechos, a través de un comunicado de prensa divulgado en su cuenta oficial de twitter.

Cuba, por su parte, apoyó al recién "electo presidente" en una publicación en su periódico oficialista Granma y a través de un comentario en twitter del gobernante Díaz Canel.

Periódico Granma
Periódico Granma

Debido a esta situación los bolivianos se lanzaron a las calles a protestar lo que para ellos es un "fraude electoral".

Enfrentamientos entre los ciudadanos y la polícia han dejado decenas de heridos y detenidos, además de daños en el moviliario de la ciudad.

Durante las protestas del lunes en la noche, una multitud derrivó la estatua del fallecido Hugo Chavéz, exigiendo su respeto al voto.

Ciudadanos llamaron a un paro nacional el cual entrará en vigencia a partir de este miércoles.

Dirigentes civiles acordaron continuar con esta medida "hasta que se respete la democracia y lo expresado por el ciudadano en las urnas".

Human Rights pide a UE sancionar autoridades de Nicaragua por graves abusos

Joven herido durante manifestación por libertad de los detenidos en Nicaragua

El 14 de octubre, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea estructuraron un marco legal con el fin de imponer medidas sobre organizaciones y personas implicadas en las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, cometidas durante las manifestaciones contra el gobierno que se iniciaron en abril de 2018.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo al respecto: “Ahora que la UE cuenta con el marco legal para sancionar a altos funcionarios nicaragüenses implicados en la brutal represión de opositores, debería actuar sin demoras, prohibiéndoles el ingreso e inmovilizando activos de funcionarios clave que son responsables de gravísimos abusos. La presión es crucial para prevenir más abusos y asegurar que se haga justicia por actos que constituyen graves delitos conforme al derecho internacional”.

En julio de 2019, Human Rights Watch hizo llegar a Federica Mogherini, Alta Representante de la UE, así como a los ministros de Relaciones Exteriores de dicha institución una carta solicitando sanciones para altos cargos y funcionarios del gobierno nicaragüense, entre los cuales destacan Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, la general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional hasta septiembre de 2018; el general Francisco Díaz, quien sustituyó a la general Granera; los también generales Ramón Avellán y Jaime Vanegas, ambos altos cargos de la ya mencionada Policía Nacional.

En esta solicitud se encuentran, además, los nombres del general Luis Pérez Oliva, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, lugar tristemente conocido como El Chipote, donde fueron encerrados la mayoría de los manifestantes, siendo sometidos a crueles torturas, vejámenes, sadismo y humillaciones de toda índole, de acuerdo al reporte emitido por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, (DOEP) que, según informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) jugó un “papel central” en la brutal oleada represiva que se desató en todo José Miguel Vivancoel país centroamericano.

(Nota redactada a partir del informe de Human Rights Watch)

Inesperado giro en elecciones da triunfo a Evo; opositores llaman a huelga (VIDEO)

En Bolivia cartel de fraude

Organizaciones ciudadanas de la región oriental de Santa Cruz, bastión opositor en Bolivia, preparaban el martes una huelga para desconocer un posible triunfo del presidente Evo Morales y denunciar un presunto fraude en las elecciones, tras los disturbios de la víspera en varias ciudades.

“Vamos a parar el país en forma indefinida”, dijo el martes el líder cívico Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, donde se darán cita representantes de organizaciones ciudadanas y opositoras de todo el país para “definir medidas contra el fraude”.

En las ciudades sureñas de Potosí y Tarija fueron quemadas las oficinas del tribunal electoral. En Sucre, también al sur, las oficinas electorales fueron saqueadas. La turba incendió la sede del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales. La policía no pudo contener a la turba. También La Paz vivió una noche de protestas.

Protestas violentas al grito de "fraude"
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Todo comenzó cuando, 24 horas después de interrumpir la transmisión de conteos rápidos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reanudó sus conteos el lunes en la noche y “presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral”, denunció poco después el jefe de la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos, Manuel González.

Gonzales dijo que la misión de la OEA “dará recomendaciones de cara a una segunda vuelta”, en el informe final que presentará. “Llamamos a la autoridad electoral a que defienda la voluntad de la ciudadanía boliviana” y llamó a la calma.

El domingo, el TSE difundió resultados de conteos preliminares según los cuales Morales aventajaba a su principal contendor, el expresidente Carlos Mesa con una estrecha diferencia que anticipaba segunda vuelta con más del 80% de las actas contabilizadas.

La interrupción de la transmisión motivo fuertes críticas y 24 horas después la transmisión se reanudó con resultados que proyectan a Morales como posible ganador en primera vuelta con el 93% de las actas contabilizadas en conteos rápidos preliminares.

Esos datos gatillaron protestas en todo el país que se prolongaron hasta la medianoche del lunes. Las protestas “en defensa del voto” _como decían los manifestantes_ derivaron en vandalismo en varias ciudades.

En la capital, La Paz, la policía evitó el choque entre opositores y seguidores a Morales en puertas del tribunal electoral donde se hacía el recuento.

Ricardo Centellas, vocero de la Conferencia Episcopal de Bolivia, leyó el martes un comunicado en el que “exhorta al TSE a cumplir el papel de árbitro imparcial ante indicios de fraude”.

El lunes grupos de ciudadanos denunciaron haber encontrado actas electorales y ánforas con votos en casas particulares de La Paz y Potosí, lo que aumentó las sospechas y el malestar.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó a Mesa por la violencia, después que éste denunciara un presunto fraude y llamara a desconocer los resultados.

Declaración de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia llama a que se respete la voluntad de la ciudadanía:
Este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas. Durante esta observación electoral, la Misión de Observación Electoral de la OEA ha testificado la inequidad evidente entre las candidaturas. Ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña.
A pesar de estas condiciones, la ciudadanía participó de manera pacífica, ordenada y masiva el pasado domingo 20 de octubre. Es fundamental que se respete plenamente la voluntad ciudadana, honrando los valores contenidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
La Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas.
A las 19.40 del domingo 20 de octubre el TSE difundió los resultados del TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la Misión. Nuestra información fue compartida hoy con el TSE y la Cancillería.
A las 20.10 de ayer, el TSE dejó de divulgar resultados preliminares, por decisión del pleno, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral.
Oportunamente, la Misión dará un informe con recomendaciones de cara a una segunda vuelta.
Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias de manera ágil y transparente.
Es de extrema importancia que se mantenga la calma y se evite cualquier forma de violencia en esta delicada situación, para que los cómputos departamentales se desarrollen con normalidad y sin interrupciones y con garantías para nuestros observadores y el personal electoral.
Mantenemos la esperanza de que el resultado del cómputo definitivo se apegue a la voluntad de los electores manifestada en las urnas.

Renueva el Departamento del Tesoro licencias para operar en Venezuela

Logo de la sede de Holliburton en Houston, Texas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó el lunes nuevas licencias para que varias empresas estadounidenses continúen sus labores en Venezuela por los próximos tres meses.

Un comunicado de prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, destaca que estas licencias son para “actividades habitualmente incidentes y necesarias para el mantenimiento de operaciones, contratos u otros acuerdos”. Aclara además que los permisos no son para la exportación o reexportación de diluyentes a Venezuela.

El Departamento del Tesoro informó que la licencia no autoriza transacciones relacionadas con envíos de diluyentes, que Venezuela utiliza para transformar su petróleo pesado en uno de mayor valor comercial.

La licencia anterior estuvo vigente hasta el 26 de julio de este año. La extensión es de 90 días y estará vigente hasta 22 de enero de 2020.

Las compañías estadounidenses que se benefician son: Chevron Corporation; Halliburton; Schlumberger Limited: Baker Hughes, a GE Company; Weatherford International y Public Limited Company.

En enero, Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal venezolana PDVSA en un intento por forzar la salida de Maduro. Pero le otorgó a Chevron una licencia de seis meses para operar, que ha sido renovada en dos oportunidades por un lapso de tres meses.

La renovación de la licencia era clave para los trabajadores de la zona donde opera Chevron en el estado Zulia, el más golpeado por la crisis eléctrica.

En abril de este año, entraron en efecto las sanciones que impuso Estados Unidos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, en la que se le prohíbe a los individuos en EE.UU. que compren petróleo o —productos derivados— a Pdvsa.

Además, en agosto de este año, la administración del presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva bloqueando todos los activos del gobierno venezolano en territorio estadounidense.

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