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América Latina

CIDH condena muertes en protestas de Venezuela

Guardia nacional conduce a uno de los detenidos en las protestas contra Nicolás Maduro el 23 de enero de 2019.

CIDH condena muertes en protestas y llama a las instituciones del Estado a garantizar los derechos humanos de la población venezolana

Ante las acciones represivas de las manifestaciones realizadas en diferentes zonas del territorio venezolano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la pérdida de vidas humanas registradas en el marco de las protestas sociales y hace un enfático llamado a las diversas instituciones del Estado a cesar la represión y garantizar la vida, la libertad, la integridad personal, el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión de la población. Asimismo, la CIDH instaló una Sala de Coordinación para Respuestas Oportunas e Integradas (SACROI) para dar seguimiento a la situación en Venezuela.

La crisis política, social y económica en Venezuela, que se agudizó primero con el quebrantamiento del orden constitucional hasta derivar en la ausencia del Estado de Derecho, ha cobrado nuevas dimensiones. Desde el 21 de enero pasado han tenido lugar protestas y movilizaciones en más de 60 ciudades del país, que tuvieron su epicentro en la masiva manifestación del 23 de enero en Caracas. Los hechos de violencia y represión de la protesta social, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, estigmatización y persecución de las personas opositoras que se registraron en diversas localidades, han generado violaciones de derechos humanos que aún se continúan relevando y que dan cuenta del agravamiento de la situación. Según la información disponible hasta el momento, al menos 26 personas perdieron la vida en Amazonas, Barinas, Bolívar, Distrito Capital, Monagas, Portuguesa, Táchira y Yaracuy. De ellas, 21 habrían muerto durante las protestas y otras 5 en el contexto de saqueos y disturbios, éstos últimos en el estado de Bolívar. En varios de estos hechos se denuncia la participación de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), y grupos de civiles armados. Según el Observatorio de Conflictividad Social, todas las víctimas presentarían heridas por armas de fuego. La CIDH también tuvo conocimiento de decenas de heridos, cifra que se encuentra en constante evolución y que hasta el momento, al menos 369 personas habrían sido detenidas desde que comenzaron las protestas.

Paralelamente, la CIDH observa que la libertad de expresión en Venezuela se encuentra gravemente restringida. El día 23 de enero el Estado interrumpió la conectividad de Internet e impidió el acceso normal de los ciudadanos a las redes sociales. Al menos 10 periodistas fueron víctimas de ataques, agresiones y requisa de equipos durante la cobertura de las masivas protestas en diversos puntos del país. Periodistas y medios independientes denunciaron que no pudieron dar cobertura plena a las protestas por temor a ser cerrados por el gobierno. La Comisión también enfatiza su preocupación de que, como consecuencia de los nuevos hechos de violencia e inestabilidad política, se produzca un agravamiento en la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

Estos graves hechos se enmarcan en un contexto estructural de violaciones de derechos humanos y de profundas restricciones de acceso a derechos tales como la alimentación, la salud, la educación, o la vivienda, que ocasionaron que más de 3 millones de personas hayan migrado hacia otros países de la región. En particular, ha sido objeto de seguimiento y preocupación de la CIDH el patrón de represión y restricciones indebidas a la protesta social, caracterizadas por perdidas sucesivas de vidas humanas; detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su disenso con el gobierno; campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas, opositores políticos, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanos en general; entre otros aspectos críticos que fueran relevados por la CIDH en su último informe de país. Es de indicar que según los datos publicados por el Foro Penal Venezolano en la actualidad se contabilizan 278 presos políticos.

Dada la gravedad de la situación, la CIDH hace un llamado a los agentes de seguridad nacionales, estaduales y municipales, en particular a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, a respetar la vida de los manifestantes y abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza y de armas letales. Asimismo, les insta a abstenerse de utilizar cuerpos militares o policiales especiales, y/o a permitir la actuación de colectivos civiles armados para reprimir la protesta social. La Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de evitar que las denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza queden en impunidad, así como de investigar, juzgar y sancionar los autores de las violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, la CIDH llama a las instituciones del Estado a abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias y garantizar que la privación de la libertad sea una medida excepcional, realizada con pleno respeto a las garantías a la integridad personal y al debido proceso, asegurando la comparecencia de la persona ante un juez y la provisión de información a los familiares. La Comisión también exhorta a las autoridades competentes y a la Comunidad Internacional a priorizar la adopción de las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el contexto de la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela.

En dicho escenario, la CIDH urge al Estado a garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor libre de violencia, estigmatización y criminalización. Adicionalmente, le insta a adoptar medidas de protección efectivas de la vida e integridad de los líderes opositores, en particular, del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien fuera reconocido como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela por los gobiernos de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirma su convicción de que el camino hacia la superación de la actual crisis política y la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela debe realizarse de manera pacífica y con pleno respeto de los derechos humanos de la población, en especial los derechos a la vida, la integridad y la libertad personales. Finalmente, la CIDH reitera su disposición a realizar una visita de observación in loco a ese país.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Sociedad civil venezolana postula 15 candidatos al Consejo Nacional Electoral

El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.

Setenta organizaciones de la sociedad civil venezolana anunciaron este martes la presentación de 15 candidatos a las rectorías del Consejo Nacional Electoral (CNE) que elegirá la Asamblea Nacional (AN) en diciembre, de abrumadora mayoría chavista.

Los proponentes valoran que se trata del “primer paso” para lograr un acuerdo político que permita al país restituir la confianza en el voto tras la realización de varios procesos electorales en los últimos tres años sin la participación de la oposición, según Mariela Ramírez, de la organización Dame Letra.

En conferencia de prensa virtual, explicó que los postulantes son conscientes de que el Parlamento vigente “no goza de legitimidad y nace de un proceso cuestionado”, pero acotó que ello no debe ser “un nuevo obstáculo” para la selección de un poder electoral que ayude a destrabar la crisis política nacional.

“Solo un acuerdo político podrá dotar al país de un poder electoral que genere confianza y restituya el valor del voto como instrumento soberano”, dijo.

Las candidaturas representan una estrategia política distinta a la propuesta por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos, quien descarta negociaciones con el chavismo y la participación en las elecciones de gobernaciones y alcaldías previstas para este año.

Por su parte, la UE pide diálogo en Venezuela y considera a Guaidó un "interlocutor privilegiado". El bloque europeo manifestó en enero que la “única salida” a la crisis en Venezuela es retomar las negociaciones políticas y establecer un proceso de transición que se traduzca en unas “elecciones creíbles”.

En una entrevista reciente, Josep Borrell, Alto Representante del bloque europeo para política exterior, dijo que no ve señales para otra negociación y que espera a la postura al respecto del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La lista de postulados al CNE incluye a expertos en el tema electoral venezolano, que se han convertido en referencias sobre la materia dentro de la oposición, como Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano, el periodista Eugenio Martínez o el ingeniero Roberto Picón.

También, aspiran a integrar el CNE el expresidente de la cámara empresarial nacional, Francisco Martínez, así como exautoridades universitarias y un grupo de hombres y mujeres que fungieron como asesores del poder electoral.

Ramírez precisó en su intervención que la participación ciudadana en la selección del nuevo CNE busca lograr un escenario idóneo para sacar al país del “estancamiento” mediante unas elecciones genuinamente democráticas.

Acuerdo Imperativo

José Domingo Mujica, de la Red de Observación Electoral venezolana, explicó asimismo que las candidaturas procuran “la búsqueda de consenso” entre los actores políticos y nacen de los pronunciamientos públicos de algunos sectores que llaman a la reincorporación en la vía electoral en el país.

“Ratificamos nuestro compromiso y buena voluntad para la búsqueda de consensos que nos permitan a los venezolanos recuperar nuestros derechos civiles y políticos. Aspiramos a contribuir, a suscitar, un amplio debate nacional sobre el CNE”, declaró tras leer los nombres de los 15 postulados.

Mujica llamó a la comunidad internacional a que apoye “de manera coordinada y propositiva” los esfuerzos de la sociedad civil venezolana para demandar un acuerdo electoral que derive en beneficios para la población.

Ramírez, por su parte, reveló que han tenido conversaciones con actores internacionales y con el mismo chavismo sobre sus postulaciones.

Detalló que las conversaciones con los diferentes actores políticos han sido “permanentes” y expresó el anhelo de la sociedad civil de que los discursos inclusivos recientes de figuras del oficialismo se noten en la elección del CNE.

“Es necesario que esa voluntad política que se ha escuchado en los discursos se convierta en una realidad. No hay sanciones por aceptación de cargos o postulaciones”, expresó ante una pregunta de la prensa sobre sus temores de que los candidatos de la sociedad civil sean sancionados en el extranjero.

Mencionó entre las condiciones electorales a las que se aspiran que el CNE sea un árbitro imparcial, la habilitación absoluta de candidatos y la observación internacional plural, a fin de que la elección nacional sea “justa y verificable”.

¿Único camino?

Mujica, también miembro de la Asamblea de Educación, refirió que “no hay otra vía” que conversar con el chavismo para escoger al nuevo CNE.

“No es posible que esta iniciativa tenga éxito si no se cuenta con una voluntad de entendimiento por parte del sector oficialista, pues domina por completo la Asamblea Nacional. Tiene poder para elegir el CNE que le parezca”, reconoció, antes de apelar a “la buena voluntad” de quienes participen en las eventuales negociaciones políticas sobre asuntos como la selección del ente electoral.

Mujica opinó que el fin del “entrabamiento” de la crisis política podría iniciar con la designación de un CNE balanceado, equitativo, que logre credibilidad.

“No hay otra vía, tenemos que entrar a dar esta batalla en el marco de esta AN actuante, electa en las elecciones de diciembre pasado”, remarcó.

Roberto Picón, uno de los postulados, experto en sistemas electorales, advirtió que la sociedad civil es la única de los cuatro pilares fundamentales de la democracia que aún funciona correctamente en Venezuela.

“Los otros tres no existen: la separación de poderes, [la confianza] en el voto, los partidos. La sociedad civil goza de mucho reconocimiento y se ha mantenido aislada del conflicto existencial (político) y prestando sus servicios”, indicó.

Exhortó a que haya “la presión cívica necesaria para que los acuerdos se den” y se logre un CNE reconocido por todo el país de cara a las futuras elecciones.

(Artículo de la Voz de América)

EEUU mantiene su política de sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela

Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel en La Habana en diciembre del 2019 (Yamil Lage / AFP).

El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró este domingo en Twitter que la política de sanciones sigue siendo una herramienta “vigente y aplicable” para castigar a quienes socavan la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Esta herramienta sigue siendo vigente y aplicable para algunos oficiales que socavan la democracia y los derechos humanos en Venezuela“, aseguró el subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Jon E. Piechowski, en una conferencia de prensa telefónica.

El diplomático saludó las recientes sanciones adoptadas por la Unión Europea en contra de 19 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, y destacó que varios de ellos ya estaban sancionados por los Estados Unidos.

Piechowski, además, ratificó que para la administración Biden es una prioridad “combatir contra la corrupción e impedir que los oficiales no puedan comprar casas en Florida, no puedan ir de viajes de lujo a Disney World o a Nueva York, y que todo lo que ellos ganen sea honestamente”.

Se inicia registro de personas bajo MPP en Matamoros

El asentamiento informal en Matamoros, en la frontera norte de México. © OIM/Alberto Cabezas

Comunicado de ACNUR, OIM, CICR y UNICEF

Atendiendo a la situación humanitaria de las personas en el campamento informal de Matamoros, Tamaulipas, las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, OIM y UNICEF, preparan el ingreso esta semana del primer grupo de personas de este asentamiento a Estados Unidos, como apoyo a un plan del gobierno estadounidense para poner fin al programa MPP.

Este miércoles, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, comenzará con el registro presencial de las personas del campamento, como complemento al registro virtual que se ha implementado desde el 19 de febrero. Se estima que actualmente unas 750 personas permanecen en el campamento, algunas desde hace dos años.

El primer grupo del campamento, conformado por 25 personas, estaría cruzando la frontera esta semana, luego de que sus datos sean verificados y se realicen las pruebas COVID correspondientes para evitar riesgos de salud pública. También se estará dando seguimiento a la situación de las personas fuera del campamento que tienen casos activos MPP y que están registradas en el sitio web CONECTA o a través de la línea de apoyo telefónico.

Esta respuesta de las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales viene a petición de los gobiernos de Estados Unidos y de México para que las 25,000 personas estimadas que tienen casos activos en Estados Unidos pero que fueron retornadas a México bajo la política conocida como MPP o “Remain in Mexico”, puedan esperar que se resuelvan sus casos en suelo estadounidense.

Los gobiernos de México y de Estados Unidos han considerado que en línea con ese proceso para dar fin al Programa MPP, se debe priorizar a las personas en el campamento de Matamoros. ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, UNICEF, además del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estamos coordinando para materializar esa petición.

Las primeras personas ingresaron bajo este proceso a Estados Unidos el 19 de febrero por el puerto de San Ysidro, California, como parte del operativo para desmantelar el MPP.

ACNUR, OIM, UNICEF y CICR respaldan el fin del Programa MPP para terminar la difícil situación humanitaria de miles de personas que han estado esperando en la frontera México-Estados Unidos desde 2019.

En coordinación con el gobierno de Estados Unidos, el ACNUR estableció el sitio web CONECTA para registrar a todos los casos activos bajo MPP. En los tres primeros días de funcionamiento se registraron más de 8,000 casos, equivalente a unas 12,000 personas.

La página web CONECTA fue lanzada el pasado viernes 19 de febrero, pero por la alta demanda, experimentó retos técnicos. El equipo de ACNUR ya realizó los cambios necesarios y se han habilitado canales adicionales, como un correo electrónico, una línea telefónica de registro e información y números de WhatsApp. Por la alta demanda siempre puede darse congestión en las líneas, pero el ritmo de registro y procesamiento está avanzando. En este sentido es importante reiterar que no hay relación alguna entre la fecha de registro en CONECTA y la fecha de ingreso en los EEUU.

En tanto, la OIM ha realizado los traslados de personas hacia Estados Unidos bajo medidas para proteger su integridad además de aplicar las pruebas COVID-19. Hasta el momento no se han detectado casos de COVID-19. UNICEF apoya en los casos de protección de la infancia más delicados, velando por la unidad familiar y brindando orientación a familias y niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana prestan servicios de llamadas gratuitas en el campamento, para permitir a las personas mantener el contacto con sus familiares antes de ingresar a los Estados Unidos.

Las agencias de Naciones Unidas recuerdan que según la nueva política del gobierno de Estados Unidos todas las personas con casos activos bajo MPP podrán ingresar al país para seguir sus casos. Las fechas y puertos de entrada de acceso a Estados Unidos de las personas que ya han completado el registro son determinadas por el Gobierno de Estados Unidos. El programa no tiene fecha establecida para ser completado del momento que todas las personas eligibles van a poder ingresar a los Estados Unidos, sin embargo, las agencias involucradas, piden paciencia del momento que el proceso puede durar varios meses.

Para más información:

España y Colombia firman acuerdo que incluye atención a inmigrantes venezolanos

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y la canciller colombiana, Claudia Blum

España destinará 120 millones de euros (cerca de 525.000 millones de pesos) de cooperación no reembolsable para Colombia hasta el 2024.

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y su homóloga colombiana, Claudia Blum, firmaron el viernes el nuevo 'Marco de Asociación País – (MAP) 2020-2024’, en el cual se consolidan estrategias binacionales y que incluye la atención a inmigrantes venezolanos que viven en el país suramericano.

González Laya manifestó que uno de los intereses de su visita a Colombia es la crisis migratoria y reconoció el esfuerzo "grande, generoso" de Colombia para la atención a los inmigrantes. "En momentos en los que otros países cierran las puertas, que erigen muros, Colombia ha optado por acoger, protegiendo de manera temporal a los miles de venezolanos que se encuentran en sus territorios", sostuvo.

De ahí, enfatizó, su interés en viajar a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, para conocer la situación de cerca.

Así mismo tiempo, dijo que España seguirá acompañando a Colombia, incluso financieramente, y anunció que la nueva conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos será liderada por Canadá y se realizará en la segunda mitad de este año.

España también anunció que destinará 120 millones de euros (cerca de 525.000 millones de pesos) de cooperación no reembolsable para Colombia hasta el año 2024.

Por su parte, la ministra Blum resaltó la firma de la estrategia de cooperación colombo-española que se enfocará en "programas de estabilización de los territorios, la migración como factor de desarrollo y el fortalecimiento del desarrollo rural, sostenible, con enfoque de género".

Otros objetivos

Otros de los objetivos de la visita de González Laya es apoyar los esfuerzos de Colombia en la implementación del proceso de paz.

"Todos sabemos ya todos nos duele que sigan habiendo personas asesinadas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, excombatientes. Por eso, redoblamos con nuestra presencia aquí nuestro apoyo a Colombia y a sus instituciones para poder avanzar en este proceso de paz", manifestó la canciller española.

También, resaltó el trabajo que harán conjuntamente en la recuperación economía del país, tras la pandemia generada por al propagación del COVID- 19 en el mundo.

Arancha González llegó el jueves al país y visitará la frontera colombo-venezolana, el sábado.

Marco de Asociación País | (MAP) 2020-2024
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Militares retirados confirman presencia cubana en gobierno venezolano

Nicolás Maduro en una reunión con militares en junio 2020.

Dos generales retirados de las Fuerzas Armadas de Venezuela reafirman la presencia de funcionarios cubanos en la estructura del gobieno de Nicolás Maduro.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, los militares aseguraron que la presencia isleña está en muchos organismos del país.

Confirman presencia de cubanos en la estructura del gobierno de Maduro
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Además de las Fuerza Armadas, "hay ingerencia en organizaciones donde se lleva el control de las comunicaciones, los registros públicos, y las notarías", aseguró el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt.

Todo eso es "grave y se hace muy difícil la vida en un país que cada día enfrenta una realidad mucho más compleja por la problemática socio económica en que se está viviendo", agregó.

El general Miguel Aparicio, también retirado, señaló que "el control de Venezuela por parte del castrismo es un legado de Hugo Chávez".

Aparicio recordó que el difunto "Chávez puso el país completo, como si fuera un país esclavo, bajo las órdenes del castrocomunismo".

"Ahora ellos (en referencia a Cuba) son los que dirigen la política militar, la parte estratégica, la parte táctica", subrayó.

"Maduro es un títere del régimen cubano que ya se apoderó de todo el control de la sociedad civil", concluyó el general retirado.

(Con reporte de Pedro Corzo para Radio Martí)

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