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América Latina

Chilenos votan a favor de una nueva constitución

Chilenos celebran resultado de plebiscito en Valparaíso, Chile.

El resultado tiene un fuerte componente simbólico pues es visto como un final definitivo de la Constitución de 1980, redactada a puertas cerradas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Cerca del 80% de los votantes chilenos aprobaron el domingo avanzar en la redacción de una nueva Constitución a través de una asamblea elegida exclusivamente para ese propósito, en una jornada marcada por las restricciones para combatir la pandemia en uno de los países más golpeados por el coronavirus.

Con un 97,11% de las mesas escrutadas, el "Apruebo" a una nueva carta magna obtuvo un 78,27% de los votos, mientras que el "Rechazo" logró un 21,73%, según los datos del Servicio Electoral.

El acuerdo político para abrir la puerta a una nueva carta magna surgió tras una ola de protestas del año pasado, a veces violentas, originadas en reclamos que van desde críticas al sistema capitalista hasta mejorar condiciones en salud y educación.

"Este plebiscito no es el fin. Es el comienzo de un camino, que juntos deberemos recorrer para acordar una Nueva Constitución para Chile", dijo el presidente Sebastián Piñera en un discurso tras conocerse el triunfo del apruebo.

"Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la Nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro", agregó.

Será la primera vez en la historia de Chile en que la Constitución será redactada por una asamblea completamente elegida.

En una plaza del centro de Santiago, que ha sido desde el año pasado el foco de las protestas en la capital, miles de manifestantes se congregaron a celebrar la victoria cantando e iluminando el cielo con punteros láser.

Un letrero con la palabra "Renace" iluminaba un edificio frente a la "Plaza de la Dignidad", como la llaman los manifestantes.

"Las características de las protestas sociales han hecho que los jóvenes se interesen más en la participación formal en elecciones. Existe un mayor interés y eso es bien importante", dijo Claudio Fuentes, cientista político de la Universidad Diego Portales.

El resultado tiene un fuerte componente simbólico pues es visto como un final definitivo de la Constitución de 1980, redactada a puertas cerradas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

"Gracias a la presión de todos estamos celebrando esto, acá no hay triunfos partidistas. Esto es un desahogo también", dijo Daniel Sepúlveda, de 37 años, quien celebraba en otro sector de la capital. "La participación de la juventud, eso es lo que más me alegra, gente joven con ganas de hacer cambios", agregó.

Más de 14,8 millones de personas, entre chilenos y unos 380.000 extranjeros residentes, podían votar en las 44.913 mesas a lo largo del país y el extranjero.

La autoridad informó una participación del 49,4% de los votantes, cercana a la de la última elección presidencial, pese a las dificultades por la pandemia.

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que agrupa a las empresas del sector del mayor productor mundial de cobre, dijo que había que "alcanzar un amplio acuerdo respecto de los principios y normas que van a guiar nuestra convivencia" manteniendo las bases regulatorias que han permitido el desarrollo del sector.

Tras posponerse en abril debido a la propagación del COVID-19, las autoridades decidieron llevar adelante el plebiscito bajo estrictos protocolos sanitarios.

Todos los centros de votación en el centro de la capital fueron desinfectados y preparados con superficies antivirales de cobre para disminuir los riesgos de contagios, en momentos en que el país ya superó los 500.000 contagios y se acerca a 14.000 fallecidos.

El toque de queda nocturno vigente para contrarrestar la propagación del virus también se aplazó para que la gente pueda volver a sus casas.

Los miembros de la denominada "convención constitucional" de 155 escaños se elegirán en abril de 2021 y tienen hasta un año para acordar un texto aprobado por una mayoría de dos tercios, el que tendrá que ser ratificado en otro plebiscito.

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Bolsonaro inicia su campaña recordando a los brasileños que los comunistas "llevan a los pueblos a la miseria"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en un mitin de campaña de reelección en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, este martes 16 de agosto. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Juiz de Fora (Brasil), 16 ago (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comenzó este martes su campaña para la reelección con un acto de masas en el que agitó el fantasma del "comunismo" contra su mayor rival, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

"Este país no quiere retrocesos, no quiere la ideología de género en las escuelas, no quiere liberar las drogas. Este país respeta la vida desde su concepción y no quiere el comunismo", dijo Bolsonaro en Juiz de Fora, en el interior del estado de Minas Gerais.

Bolsonaro escogió esa ciudad para su primer acto de la campaña, que comenzó este martes, pues fue allí donde, el 6 de septiembre de 2018, fue atacado a cuchilladas por un enfermo mental que intentó asesinarle cuando faltaba un mes para las elecciones que le llevaron al poder.


"Es la ciudad de mi renacimiento, donde mi vida fue salvada por nuestro creador", apuntó el líder de la ultraderecha, que según las encuestas comienza la campaña con una intención de voto cercana al 30 %, frente al 45 % que se le atribuye a Lula, abanderado de un frente progresista.

"Damos la largada donde intentaron pararnos en 2018", dijo en alusión al atentado, para luego animar a los brasileños a encarar el proceso electoral como "una lucha por la libertad" y a impedir que el "comunismo" se instale en el país.

"Ellos proclaman justicia social de la boca para afuera, pero la verdad es bien diferente y llevan a los pueblos a la miseria", dijo Bolsonaro, quien volvió a citar a Venezuela como una "prueba de las elecciones equivocadas" que pueden tomar los votantes.

Sin citar a su adversario una sola vez, Bolsonaro aludió a los escándalos de corrupción que marcaron las gestiones del progresista Partido de los Trabajadores (PT), a lo que la multitud respondió una y otra vez gritando "Lula ladrón, tu lugar es la prisión".

El mandatario, capitán de la reserva del Ejército, recordó que juró "dar la vida por la patria como militar" y afirmó que ahora, "como ciudadano", mantiene el juramento y hará "todo por la libertad" de los brasileños.

Reiteró además su convocatoria para un gran acto nacional el 7 de septiembre próximo, en ocasión de la conmemoración de los 200 años de la Independencia de Brasil.

"El próximo 7 de septiembre vamos todos a la calle por la última vez para conmemorar, en un primer momento, nuestra independencia, y en un segundo momento, la garantía de nuestra libertad", declaró.

En el acto también intervino su esposa, Michelle Bolsonaro, que se sumará a la campaña a fin de intentar reducir el rechazo que el mandatario tiene entre las mujeres, que representan cerca del 53 % del padrón electoral.

Ferviente evangelista, Michelle pidió la "ayuda del buen Dios" y la "protección del cielo, del amor y la paz" frente a "un enemigo que sólo quiere robar, matar y destruir".

Lula tiene previsto este mismo martes un acto a las puertas de una fábrica en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde en la década de 1970 entró en el sindicalismo, para comenzar la que será su sexta campaña electoral con la intención de volver al poder que ya ejerció entre 2003 y 2010. EFE

Cuba confirma reunión de gobierno de Colombia con el ELN

Canciller cubano Bruno Rodríguez, der., recibe a su contraparte de Colombia, Álvaro Leyva, en La Habana, el jueves 11 de agosto de 2022.

Una delegación del gobierno de Colombia se reunió el jueves en La Habana con guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según confirmaron fuentes del régimen cubano al diario colombiano EL TIEMPO.

La reunión entre las partes se inició a las 7 p. m. hora de La Habana, informa el rotativo.

La comisión enviada por el presidente Gustavo Petro está encabezada por el por alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. El propósito sería evaluar "si hay o no interés real por parte del Eln para entablar una negociación".

"Aspiramos a reanudar los diálogos con el Eln en esta tierra de paz a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego y alcanzar la paz total", dijo el canciller Leyva en una declaración pública.

El ministro colombiano rechazó la designación de Cuba como "patrocinador del terrorismo", que hizo el gobierno del presidente Donald Trump y que ha mantenido la Administración Biden, entre otras razones, porque el régimen cubano aloja a líderes del ELN, a pesar de múltiples peticiones de Colombia para su extradición.

Estados Unidos incluye a Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas.


Por su parte, el jefe máximo del ELN, Eliécer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, dijo que los diálogos se deben retomar en el punto que estaban al terminar el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

"Siempre hemos dicho que se trata de reanudar donde se quedó. De todas maneras, deberán examinarlo las dos nuevas delegaciones en la mesa cuando se reúnan", dijo el guerrillero.

En 2017 el Gobierno de Colombia inició conversaciones de paz con el ELN, pero el gobierno de Iván Duque las congeló después de que en enero de 2019 el grupo rebelde hizo explotar un carro bomba en la escuela de formación de oficiales de la Policía Nacional en Bogotá, un ataque en el que murieron 22 cadetes.

En febrero de 2021 Cuba alertó a Colombia acerca de un posible atentado fraguado por el ELN, en una movida que expertos entrevistados por el diario El Tiempo interpretaron como "un desmarque" de La Habana con las guerrillas.

La oposición venezolana gasta millones en litigios por los activos del estado, pero no alcanza

Un anuncio de la compañia Citgo.

La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha pagado 44,8 millones de dólares a firmas internacionales de abogados para tratar de ganar decenas de litigios donde están en juego 40.000 millones de dólares en activos de la República en el extranjero, de acuerdo con un informe del procurador especial asignado para esos oficios.

Enrique Sánchez Falcón, designado hace dos años por el Parlamento electo en 2015 para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado venezolano, presentó hace tres semanas un reporte donde precisa los montos pagados y adeudados a bufetes legales extranjeros, pero además advierte de la ausencia de defensores en casos urgentes, porque el dinero no alcanza para contratar abogados.

Venezuela enfrenta 201 demandas en el extranjero que podrían afectar su patrimonio. Se trata de 139 juicios por un total demandado de 24.569 millones de dólares, y 62 arbitrajes por 15.571 millones de dólares. En total, la oposición encara litigios donde están en juego 40.141 millones de dólares, de acuerdo con las cuentas de Sánchez Falcón.

Los partidos antichavistas de Venezuela argumentan desde enero de 2019 que Nicolás Maduro usurpa la presidencia tras ganar unas elecciones fraudulentas un año antes, y afirman que la única institución legítima del país es la Asamblea Nacional electa en 2015.

El presidente de ese Parlamento, Juan Guaidó, se juramentó como mandatario encargado del país suramericano y encabeza desde entonces un gobierno interino que reconocen hasta 50 gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea.

Con la venia de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos, la oposición venezolana ha podido administrar así activos fuera de las fronteras de su nación, entre ellos Citgo, en Norteamérica, y Monómeros, en Colombia.

Esas responsabilidades políticas y gerenciales heredaron de golpe al antichavismo reclamaciones en cortes de Estados Unidos, Reino Unido y Jamaica, y procesos arbitrales sobre acreencias o presuntas indemnizaciones por acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, que el procurador especial valora como “irresponsables e ilícitas”.

Entre los casos en cuestión, destacan el litigio sobre el oro en Inglaterra, el riesgo de pérdida de control sobre Citgo Petroleum por reclamos de la empresa Crystallex y el arbitraje por la expropiación de las acciones de ConocoPhillips en proyectos en Venezuela.

La administración opositora precisa que el gobierno interino de Guaidó y los entes descentralizados, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, pagaron 16,3 millones de dólares a firmas legales durante la gestión del anterior procurador especial, José Ignacio Hernández, y 28,6 millones en la de Sánchez Falcón.

Hasta julio de 2022, se adeudan 18,7 millones de dólares a bufetes de abogados, detalla el funcionario venezolano en su rendición de cuentas. En total, la oposición ha pagado y adeuda 63,6 millones de dólares en facturas de gestiones legales para defender activos.

Según Sánchez Falcón, se trata de “una cantidad bien pequeña” si se compara con los montos e intereses “que están en juego” en esos litigios sobre los activos de Venezuela.

Falta de dinero

El procurador especial de la oposición aclaró a la prensa que las decenas de litigios sobre activos en el exterior están “identificados”, si bien su despacho y los entes descentralizados, como las juntas antichavistas del BCV y PDVSA, no actúan en todos.

Sánchez Falcón denunció “la falta de disponibilidad presupuestaria” para contratar firmas de abogados, una asignación que depende de la comisión delegada del Parlamento de 2015, donde participan representantes de las bancadas partidistas de ese poder legislativo.

¿La razón? Falta de dinero. “Sería absolutamente imposible con los recursos con los cuales estamos actuando, pero, en todo caso, están identificados y es posible de actuar en caso de que existan peligros para los intereses y derechos del Estado venezolano”, manifestó.

Sánchez Falcón dice haber solicitado, “casi rogado”, que la comisión delegada del Parlamento opositor de 2015 apruebe un presupuesto integral dirigido a atender los litigios. Su propuesta ha sido “sistemáticamente ignorada”.

“Es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión por dejar de pagar 20 o 30 millones, cuando se están arriesgando 40.000 millones de dólares”, advirtió en julio.

Entre las firmas contratadas, el funcionario del gobierno interino opositor menciona a Arnold & Porter, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, Sullivan & Cromwell, Paul Hastings LLP y Hogan Lovells, esencialmente para casos en cortes de Estados Unidos.

En su rendición de cuentas, detalla que hay varios casos pendientes de asignación de abogados, como el de Rusoro Mining contra la República y PDVSA, por 1.360 millones de dólares, en una corte de Delaware, Estados Unidos, y el de Bandes y empresas mixtas petroleras contra Novo Banco, en Lisboa, donde están en juego $1.352 millones.

La oficina de Sánchez Falcón dice haber buscado alternativas a la falta de dinero. Una es contratar firmas de abogados bajo la modalidad “contra resultados” en 30 juicios en Estados Unidos contra venezolanos por corrupción con fondos públicos de su país.

Esa estrategia consistirá en pedir indemnizaciones o acordar con las autoridades judiciales de Estados Unidos la recuperación de parte de los montos “sin costo alguno”, explicó.

Sánchez Falcón confirmó que ya se han recibido ofertas y “se están suscribiendo” contratos con bufetes legales en 25 de esos 30 casos en cortes estadounidenses.

Otra iniciativa de Sánchez Falcón es designar a una firma de abogados especializada en arbitrajes internacionales para que atienda casos de tribunales que pudieran desconocer la representación de la República de Venezuela por parte del gobierno interino de Guaidó.

Ese bufete podría crear una estrategia con base en “solicitudes estandarizadas” para exigir que se reconozca al interinato de Guaidó o, en su defecto, que se suspendan los litigios.

Pero ese tema presupuestario y de defensa de activos pasa por un acuerdo de los partidos que componen el Parlamento de 2015. La comisión delegada convocó este jueves a una sesión especial para recibir la rendición de cuentas del procurador, donde se prevé que se ventilen sus advertencias sobre la falta de fondos para atender los litigios en el extranjero.

Mientras, el oficialismo pone como una de sus condiciones para retomar las negociaciones en Ciudad de México que la oposición devuelva los recursos y activos en el extranjero que, a su entender, se ha “robado”.

(Artículo de la Voz de América)

Polémica en Honduras por contratación de médicos y pedagogos cubanos (VIDEOS)

Médicos cubanos. (Foto del Ministerio de Salud Pública de Cuba)

Ha generado polémica la inminente llegada a Honduras de una brigada compuesta por ochenta y seis médicos y un número indeterminado de educadores procedentes de Cuba, contratados por el gobierno del país centroamericano.

José Manuel Matheu, ministro de Salud de Honduras, “no precisó cuánto se le pagaría a los especialistas cubanos, pero señaló que será menos que lo que perciben los hondureños, a los que, además, se les paga quince salarios anuales, entre otros beneficios. A los cubanos se les pagará doce meses”, informa un cable de la Agencia EFE.

“El problema es que muchos de los especialistas hondureños no quieren ir a muchos de los sitios donde se les necesita, como a la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, en el Caribe, fronterizo con Nicaragua, por ser una región remota”, agregó el ministro.

El acuerdo de colaboración entre ambos países es a nivel de Estado y no de ministerio.

El doctor Ramsés Sierra, secretario del Colegio Médico de Honduras, explicó que el acuerdo con el gobierno de Cuba "es potestad de la presidenta" Xiomara Castro.

La doctora Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional, dijo al noticioso hondureño Notifides que esta colaboración “no es gratis” ya que el Estado pagará “un subsidio, un estipendio" a Cuba.

La representante considera que es un “gasto innecesario. Con “ese dinero que el Estado de Honduras va a pagar, aumentemos la beca a los médicos residentes, si tenemos médicos residentes que no se les paga, pues, aumentemos la beca”, insistió Bermúdez.

El secretario del Colegio Médico de Honduras explicó, también a Notifides, que la contratación debería ser de profesionales de especialidades que no tienen en Honduras.

"Eso sería lo más lógico […] que vengan a ayudarnos a formar el personal para que nosotros podamos tener esos especialistas”, dijo.

El doctor Tito Alvarado dijo al informativo HCH Televisión Digital que “no es un contrato de médicos cubanos que va a hacer Honduras sino una colaboración del gobierno cubano para países como Honduras por una paga simbólica”.

El Dr. Alvarado afirmó haber trabajado con médicos cubanos y recalcó que son incansables y solidaridarios.

HCH señaló que “la educación y la salud están en el ojo del huracán”.

Marcial Solís, ministro de Educación de Honduras, recordó a ese medio que el contrato de educadores y médicos cubanos “no es un ejercicio nuevo en el país”.


“En el año 2006, en el marco del acuerdo que firmó el magisterio con el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, se declaró una jornada nacional de alfabetización; teníamos indicadores muy parecidos a los que tenemos ahora mismo y se logró reducir (el analfabetismo) a un 6% y algunos municipios se declararon libres de analfabetismo”, apuntó Solís.

De acuerdo con el ministro, el programa “Yo sí puedo”, creado por el régimen cubano “en estos doce años, después del golpe de Estado, que fueron expulsados los asesores, ha cambiado y ha mejorado muchísimo por ejemplo, en Nicaragua.”

El ministro de Educación hizo énfasis en que los educadores cubanos no vienen a enseñar directamente a la población, sino como asesores del sistema de educación nacional y agregó que el debate pendiente es por qué el analfabetismo creció tras la expulsión de los profesionales cubanos.

Según el noticioso hondureño Notifides, la base de esta polémica es que en Honduras “hay más de diez mil médicos desempleados y es injusto que, habiendo personal cualificado aquí, se contraten de otros países”.

No obstante, cabe señalar que la contratación de brigadas de profesionales por parte de Cuba está bajo el escrutinio de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo y que varias veces se ha señalado al régimen de la isla como uno de los países promotores del tráfico de mano de obra esclava, utilizando a sus profesionales.

Sacerdote nicaragüense exiliado: en Nicaragua "no existe libertad religiosa"

El sacerdote Edwin Román a la entrada de la iglesia San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya, Nicaragua. (Foto archivo VOA).

El sacerdote católico Edwin Román —uno de los más críticos en Nicaragua— cumplió este 3 de agosto el primer año de haber tomado la decisión de exiliarse en Estados Unidos.

La decisión la tomó después de unas declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo, en donde dijo a un medio oficialista que él había profanado el templo que dirigía para “reunirse con un criminal”, en alusión al obispo monseñor Silvio Báez, también crítico de Murillo.

Tras este tiempo el panorama parece empeorar a juicio del padre Román, quien indica que en Nicaragua ya no existe libertad religiosa.

En Nicaragua ya se contabilizan dos sacerdotes encarcelados, mientras que otros se encuentran bajo investigación y detenidos en una localidad al norte del país por supuestamente generar zozobra.

“En Nicaragua no existe libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de circulación ni de movilizaciones cívicas. Se vive reprimido. Ni siquiera los allegados a la dictadura pueden llegar al aeropuerto y tomar un avión”, subraya Román a la Voz de América.

El gobierno ha dicho por medio de un comunicado emitido por la Policía Nacional que la última investigación que empezó a un religioso, en este caso contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien permanece encerrado desde el 4 de agosto en una casa cural, junto a cinco sacerdotes más y dos seminaristas, se da por supuestamente “intentar organizar grupos violentos incitándolos a ejecutar “actos de odio en contra de la población”.

Sin embargo, el padre Edwin Román tiene otra interpretación y menciona que en Nicaragua representa cárcel a todo lo que representa oposición y asegura que “para la dictadura somos opositores políticos”, aunque recalca que no tienen interés por ningún puesto en el gobierno.

“No buscamos ningún puesto terrenal. Nos basta servir, y dar la cara por el pueblo, salir a su defensa sin importar a quien. Nos debemos a los hijos de Dios que somos todos los seres humanos”.

Con la medida de Ortega contra Álvarez y contra la Iglesia en Nicaragua en general, el sacerdote Román considera que “en el lenguaje de la dictadura se está quemando su último cartucho”.

“Los profetas siempre van a incomodar, porque a los perseguidores les acusa su conciencia”, considera Román, quien dirigía una iglesia en la ciudad de Masaya, una de las ciudades bastión de las protestas contra Ortega en 2018.

La semana pasada la vicepresidenta Murillo se refirió, sin mencionar, a monseñor Álvarez y lo acusó de “manipular símbolos religiosos” al cargar con la imagen del Santísimo en la cercanía de la casa cural, que es donde permanece retenido.

“Los únicos perseguidores y manipuladores de signos religiosos han sido la esotérica “primera dama” y el dictador Daniel Ortega. Han perseguido a la Iglesia católica desde los años 80’. El régimen ha intentado confundir al pueblo de Dios, pero éste conoce la voz de sus pastores”, responde Román ante la acusación.

El sacerdote considera que “la dictadura ha pretendido alzarse con la autoridad de ser muy religiosos, promoviendo políticamente altares a la Inmaculada Concepción de María (La Purísima), o con sus 'nacimientos', en diciembre, sin nacer ellos a una vida nueva”.

“A propósito, no tienen ninguna autoridad religiosa para hablar de Dios. ¿Quién se las ha dado?”, cuestiona Román al respecto.

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