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América Latina

Cerca de 480 detenidos en protestas por alza del combustible en Ecuador

Una barricada en llamas durante las protestas cerca de Machachi, Ecuador, después de que el gobierno de Lenin Moreno puso fin a los subsidios al combustible de cuatro décadas.

El centro-norte andino de Ecuador amaneció el lunes con bloqueos en las carreteras y con choques entre manifestantes y la policía, principalmente la Panamericana, mientras que en ciudades como Quito se registran obstrucciones en algunas avenidas en rechazo a la elevación del precio del combustible.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, expresó en entrevista con la red de televisión Teleamazonas que “los incidentes han bajado considerablemente... tenemos este momento un grupo de indígenas que está destruyendo el orden y quebrantando la paz social, afectando a la infraestructura pública y privada”.

El jueves pasado, los transportistas declararon una huelga de actividades. Posteriormente se unieron grupos de estudiantes y finalmente los indígenas, quienes fueron invitados el domingo por el presidente Lenín Moreno al diálogo. El mandatario advirtió que no dará marcha atrás a las medidas decretadas, que buscan solucionar graves deficiencias en la caja fiscal, que destinaba 1.300 millones de dólares para subsidiar combustibles.

Las autoridades confirmaron cerca de 480 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.

Los camiones bloquean las carreteras principales durante las protestas en Carapungo, cerca de Quito, Ecuador.
Los camiones bloquean las carreteras principales durante las protestas en Carapungo, cerca de Quito, Ecuador.

Unos 180 manifestantes forzaron el lunes la seguridad de las bodegas de una empresa láctea en la población de Lasso, unos 60 kilómetros al sur de la capital, y robaron producto tras agredir a los empleados, las pérdidas aún no han sido cuantificadas.

El gobierno dijo al respecto en un comunicado: “rechazamos la agresión y el saqueo, y todo acto que ponga en riesgo vidas humanas y bienes públicos y privados. El gobierno muestra su gran preocupación por el descontrol en la expresión política de organizaciones sociales” y responsabilizó a la dirigencia por “estos actos de vandalismo y delincuencia”.

Los obstáculos en las vialidades --principalmente árboles derribados, llantas quemadas y montículos de tierra-- se registran en cuatro provincias: Chimborazo y Tungurahua, al centro andino, y Pichincha e Imbabura, hacia el norte. También se ha dado cuenta de enfrentamientos con piedras con la policía y con hostigamiento a la prensa.

La situación ocasionó que las clases fueran suspendidas colegios en la región andina, pero en el resto del país la actividad es normal.

Los indígenas exigen la derogatoria del decreto que permite la sustancial elevación del precio de los combustibles que pasaron de 1.85 dólares el galón de extra, la más consumida, a 2.39 dólares, mientras que el diésel pasó de 1.03 el galón, a 2.30 dólares.

Los indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la mayor de su tipo, afirmó que las protestas se desarrollarán por tiempo indefinido: “hasta este momento estamos movilizados en cada uno de nuestros territorios pero, muy pronto, se movilizarán todos los pueblos a nivel nacional hacia el punto principal que es llegar a Quito”, afirmó Jaime Vargas, presidente de la (COANIE).

El gobierno autorizó la elevación del precio del pasaje urbano entre 5 y 10 centavos, lo cual no impidió que los autobuses dejen nuevamente sin servicio a miles de ciudadanos que se vieron obligados a caminar o utilizar precarias formas de transporte.

Para hacer frente a la situación, el gobierno decretó un estado de excepción, que tiene vigor de 60 días en todo el territorio nacional, lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a requisiciones si es del caso.

No es inusual que el gobierno ecuatoriano utilice el estado de excepción. La última vez se decretó fue a mediados de año, después de que varios reclusos murieran en riñas y protestas en cárceles de todo el país.

Moreno, que asumió la presidencia en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía.

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Alertan que Venezuela no es apta para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Visa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tomado de @humanrightscouncil

Una coalición integrada por 54 organizaciones internacionales y venezolanas han alertado que Venezuela no está apta para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos integrado por 47 países.

La declaración publicada por Human Rights Watch ante la inminente elección de 14 nuevos miembros el próximo 17 de octubre en la Asamblea General de la ONU, asegura que la "brutal arremetida contra opositores en Venezuela y la ausencia de medidas que aborden la emergencia humanitaria que es mayormente responsabilidad de las autoridades venezolanas generan serias dudas de que Venezuela sea un candidato apto".

“La posibilidad de que Venezuela obtenga un lugar en el máximo órgano de derechos humanos del mundo ha encendido las alarmas”, expresó Louis Charbonneau, director para la ONU de Human Rights Watch.

“Los miembros del Consejo de Derechos Humanos deberían respetar los derechos dentro de sus fronteras y cooperar con los órganos de la ONU, pero Venezuela no hace ninguna de las dos cosas. Elegir a Venezuela quebrantaría la integridad del Consejo de Derechos Humanos”, dijo el funcionario.

De ser elegida, Venezuela estaría tres años a partir de enero de 2020 en el Consejo de Derechos Humanos.

Por la región de América Latina y el Caribe Venezuela, Brasil y Costa Rica se disputan dos escaños.

El comunicado recuerda el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que denuncia el agravamiento de la situación de derechos humanos en este país.

“Venezuela ha intentado en numerosas ocasiones frustrar los esfuerzos del Consejo de Derechos Humanos que buscaban abordar graves violaciones de derechos humanos”, señalaron las organizaciones en su declaración.

Claves para entender la crisis en Ecuador

Manifestantes cargan el ataúd de un presunto muerto en las protestas contra el presidente Lenin Moreno, en Quito, Ecuador.

Ecuador está sumido en una crisis luego de más de una semana de protestas letales, con enfrentamientos, saqueos, bloqueos, cientos de arrestos, una declaración de estado de emergencia, un estancamiento en la actividad económica y el traslado de las operaciones del gobierno fuera de la capital.

Las protestas surgieron tras anunciarse el fin de los subsidios a los combustibles, y mientras Ecuador intenta obtener un crédito por 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para impulsar la economía y generar empleos, pero los manifestantes dicen que el gobierno está vendiendo a los pobres.

Miles de indígenas han convertido las instalaciones de la Casa de la Cultura y universidades católicas cercanas en su sede para permanecer en esta capital, donde el jueves mantuvieron retenidos durante todo el día a nueve policías y a casi 30 periodistas para obligar a estos últimos a transmitir sus declaraciones.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo haber recibido informes sobre medio centenar de ataques a periodistas que están cubriendo las protestas, en las que ha habido cinco muertos, más de medio centenar de heridos y cerca de un millar de detenidos.

En un comunicado emitido este jueves, el organismo de Naciones Unidas urgió a las autoridades de Ecuador a "realizar investigaciones prontas e independientes" en torno a los fallecidos en las protestas.

A continuación presentamos un vistazo a los actores clave en el conflicto:

EL PRESIDENTE

Lenín Moreno, de 66 años, tiene una licenciatura en administración pública por la Universidad Central de Ecuador y ha trabajado como profesor y en la promoción del turismo. Incapaz de usar sus piernas desde que fue baleado en un asalto en la década de 1990, utiliza una silla de ruedas, y en 2013 fue nombrado enviado especial de las Naciones Unidas para temas de discapacidad y accesibilidad.

Elegido presidente en 2017, Moreno heredó una amplia deuda pública de su predecesor y ha estado tratando de atender los problemas económicos resultantes. Para ello ha implementado recortes al gasto gubernamental, incluyendo poner fin a los 1.300 millones de dólares anuales en subsidios a los combustibles, y recurrir a instituciones internacionales como el FMI para solicitar créditos.

Al anunciar el recorte de los subsidios a los combustibles, dijo que propondría un proyecto de ley para un impuesto especial durante tres años a las compañías con ingresos superiores a los 10 millones de dólares anuales, fondos que serán destinados a la educación, la salud y la seguridad. Dijo que procura generar “más trabajo, más emprendimiento y mejores oportunidades”.

Moreno fue aliado durante largo tiempo del entonces presidente Rafael Correa, e incluso fue su vicepresidente en la primera parte del gobierno de 2007 a 2017. Pero después de asumir la presidencia, Moreno ha intentado llevar a Ecuador por un rumbo distinto al establecido por su predecesor izquierdista, gobernando con una tendencia más moderada y haciendo las paces con los líderes empresariales y otros sectores con los que Correa se enemistó. En la actualidad ambos hombres son enemigos acérrimos.

Ecuador está bajo estado de excepción decretado el 3 de octubre por el jefe de Estado para velar por la seguridad y evitar el caos en el país.

EL EXPRESIDENTE

Correa, de 56 años, es un economista con maestrías de universidades en Bélgica y Estados Unidos, así como un doctorado en economía por la Universidad de Illinois. Ganó las elecciones de 2006 como uno de los presidentes izquierdistas de la “marea rosa” que ascendieron al poder en Sudamérica.

En su presidencia impulsó una “Revolución Ciudadana” con generosos programas de salud y sociales, lo que le valió aplausos de los pobres. Sus dos períodos en el puesto fueron una época de relativa estabilidad política en un país con antecedentes de golpes de Estado y renuncias presidenciales. Pero Correa también se enfrentó con la comunidad empresarial, los periodistas, los ambientalistas y los grupos indígenas.

Era un firme partidario de los presidentes socialistas venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro y de otros líderes de la “marea rosa”.

Ahora radicado en Bélgica, donde nació su esposa, Correa ha calificado a Moreno de “traidor”. Enfrenta una orden de arresto en Ecuador por presunta corrupción. En un referendo impulsado exitosamente por Moreno en 2017 se acordó prohibirles a los presidentes estar en el poder más de dos períodos, reinstalando límites que Correa retiró de la Constitución.

Correa rechaza el alegato de Moreno de que él está conspirando con Maduro para desestabilizar al actual gobierno de Ecuador, diciendo que es “un disparate” y algo “absurdo”.

LOS MANIFESTANTES

En las calles protestan trabajadores del transporte y sindicalistas, así como estudiantes e indígenas.

Muchos han estado marchando pacíficamente. Otros se han enfrentado con la policía, atacando vehículos antimotines con palos y piedras en medio de nubes de gas lacrimógeno.

Algunos capturaron a varios policías el jueves y los pusieron sobre un escenario en un centro cultural de Quito donde los manifestantes indígenas se han instalado, rechazando las ofertas de diálogo del gobierno, que ha ofrecido ayuda agrícola y otros incentivos para intentar solucionar la crisis.

Los manifestantes indígenas alegan que las medidas de austeridad vinculadas al acuerdo con el FMI profundizarán la inequidad económica.

En declaraciones ante sus simpatizantes, el líder indígena Jaime Vargas afirmó el jueves que “con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar”.

VENEZUELA

Maduro, de 56 años, es un exconductor de autobús y líder sindical convertido en político que ascendió a la presidencia de Venezuela después de que Chávez falleció de cáncer en 2013.

Rechaza también las afirmaciones de Moreno de que respalda un intento de golpe de Estado en Ecuador.

De todas formas, Maduro ha declarado sobre el conflicto, diciendo que los ecuatorianos están en las calles porque “el FMI quiere imponer en América Latina su modelo excluyente, generador de miseria, generador de pobreza”.

Exhortó a Moreno a que “eche para atrás ese paquete económico y dialogue con el pueblo de Ecuador”.

El líder venezolano ha estado enfrentando problemas mucho más graves en su propio país: un desplome económico, hiperinflación, escasez generalizada de bienes y un éxodo de millones de sus compatriotas.

A principios de año, el líder opositor Juan Guaidó y la Asamblea Nacional controlada por la oposición declararon ilegítimo al gobierno de Maduro y proclamaron presidente a Guaidó. Estados Unidos y otros 50 países en América y en otras partes reconocen a Guaidó, aunque el gobierno de Maduro se mantiene firme y tiene sus propios aliados internacionales.

(Con información de AP y EFE)

Venezuela y la erradicación de cultivos de coca marcan encuentro Pompeo-Holmes Trujillo

El Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se saludan al iniciar en Washington el Octavo Diálogo de Alto Nivel entre los dos gobiernos (Foto: Saul Loeb/AFP).

Washington se apresta a seguir respaldando los heroicos esfuerzos de Colombia para salvar vidas y estabilizar la región en plena crisis de Venezuela, manifestó el Secretario de Estado Mike Pompeo al dejar abierto este miércoles el Octavo Diálogo de Alto Nivel entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

Pompeo hizo las declaraciones durante una breve conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado junto al canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.

“Vamos a hablar de los valientes esfuerzos humanitarios que hace Colombia para albergar a los ahora 1.6 millones de personas que han escapado de Venezuela”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense. “Hoy Estados Unidos está aportando más de 250 millones de dólares para ayudar a Colombia en su respuesta a la crisis venezolana, y nuestro apoyo continúa”.

El Secretario de Estado anticipó que discutirían los planes conjuntos para reducir a la mitad los cultivos de coca en Colombia antes de que termine el año 2023, y subrayó que esas plantaciones se redujeron por primera vez desde 2012: más de 86,000 hectáreas fueron erradicadas, 20 por ciento por encima de lo que ambos gobiernos se habían propuesto.

Venezolanos esperan autorización para pasar la frontera desde Venezuela a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar, en San Antonio del Táchira, Venezuela. en agosto de 2018 (Foto: Carlos E. Ramírez/Reuters).
Venezolanos esperan autorización para pasar la frontera desde Venezuela a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar, en San Antonio del Táchira, Venezuela. en agosto de 2018 (Foto: Carlos E. Ramírez/Reuters).

“Queda mucho trabajo por hacer, y hoy vamos a discutir cómo ampliar la lucha contra los narcóticos en un ambicioso plan de cinco años que nos hemos propuesto”, declaró Pompeo. Elogió también el liderazgo del presidente colombiano, Iván Duque, a quien felicitó por los esfuerzos de su gobierno para mantener la paz en el país.

Al referirse a los lazos económicos de ambos países, recordó que el Producto Interno Bruto de Colombia se ha duplicado en las últimas dos décadas, y que la pobreza se ha reducido de uno por cada cinco colombianos a uno por cada 25. “Ese es el resultado de un arduo trabajo del pueblo colombiano, y Estados Unidos ha contribuido”, añadió el Secretario de Estado.

El Secretario de Estado Mike Pompeo saluda al concluir la conferencia de prensa conjunta con el canciller colombiano en Washington (Foto: Saul Loeb/AFP).
El Secretario de Estado Mike Pompeo saluda al concluir la conferencia de prensa conjunta con el canciller colombiano en Washington (Foto: Saul Loeb/AFP).

Colombia es la prueba de que el trabajo arduo rinde frutos, y hoy ese trabajo continúa, aseguró Pompeo.

Luego de darle las gracias en nombre de toda la delegación colombiana a Pompeo por la cálida bienvenida y la hospitalidad, Holmes Trujillo dijo que venía acompañado por altos oficiales del gobierno colombiano en tres áreas: seguridad, prosperidad económica y gobierno democrático.

Desde que comenzaron en 2010, los diálogos de alto nivel se han dedicado a fortalecer la alianza estratégica entre los dos países, subrayó el canciller colombiano.

Junto con Estados Unidos, las naciones del Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las democracias alrededor de todo el mundo, seguiremos trabajando para crear las condiciones que conduzcan a un cambio positivo en Venezuela, dijo.

“Vamos a implementar las sanciones requeridas para aislar al régimen de Nicolás Maduro”, manifestó el jefe de la diplomacia colombiana antes de dar las gracias a Estados Unidos por su apoyo en ese sentido.

El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se dirige a la prensa en la sede de la Secretaría de Estado durante la conferencia de prensa con el Secretario Mike Pompeo (Foto: Saul Loeb/AFP).
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se dirige a la prensa en la sede de la Secretaría de Estado durante la conferencia de prensa con el Secretario Mike Pompeo (Foto: Saul Loeb/AFP).

En cuanto a la colaboración económica y la búsqueda de prosperidad para ambos países, puso como ejemplo el acuerdo firmado por el presidente colombiano Iván Duque y el Secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, en la búsqueda de nuevas fuentes de energía renovable que hagan a Colombia más atractiva para la inversión extranjera.

“El gobierno colombiano está más comprometido que nunca para reducir a la mitad en 2023 los cultivos de coca”, declaró Holmes Trujillo. “En lo que va de año hemos cumplido más de un 75 por ciento del plan anual de erradicar 80 mil hectáreas de las plantaciones ilícitas”.

Es la cuarta vez que Pompeo y Holmes Trujillo se reúnen en lo que va de año.

(Con información de la Voz de las Américas, la Oficina de Prensa del Departamento de Estado y el sitio de internet del Departamento de Defensa de Estados Unidos)

Maduro y Correa activan "plan de desestabilización", denuncia presidente de Ecuador

Rafael Correa y Nicolás Maduro en Quito en septiembre de 2015. REUTERS/Byron Gallardo

El presidente Lenín Moreno afirmó el lunes que trasladó la sede del gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su colega venezolano Nicolás Maduro y al exmandatario Rafael Correa por lo que llamó un intento de golpe de Estado luego de anunciarse un alza a los precios de la gasolina.

En cadena nacional de radio y televisión, Moreno argumentó que el traslado de la sede gubernamental desde Quito a Guayaquil se cumplió de acuerdo con las atribuciones constitucionales.

“Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido”, y señaló que no es coincidencia que Correa y otros altos funcionarios de ese gobierno (2007-2017) se hayan reunido en Venezuela en las últimas semanas.

“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan; ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando ... e instrumentalizando algunos sectores indígenas”, precisó.

Añadió que no dará marcha atrás en su decisión de subir los combustibles porque “lo correcto no tiene matices”.

Hizo su pronunciamiento al final de una jornada plagada de bloqueos en carreteras y ciudades de algunas provincias en medio de choques entre manifestantes y la policía, al continuar las protestas para rechazar el incremento en los precios del combustible anunciado por el mandatario hace una semana.

Indígenas se sumaron el fin de semana a las protestas _iniciadas por transportistas_, las cuales han paralizado diversas actividades. El gobierno ha sostenido que no dará marcha atrás a su decisión de quitar el subsidio a los combustibles, argumentando que ello ayudará a estabilizar la caja fiscal.

En el transcurso del lunes las protestas adquirieron tintes de gran violencia: algunos manifestantes esquivaron barricadas policiales y militares en las afueras de Quito, e incluso se apoderaron de una tanqueta policial, la incendiaron y la lanzaron por una pendiente, mientras que en otros lugares atacaron sin motivo propiedad y vehículos particulares.

El ministerio de Energía informó que debido a tomas de instalaciones petrolíferas se paralizó la operación en los pozos Sacha, Auca y Libertador, los que dejaron de producir unos 65.000 barriles de petróleo diarios.

Las protestas han traído a la memoria de algunos ecuatorianos lo ocurrido a principios del siglo XXI, cuando el entonces presidente Lucio Gutiérrez dejó el poder en abril del 2005 luego de varios días de protestas sociales en medio de críticas a su gestión, aunque hay quien aún ve una situación distinta.

En aquel momento, ciertos sectores de la población se opusieron a algunas de las medidas tomadas por Gutiérrez, un coronel retirado, como la destitución de los miembros de la Corte Nacional de Justicia.

“No creo que caiga Moreno, porque la oposición política no está unificada y porque hay otros sectores, como las cámaras, los empresarios (que) tampoco quieren la desestabilización, (y) finalmente porque los militares están cerca del presidente”, dijo a The Associated Press el analista político Santiago Basabe.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló en entrevista con la red de televisión Teleamazonas que “tenemos en este momento un grupo de indígenas que está destruyendo el orden y quebrantando la paz social, afectando a la infraestructura pública y privada”. Por la tarde, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, señaló en rueda de prensa que el país registra pérdidas por 70 millones de dólares diarios debido a la paralización de actividades y la imposibilidad de transporte entre provincias.

El jueves pasado, los transportistas declararon una huelga de actividades. Posteriormente se unieron grupos de estudiantes y finalmente los indígenas, a los que Moreno invitó el domingo a dialogar. El mandatario advirtió que no dará marcha atrás a las medidas decretadas, que buscan eliminar un subsidio de 1.300 millones de dólares a los combustibles.

Las autoridades confirmaron cerca de 480 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.

Tras las primeras protestas, el gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción, que tiene vigor de 60 días en todo el territorio nacional, lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a efectuar requisiciones si lo considera necesario.

No es inusual que el gobierno ecuatoriano utilice el estado de excepción. La última vez que se decretó fue a mediados de año, después de que varios reclusos murieran en riñas y protestas en cárceles de todo el país.

Unos 180 manifestantes forzaron el lunes la seguridad de las bodegas de una empresa láctea en la población de Lasso, unos 60 kilómetros al sur de la capital, y robaron producto tras agredir a los empleados, sin que aún se cuantifiquen las pérdidas. En el norte del país, en la zona de Cayambe, unas 31 granjas de producción de flores de exportación fueron atacadas, y manifestantes indígenas causaron destrozos y agredieron a los empleados.

Los obstáculos _principalmente árboles derribados, neumáticos quemados y montículos de tierra_ comenzaron a acumularse en cuatro provincias: Chimborazo y Tungurahua, en el centro andino, y Pichincha e Imbabura, hacia el norte, y se extendieron a otras durante la jornada. También se ha dado cuenta de enfrentamientos con piedras con la policía y hostigamiento a la prensa.

La situación ocasionó que los colegios de la región andina suspendieran las clases, pero en el resto del país la actividad era relativamente normal.

En la capital los supermercados lucían con algunos estantes vacíos o con pocos alimentos.

Los indígenas exigen la derogatoria del decreto que permite la elevación sustancial del precio de los combustibles, que pasaron de 1,85 dólares el galón de extra, la más consumida, a 2,39 dólares, mientras que el diésel pasó de 1,03 el galón, a 2,30 dólares.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la mayor de su tipo, afirmó que las protestas se llevarán a cabo por tiempo indefinido.

El gobierno autorizó la elevación del precio del pasaje urbano entre 5 y 10 centavos, lo cual no impidió que los autobuses dejaran nuevamente sin servicio a miles de ciudadanos, los cuales se vieron obligados a caminar o a utilizar precarias formas de transporte.

Moreno, que asumió la presidencia en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía.

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