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América Latina

Adiós, Mickey Mouse: DEA captura en aeropuerto de Miami a otro narcochavista

La DEA esperó en el Aeropuerto Internacional de Miami al ex juez venezolano Benni Palmeri-Bacchi.

El ex juez Benni Palmeri-Bacchi venía a Disney World y acabó en una corte federal. Fiscales: por primera vez justicia de EEUU vincula a ex jerarcas chavistas con capos colombianos del narcotráfico. La conexión FARC.

Benni Palmeri-Bacchi, un abogado y ex juez venezolano vinculado al gobierno de Hugo Chávez, llegó entusiasmado con su familia el viernes18 de julio al Aeropuerto Internacional de Miami, de donde seguirían viaje, con una reservación por dos semanas, al famoso complejo de parques temáticos Disney World, en Orlando.

Si los agentes de la DEA hubieran querido dejarlo correr, tal vez Mickey Mouse le habría puesto las esposas a Palmeri-Bacchi, y Minnie le habría leído los Derechos de Miranda.

Pero no. El diario The Miami Herald informó el viernes que el ex magistrado, que figura entre tres funcionarios chavistas acusados en EEUU por vínculos con el narcotráfico, reapareció el jueves en una corte federal de Miami, donde se declaró no culpable de cargos de distribución de cocaína, lavado de dinero, conspiración para obstruir a la justicia y extorsión.

El abogado defensor de Palmeri-Bacchi, Edward Abramson comentó que su cliente había caído “en una trampa para osos”.

Mugshot: El general chavista Hugo Carvajal posa para la policía de Aruba
Mugshot: El general chavista Hugo Carvajal posa para la policía de Aruba

Según Abramson, citado por el Wall Street Journal, a Palmeri-Bacchi la embajada de EE.UU. en Caracas inicialmente le había negado una visa. Días más tarde, lo llamaron de la sede diplomática y le dijeron que se había cometido un error en su caso, y que le podrían expedir el visado.

Los otros dos implicados son el ex director de la Interpol en Venezuela, Rodolfo McTurk, y el ex jefe de la inteligencia militar en ese país general Hugo Carvajal Barrios, arrestado en Aruba a principios de la semana a petición de Estados Unidos.

Gonzalo Himiob, del Foro Penal Venezolano comentó a Radio Martí las consecuencias que podría tener en su país el arresto del ex juez Benni Palmeri-Bacchi.

“Hay algo que llama mucho la atención, si el Presidente Maduro y altos funcionarios que rodean al Presidente Maduro, no estuvieran involucrados en ningún tipo de actividad criminal como la que se está acusando a estos señores, no se habría producido la respuesta que hemos visto por ejemplo del gobierno venezolano contra el gobierno de Aruba y también la respuestas que hemos vistos sobre una supuesta conspiración por la detención del juez Palmeri-Bacchi”, puntualizó.

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Siempre hay una primera vez

Los fiscales federales, citados por el diario de Miami, indicaron que en estos casos contra el narcotráfico por primera vez se vincula a ex altos funcionarios del gobierno de Chávez con capos colombianos del tráfico de drogas, de quienes habrían aceptado sobornos para permitir el paso de avionetas cargadas de narcóticos desde Venezuela a México y el Caribe, con destino final en EE.UU.

Según la acusación sellada en diciembre de 2013, Palmeri-Bacchi habría conspirado con McTurk, quien continúa en Venezuela, para ayudar al ya condenado traficante colombiano Jaime Alberto Marín Zamora a mover miles de kilos de cocaína a través del país vecino, con destino a EE.UU.

Marín Zamora era un lugarteniente de la facción del Cartel del Norte del Valle encabezada por Wilber Alirio Varela Fajardo, alias “Jabón”, quien fuera encontrado muerto en 2008 en una instalación turística del estado venezolano Mérida. “Jabón” había trasladado sus operaciones a Venezuela para evitar su captura.

Marín Zamora fue acusado formalmente en 2009 por un jurado investigador de Miami. Al año siguiente fue extraditado desde Colombia, se declaró culpable y fue condenado a 16 años de cárcel.

Se acusa además a Palmeri-Bacchi y McTurk de “retrasar y evitar la extradición” de Marín Zamora de Venezuela a territorio estadounidense con el objetivo de “obstruir, influir e impedir” las acciones judiciales de la Fiscalía federal del distrito sur de Florida.

Los fiscales alegan que Palmeri-Bacchi, acusado entre otros cargos de extorsión, amenazó a un hombre identificado como J.C.S. y a su familia “con fuerza, violencia y terror” para sacarle dinero y propiedades. J.C.S. fue descrito en el encausamiento como propietario de una compañía de bienes raíces y una escuela para corredores inmobiliarios.

Según el Herald, el fiscal federal adjunto Richard Gregorie planeaba hacer una presentación en la audiencia de fianza del venezolano el jueves que hubiera mostrado que Palmeri-Bacchi había enviado correos electrónicos amenazadores a J.C.S. con archivos adjuntos. Los materiales incluían un video de un asesinato, así como fotos de prisioneros sodomizados en una cárcel venezolana.

En los discos duros de las FARC

El Wall Street Journal señala que parte de la presunta evidencia en contra de Carvajal, así como otros dos funcionarios venezolanos de alto rango en la lista negra del Departamento del Tesoro, proviene de mensajes y notas que comandos colombianos encontraron en los discos duros de las laptops ocupadas en un campamento bombardeado de las FARC.

Basándose en esos materiales el diario El País revelaba en mayo del 2008 que Carvajal era uno de los "dos hombres muy cercanos a Chávez" (que) "encabezaban hasta esa fecha los contactos". El otro era el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, entonces ministro del Interior. Los interlocutores de la guerrilla en Venezuela eran Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Rodrigo Granda, alias Ricardo.

Iván Márquez y Jesús Sántrich, enviados de las FARC a las charlas de paz de La Habana.
Iván Márquez y Jesús Sántrich, enviados de las FARC a las charlas de paz de La Habana.

En un correo del 4 de enero de 2007, Márquez ─actual jefe de la delegación de las FARC a las negociaciones de paz en La Habana─ explica que el general Carvajal y el general Alcalá les van a hacer llegar "la próxima semana bazucas [lanzagranadas] de gran potencia, de las cuales 10 serán para Timo [Timochenko, el actual comandante supremo de la organización] y 10 para acá".

El envío ─apunta El País─ se materializa días más tarde: "Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., 2 tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas, y que próximamente nos harán llegar otras más", escribe Iván el 20 de enero. El general Carvajal se ha comprometido además "a traer un ofertante de armas de Panamá",.

Funcionarios del gobierno venezolano y líderes de las FARC alegaron que los documentos fueron falsificados por la inteligencia colombiana. Pero una investigación de la Interpol no encontró evidencia de manipulación, y desertores de la guerrilla respaldaron muchas de las acusaciones.

En septiembre de 2008 la Tesorería de Estados Unidos decidió incluir al general Carvajal en la lista Clinton de personas y empresas Especialmente Designados como Traficantes de Narcóticos.

Narco parlanchín

El Wall Street Journal recuerda por otra parte que en 2010 Colombia arrestó a Walid Makled, un presunto capo de la droga de origen sirio y nacionalidad venezolana, y posteriormente se lo entregó al gobierno de Chávez.

En marzo de 2011, antes de ser enviado a Venezuela, Makled dijo en una entrevista con el periodista Casto Ocando, de la unidad investigativa de la cadena en español Univisón, que rutinariamente pagaba a oficiales militares venezolanos.

"Por ejemplo, yo solía dar una cuota semanal de 200 millones de bolívares (unos 50.000 dólares en el momento);100 millones eran para el general Hugo Carvajal", dice Makled (ver desde el minuto 7)

También confirmó Makled la plena participación de las autoridades venezolanas en los envíos de drogas:

“100 por ciento, hermano, claro, porque es territorio venezolano (…) En San Fernando de Apure, diariamente de ahí salen cinco o seis aviones cargados con cocaína hacia Honduras, de Honduras hacia México, y de México hacia Estados Unidos”, declaró el narcotraficante.

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Paro nacional en Nicaragua busca liberación de presos políticos

La policía custodia las calles de Managua durante el paro nacional convocado por la oposición.

Las calles y avenidas de las principales ciudades de Nicaragua lucían parcialmente vacías el jueves, aunque con relativo movimiento comercial en Managua, en el inicio de una huelga de 24 horas convocada por la oposición en reclamo de que el gobierno de Daniel Ortega libere a cientos de manifestantes presos.

Pequeños negocios, algunos supermercados, colegios de secundaria y universidades privadas de Managua cerraron sus puertas en apoyo al paro promovido por las coaliciones opositoras Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, organizaciones universitarias y el Comité de Familiares de Presos Políticos.

Se observaba muy poco tráfico de vehículos privados sobre la carretera a Masaya y la carretera panamericana, que comunica a Nicaragua con el resto de Centroamérica. Las cooperativas de autobuses y taxis operaban con cierta normalidad en la capital aunque con escasa demanda.

“Paramos y vaciamos las calles no por resignación sino por indignación. Paramos por la libertad de los inocentes en las cárceles. Paramos para no consumir y no aportar a nuestra propia represión”, declaró Haydeé Castillo, activista de derechos humanos y dirigente de la UNAB.

El gobierno emitió un comunicado en el que ofreció liberar a todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio, seguir promoviendo una reforma electoral "para las elecciones de 2021" y fomentar la reconciliación y el retorno voluntario de los exiliados.

Las farmacias y las gasolineras abrieron sus puertas, pero con pocos clientes. “Si yo no trabajo no como, a mí la política no me mantiene”, dijo a The Associated Press Evelia Herrera, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en una zona residencial de las afueras de Managua.

También lucían casi desiertos los habitualmente concurridos mercados Mayoreo y Oriental, en el sector norte de la capital. En la ciudad de León, en el occidente, comerciantes de los cuatro mercados municipales se sumaron al paro pese a que la alcaldía había amenazado con retirarles sus permisos de venta, informaron medios locales.

Tanto en León como en las ciudades de Chinandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las radioemisoras locales reportaron un ambiente desolado y poco movimiento comercial.

Las escuelas y universidades públicas del país laboraron con normalidad tras recibir advertencias del gobierno. La dirigente estudiantil Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica, denunció que los rectores de las universidades públicas y algunas privadas "amenazaron con sancionar a los alumnos que no asistieran".

No obstante, los principales centros educativos privados suspendieron las clases, incluido el Colegio Alemán Nicaragüense ubicado en Managua y donde estudian varios nietos del presidente Ortega.

La dirección del colegio informó que no trabajaría el jueves “por razones de seguridad para nuestra comunidad educativa”. Hace semanas el centro fue el foco de una polémica cuando los nietos de Ortega realizaron manifestaciones políticas a favor del gobierno.

El miércoles el gobierno advirtió que aplicaría sanciones a los bancos privados que apoyaran el paro nacional. La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, que puede imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral según una resolución vigente desde 2006.

De acuerdo con estimaciones del sector privado el paro nacional podría dejar pérdidas económicas de hasta 20 millones de dólares por día.

Mientras tanto, el portal oficial El 19 Digital divulgó los resultados de una encuesta de la consultora local SISMO LIX según la cual 57,7% de la población aprueba el desempeño del presidente Ortega. El sondeo, realizado del 5 al 16 de mayo, indicó que 96,9% de la población quiere un país en paz y 97,6% desea estabilidad social y económica. Asimismo, un 96,7% desea seguridad ciudadana, agregó el informe de la encuestadora vinculada al gobierno.

SIP condena estigmatización contra la prensa y los periodistas

Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times en Colombia. (Facebook).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un llamado de preocupación ante lo que considera “campañas de estigmatización contra periodistas en Colombia y Estados Unidos que limitan la libertad de prensa, debilitan la discusión pública en democracia y aumentan los riesgos de vida de los periodistas”.

En artículo publicado en el sitio oficial de la SIP este miércoles, la entidad citó el ejemplo del periodista Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times, que se vio obligado a abandonar el país por "acusaciones falsas", argumentando que “atentan contra su seguridad, luego que la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido de gobierno, tuiteó dos fotos del reportero y un texto que cuestionaba cuánto le habrían pagado las Farc por publicar un reportaje favorable y otro contra el Ejército”, enumera la SIP.

Sin embargo, explica la entidad regional, “La foto donde aparece el reportero en una moto resultó no ser el periodista Casey sino del reportero gráfico Federico Ríos, que también abandonó el país”.

El tuit de la legisladora, acompañado por la etiqueta #CaseyEsFakeNews y replicado por otros políticos, fue en respuesta al artículo de Casey titulado "Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles", que fue publicado el 18 de mayo en el New York Times.

El periodista se refirió, indica la SIP, a la supuesta orden del jefe del Ejército colombiano de duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos o capturados.

María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP y directora del diario colombiano El País de Cali, manifestó su rechazo al uso cada vez más frecuente de la estigmatización a periodistas como mecanismo de censura.

Domínguez expresó la gravedad que para el ejercicio del periodismo significa que los funcionarios públicos y políticos no midan las consecuencias que puedan tener sus palabras cuando sus críticas y estigmatizaciones están dirigidas contra los reporteros y su labor profesional. Agregó que "la estigmatización e insultos a la prensa, generados por funcionarios públicos y difundidos en redes sociales, crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios".

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal mexicano La Silla Rota, dijo que "la estigmatización se ha intensificado con el internet, las redes sociales y con funcionarios y gobernantes que desacreditan a los mensajeros cuando investigan y denuncian corrupción". Destacó que el discurso de odio y la intolerancia ante las críticas fundadas en investigaciones y denuncias "debilitan no solo la libertad de prensa sino la discusión pública que es una garantía inherente a la vida democrática".

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

[Con información de la Sociedad Interamericana de Prensa]

Cristina Fernández afronta su primer juicio en plena campaña electoral

Senadora Cristina Fernández de Kirchner junto a su abogado Carlos Beraldi el 21 de mayo en Buenos Aires.

BUENOS AIRES (AP) - La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó el martes en el banquillo en un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.

El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.

Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.

Fernández escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala mientras varias filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno. Detrás de un vidrio a espaldas de la acusada, se ubicaron políticos, sindicalistas y dirigentes de derechos humanos que sostienen su inocencia.

En las inmediaciones de la sede del tribunal simpatizantes de Fernández que vestían camisetas con la imagen de la expresidenta entonaron cánticos en su apoyo y ondearon banderas argentinas.

Alberto Fernández aseguró a periodistas que "Cristina va a poder probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

Horas antes del inicio del juicio, la dirigente peronista afirmó en su cuenta de Twitter que el proceso es un “nuevo acto de persecución” que tiene como objetivo “colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Fernández se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri. La senadora afirma que su sucesor promueve causas en su contra para desviar la atención de los argentinos de la actual crisis económica.

El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.

Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.

Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el allegado empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.

La senadora está acusada de haber encabezado una "asociación ilícita" que otorgó de forma discrecional obras públicas a Báez en la provincia sureña de Santa Cruz.

Esa "organización criminal" -que también funcionó durante el gobierno de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007)- sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez, sostuvo el secretario del tribunal durante la lectura de la acusación.

Alberto Fernández, que también fue jefe de gabinete de Kirchner, es uno de los más de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.

El analista Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dijo a The Associated Press que Macri aprovechará el desarrollo del proceso para “antagonizar” con la exmandataria y “eso no va a ser tan fácil” para ella.

El analista agregó, sin embargo, que con el sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial Fernández consiguió amortiguar el impacto de su imagen frente a los jueces. “No es lo mismo la foto sentada en el banquillo siendo una candidata a presidenta que la foto de Alberto Fernández viajando para hacer un acto” de campaña, dijo.

La primera audiencia del juicio consistió en la lectura de la acusación fiscal.

De ser hallada culpable la exmandataria podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión.

La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez que supuestamente fueron amañados a favor del empresario pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.

Fernández sostuvo que “jamás” intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto. También cuestionó que la justicia le impidiera aportar suficientes pruebas para su defensa.

Carvajal denuncia manipulación de resultados electorales por parte de coronel venezolano

Autoridades venezolanas reciben al exjfe de inteligencia militar Hugo Carvajal

El exdirector de la Inteligencia Militar venezolana, Hugo Carvajal, solicitó en una carta publicada en su cuenta de Twitter la investigación a Carlos Quintero Cuevas por supuesta participación en la manipulación de los resultados de las elecciones presidenciales 2019-2025.

En la misiva dirigida tanto a la Asamblea Nacional, como al pueblo venezolano y la comunidad internacional Carvajal rectificó su intención colaborar para lograr el cese a la usurpación y de juntar todos los esfuerzos posibles para “para apoyar la causa de devolver la democracia a Venezuela".

Carvajal explica que desde el año 2002 hasta el 2004 Quintero formó parte del Departamento de Informática de la Dirección de Inteligencia Militar y después ocupó el cargo de Director de Informática en el que supervisaba “la data de los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación.”

En su declaración, Carvajal asegura que Quintero forma parte de la Junta Nacional Electoral y su trabajo consistió en dirigir, supervisar y controlar los procesos electorales.

La carta finaliza sentenciando “yo lo podría asegurar a partir de las mismísimas palabras de Carlos Quintero en 2017: ‘me basta una llamada de Cilia o Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia”.

Hugo Carvajal, general retirado del Ejército venezolano, fue detenido en España en el mes de abril del presente año en respuesta a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por un supuesto delito de narcotráfico.

[Redactado por Carolina Morales con información de redes sociales]

Guaidó : “incluso a la palabra temen”

El líder de la oposición venezolana y autoproclamado presidente interino Juan Guaido asiste a una sesión en la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas el 23 de abril de 2019. -

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó ante el bloqueo del servicio de streaming por parte del régimen de Maduro asegurando que esas acciones demuestran la fragilidad en la que se encuentra.

La ONG NetBlocks informó que el día de hoy fue bloqueado el acceso a las plataformas YouTube, Periscope, Bing y el resto de los servicios de Google desde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Cantv, durante la transmisión en vivo de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

NetBlocks, organización que se encarga de la vigilancia del tráfico de Internet difundió informó esta información por su cuenta de Twitter.

No es primera vez que el régimen censura de esta manera a la oposición venezolana, el último bloqueo registrado por esta NetBlocks fue el 18 de mayo, durante el discurso de Juan Guaidó en Guatire.

[Redactado con información de redes sociales]

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