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América Latina

Adiós, Mickey Mouse: DEA captura en aeropuerto de Miami a otro narcochavista

La DEA esperó en el Aeropuerto Internacional de Miami al ex juez venezolano Benni Palmeri-Bacchi.

El ex juez Benni Palmeri-Bacchi venía a Disney World y acabó en una corte federal. Fiscales: por primera vez justicia de EEUU vincula a ex jerarcas chavistas con capos colombianos del narcotráfico. La conexión FARC.

Benni Palmeri-Bacchi, un abogado y ex juez venezolano vinculado al gobierno de Hugo Chávez, llegó entusiasmado con su familia el viernes18 de julio al Aeropuerto Internacional de Miami, de donde seguirían viaje, con una reservación por dos semanas, al famoso complejo de parques temáticos Disney World, en Orlando.

Si los agentes de la DEA hubieran querido dejarlo correr, tal vez Mickey Mouse le habría puesto las esposas a Palmeri-Bacchi, y Minnie le habría leído los Derechos de Miranda.

Pero no. El diario The Miami Herald informó el viernes que el ex magistrado, que figura entre tres funcionarios chavistas acusados en EEUU por vínculos con el narcotráfico, reapareció el jueves en una corte federal de Miami, donde se declaró no culpable de cargos de distribución de cocaína, lavado de dinero, conspiración para obstruir a la justicia y extorsión.

El abogado defensor de Palmeri-Bacchi, Edward Abramson comentó que su cliente había caído “en una trampa para osos”.

Mugshot: El general chavista Hugo Carvajal posa para la policía de Aruba
Mugshot: El general chavista Hugo Carvajal posa para la policía de Aruba

Según Abramson, citado por el Wall Street Journal, a Palmeri-Bacchi la embajada de EE.UU. en Caracas inicialmente le había negado una visa. Días más tarde, lo llamaron de la sede diplomática y le dijeron que se había cometido un error en su caso, y que le podrían expedir el visado.

Los otros dos implicados son el ex director de la Interpol en Venezuela, Rodolfo McTurk, y el ex jefe de la inteligencia militar en ese país general Hugo Carvajal Barrios, arrestado en Aruba a principios de la semana a petición de Estados Unidos.

Gonzalo Himiob, del Foro Penal Venezolano comentó a Radio Martí las consecuencias que podría tener en su país el arresto del ex juez Benni Palmeri-Bacchi.

“Hay algo que llama mucho la atención, si el Presidente Maduro y altos funcionarios que rodean al Presidente Maduro, no estuvieran involucrados en ningún tipo de actividad criminal como la que se está acusando a estos señores, no se habría producido la respuesta que hemos visto por ejemplo del gobierno venezolano contra el gobierno de Aruba y también la respuestas que hemos vistos sobre una supuesta conspiración por la detención del juez Palmeri-Bacchi”, puntualizó.

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Siempre hay una primera vez

Los fiscales federales, citados por el diario de Miami, indicaron que en estos casos contra el narcotráfico por primera vez se vincula a ex altos funcionarios del gobierno de Chávez con capos colombianos del tráfico de drogas, de quienes habrían aceptado sobornos para permitir el paso de avionetas cargadas de narcóticos desde Venezuela a México y el Caribe, con destino final en EE.UU.

Según la acusación sellada en diciembre de 2013, Palmeri-Bacchi habría conspirado con McTurk, quien continúa en Venezuela, para ayudar al ya condenado traficante colombiano Jaime Alberto Marín Zamora a mover miles de kilos de cocaína a través del país vecino, con destino a EE.UU.

Marín Zamora era un lugarteniente de la facción del Cartel del Norte del Valle encabezada por Wilber Alirio Varela Fajardo, alias “Jabón”, quien fuera encontrado muerto en 2008 en una instalación turística del estado venezolano Mérida. “Jabón” había trasladado sus operaciones a Venezuela para evitar su captura.

Marín Zamora fue acusado formalmente en 2009 por un jurado investigador de Miami. Al año siguiente fue extraditado desde Colombia, se declaró culpable y fue condenado a 16 años de cárcel.

Se acusa además a Palmeri-Bacchi y McTurk de “retrasar y evitar la extradición” de Marín Zamora de Venezuela a territorio estadounidense con el objetivo de “obstruir, influir e impedir” las acciones judiciales de la Fiscalía federal del distrito sur de Florida.

Los fiscales alegan que Palmeri-Bacchi, acusado entre otros cargos de extorsión, amenazó a un hombre identificado como J.C.S. y a su familia “con fuerza, violencia y terror” para sacarle dinero y propiedades. J.C.S. fue descrito en el encausamiento como propietario de una compañía de bienes raíces y una escuela para corredores inmobiliarios.

Según el Herald, el fiscal federal adjunto Richard Gregorie planeaba hacer una presentación en la audiencia de fianza del venezolano el jueves que hubiera mostrado que Palmeri-Bacchi había enviado correos electrónicos amenazadores a J.C.S. con archivos adjuntos. Los materiales incluían un video de un asesinato, así como fotos de prisioneros sodomizados en una cárcel venezolana.

En los discos duros de las FARC

El Wall Street Journal señala que parte de la presunta evidencia en contra de Carvajal, así como otros dos funcionarios venezolanos de alto rango en la lista negra del Departamento del Tesoro, proviene de mensajes y notas que comandos colombianos encontraron en los discos duros de las laptops ocupadas en un campamento bombardeado de las FARC.

Basándose en esos materiales el diario El País revelaba en mayo del 2008 que Carvajal era uno de los "dos hombres muy cercanos a Chávez" (que) "encabezaban hasta esa fecha los contactos". El otro era el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, entonces ministro del Interior. Los interlocutores de la guerrilla en Venezuela eran Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Rodrigo Granda, alias Ricardo.

Iván Márquez y Jesús Sántrich, enviados de las FARC a las charlas de paz de La Habana.
Iván Márquez y Jesús Sántrich, enviados de las FARC a las charlas de paz de La Habana.

En un correo del 4 de enero de 2007, Márquez ─actual jefe de la delegación de las FARC a las negociaciones de paz en La Habana─ explica que el general Carvajal y el general Alcalá les van a hacer llegar "la próxima semana bazucas [lanzagranadas] de gran potencia, de las cuales 10 serán para Timo [Timochenko, el actual comandante supremo de la organización] y 10 para acá".

El envío ─apunta El País─ se materializa días más tarde: "Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., 2 tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas, y que próximamente nos harán llegar otras más", escribe Iván el 20 de enero. El general Carvajal se ha comprometido además "a traer un ofertante de armas de Panamá",.

Funcionarios del gobierno venezolano y líderes de las FARC alegaron que los documentos fueron falsificados por la inteligencia colombiana. Pero una investigación de la Interpol no encontró evidencia de manipulación, y desertores de la guerrilla respaldaron muchas de las acusaciones.

En septiembre de 2008 la Tesorería de Estados Unidos decidió incluir al general Carvajal en la lista Clinton de personas y empresas Especialmente Designados como Traficantes de Narcóticos.

Narco parlanchín

El Wall Street Journal recuerda por otra parte que en 2010 Colombia arrestó a Walid Makled, un presunto capo de la droga de origen sirio y nacionalidad venezolana, y posteriormente se lo entregó al gobierno de Chávez.

En marzo de 2011, antes de ser enviado a Venezuela, Makled dijo en una entrevista con el periodista Casto Ocando, de la unidad investigativa de la cadena en español Univisón, que rutinariamente pagaba a oficiales militares venezolanos.

"Por ejemplo, yo solía dar una cuota semanal de 200 millones de bolívares (unos 50.000 dólares en el momento);100 millones eran para el general Hugo Carvajal", dice Makled (ver desde el minuto 7)

También confirmó Makled la plena participación de las autoridades venezolanas en los envíos de drogas:

“100 por ciento, hermano, claro, porque es territorio venezolano (…) En San Fernando de Apure, diariamente de ahí salen cinco o seis aviones cargados con cocaína hacia Honduras, de Honduras hacia México, y de México hacia Estados Unidos”, declaró el narcotraficante.

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General venezolano: Maduro es incapaz de ser comandante en jefe

Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se presentó en el programa de Idania Chirinos en NTN24.

Un general del ejército venezolano sancionado por Estados Unidos huyó a Colombia, en momentos en que aumenta la presión internacional sobre el presidente Nicolás Maduro, y dijo que escapó porque no podía ser leal a un “gobierno de incapaces y corruptos”.

Carlos Rotondaro fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicinas que administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo que presidió durante 10 años hasta el 2017.

“No soy traidor, soy leal a la patria”, dijo Rotondaro en una entrevista divulgada el lunes por la tarde con el canal colombiano NTN24. “Ese juramento no incluía defender a un gobierno de incapaces y corruptos (...) Cada año estamos peor”, agregó.

El oficial no dio detalles sobre su salida del país, excepto que fue de forma clandestina y que su pasaporte le fue anulado a fines de 2017. Tampoco se refirió a su estatus legal en Colombia.

El exfuncionario, que había dejado el cargo en el seguro social hace un par de años, solicitó refugio en Colombia hace pocos días, según dijeron a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.

Desde enero, cientos de oficiales han desertado de Venezuela y cruzado la frontera hacia Colombia, tras una oferta de beneficios jurídicos que ofreció el líder de la oposición Juan Guaidó, cuando se proclamó presidente interino.

Sin embargo, hasta ahora pocos generales han aceptado el ofrecimiento de Guaidó.

Rotondaro dijo que reconocía al líder opositor como el presidente legítimo del país. “(La población) está pidiendo un cambio a gritos a través de unas elecciones en igualdad de condiciones”, agregó.

“No hay liderazgo total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las necesidades de la tropa hacen que el liderazgo se vaya diluyendo. Nicolás Maduro no tiene la moral, ni tiene la capacidad para ser el comandante en jefe”, dijo Rotondaro.

El Ministerio de Comunicación no respondió a solicitudes de comentarios.

Los militares de alto rango son considerados clave para mantener en el poder a Maduro, que ha presidido cinco años de recesión del país petrolero, que sufre además una hiperinflación y del que han migrado unas tres millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas.

En marzo de 2018, el exfuncionario fue incluido en la lista de sancionados por el gobierno de Donald Trump.

[agencia Reuters y NTN24]

EEUU condena violencia de Ortega contra manifestantes en Nicaragua

Policía reprime a manifestantes en Nicaragua.

Estados Unidos condenó este lunes la continua violencia y represión del régimen de Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense el pasado 16 de marzo, y pidió al gobernante liberar a cientos de personas detenidas durante las protestas.

"Estados Unidos continuarán instando a la rendición de cuentas por aquellos que han demostrado un descarado desprecio por Derechos humanos y libertades fundamentales", advirtió el Departamento de Estado en un comunicado.

"Pedimos al régimen de Ortega que ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente; respetar la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses; y comprometerse con las reformas electorales y con la celebración temprana y libre de elecciones", agregó la nota.

La cancillería estadounidense reiteró su apoyo a la Alianza Cívica y al pueblo nicaragüense "en su búsqueda por restaurar la democracia a través de medios pacíficos".

"Ahora es el momento de soluciones rápidas, justas y de buena fe. Los nicaragüenses merecen tener un gobierno que escuche sus voces y respete sus derechos humanos y libertades fundamentales", concluyó el Departamento de Estado.

(A partir de un comunicado del Departamento de Estado)

Dictan nuevo procesamiento por corrupción a Cristina Fernández

Cristina Fernández de Kirchner sale de una corte federal en Buenos aires, en febrero pasado.

Un juez argentino dictó este lunes un nuevo procesamiento por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), el tercero que incluye una orden de detención, aunque seguirá sin hacerse efectiva por ser senadora y tener fueros, informaron a Efe fuentes del caso.

El magistrado Claudio Bonadio abrió un proceso penal, que se vincula a la conocida como "causa de los cuadernos", contra la exmandataria -que está en Cuba visitando a su hija Florencia, tratada en ese país por problemas de salud- por la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL) durante su mandato presidencial.

Otros siete procesamientos más pesan ya sobre la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que insiste en que es víctima de una persecución judicial hilvanada por el actual Gobierno y ya el pasado 25 de febrero declaró por escrito que "no existe un solo elemento de prueba" que la vincule "siquiera remotamente" con lo que se la acusa.

En el dictamen de Bonadio, que también procesó a, entre otros, exdirectivos de las estatales YPF y Enarsa y a los ya detenidos Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (exsubsecretario de Control y Coordinación de la misma cartera), se apunta a supuestos delitos cometidos entre 2008 y 2015.

"Los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido", subraya el juez.

Además, el auto agrega que no existió "negociación alguna" al respecto y la participación de intermediarios y la selección de agencias marítimas también fue sin licitación.

"Facturaron a precios con variaciones injustificadas, componentes que incidieron en el precio finalmente abonado que generó un perjuicio económico a las arcas del estado, por un monto difícil de determinar", remarcó el magistrado.

"Se advirtió una sobrefacturación en las compras de GNL total y aproximada de 124,75 millones de dólares y una subfacturación de, aproximadamente, 194,28 millones. Para que la maniobra pudiera configurarse y sostenerse en el tiempo, los aportes de cada uno de los funcionarios imputados, desde sus respectivas áreas de responsabilidad, fueron indispensables", sentencia el auto.

Tanto De Vido como Baratta, junto con otros exfuncionarios como los que fueran presidentes de la empresa energética estatal Enarsa Exequiel Omar Espinosa y Walter Rodolfo Fagyas "fueron quienes tuvieron la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado", habiendo tenido en sus manos, según Bonadio, "el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL".

En el caso concreto de Fernández, por la causa del GNL se amplía su procesamiento por cohecho pasivo o defraudación contra la administración pública y por administración fraudulenta que ya registra la causa madre y se decretó prisión preventiva que se hará efectiva si el Senado prueba su desafuero.

Este expediente está directamente relacionado con la llamada "causa de los cuadernos", que se destapó en agosto pasado después de conocerse unas libretas en las que un chófer de Baratta anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.

"Su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes", remarca Bonadio en su dictamen.

Esa "asociación ilícita" fue, según el magistrado, comandada por Kirchner -fallecido en 2010- y Fernández, ya que "el dinero era entregado alternativamente" al matrimonio presidencial en sus domicilios privados u oficiales.

"Parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos", añade Bonadio.

(EFE)

Espía cubano fue expulsado de Colombia

Migración Colombia

A través de un comunicado en su página web Migración Colombia informó que el ciudadano cubano José Manuel Pena García fue expulsado del territorio colombiano en un vuelo con destino a la Habana.

Según el diario El Tiempo Pena García se encontraba realizando actividades de espionaje en la base área de Palanquero, una sede estratégica de las fuerzas militares colombianas, ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca. "Monitoreaba e informaba cómo era el funcionamiento y cómo se movía la base de Palanquero", indicó una fuente del diario colombiano cercana al caso. "Tenía un equipo que le permitía medir las dimensiones de los aviones y el armamento", añadió la fuente.

Migración Colombia explica que Pena García fue solicitado la madrugada del sábado para comunicarle la orden de expulsión en su contra por considerarlo un extranjero que amenaza la seguridad nacional del país.

Un testigo del diario El Tiempo asegura que en el año 2014 Pena García ha sido clave para llevar a Venezuela a miembros del G2 cuando llegó al país vecino por medio del programa de intercambio de médicos entre ambos países.

Por medio de su comunicado Migración Colombia asegura que por medio del Artículo 2.2.1.13.2.2 los inmigrantes "… que realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social...

Esta medida le impide la entrada a territorio colombiano por un lapso de 10 años a partir de la fecha de expulsión.

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