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América Latina

Canadá sanciona a 43 funcionarios de Maduro

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente venezolano Nicolás Maduro (c) durante un acto de gobierno

Canadá impuso hoy sanciones económicas contra 43 altos funcionarios del Gobierno venezolano, entre ellos los máximos responsables de los servicios de Inteligencia, en la que es la cuarta ronda de medidas de este tipo por parte de Ottawa contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Entre los sancionados se encuentran Manuel Gregorio Bernal Martínez, antiguo director del Servicio de Inteligencia Bolivariano, que en julio pasado fue ascendido al grado de mayor general; e Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

También está Manuel Ricardo Cristopher Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Hildemaro José Rodríguez Múcura, comisario de Sebin; y Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de una unidad de la Policía Nacional de Venezuela.

En las anteriores rondas de sanciones, Canadá ya había castigado a 70 funcionarios con medidas similares, que impiden a individuos o entidades canadienses mantener relaciones financieras con los sancionados.

Ottawa justificó la inclusión de otros 43, entre los que hay también gobernadores regionales, en la lista de sanciones porque son "responsables del deterioro de la situación en Venezuela".

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, señaló en un comunicado que "hoy Canadá está tomando medidas para que otras 43 personas respondan por sus papeles en el empeoramiento de la situación en Venezuela".

La abogada y exvicefiscal del Ministerio Público Katherine Nayarith Harrington Padrón, que fue sancionada en 2015 por la Administración del expresidente Barack Obama (2009-2017) por violación de los derechos humanos, también aparece en la lista canadiense.

El pasado 23 de enero, el líder opositor Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, se proclamó presidente del país invocando unos artículos de la Constitución al considerar ilegítima la toma de posición el 10 de ese mes de Maduro, tras las elecciones de mayo cuestionadas por parte de la comunidad internacional.

Desde entonces, más de medio centenar de países, entre los que figuran Canadá y Estados Unidos, han reconocido a Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela.

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Renuncia vicepresidente del Tribunal Electoral de Bolivia

Consejo Electoral de Bolivia

El vicepresidente de la junta electoral de Bolivia, Antonio Costas, presentó el martes su renuncia al gobierno del presidente Evo Morales, debido a la "tonta" decisión del resto del panel de seis miembros de interrumpir la publicación de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del domingo.

En una carta dirigida al vicepresidente Álvaro García, fechada el martes, Costas dijo que la decisión había desacreditado "todo el proceso electoral, causando una convulsión social innecesaria".

La renuncia obedece a "la desatinada decisión de la Sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados", dijo en su carta de dimisión.

"Bolivia está primero", agregó Costas.

Su renuncia se produce cuando las protestas contra el gobierno continuaron por segundo día tras.

El Gobierno de Bolivia pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizar una auditoría del conteo definitivo, ante las protestas de que hubo fraude.

La mision de la OEA en Bolivia ha criticado el proceso electoral. Amnistia Internacional, Human Rights Watch y el gobierno de Estados Unidos tambien han denunciado las irregularidades.

Bolivia continúa su segundo día de protestas tras tensión electoral

Manifestaciones en Bolivia

Continúa tensa la situación para Bolivia tras las elecciones presidenciales que arrojaron como ganador a Evo Morales.

Este sería el cuarto mandato para Morales a pesar de que en 2016 el pueblo votó por el referéndum y ganó el "no" para reformar la constitución que le permitiría aspirar a una nueva reelección.

Durante el escrutinio de votos que daría a conocer el nuevo presidente de Bolivia, la divulgación fue suspendida, luego de que se conocieran las primeras cifras, horas después fue reanudada. Situación que generó dudas con respecto a la transparencia del conteo por parte del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE).

Según Carlos Mesa, periodista e historiador de 66 años quién ya había sido presidente entre 2003 y 2005 y que se enfrentaba a Morales por la presidencia del país, el TSE tiene que ofrecer una explicación a esta situación.

"De manera arbitraria, discrecional y por órdenes del gobierno de ​Evo Morales, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha incumplido el compromiso que hizo el 10 de octubre, en una reunión con periodistas y partidos políticos, de dar a conocer el conteo del TREP (transmisión de resultados preliminares electorales) al 100%".

La Organización de Estados Americanos (OEA), también se pronunció frente a estos hechos, a través de un comunicado de prensa divulgado en su cuenta oficial de twitter.

Cuba, por su parte, apoyó al recién "electo presidente" en una publicación en su periódico oficialista Granma y a través de un comentario en twitter del gobernante Díaz Canel.

Periódico Granma
Periódico Granma

Debido a esta situación los bolivianos se lanzaron a las calles a protestar lo que para ellos es un "fraude electoral".

Enfrentamientos entre los ciudadanos y la polícia han dejado decenas de heridos y detenidos, además de daños en el moviliario de la ciudad.

Durante las protestas del lunes en la noche, una multitud derrivó la estatua del fallecido Hugo Chavéz, exigiendo su respeto al voto.

Ciudadanos llamaron a un paro nacional el cual entrará en vigencia a partir de este miércoles.

Dirigentes civiles acordaron continuar con esta medida "hasta que se respete la democracia y lo expresado por el ciudadano en las urnas".

Human Rights pide a UE sancionar autoridades de Nicaragua por graves abusos

Joven herido durante manifestación por libertad de los detenidos en Nicaragua

El 14 de octubre, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea estructuraron un marco legal con el fin de imponer medidas sobre organizaciones y personas implicadas en las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, cometidas durante las manifestaciones contra el gobierno que se iniciaron en abril de 2018.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo al respecto: “Ahora que la UE cuenta con el marco legal para sancionar a altos funcionarios nicaragüenses implicados en la brutal represión de opositores, debería actuar sin demoras, prohibiéndoles el ingreso e inmovilizando activos de funcionarios clave que son responsables de gravísimos abusos. La presión es crucial para prevenir más abusos y asegurar que se haga justicia por actos que constituyen graves delitos conforme al derecho internacional”.

En julio de 2019, Human Rights Watch hizo llegar a Federica Mogherini, Alta Representante de la UE, así como a los ministros de Relaciones Exteriores de dicha institución una carta solicitando sanciones para altos cargos y funcionarios del gobierno nicaragüense, entre los cuales destacan Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, la general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional hasta septiembre de 2018; el general Francisco Díaz, quien sustituyó a la general Granera; los también generales Ramón Avellán y Jaime Vanegas, ambos altos cargos de la ya mencionada Policía Nacional.

En esta solicitud se encuentran, además, los nombres del general Luis Pérez Oliva, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, lugar tristemente conocido como El Chipote, donde fueron encerrados la mayoría de los manifestantes, siendo sometidos a crueles torturas, vejámenes, sadismo y humillaciones de toda índole, de acuerdo al reporte emitido por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, (DOEP) que, según informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) jugó un “papel central” en la brutal oleada represiva que se desató en todo José Miguel Vivancoel país centroamericano.

(Nota redactada a partir del informe de Human Rights Watch)

Inesperado giro en elecciones da triunfo a Evo; opositores llaman a huelga (VIDEO)

En Bolivia cartel de fraude

Organizaciones ciudadanas de la región oriental de Santa Cruz, bastión opositor en Bolivia, preparaban el martes una huelga para desconocer un posible triunfo del presidente Evo Morales y denunciar un presunto fraude en las elecciones, tras los disturbios de la víspera en varias ciudades.

“Vamos a parar el país en forma indefinida”, dijo el martes el líder cívico Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, donde se darán cita representantes de organizaciones ciudadanas y opositoras de todo el país para “definir medidas contra el fraude”.

En las ciudades sureñas de Potosí y Tarija fueron quemadas las oficinas del tribunal electoral. En Sucre, también al sur, las oficinas electorales fueron saqueadas. La turba incendió la sede del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales. La policía no pudo contener a la turba. También La Paz vivió una noche de protestas.

Protestas violentas al grito de "fraude"
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Todo comenzó cuando, 24 horas después de interrumpir la transmisión de conteos rápidos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reanudó sus conteos el lunes en la noche y “presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral”, denunció poco después el jefe de la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos, Manuel González.

Gonzales dijo que la misión de la OEA “dará recomendaciones de cara a una segunda vuelta”, en el informe final que presentará. “Llamamos a la autoridad electoral a que defienda la voluntad de la ciudadanía boliviana” y llamó a la calma.

El domingo, el TSE difundió resultados de conteos preliminares según los cuales Morales aventajaba a su principal contendor, el expresidente Carlos Mesa con una estrecha diferencia que anticipaba segunda vuelta con más del 80% de las actas contabilizadas.

La interrupción de la transmisión motivo fuertes críticas y 24 horas después la transmisión se reanudó con resultados que proyectan a Morales como posible ganador en primera vuelta con el 93% de las actas contabilizadas en conteos rápidos preliminares.

Esos datos gatillaron protestas en todo el país que se prolongaron hasta la medianoche del lunes. Las protestas “en defensa del voto” _como decían los manifestantes_ derivaron en vandalismo en varias ciudades.

En la capital, La Paz, la policía evitó el choque entre opositores y seguidores a Morales en puertas del tribunal electoral donde se hacía el recuento.

Ricardo Centellas, vocero de la Conferencia Episcopal de Bolivia, leyó el martes un comunicado en el que “exhorta al TSE a cumplir el papel de árbitro imparcial ante indicios de fraude”.

El lunes grupos de ciudadanos denunciaron haber encontrado actas electorales y ánforas con votos en casas particulares de La Paz y Potosí, lo que aumentó las sospechas y el malestar.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó a Mesa por la violencia, después que éste denunciara un presunto fraude y llamara a desconocer los resultados.

Declaración de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia llama a que se respete la voluntad de la ciudadanía:
Este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas. Durante esta observación electoral, la Misión de Observación Electoral de la OEA ha testificado la inequidad evidente entre las candidaturas. Ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña.
A pesar de estas condiciones, la ciudadanía participó de manera pacífica, ordenada y masiva el pasado domingo 20 de octubre. Es fundamental que se respete plenamente la voluntad ciudadana, honrando los valores contenidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
La Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas.
A las 19.40 del domingo 20 de octubre el TSE difundió los resultados del TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la Misión. Nuestra información fue compartida hoy con el TSE y la Cancillería.
A las 20.10 de ayer, el TSE dejó de divulgar resultados preliminares, por decisión del pleno, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral.
Oportunamente, la Misión dará un informe con recomendaciones de cara a una segunda vuelta.
Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias de manera ágil y transparente.
Es de extrema importancia que se mantenga la calma y se evite cualquier forma de violencia en esta delicada situación, para que los cómputos departamentales se desarrollen con normalidad y sin interrupciones y con garantías para nuestros observadores y el personal electoral.
Mantenemos la esperanza de que el resultado del cómputo definitivo se apegue a la voluntad de los electores manifestada en las urnas.

Renueva el Departamento del Tesoro licencias para operar en Venezuela

Logo de la sede de Holliburton en Houston, Texas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó el lunes nuevas licencias para que varias empresas estadounidenses continúen sus labores en Venezuela por los próximos tres meses.

Un comunicado de prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, destaca que estas licencias son para “actividades habitualmente incidentes y necesarias para el mantenimiento de operaciones, contratos u otros acuerdos”. Aclara además que los permisos no son para la exportación o reexportación de diluyentes a Venezuela.

El Departamento del Tesoro informó que la licencia no autoriza transacciones relacionadas con envíos de diluyentes, que Venezuela utiliza para transformar su petróleo pesado en uno de mayor valor comercial.

La licencia anterior estuvo vigente hasta el 26 de julio de este año. La extensión es de 90 días y estará vigente hasta 22 de enero de 2020.

Las compañías estadounidenses que se benefician son: Chevron Corporation; Halliburton; Schlumberger Limited: Baker Hughes, a GE Company; Weatherford International y Public Limited Company.

En enero, Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal venezolana PDVSA en un intento por forzar la salida de Maduro. Pero le otorgó a Chevron una licencia de seis meses para operar, que ha sido renovada en dos oportunidades por un lapso de tres meses.

La renovación de la licencia era clave para los trabajadores de la zona donde opera Chevron en el estado Zulia, el más golpeado por la crisis eléctrica.

En abril de este año, entraron en efecto las sanciones que impuso Estados Unidos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, en la que se le prohíbe a los individuos en EE.UU. que compren petróleo o —productos derivados— a Pdvsa.

Además, en agosto de este año, la administración del presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva bloqueando todos los activos del gobierno venezolano en territorio estadounidense.

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