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América Latina

Brasil reporta el primer caso de coronavirus en América Latina

El ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, en la conferencia de prensa donde anunció el miércoles el primer caso confirmado de coronavirus en su país (Foto: Jose Cruz/AFP/Agencia Brasil).

Las autoridades sanitarias de Cuba no han reportado ningún paciente del coronavirus, pero la prensa oficial si dio a conocer el miércoles que Brasil había confirmado el primer caso de la enfermedad en América Latina.

Se trata de un hombre de 61 años que estuvo dos semanas en el norte de Italia este mes y, de regreso a Brasil presentó síntomas como tos, fiebre y dolor de garganta. El martes lo ingresaron en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, según informó en conferencia de prensa el ministro de Salud brasileño Luiz Henrique Mandetta, reporta la agencia AP.

Los periódicos Granma y Juventud Rebelde publicaron la información el miércoles, este último citando como fuente a Russia Today (RT).

Ninguno de los 58 brasileños repatriados desde China tuvo un diagnóstico positivo al cabo de las dos semanas que permanecieron en cuarentena en una base militar, desde donde fueron enviadas a sus casas el domingo.

La agencia EFE dijo que la Bolsa de Sao Paulo se hundió tras la noticia del primer caso de coronavirus en Brasil.

Los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportaban que de las 445 personas examinadas en territorio de Estados Unidos hay 14 casos confirmados de la enfermedad, 12 de ellos por viajes al extranjero y dos por contagio de persona a persona. Entre los repatriados al país hubo también 42 en el Crucero Diamond Princess y tres desde Wujan, la ciudad china donde se originó la epidemia.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la tarde del miércoles no había reportado aún el caso de Brasil, hay 81,109 personas contagiadas en todo el mundo, 78,191 de ellas en China, con 2,718 fallecidos.

Fuera de China los diagnósticos de coronavirus confirmados eran 2,918 en 37 países, con 43 muertes. La nación más afectada es Irán, donde han muerto 19 de los 139 infectados. El miércoles, la policía cibernética del gobierno islámico detuvo a 24 personas acusadas de difundir rumores sobre el brote de la enfermedad.

Pero el país con mayor número de enfermos fuera de China es Corea del Sur: 1,261, de los cuales hay 12 fallecidos, dos menos que en Irán. Se han hecho virales en internet las imágenes de Iraj Harirchi, viceministro de Salud iraní, que reconoció haber contraido el coronavirus y puede verse en un video mientras se quita los espejuelos para secarse el sudor, aparentemente por la fiebre.

Italia es el país europeo con más pacientes de coronavirus confirmados: 400, 12 de los cuales murieron a causa de la enfermedad. La región más afectada es Lombardía, con 259 casos, precisamente donde estuvo en visita de trabajo el brasileño reportado como el primero de América Latina.

La noche del martes Francia reportó su segunda víctima mortal de la enfermedad, un hombre de 60 años que no había estado en ninguna de las zonas afectadas por el coronavirus. Era una de las 18 personas contagiadas hasta entonces en ese país.

Las otras naciones europeas con casos confirmados son Alemania, España, Croacia, Rusia, Austria, Suiza, Finlandia y Macedonia del Norte. La mayoría son personas que estuvieron de visita en Italia.

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Propuesta de EEUU para transición democrática en Venezuela incluye a chavistas

A Venezuelan holds a national flag during a protest against the government of President Nicolas Maduro at Santander square in Cucuta, Colombia, border with Venezuela, on February 12, 2019. - The tug of war between the Venezuelan government and opposition

Estado Unidos pidió el martes un gobierno de transición para compartir el poder en Venezuela compuesto por la oposición y algunos miembros del Partido Socialista del presidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado indicó que también se podrían levantar las sanciones de Estados Unidos que han presionado al régimen de Maduro, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.

A continuación publicamos el "Marco para la transición democrática de Venezuela" divulgada hoy por el Departamento de Estado:

Pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retira la orden de desacato y restaura todos los poderes de la AN, incluyendo las inmunidades de los diputados; se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los Estados Unidos retiran las sanciones aplicadas a miembros de la ANC por su pertenencia a la ANC.

Se liberan de inmediato todos los presos políticos.

Todas las fuerzas de seguridad extranjeras salen de inmediato a menos que se les autorice su permanencia a través de ¾ de los votos de la AN.

La AN elige a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ que sean aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representen el 25% o más de los miembros de la AN. (Esto otorgaría poder de veto tanto al PSUV como a la coalición multipartidista de Guaidó respecto a personal para cualquiera de estos cargos.) Una vez se elija un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos retiran las sanciones impuestas a exmiembros del CNE y del TSJ por su pertenencia a esos organismos.

La AN aprueba una ley de un “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la AN escoge a dos miembros del Consejo de Estado, siendo uno de ellos forzosamente gobernador de un estado. A continuación, los cuatro miembros del Consejo de Estado escogen a un quinto miembro que será el secretario general y que se desempeñará como Presidente Interino hasta que haya elecciones y a quien no se le permite presentarse como candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN ni del TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado.

Todas las facultades conferidas al presidente por la constitución serán conferidas exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido facultades presidenciales, y que les fueron impuestas debido a los cargos que habían ocupado, una vez el Consejo de Estado esté operativo y esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos y acepten al Consejo de Estado como poder ejecutivo único.

Una vez se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad hayan partido (a menos que se aprueben con ¾ de los votos de la AN), quedarán suspendidas las sanciones que los Estados Unidos aplicaron al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.

El Consejo de Estado nombra un nuevo gabinete. Los Estados Unidos retiran las sanciones a exmiembros del gabinete que les fueron impuestas por desempeñar sus cargos anteriores. Los

Estados Unidos también retiran las sanciones a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que les fueron impuestas por el cargo que desempeñan en el organismo.

La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, económico y de gobernanza, desarrollo y seguridad, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y en el suministro de agua y electricidad. Todos los ciudadanos venezolanos deben tener el mismo acceso a los programas de bienestar social actuales, que ahora recibirán apoyo complementario internacional. Se inician negociaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a los principales programas de apoyo.

Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999, y esta informa a la nación sobre las responsabilidades de los autores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión cuenta con cinco miembros que el Secretario General de las Naciones Unidas nombra con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía de conformidad con las obligaciones internacionales de Venezuela, que cubre todos los delitos de carácter político desde 1999, excepto los crímenes de lesa humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran su apoyo a la remisión a la Corte Penal Internacional.

El Consejo de Estado establece una fecha para celebrar las elecciones simultáneas a la presidencia y a la AN en un plazo de 6 a 12 meses. Cualquier ciudadano venezolano apto conforme a la Constitución de 1999 puede presentarse a las elecciones.

Se celebran las elecciones a la presidencia y a la AN. Se retiran todas las sanciones de los Estados Unidos restantes con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres e imparciales.

Se establece una comisión bipartidista en la AN para formular soluciones a largo plazo con el fin de rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición.

Las autoridades estatales o locales se mantienen durante el periodo de transición.

El senador cubanoamericano Marco Rubio advirtió que el plan puede fracasar "si deja de lado a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional legítimamente elegida que dirige. O si incluye a Nicolás Maduro y ciertos miembros de la mafia que él controla ”.

El presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer enfatizó en que "la crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos facciones políticas legítimas" sino una lucha "entre una red de delincuencia organizada dirigida por Nicolás Maduro y una Asamblea Nacional legítima y electa democráticamente".

El presidente encargado Juan Guaidó agradeció la iniciativa de Pompeo y el respaldo de EE.UU. a la conformación de un Gobierno de Emergencia y Consejo de Estado para resolver la crisis.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que la soberanía de Venezuela no está en negociación.

"Ellos pueden decir lo que quieran, cuando quieran, como quieran pero las decisiones en Venezuela, se toman en Venezuela, con sus instituciones y su constitución. Nosotros no estamos tutelados por EEUU", afirmó Arreaza en entrevista con la emisora colombiana BluRadio.

Guerrilla colombiana anuncia cese el fuego por el coronavirus

Un miembro del Ejército de Liberación Nacional en la selva colombiana. (Archivo)

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el lunes a los colombianos un cese el fuego unilateral durante abril como un gesto humanitario para contribuir a contener la expansión del coronavirus.

"El Ejército de Liberación Nacional estima conveniente declarar un cese unilateral activo, por un mes, a partir del 1 hasta el 30 de abril, gesto humanitario del ELN con el pueblo colombiano, que padece la devastación del coronavirus", dijo el grupo rebelde en un comunicado en su página de Internet.

El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que pidió un cese el fuego global para que el mundo pueda concentrarse en combatir la pandemia, recibió con beneplácito el anuncio y confió en que ayude a aliviar a las comunidades de las zonas afectadas por conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos, reportó la agencia de noticias Reuters.

Este grupo, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, advirtió que el cese es activo porque sus combatientes se reservarán el derecho a defenderse de los ataques de las Fuerzas Militares.

El grupo convocó al Gobierno del presidente Iván Duque unirse con su delegación que se encuentra en Cuba para concertar un cese al fuego bilateral y temporal, algo que parece improbable luego que el mandatario canceló una posible negociación tras un ataque con un carro bomba en una academia policial en Bogotá, en enero de 2019, que dejó 22 cadetes muertos.

Duque exige a esa guerrilla, que cuenta con unos 2.000 combatientes, un cese unilateral de hostilidades incluyendo la suspensión de secuestros y ataques contra la infraestructura petrolera del país, además de concentrar sus combatientes con supervisión internacional, como condición previa para iniciar un diálogo de paz, demandas que el ELN no acepta.

El grupo también pidió al gobierno descongestionar las cárceles en medio de la emergencia sanitaria liberando a los presos políticos, un subsidio monetario a todos los desempleados y la suspensión del pago de las deudas de las personas con el sistema financiero.

Por su parte, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que el gobierno colombiano "no bajará la guardia y vigilará el cumplimiento de lo anunciado por esta guerrilla".

Cwballos insistió en la urgencia de que el ELN suspenda las acciones violentas, libere a las personas secuestradas y deje de reclutar a menores.

Colombia permanece en un aislamiento preventivo obligatorio de 19 días hasta el 13 de abril, como parte de las medidas del gobierno para prevenir la propagación del Covid-19.

HRW denuncia "desinterés temerario" de López Obrador respecto a COVID-19

El presidente de México, Andres Manuel Lopez Obrador, asegura que el coronavirus no es un problema.

En su más reciente informe, Human Rights Watch da a conocer su preocupación por el “desinterés temerario” que muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al negarse a brindar información real a los ciudadanos del país sobre la epidemia COVID-19.

Pese a que ya son seis los fallecidos y la cifra de contagiados asciende a 475 casos, el presidente de México rechaza cumplir con protocolos, orientaciones y recomendaciones de los organismos de la Salud Pública y tampoco cumple con el deber de ofrecer información verídica sobre la trascendencia de la situación.

Según afirma HRW, López Obrador llega incluso a contradecir abiertamente las disposiciones de las autoridades especializadas, exhortando a los mexicanos “a que sigan saliendo a espacios públicos”.

“El comportamiento del presidente López Obrador de cara a la crisis del CVID-19 es un ejemplo sumamente peligroso que amenaza la salud de los mexicanos”, declara José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ha mostrado una renuencia indignante a brindar información precisa y comprobada sobre los riesgos de un virus que ya ha matado a miles de personas en todo el mundo. Es necesario que aborde este problema con seriedad, a fin de proteger la salud y la vida de la población mexicana”.

Las ligeras palabras del presidente de México: “no es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”, o, a sus efectos: “Hay quien dice que, por lo del Coronavirus, no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse. No pasa nada”. Han salido a relucir en el presente informe.

Hace apenas una semana, los empleados del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, encargada de realizar las pruebas y atender a los afectados, elevó una protesta por la total “ausencia de protocolos” para actuar contra el virus, “el secretario de Salud llegó tarde a la fiesta del Coronavirus”, apuntaron.

Por su parte, el personal médico apunta directamente hacia el gobierno de AMLO por su reticencia a aceptar que la epidemia se propaga rápidamente entre los ciudadanos, limitando con ello la posibilidad de las pruebas, dificultando también el conocer cuál es la cantidad de casos que “casi seguro es muy superior” a los reconocidos oficialmente.

No fue, sino después de varias sentencias obtenidas por varias ONG en colaboración con activistas mexicanos que, el pasado 23 de marzo el gobierno de López Obrador reconoció que el COVID-19 se estaba propagando dentro de México.

Acusación de narcotráfico de EEUU contra Maduro provoca reacciones

Cartel de la DEA anunciando recompensa por información que conduzca a la captura y enjuiciamiento del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusara formalmente al gobernante venezolano Nicolás Maduro de narcotráfico, y que el Departamento de Estado pusiera una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, figuras prominentes de la política expresaron su parecer sobre el paso tomado por Washington.

Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, comentó en su cuenta de Twitter que "aunque la criminalidad de maduro sea indiscutible, los cargos del Departamento de Justicia no regresarán la democracia ni abordarán la crisis humanitaria que ha forzado a millones a huir de Venezuela".

El senador amplió que la administración Trump debe dar TPS a venezolanos en EEUU y expandir esfuerzos internacionales".

Por su parte, el senador republicano de la Florida Marco Rubio afirmó en una declaración escrita que “por demasiado tiempo, la empresa criminal de Maduro se ha enriquecido ilegalmente a través de la corrupción, el tráfico de drogas y el terrorismo. La acusación de hoy contra Nicolás Maduro y los miembros de su régimen es un paso sin precedentes para responsabilizar a muchos secuaces que han convertido un país democrático en un narcoestado”.

En el documento, Rubio aseguró que “los ciudadanos venezolanos acusados por el Departamento de Justicia han promovido el narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas en nuestro hemisferio, amenazando la seguridad de los Estados Unidos y de nuestros aliados en la región. Estados Unidos no se detendrá hasta que prevalezca la justicia por estos crímenes".

El representante republicano por la Florida Mario Díaz-Balart comentó en un mensaje de Twitter que "los cargos revelados por el Departamento de Justicia identifican una amplia corrupción y criminalidad en los niveles más altos del régimen de Maduro".

Díaz-Balart enfatizó que "estos criminales que han saqueado los recursos de Venezuela y se han involucrado en tráfico de drogas deben ser llevados ante la justicia".

En su cuenta de Twitter, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su nombre en inglés) publicó un mensaje con las recompensas que el gobierno de EEUU está ofreciendo por información que lleve a la captura y enjuiciamiento de Maduro y otras altas figuras ligadas a su régimen.

Entretanto, Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que es "el régimen de Nicolás Maduro es igual a narcotráfico y crimen organizado. Las FAN (Fuerzas Armadas) deben oír con mucha claridad las acusaciones de hoy contra la dictadura".

EEUU acusa de narcotráfico a Nicolás Maduro y ofrece recompensa por su captura

El gobernante venezolano Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 12 de marzo del 2020.

El gobernante venezolano Nicolás Maduro fue formalmente acusado de narcotráfico este jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al hacer el anuncio en Washington, el secretario de Justicia estadounidense, William Barr, declaró que Maduro y sus asociados conspiran con facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) para "desbordar a Estados Unidos con cocaína".

Por su parte, el Departamento de Estado anunció en una nota oficial recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y enjuiciamiento de Maduro.

Washington también incluyó en la lista de acusados a la segunda figura en importancia dentro del régimen chavista y presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; el exgeneral Hugo Carvajal Barrios, el exdirector de la inteligencia militar, el exgeneral Clíver Alcalá Cordones, y el exvicepresidente Tareck Zaidan El Aissami.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

La nota del Departamento de Estado afirma que "el pueblo venezolano merece un gobierno representativo transparente y responsable que sirva a sus intereses y no traicione su confianza permitiendo que empleados públicos se involucren en el narcotráfico".

El Departamento de Estado también está ofreciendo hasta 10 millones por cada una de las otras figuras acusadas de narcotráfico.

"Mientras que ocuparon posiciones clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control sobre los aviones que salieron de una base aérea en Venezuela y las rutas de la droga a través de puertos", precisó el texto.

El documento afirma que estas acciones de Washington demuestran el compromiso del Departamento de Estado de apoyar los esfuerzos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado internacional.

"Estas recompensas se ofrecen bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado. Más de 75 narcotraficantes de importancia han sido llevados ante la justicia bajo el NRP desde que comenzó en 1986. El Departamento ha pagado más de $130 millones en recompensas por información que condujo a esas detenciones", señala el comunicado.

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