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América Latina

Incertidumbre en Bolivia ante expropiación de Iberdrola

Evo Morales decreta la nacionalización de empresas generadoras de energía con socios internacionales

"Lo que se espera es una indemnización justa, pero si no es así, va a haber una propaganda negativa para el país y habrá un daño para la imagen de Bolivia".

La decisión de Bolivia de expropiar dos empresas suministradoras de electricidad de la española Iberdrola es la primera estatización de una firma que siempre fue privada, ya que las precedentes fueron en rigor reestatizaciones, según analistas que temen la incertidumbre que se derivaría de ella.

El mandatario izquierdista Evo Morales decidió el sábado "nacionalizar" las empresas distribuidoras de luz Electropaz y Elfeo en las ciudades andinas de La Paz y Oruro (sur), respectivamente, y dos empresas de servicio (EDESER y CADER), todas controladas por el grupo español, lo que provocó la protesta del gobierno ibérico que pidió garantías jurídicas.

"Lo que se espera es una indemnización justa, pero si no es así, va a haber una propaganda negativa para el país y habrá un daño para la imagen de Bolivia", dijo a la AFP el investigador y profesor de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, Carlos Cordero.

Para el economista y catedrático universitario, Gonzalo Chávez, "estas nacionalizaciones son para inflar el ego político del gobierno por un tiempo, pero son sin impacto económico" y acotó que "hay incertidumbre en los inversores si esto va a seguir continuando en el futuro".

"Lo preocupante es que los inversores ven una bipolaridad en el gobierno: por un lado nacionaliza y por otro trata de traer inversiones y coloca bonos en los mercados internacionales (por 500 millones de dólares). Entonces ellos se preguntan ¿con quién están negociando?, ¿con el nacionalizador o con el que muestra un contexto económico favorable?", afirmó el economista a radios locales.

La oposición política va más lejos, pues asegura que es la primera vez que el gobierno expropia una empresa que fue privada desde su fundación en el siglo pasado, a diferencia de anteriores nacionalizaciones que Evo Morales aplicó desde que llegó al poder en 2006.

El mandatario asumió el control de empresas de gas y petróleo, hidroeléctricas, de telecomunicaciones, fundidoras de mineral y aeropuertos desde 2006 y en diferentes años. Todas habían sido empresas estatales hasta la década del 90, cuando fueron privatizadas por gobiernos de derecha.

"Esta empresa (Electropaz) era privada y el gobierno seguirá nacionalizando, expropiando o estatizando todo cuanto pueda, el gobierno está vulnerando derechos de inversionistas a tener garantías a sus inversiones que tienen contratos firmados con el Estado", afirmó a la AFP el diputado de derecha Adrián Oliva.

Electropaz nació en 1995, como consecuencia del cambio de las leyes bolivianas en el sector eléctrico, pues hasta entonces la empresa distribuidora de luz era la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE), administrada por la norteamericana Bolivian Power&Co (BCO). En 1996 Iberdrola compra las acciones y luego llega a controlar hasta el 89,5% del paquete accionario.

La empresa BCO comenzó el suministro de luz en la década de los 20 del siglo pasado.

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OEA presenta informe sobre situación de migrantes y refugiados venezolanos en Chile

David Smolansky, Comisionado de la OEA y Luis Almagro, Secretario General, en la presentación de informe sobre refugiados venezolanos

La situación de los inmigrantes y refugiados venezolanos en Chile es el tema presentado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en un informe realizado por David Smolansky, Comisionado del Secretario General de la OEA para este frente, abierto con el fin de monitorear el desenvolvimiento de los más de 5 millones de ciudadanos de Venezuela que han debido huir de su país natal.

La cifra de 455. 494 venezolanos que han encontrado refugio en el país Austral convierten a Chile en el tercer país receptor de migrantes y refugiados de Venezuela en el mundo y, a su vez, esta cifra conforma el 30, 5 % de la población extranjera residente en territorio chileno, desplazando así la inmigración peruana que, durante 28 años ocupó esa posición.

“Desde esta Oficina, se reconoce que Chile ha sabido responder con carácter humanitario y voluntad política al recibir a más de 455.000 venezolanos que han sido desterrados por el régimen de Maduro y que han encontrado en este país la oportunidad de reinventarse y ayudar a sus familias en Venezuela”, expresa el informe.

El interés del Estado chileno en “promover una política migratoria regular, segura y ordenada a través de instrumentos migratorios como la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), prevenir la xenofobia y permitir la total inserción de los venezolanos a la sociedad chilena mediante el acceso a los mercados laborales”, es uno de los elementos destacados por el informe en cuestión, el cual hace énfasis en que Chile se ha convertido en “un ejemplo para la región”.

A pesar de estos logros, en el informe de la OEA se muestra también cierta “preocupación” por las recientes aplicaciones de otras variantes migratorias restrictivas como la Visa Consular de Turismo, así como de ciertas “barreras administrativas” que, en los últimos meses, obstaculizan la entrada, regularización e integración de los venezolanos en el país.

Al respecto, el comisionado Smolansky ha dicho que “Entre otras cosas, se considera fundamental garantizar el acceso al sistema de solicitud de refugio e intentar agilizar los procesos de trámites migratorios como solicitudes de visas, en especial para casos de reunificación familiar”.

Chile es el tercer país latinoamericano monitoreado por la OEA desde la publicación en 2019 del Informe Regional, en el cual se analizó la situación de los venezolanos en Brasil. En enero de 2020 se dio a conocer el informe sobre Costa Rica y en mayo, fue publicado también el informe sobre Bolivia.

SIP califica de "incitación a la violencia" ataques de AMLO a la prensa

Andres Manuel Lopez Obrador, Presidente de México

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, calificó de "incitación a la violencia" los ataques que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vierte en forma periódica, constante y sistemática contra los medios de comunicación y periodistas.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, dijo que si bien el periodismo como cualquier otra actividad está abierta a la crítica, advirtió que el sesgo autoritario, ideológico y despectivo con el que López Obrador ataca a los medios, puede motivar a aquellos individuos que solo necesitan una excusa para incitar violencia y atacar físicamente a los periodistas y medios.

En forma sistemática y periódica el presidente López Obrador aprovecha sus conferencias de prensa matutinas para estigmatizar a los medios de comunicación, en especial a los diarios de referencia, El Universal y Reforma, a los que califica cotidianamente de amarillistas, corruptos, alarmistas, calumniosos y opositores.

Barnes, director de The Gleaner Company, en Kingston, Jamaica, agregó que "en un país con altos índices de violencia, la actitud presidencial es como tirar gasolina al fuego". El 13 de mayo, el diario Reforma recibió amenazas de que su sede sería bombardeada si persistían sus críticas contra AMLO.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, expresó que "las campañas sistemáticas de desprestigio de López Obrador también han apuntado contra medios internacionales como The Financial Times, The Washington Post o El País", entre otros.

"Lo que resulta extremadamente peligroso es la obstinación del presidente contra la prensa, incluso durante la crisis sanitaria del COVID-19 que afecta al país y requiere la mayor concentración del jefe de Estado", enfatizó Rock, director del sitio de noticias, La Silla Rota, Ciudad de México.

Almagro ante la OEA: Debemos normalizar la democracia en el hemisferio (VIDEO)

El secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, (OEA) Luis Almagro, asumió este miércoles su segundo período al frente de la institución hemisférica hasta mayo de 2025, durante una sesión virtual del Consejo Permanente.

Reelegido por la 54ª Asamblea General Extraordinaria de la Organización el 20 de marzo, Almagro anunció que durante su primera administración logró que la OEA se adaptara a los desafíos del siglo XXI, transformándola “nuevamente en el foro principal donde se debaten los temas de la región. Seguimos revolucionando acciones, mecanismos y prácticas en el multilateralismo”.

“En este segundo mandato, debemos normalizar a la democracia como sistema político ideal para el hemisferio sin excepciones y sin restricciones. En estos momentos de crisis por la pandemia del Covid-19, debemos de reafirmar nuestra vocación democrática”, agregó el Secretario General Almagro.

Por su parte, el Presidente del Consejo y Embajador de Haití, Leon Charles, expresó en nombre del cuerpo que preside su seguridad de que la OEA estará a la altura de los desafíos bajo la conducción de Luis Almagro.

“Señor Secretario General usted es uno de nuestros principales activos de la Organización, el éxito de su mandato será el éxito de la OEA y el de cada uno de los Estados Miembros que la integran. Deseamos que tenga una gestión exitosa y fructífera en estos tiempos de grandes dificultades”, manifestó el Embajador Charles.

CIDH denuncia bloqueo informativo de Nicaragua sobre COVID-19

Entierro de víctimas de COVID-19 en Nicaragua

El Comité Internacional de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) vuelve a mostrar su preocupación por el desentendimiento que el régimen de Daniel Ortega muestra respecto al desarrollo de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua.

Apoyándose en los reportes de organizaciones pertenecientes a la sociedad civil de país Centroamericano y también de la Organización Panamericana de la Salud (OPAS), el CIDH considera que la información aportada por Nicaragua hasta el momento es “confusa o inespecífica sobre el modo en que se han producido los contagios y elaborados e implementados los protocolos de seguimiento de casos sospechosos”.

[…] “La información oficial tampoco permite conocer la situación del personal de salud y la capacidad hospitalaria para enfrentar la emergencia, entre otros indicadores”, asegura el informe, que también afirma que, durante una conferencia de prensa ofrecida por la Ministra de Salud, informa “254 personas infectadas desde el comienzo de la pandemia, de las cuales, 199 se habrían recuperado”.

No obstante, el Observatorio Ciudadano COVID-19 de la sociedad civil, así como medios de prensa no parcializados reportan “una cantidad sustancialmente mayor de casos confirmados por medio de pruebas de laboratorio y personas que presentan los síntomas de haber contraído COVID-19 en Nicaragua”. A esta denuncia se une la carta firmada por nueve ex ministros de salud del país que dieron a conocer irregularidades en el tratamiento de la emergencia sanitaria.

Por su parte, medios de comunicación independientes hablan de unas 1300 personas contagiadas que no han sido reportadas oficialmente y aseguran que Nicaragua ingresó en una “fase de contagio comunitario, aún cuando el gobierno no ha reconocido esta situación”. Estos medios hablan también de entierros de personas fallecidas que habían mostrado síntomas de la enfermedad y que fueron efectuados de manera urgente y durante la noche, sin realizar las pertinentes pruebas de constatación.

A esto se une lo manifestado por la Organización Panamericana de la Salud, según las palabras de su director de Emergencias Sanitarias, Ciro Ugarte, quien ha dicho en conferencia de prensa que “Nicaragua es el único país de la región en el cual no se ha podido determinar la modalidad de transmisión del COVID-19”, y también, agrega, “existe preocupación por el posible aumento de casos no reportados oficialmente en Managua y Chinandega así como del incremento inusual de los fallecidos por neumonía atípica”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha insistido durante el transcurso de la emergencia en que “Los gobiernos están obligados, en virtud de las normas sobre derechos humanos, a proporcionar información fidedigna y desagregada sobre la pandemia, evitando promover la desinformación. También deben ser transparentes en relación con las medidas que las comunidades deben adoptar para protegerse, prestando especial atención a las personas con dificultades de acceso a los medios masivos y a internet".

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