Estados Unidos
Biden podría ajustar régimen de sanciones de Estados Unidos a la región: analistas
A lo largo de los años, se ha reconocido cada vez más que algunos programas de sanciones estadounidenses han tenido un alto costo económico en las poblaciones civiles inocentes de los países seleccionados, a menudo sin producir el resultado deseado.
Los esfuerzos del presidente Joe Biden para rescatar y, en última instancia, remodelar la economía de los Estados Unidos, pueden estar recibiendo la mayor parte de la atención, pero su administración también ha estado ocupada en el frente internacional, en gran parte expandiendo y ajustando la vasta red de sanciones estadounidenses a los países e individuos en países de la región y en todo el mundo.
Venezuela, Nicaragua y Cuba están entre los países de la región sancionados por Washington.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, administra tres docenas de programas de sanciones diferentes, algunos de los cuales se dirigen a países específicos mientras que otros persiguen a criminales, redes terroristas o abusadores de los derechos humanos.
Las llamadas sanciones "integrales", como los embargos comerciales y de viajes de Estados Unidos a Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria y la región de Crimea de Ucrania anexada por Rusia en 2014, son las más severas, con la capacidad de causar un gran daño a la economía de una nación, a menudo a expensas de los ciudadanos, aunque la política está nominalmente destinada a ayudar.
Otros países, incluidos Rusia, China y Venezuela, también están sujetos a sanciones importantes que no alcanzan un embargo comercial absoluto.
La lista de la OFAC de sujetos de sanciones selectivas, que se conocen como "nacionales especialmente designados", tiene 1.500 páginas y contiene los nombres (e innumerables alias) de miles de personas y empresas con las que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios.
Ser incluido en esa lista puede ser financieramente devastador para aquellos que no cuentan con el apoyo de un gobierno soberano, ya que congela todos los activos mantenidos en jurisdicciones de los Estados Unidos y prohíbe a las instituciones financieras que operan en jurisdicciones estadounidenses realizar transacciones en dólares con ellas. Debido a la importancia del mercado estadounidense para el negocio global de servicios financieros, la prohibición de las transacciones en dólares puede aislar a una persona o empresa de la economía global.
Las sanciones de Biden
En sus primeras semanas en el cargo, Biden impuso nuevas sanciones a personas en Rusia por interferencia en las elecciones estadounidenses; sobre los generales en Myanmar por derrocar a un gobierno elegido democráticamente; sobre los ciudadanos de Arabia Saudita implicados en el asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi; sobre los funcionarios chinos por socavar el movimiento democrático de Hong Kong y las violaciones de los derechos humanos contra la minoría uigur del país; y contra un empresario israelí acusado de corrupción.
La nueva administración también ha comenzado a ajustar los regímenes de sanciones existentes, levantando los aplicados a los funcionarios afiliados a la Corte Penal Internacional y considerando un retroceso de las sanciones adicionales impuestas a Irán después de que el entonces presidente Donald Trump retirara a Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto para negociar temas nucleares.
Fiel a la forma
A pesar de que Biden repite que Estados Unidos está "de vuelta" en el escenario internacional, cuando se trata del intento por influir en otros países a través de sanciones, Estados Unidos nunca se fue.
Durante décadas, y cada vez más desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha empleado sanciones como un medio para obligar a otros países a realizar cambios de política o, al menos, para expresar su disgusto por las acciones que el gobierno considera inaceptables.
"Las sanciones se han convertido, en gran medida, en la herramienta predeterminada para abordar las preocupaciones sobre el comportamiento de los gobiernos extranjeros", dijo Jordan Tama, profesor de la Escuela de Servicio Internacional de la American University en Washington, que estudia la política de sanciones.
“En la mayoría de las situaciones en las que Estados Unidos está preocupado por el comportamiento de gobiernos extranjeros, las sanciones serán parte de la conversación política sobre lo que Estados Unidos debería hacer”, dijo Tama. “Y, a menudo, las sanciones parecen más atractivas para los legisladores que algunas de las otras alternativas, como la acción militar, que tiene costos obvios o, como suele formularse, 'no hacer nada' mediante la diplomacia. Eso es lo que le da a las sanciones su atractivo".
Pero, ¿funcionan las sanciones?
Para una herramienta que se ha utilizado durante tanto tiempo y tan ampliamente como las sanciones de Estados Unidos, todavía existe un debate considerable sobre su eficacia. Los defensores pueden señalar algunas grandes victorias, como la caída del gobierno del apartheid en Sudáfrica y la adhesión de Irán a las conversaciones nucleares durante la administración Obama, que siguieron años de castigo de sanciones económicas.
Pero los oponentes pueden señalar un número mucho mayor de casos en los que las sanciones no lograron sus fines. Cuba, por ejemplo, sigue siendo una espina comunista en el costado de los presidentes de Estados Unidos a pesar de 60 años de privaciones económicas asociadas con el embargo. El programa de armas nucleares de Corea del Norte ha crecido, no ha desaparecido, frente a un régimen de sanciones integral.
En resumen, según un análisis de Jeffrey J. Schott, investigador principal del Peterson Institute for International Economics, un grupo de investigación de Washington y miembro del Comité Asesor de Política Económica Internacional del Departamento de Estado, las sanciones han logrado el resultado deseado sobre un tercio de las veces, y generalmente cuando sus objetivos han sido modestos.
Regreso al multilateralismo
Bajo la administración Trump, las sanciones se aplicaron con frecuencia, pero a menudo de forma ad hoc, con poca coordinación con otros países. Eso, dijo Tama de American University, es típicamente el método menos efectivo para cambiar el comportamiento de un país.
"Las sanciones son más efectivas cuando se coordinan con aliados y socios", dijo, y la predilección de Biden hacia el multilateralismo puede hacer que su imposición de sanciones sea más efectiva que las de sus predecesores.
Además, Tama dijo que esperaba que la administración de Biden se cuidara más de emparejar las sanciones de Estados Unidos con otros aspectos de la política exterior de Estados Unidos, incluido el compromiso diplomático activo, la ayuda exterior y la disuasión militar.
Un gran desafío
A lo largo de los años, se ha reconocido cada vez más que algunos programas de sanciones estadounidenses han tenido un alto costo económico en las poblaciones civiles inocentes de los países seleccionados, a menudo sin producir el resultado deseado. Además, pueden tener el efecto de alejar a los países de usar el dólar y hacer negocios a través de instituciones estadounidenses.
“Uno de los desafíos para el uso de sanciones es cómo podemos preservar la efectividad de esta herramienta y aún usar sanciones cuando sea necesario, reconociendo que a veces las sanciones pueden tener algunos efectos que realmente no queremos”, dijo Tama.
No está nada claro cómo la administración Biden abordará este problema, pero parece que se ha dado un paso para hacerlo. La administración relanzará la Oficina de Coordinación de Sanciones del Departamento de Estado, una operación cerrada por la administración Trump en 2017, para alinear mejor las políticas de sanciones y la implementación en varias agencias federales.
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Departamento de Justicia de EEUU crea norma de prestaciones para empleados afectados por Síndrome de La Habana
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado a conocer la creación de una "norma provisional final" en beneficio de empleados, exempleados y sus familiares que presenten lesiones cerebrales calificadas como "incidentes de salud anómalos", asociadas con el llamado “Síndrome de La Habana”.
La norma, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, contempla a "personas que experimentan consecuencias a largo plazo, incluyendo potencialmente una incapacidad para trabajar de manera remunerada”, se basa en la llamada HAVANA Act de 2021 y explica en qué circunstancias y formas serán compensados los trabajadores afectados.
Debido a la numerosa y variada naturaleza de esas lesiones cerebrales, la norma se aplicaría de manera bastante amplia y las compensaciones, que se otorgarán como “pago único”, oscilan entre 153.000 y 204.000 dólares.
“El Departamento (de Justicia) cree que esta cantidad es la máxima con la que se puede compensar razonablemente a cada solicitante, al tiempo que garantiza los fondos para el número total de solicitantes que cree que, probablemente, recibirán pagos", explica la norma.
Para los aquejados de “afectaciones anómalas que sufran de incapacidad para trabajar o necesiten cuidados personales a tiempo completo”, la norma contempla el derecho a un “pago adicional”.
La semana pasada, senadores de ambos partidos pidieron a la administración del presidente Joe Biden reevaluar las conclusiones sobre el Síndrome de La Habana, después que un reportaje de CBS News generara preocupaciones en Washington sobre la presunta culpabilidad de Rusia.
"No hay mayor prioridad que la salud y la seguridad de los empleados del gobierno estadounidense y de sus familiares que comprometen sus vidas para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", escribieron los legisladores en carta al presidente.
El llamado “Síndrome de La Habana” salió a la luz pública en 2016, cuando empleados estadounidenses en la Embajada de EEUU en la capital cubana dijeron experimentar síntomas neurológicos que incluían fuertes dolores de cabeza, náuseas, desequilibrio físico y pérdida de audición, entre otros, llamados luego por las autoridades y la comunidad científica “Incidentes Anómalos de Salud” o AHIs, por sus siglas en inglés.
Más adelante, miembros del cuerpo diplomático norteamericanos ubicados en embajadas de China, Vietnam, Colombia, Rusia y otros países de Europa reportaron padecer síntomas similares.
Congreso aprueba ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán; Zelenskyy agradece
Con una votación de 311 a 112, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este sábado el proyecto de ley de ayuda a Ucrania por valor de 60.800 millones de dólares.
El paquete de ayuda ha tensado en los últimos meses los hilos en la política estadounidense y ha puesto a prueba la tenacidad de sus defensores y detractores. Todos los demócratas votaron a favor de la medida, lo mismo que 101 republicanos y 112 republicanos votaron en contra.
El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy agradeció de inmediato la votación que ocurrió en un momento estratégico del conflicto armado.
"Agradezco a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a ambos partidos y personalmente al presidente Mike Johnson por la decisión que mantiene la historia en el camino correcto. La democracia y la libertad siempre tendrán importancia global y nunca fallarán mientras Estados Unidos ayude a protegerlas. El vital proyecto de ley de ayuda estadounidense aprobado hoy por la Cámara impedirá que la guerra se expanda, salvará miles y miles de vidas y ayudará a nuestras dos naciones a fortalecerse. La paz y la seguridad justas sólo pueden lograrse mediante la fuerza. Esperamos que los proyectos de ley cuenten con el apoyo del Senado y se envíen al escritorio del presidente Biden. ¡Gracias América!", escribió el mandatario.
Los fondos para Ucrania incluyen más de 23.000 millones de dólares para reponer armas y equipamiento proporcionadas por Estados Unidos; 13.800 millones de dólares para sistemas de armas avanzados y 10.000 millones de dólares en asistencia económica reembolsable.
El Congreso también aprobó un proyecto de ley para proporcionar 26.300 millones de dólares en asistencia a Israel.
La medida fue aprobada por 366 votos a favor y 58 en contra y automáticamente se incluirá junto con otros tres proyectos de ley.
El presidente estadounidense Joe Biden expresó el miércoles su apoyo a la propuesta del líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de proteger de este modo "los intereses estadounidenses de seguridad nacional y a los aliados en Israel, la región Indo-Pacífica y Ucrania”.
“La cámara baja debe aprobar este paquete esta misma semana, y el Senado debe hacer lo propio pronto”, había exhortado Biden.
“Firmaré esto para convertirlo en ley y para enviar un mensaje al mundo: Nos plantamos con nuestros amigos, y no dejaremos que ni Irán ni Rusia triunfen”, dijo el presidente.
Algunos republicanos detractores de esta ayuda a Ucrania argumentan que este tema se ha convertido en una enorme carga financiera para los estadounidenses, que es un asunto que deben afrontar principalmente las naciones europeas más próximas al conflicto y que ha habido un estancamiento en el progreso después de dos años de guerra.
El proyecto de ley de seguridad nacional aprobado hoy incluye además una disposición que obliga a vender la popular plataforma TikTok y apoyo a los aliados de la región Indo-Pacífico.
Aunque estas ayudas se han votado por separado, cuando pasen al Senado serán consideradas como un paquete único que beneficia a Israel, Ucrania y Taiwán.
Legisladores de EEUU en crucial debate sobre la ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán (VIDEO)
Legisladores estadounidenses debaten este sábado el envío de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán.
El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart hizo una ardiente defensa de esta iniciativa.
"Mientras estamos aquí hoy, una troika estratégico-militar del mal se asoma en el horizonte marchando hacia la destrucción de los valores que nosotros y nuestros aliados democráticos tanto apreciamos. Podemos volver la cabeza y esperar apaciguar este gran mal o podemos apoyar a nuestros aliados y enfrentar este nefasto flagelo", dijo el representante de Florida, quien alertó que Vladimir Putin no se conformará con Georgia y Crimea, sino que aspira a controlar a Ucrania y "mañana a Moldavia, los países bálticos y Polonia".
El republicano recordó que en 1947 el Congreso proporcionó apoyo militar y económico a Grecia y Turquía, manteniéndolos fuera del alcance de la Unión Soviética y que hoy, en un punto crucial de la guerra, una victoria de Rusia "sería un desastre para nuestra seguridad nacional que alentaría a la China comunista, a emprender una coerción o agresión militar contra Taiwán".
El presidente estadounidense Joe Biden expresó el miércoles su apoyo a la propuesta del líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de proteger de este modo "los intereses estadounidenses de seguridad nacional y a los aliados en Israel, la región Indo-Pacífica y Ucrania”.
“La cámara baja debe aprobar este paquete esta misma semana, y el Senado debe hacer lo propio pronto”, había exhortado Biden.
“Firmaré esto para convertirlo en ley y para enviar un mensaje al mundo: Nos plantamos con nuestros amigos, y no dejaremos que ni Irán ni Rusia triunfen”, dijo el presidente.
Ante las objeciones de muchos de sus correligionarios en el Partido Republicano, Johnson propuso que la ayuda a Ucrania se entregara como préstamos y que tuvieran un monitoreo riguroso.
Para contar con el apoyo demócrata, la propuesta de Johnson mantiene intactos los 9.000 millones de dólares en asistencia humanitaria para civiles de Gaza y otras zonas de conflicto.
En el debate de este sábado tanto los republicanos como los demócratas denunciaron los crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa.
"Vladimir Putin ha ordenado a sus tropas que utilicen la violación, el secuestro y el asesinato delante de familiares como arma de guerra para desmoralizar al pueblo de Ucrania", afirmó la representante Nancy Pelosi (demócrata por California), ex presidenta de la Cámara de Representantes.
La demócrata de mayor rango en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la cámara baja, Rosa DeLauro, dijo en un comunicado que las propuestas separadas para ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán “reflejan” el paquete de ayuda extranjera por 95.000 millones dólares que el Senado aprobó en febrero.
Algunos republicanos detractores de esta ayuda a Ucrania argumentan que este tema se ha convertido en una enorme carga financiera para los estadounidenses, que es un asunto que deben afrontar principalmente las naciones europeas más próximas al conflicto y ha habido un estancamiento en el progreso después de dos años de guerra.
“Si Estados Unidos continúa apoyando este esfuerzo, la Unión Europea no reunirá la voluntad política para hacer lo que debería”, dijo el representante Keith Self (republicano por Texas). "Europa debe actuar con mayor urgencia".
Senado desestima cargos de juicio político contra Mayorkas
El Senado desestimó todos los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin a la iniciativa de los republicanos en la Cámara de Representantes para destituir al funcionario por su manejo de la situación en la frontera con México y poniendo fin al proceso incluso antes de que comenzaran los argumentos.
Los senadores votaron a favor de desestimar los dos artículos que, según los republicanos, justificaban iniciar un juicio político. Los demócratas argumentaron que los artículos eran inconstitucionales. El primer artículo acusaba a Mayorkas de “negativa deliberada y sistémica a cumplir” con la ley de inmigración. El segundo lo acusaba de “abuso de confianza” por decir que la frontera estaba segura. Ambas votaciones fueron 51-48 según líneas partidistas, con la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votando “presente”.
Previamente, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que buscaría desestimar el juicio argumentando que los dos artículos acusatorios presentados por los republicanos “no cumplían con los estándares de delitos y faltas graves” y esto podría sentar un precedente peligroso.
"Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político para los raros casos en que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar las acusaciones de hoy”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, al abrir la sesión del Senado.
En febrero, la Cámara de Representantes aprobó por estrecha mayoría someter a Mayorkas a un juicio político por su manejo de la situación en la frontera con México, argumentando en los dos artículos que el funcionario “intencional y sistemáticamente” se negó a implementar las leyes migratorias. Los responsables de la Cámara de Representantes presentaron los cargos ante el Senado el martes, de pie en la tribuna del Senado y leyéndolos en voz alta ante una audiencia cautiva de senadores.
Una desestimación total de la acusación, sin posibilidad de argumentar el caso, iba a ser una derrota embarazosa para los republicanos y para el asediado presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que hizo de la destitución una prioridad. Y es probable que tenga resonancia política tanto para los republicanos como para los demócratas en un año de elecciones presidenciales en el que la seguridad fronteriza ha sido uno de los temas principales.
Los republicanos argumentan que el presidente Joe Biden ha sido débil en la frontera, ya que las detenciones por cruces ilegales se dispararon a más de 2 millones de personas durante los dos últimos años de su mandato, aunque han disminuido desde un récord de 250.000 en diciembre, debido a la intensificación de la aplicación de la ley en México. Los demócratas afirman que, en lugar de someter a un juicio político a Mayorkas, los republicanos deberían haber aceptado un compromiso bipartidista del Senado destinado a reducir el número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos.
Cuando firmó los artículos de juicio político el lunes antes de enviarlos a través del Capitolio, Johnson dijo que Schumer debe convocar un juicio “para que quienes orquestaron esta crisis rindan cuentas”.
Schumer “es el único impedimento para que el pueblo estadounidense vea que hay una rendición de cuentas”, aseguró Johnson. “De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Cámara de Representantes exige un juicio”.
Audiencia clave en el caso Rocha ¿Quiénes fueron sus víctimas y cuánto merecen en restitución?
Una audiencia clave en el caso del exdiplomático norteamericano Víctor Manuel Rocha, condenado el pasado viernes a 15 años de cárcel por trabajar clandestinamente para la inteligencia cubana, tendrá lugar el próximo 21 de julio.
De acuerdo a documentos de la corte y entrevistas realizadas por Martí Noticias el ex funcionario deberá comparecer en una audiencia judicial sobre la restitución de los daños causados a sus víctimas.
“Una sentencia federal tiene varios componentes. El primero es el tiempo a servir: en este caso es el tiempo máximo de 15 años a los dos cargos de los que él se declaró culpable: defraudar a los Estados Unidos y trabajar clandestinamente para un gobierno extranjero”, dijo Nelson Rodríguez Varela, abogado de Miami especializado en derecho penal y bienes raíces.
“La segunda parte de la sentencia es el tiempo en supervisión, que en su caso fueron tres años, y el tercer elemento es una multa de 500.000 dólares pagables al gobierno de Estados Unidos. Por último, la restitución en casos y cargos que ameriten restitución”, añadió.
En el momento de la sentencia a 15 años de prisión, impuesta por la jueza federal Beth Bloom, la fiscalía no tenía una lista de víctimas del trabajo de Rocha como agente del régimen cubano.
“La Corte no estuvo de acuerdo con que el único afectado fuera el gobierno federal y por eso ha puesto esta audiencia de restitución para identificar quiénes son las víctimas y a quiénes se le ordena la restitución”, explicó Rodríguez Varela.
Bajo los términos del acuerdo de culpabilidad, Rocha tiene que cooperar con el gobierno y aseguró que lo reparará como colaborador de las agencias de seguridad de EEUU.
"Asumo [plenamente] la responsabilidad por ello y acepto la sanción que debo pagar. Y lo que es más importante, estoy reparando, y seguiré reparando cuando sea necesario, el daño causado a través de mi colaboración incondicional con aquellos a quienes traicioné", dijo Rocha en la Corte, según reseña El Nuevo Herald.
Rodríguez Varela aseguró que la Corte buscará restituir el daño al gobierno de Estados Unidos con la devolución de todo el dinero devengado en las más de cuatro décadas de trabajo de Rocha para el régimen cubano.
“El gobierno le estuvo pagando como compensación por su trabajo mientras él violaba la confianza de Estados Unidos y cobró dinero sin estar trabajando a favor de los Estados Unidos. La Corte va a ordenar que todo ese dinero lo tenga que devolver”, dijo el abogado.
¿Además del gobierno quién más podría recibir compensación?
“La Corte va a querer saber quiénes fueron las otras víctimas en su trabajo como agente a lo largo de décadas: podrían ser, por ejemplo, los familiares de las víctimas de los Hermanos al Rescate o la familia de Oswaldo Payá”, indicó Rodríguez Varela.
El 24 de febrero de 1996 el gobierno de Cuba derribó sobre aguas internacionales dos aviones civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. La acción armada provocó la muerte de cuatro cubanoamericanos.
En el documento acusatorio contra Rocha aparece una declaración en la que el exdiplomático admite que "estaba a cargo" cuando ocurrió el derribo de las avionetas. Precisamente, entre 1995 y 1997 Rocha fue subdirector de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. "Ese fue un tiempo de mucha tensión", reconoció al agente encubierto.
El líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio de 2012, en una carretera de Bayamo, Granma, desde entonces su familia y reconocidas entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado al régimen cubano responsable de estas muertes. La familia Payá ha demandado a Rocha civilmente.
¿Puede indemnizar Rocha económicamente a las víctimas?
Registros de la oficina del Secretario del Tribunal y Contralor de Miami-Dade, con fecha del 8 de febrero, reflejan que el acusado transfirió a su esposa, Karla Wittkop Rocha, el título de propiedad de cuatro apartamentos de lujo, valorados en 4 millones de dólares, que están ubicados en el Brickell City Center. Durante la audiencia de culpabilidad de Rocha también se conoció que había transferido dos cuentas bancarias a su esposa.
La jueza se mostró insatisfecha en ese momento por el acuerdo alcanzado por la Fiscalía. Las transferencias han hecho pensar a muchos si Rocha tendría la capacidad de afrontar las restituciones que le imponga la Corte.
“La Corte puede ordenar la restitución tenga él los fondos o no los tenga. Tenga él el dinero o no lo tenga, las víctimas tienen derecho a una restitución”, dijo Rodríguez Varela.
Según Rodríguez Varela, las transferencias que hizo Rocha a su esposa podrían ser consideradas ilícitas “al estar en función de evitar afrontar las restituciones”.
“Si las familias logran demostrar que Rocha tuvo un impacto en lo que sucedió con sus seres queridos podrían proceder contra esas propiedades en un juicio civil que no tendría nada que ver con esta sentencia”, añadió.
“Lo más importante en el caso de las víctimas es lograr demostrar a la Corte que Rocha escondió información al gobierno de Estados Unidos a favor del régimen cubano y que como resultado de sus acciones hubo daños y perjuicios a estas personas”, dijo el abogado.
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