Enlaces de accesibilidad

América Latina

Bachelet: hay militarización y tortura en Venezuela

Michelle Bachelet en una conferencia de prensa en Caracas (Foto: AFP).

El esperado informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhorta al Gobierno de Nicolás Maduro a adoptar medidas urgentes para detener y remediar las graves vulneraciones de los derechos básicos del pueblo.

El informe, divulgado este jueves en Ginebra, advierte que si la situación no mejora continuará el éxodo sin precedentes y empeorarán las condiciones de vida del pueblo.

En el informe se afirma que en el último decenio se ha puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política".

Dice que "un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo".

En el documento se destaca que la profunda crisis económica ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos en materia de alimentación y salud.

El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo entre enero de 2018 y mayo de 2019.

"El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia", explicó Bachelet.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. "Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno".

El informe también se refiere a los colectivos, los grupos armados civiles progubernamentales. Se ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a los colectivos.

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), "ha sido sorprendentemente elevada", según señala el informe.

En 2018 el Gobierno registró 5,287 muertes, supuestamente por "resistencia a la autoridad". Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, otras 1,569 personas fueron asesinadas, según el Gobierno. "Las cifras podrían ser muy superiores", indica el documento de la ONU.

El informe confirma que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 presos políticos, y que este año 22 diputados han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Si bien la Alta Comisionada aplaudió la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas por ejercer sus derechos.

El informe recalca que la mayoría de las víctimas "no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada".

"Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial", expresa el informe.

"Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes", precisa el informe.

En cuanto a la libertad de expresión, señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido. "En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional".

"Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones", en el informe se afirma que "las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando la crisis".

Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.

La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en "elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres".

Aunque el Gobierno "ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales", personas entrevistadas "acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno", subrayó Bachelet.

La situación sanitaria es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad. De noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo en los hospitales 1,557 fallecimientos por falta de suministros.

El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.

Acerca de la reacción del gobierno, Bachelet espera que "las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones".

"Un sacerdote católico me dijo en Caracas: 'No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente'. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho", dijo Bachelet.

También instó a todas las personas con poder e influencia a que colaboren para solucionar esta crisis "que está arrasándolo todo".

"Mi Oficina está lista para seguir apoyando", afirmó Bachelet.

Vea todas las noticias de hoy

Venezuela: El vicepresidente del Parlamento cumple 100 días detenido

Edgar Zambrano (izq.), vicepresidente del Parlamento, junto a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. (AFP).

Hoy se cumplen tres meses del "secuestro del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano", escribió este viernes en Twitter el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Zambrano es acusado por el gobernante Nicolás Maduro de participar en una sublevación militar en su contra.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional fue enviado a prisión preventiva y días después de su captura el Tribunal Supremo de Justicia anunció que el legislador fue recluido en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

Cien días después de su captura, el vicepresidente y cuatro de sus acompañantes "continúan detenidos arbitrariamente" y aún no se tiene "fecha para su audiencia", según indicó la Asamblea Nacional.

Edgar Zambrano fue detenido por agentes del Sebin el 8 de mayo de 2019 en una operación fuertemente criticada por el gobierno de Estados Unidos y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Noruega detiene ayuda para la Amazonía por deforestación de Brasil

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro publicó en su cuenta de Twitter estar acusado falsamente de destruir el Amazonas.

"Después del G-20, si hubiese demarcado unas pocas docenas de áreas indígenas más y hubiese apuntado fuertes multas a los agricultores, el mundo no me estaría acusando falsamente de destruir el Amazonas. La soberanía de la región y sus riquezas es lo que está realmente en juego", dijo el mandatario.

Estas declaraciones ocurren después que el ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, Ola Elvestuen, afirmara que Brasil ha roto el acuerdo para financiar medidas de deforestación. Es por esto que Noruega retendrá 300 millones de coronas, indicó el periódico noruego Dagens Næringsliv.

Las autoridades noruegas consideran que Brasil está siendo permisible con la tala indiscriminada en la selva amazónica

Tanto Noruega como Alemania son los países que financian casi todo el fondo para la protección del Amazonas.

El periódico noruego también cita la respuesta del presidente de Brasil a este recorte, donde el mandatario sugiere reinvertir el dinero en Alemania y hace una referencia a Angela Merkel, además de insistir en que el país noruego no tiene moral para decirle a Brasil qué hacer debido a su caza de ballenas.

Según la agencia de noticias AFP, Bolsonaro es un escéptico del cambio climático que promueve la explotación de recursos naturales en áreas protegidas.

Colombia: Nicolás Maduro dice cosas delirantes

Alvaro Uribe Vélez y Nicolás Maduro

El gobernante Nicolás Maduro acusó el miércoles al expresidente de Colombia Álvaro Uribe y al embajador de esa nación en Estados Unidos, Francisco Santos, de tramar un plan para asesinarlo.

En otras oportunidades Maduro ha acusado a las autoridades colombianas de conspirar para acabar con su vida, pero esta vez afirmó saber que en la casa del exmandatario supuestamente se ha discutido un ataque contra él y otros dirigentes.

De inmediato, la acusación fue descartada por las autoridades en Bogotá. El canciller Carlos Holmes rechazó por "delirantes y calumniosas" las acusaciones de Maduro.

"Tienen como fin distraer la atención de la grave crisis en la que tiene a Venezuela", escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

En julio, Maduro pidió a las Fuerzas Armadas de Colombia desobedecer "órdenes" de supuestos "planes de agresión militar" contra Venezuela, en otra señal del deterioro de las relaciones entre los países sudamericanos.

Nicolás Maduro suele llamar al presidente de Colombia, Iván Duque, "lacayo" de Estados Unidos, y el año pasado denunció que drones que explotaron en una parada militar que presidía habían entrado al país desde Colombia. También dijo que Chile y México estaban involucrados. Son acusaciones que han sido presentadas sin evidencias.

Asamblea Nacional de Venezuela considera nueva reforma petrolera

Estación de gasolina

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, está considerando reformas a la ley petrolera para abrir el sector a la inversión privada, según un documento visto por la agencia de prensa Reuters.

La propuesta permite a las empresas privadas tener una participación mayoritaria en las asociaciones de exploración y producción con la estatal PDVSA, que tendrán la capacidad de exportar directamente el crudo. El objetivo es abordar problemas que han limitado la rentabilidad de las compañías desde que el presidente Hugo Chávez creó el modelo de asociaciones en 2007.

Pero el nuevo proyecto, fechado el 7 de julio, carece de varios elementos de una reforma previa que los representantes del líder opositor, Juan Guaidó, presentaron a los ejecutivos de la industria en Houston a principios de este año, precisó Reuters.

A diferencia de esa primera versión, la propuesta no crea un ente regulador independiente para supervisar las subastas de concesiones.

También mantiene los niveles actuales de regalías para el crudo y crea un requisito mínimo de 25% de contenido local en los proyectos petroleros para 2028, una gran victoria para las empresas venezolanas de ingeniería y contratación.

El borrador dice que se permitirá a PDVSA vender sus refinerías a empresas privadas. La ley actual impide que las compañías extranjeras posean una participación mayoritaria en sus empresas conjuntas y exige a la estatal operar los proyectos.

PROCESO MÁS CORTO

Dos fuentes de la industria petrolera, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que las empresas privadas preferían un proceso más corto sin cambios radicales frente a una reforma completa que tarde meses en aprobarse.

Luis Stefanelli, legislador del partido Voluntad Popular de Guaidó y que también es miembro de la comisión de energía, dijo que considerar la propuesta más simple no descarta aprobar una reforma de mayor alcance más adelante.

"Es un caucho de repuesto, es un Plan B", dijo Stefanelli en una entrevista telefónica. "Una cosa no niega la otra, es como caminar y masticar chicle al mismo tiempo".

Ni PDVSA ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios.

Pero, incluso si el plan fuera aprobado por el Congreso, tendría poco impacto inmediato dado que Nicolás Maduro considera que las acciones de la Asamblea carecen de efecto tras crear en 2017 un cuerpo legislativo paralelo.

México detuvo a 45.000 migrantes en dos meses

Migrantes detenidos cruzando Río Bravo

México ha detenido a más de 45,000 inmigrantes indocumentados en los últimos dos meses, en una señal a Washington de que está tomando medidas para reducir la migración a través de su frontera compartida.

El gobierno mexicano prometió en junio tomar medidas "sin precedentes" para frenar un reciente aumento de migrantes centroamericanos que cruzan su territorio hacia los Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles al país.

Ansioso por mostrar resultados, el canciller Marcelo Ebrard dijo que México había detenido a 46,616 migrantes del 8 de junio al 11 de agosto, luego de desplegar 21,000 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en sus fronteras norte y sur.

El canciller informó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un mecanismo de coordinación migratoria, donde participan cinco países, entre ellos Cuba.

La amenaza arancelaria de Trump ha colocado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, un izquierdista que asumió el cargo en diciembre pasado prometiendo salvaguardar los derechos de los migrantes, en la incómoda posición de ahora tener que tomar medidas enérgicas contra la migración.

Hablando junto a López Obrador en una conferencia de prensa, Ebrard dijo que el gobierno buscaba proteger a los migrantes que viajan en condiciones inseguras.

Agregó que México había acordado financiar programas para crear 20,000 empleos en El Salvador y 13,000 en Honduras, en un intento por combatir la pobreza y la violencia que impulsa el éxodo reciente de América Central.

México insta a los donantes internacionales, incluido Estados Unidos, a financiar un paquete de desarrollo económico de $10 mil millones al año para la región a fin de abordar los problemas subyacentes que impulsan la migración.

El gobierno mexicano ha prometido $100 millones para programas de desarrollo en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Estados Unidos detuvo a 82,049 inmigrantes indocumentados en su frontera sur en julio: un 21% menos que en junio y un 43% menos que en mayo, cuando las detenciones alcanzaron un máximo de 13 años de 144,266 .

Cargar más

XS
SM
MD
LG