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Cuba

Aumentan a cinco los fallecidos por accidente en el Malecón habanero

Imágen posterior al accidente en Malecón y 23.

Los fallecidos en el trágico accidente en la intersección de la Calle 23 y Malecón en La Habana ascendieron a 5, mientras los heridos se contabilizan en 18, según "datos preliminares" de la Comisión Nacional de Tránsito ofrecidos a la prensa oficial.

El accidente ocurrió a sobre las 2 y media de la tarde del pasado domingo 19 de mayo cuando un auto Mercury, de 1952, impactó a varias personas que estaban en la acera del Malecón.

Como resultado de la pesquisa el teniente coronel Jesús Aguilar Hernández, jefe de sección de tránsito de la División de Investigación Criminal de Operaciones, indicó que “el funcionamiento del sistema de frenos en las ruedas delanteras era deficiente”.

Otra de las posibles causas, señala el informe, es atribuido a la ingestión de bebidas alcohólicas y el exceso de velocidad.

“El chofer podría enfrentar sanciones de privación de libertad de uno a diez años al ser un delito por imprudencia”, señala el portal oficialista Cubadebate.

Carreteras teñidas de rojo

El caso de este accidente de tráfico se suma a una oleada reportada en lo que va de año en Cuba, explica un reporte de la agencia EFE, en la que en 2018 se registraron 10.070 siniestros que dejaron 683 muertos y 7.730 heridos, con una frecuencia de uno por cada 52 minutos, citando datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Cuba tiene un alto índice de accidentes de tránsito atribuidos, entre otros factores, al obsoleto parque automotriz –muchos de los autos y camiones tienen más de 20 años y muchos, más de 60.

Durante las inspecciones obligatorias realizadas en 2018, se detectaron "deficiencias técnicas" en el 44 % de los autos verificados (63.966), principalmente por el sistema de frenos, dirección y luces".

Además, se retiraron más de 36.000 permisos de circulación de vehículos que no tenían la revisión técnica actualizada, señala EFE.

[Con información de la prensa oficial, la agencia EFE, Radio Televisión Martí y redes sociales]

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Cursos de verano para cuentapropistas sobre manejo ambiental

Cursos para emprendedores en el Centro Loyola.

Realizan en La Habana dos cursos de verano para emprendedores independientes sobre el manejo del medio ambiente.

Los talleres están siendo impartidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil en el Aula Magna del Centro Loyola de Reina.

El doctor en Ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo a Radio Martí que el curso de gerencia ambiental tiene como propósito fundamental lograr implementar una cultura que a su juicio es inexistente en el país.

Cursos para emprendedores cubanos
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Los cursos de "Gestión Ambiental para Emprendedores" tienen matrícula abierta y se desarrollan en los meses de junio y julio en la sede del Centro Loyola de Reina, ubicado en la calle Estrella No. 468. e/ Gervasio y Belascoain, Centro Habana.

Este centro pertenece a la Red de Centros Loyola de los padres jesuitas en Cuba.

Cursos para emprendedores cubanos

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La verdad tras los motines de migrantes cubanos en México

Aproximadamente 50 migrantes del país caribeño se amotinaron esta mañana al interior de la estación migratoria en Tapachula, Chiapas, con el objetivo de denunciar hacinamiento y malos tratos.

TAPACHULA - El mecánico cubano de 36 años tiene la mirada perdida mientras recuerda cómo funcionarios de la estación migratoria Siglo XXI rompieron el documento que le acreditaba como solicitante de refugio en México.

Era el principio de una pesadilla que empeoraría con la llegada de más migrantes detenidos: cubículos de 4x3 metros para 50 personas, heces que rebosaban las letrinas, falta de comida y agua.

Las mujeres dormían en los pasillos o en el comedor entre ratas, cucarachas, excrementos de palomas, niños llorando, madres reciclando pañales y el desprecio de los guardias. “Nos tiraban ahí como animalitos”, dice una joven hondureña.

Miles de migrantes que entran a México de manera irregular acaban en este lugar, considerado el centro de detención migratoria más grande de América Latina. Ubicada en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, la vida transcurre en la estación Siglo XXI lejos del ojo público y se han denunciado reiterados abusos que incrementaron con el hacinamiento registrado esta primavera.

El Instituto Nacional de Migración (INM), encargado de las instalaciones, negó a The Associated Press permiso para visitarlas y no respondió a una solicitud de comentarios. Pero una veintena de migrantes, funcionarios y miembros de ONG describieron el centro como un lugar insalubre, sobrepoblado y donde reina la arbitrariedad de los agentes al mando. La mayoría hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Washington ha exigido a México que reduzca el flujo de migrantes, la mayoría centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia, pero también cubanos, haitianos y africanos. Además, el presidente Donald Trump mantiene viva la amenaza de poner aranceles a las importaciones mexicanas si no se cumple ese objetivo. Y aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un plan para enfrentar la llegada creciente de extranjeros, diversos observadores advierten que México no tiene los medios para albergar a más detenidos.

Si se detiene a más migrantes, “no se cuenta con la infraestructura correspondiente”, dijo el jueves Edgar Corzo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante un recorrido justo antes del anunciado despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a las labores de control migratorio.

Esta entidad oficial denunció a finales de abril que había más de 2.000 personas en la Siglo XXI, un lugar construido para 960. Cientos fueron trasladados a otras instalaciones, pero la semana pasada había 1.230 migrantes, según Corzo. Otras instalaciones en Tuxtla Gutiérrez, también en Chiapas, albergaban a 400, aunque están habilitadas sólo para 80.

“No imagino la estación siglo XXI teniendo tantas personas, todavía pongan 100 o cientos más... las estaciones migratorias no están para dar una respuesta de mayor capacidad porque han sido superadas”, añadió Corzo.

La Siglo XXI es una estructura carcelaria con muros de cinco a diez metros de alto, torres de control, cámaras de seguridad y espacios con techos enrejados por donde patrullan los guardias. Incluso hay una celda de castigo, el “Pozo”, que el gobierno se comprometió a no usar más, aunque el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una de las pocas ONG que tienen acceso, no ha podido confirmar que eso sea cierto.

Al cruzar las rejas y dejar atrás a quienes abarrotan la entrada en espera de información, hay un patio y una especie de muelle de carga y descarga de seres humanos que van y vienen en autobuses.

A los que llegan, detenidos en redadas o engañados diciéndoles que iban a verificar sus papeles, les confiscan cordones de zapatos, cinturones y celulares, aunque siempre hay quien luego les ofrece una llamada, un cigarro o comida extra si pagan por ello, coinciden varios que estuvieron detenidos ahí.

Voces dentro y fuera de México, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, han denunciado desde antes de la crisis actual que los migrantes son detenidos sin los estándares mínimos, a veces son extorsionados o no tienen un debido proceso. También han pedido que la detención sea algo excepcional y que se elimine por completo en el caso de niños y adolescentes. Esto no ha ocurrido y una niña guatemalteca murió en mayo en la estación migratoria de Ciudad de México en circunstancias todavía bajo investigación.

Graciela, una hondureña de 29 años, cuenta que cuando estuvo en la Siglo XXI no podía ni dormir por el miedo a que le quitaran a sus dos pequeños, dos flaquitos de 7 y 9 años. Los rumores se mezclaban con la angustia, la falta de información y la insistencia de los agentes para que aceptara el retorno al país del que salió huyendo.

“(Los niños) me decían ‘vámonos´, ‘¿por qué estamos aquí?’”, recuerda. “A veces llorábamos todos”. Graciela salió de ahí porque logró que aceptaran su petición para solicitar asilo en México.

Julio, un cubano de 15 años, fue detenido junto a sus padres, pero separado de ellos nada más llegar a la Siglo XXI. Aunque estaban en la misma instalación, pasaron periodos incomunicados.

Su madre recuerda cómo ella entró en pánico después de uno de los motines que se dio en el lugar, porque no sabía cómo estaba su hijo y los rumores proliferaban. “Lloré, imploré para que me dijeran si estaba bien, pero nada. Tardé cinco días en verle”.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha reconocido recientemente que el gobierno no se ha preocupado en atender las instalaciones migratorias en la frontera sur, que están “muy por debajo de los estándares”, y Tonatiuh Guillén, hasta el viernes el jefe del INM, reconoció en una entrevista reciente con AP que “tienen un modelo muy severo de control”.

Sin embargo, López Obrador insiste en que el respeto a los derechos humanos es la máxima de su política migratoria y su gobierno dice estar estudiando opciones para construir nuevas instalaciones migratorias

Pese a la desinformación, pronto queda claro que solo hay dos maneras de salir: deportados en un autobús o con una solicitud de asilo como la que le rompieron al mecánico cubano. Que este documento --que teóricamente garantiza la libertad de un migrante-- pueda ser destruido tan fácilmente, es una muestra más de la arbitrariedad que hay en el lugar.

El gobierno federal ha reconocido que el INM es una de las instituciones más corruptas del país. Se han depurado a más de 600 funcionarios y a la Siglo XXI han llegado nuevos agentes, aunque se desconoce cómo va el proceso de depuración ahí.

Según Salva Lacruz, del Fray Matías, el centro sigue en manos “negligentes, irresponsables y racistas” que operan al margen de las directrices de Ciudad de México. Un funcionario migratorio recién llegado calificó a algunos de sus compañeros de “inhumanos”.

Por eso, en medio de la desesperación, se encontró otra formar de salir: amotinarse y escapar.

Más de 600 personas se fugaron en abril, algo nunca visto en México. En videos publicados en redes sociales se ve a gente corriendo por la entrada principal y las rejas abiertas. Los migrantes aseguran que la fuga fue alentada por las autoridades. Éstas lo niegan.

“Algunas celdas no tenían candado ese día”, asegura el mecánico que no huyó por temor a ser deportado.

Los motines elevaron la tensión, los choques entre internos, el miedo de los trabajadores y las represalias contra los cubanos, acusados de ser instigadores de los levantamientos.

Eliezer Pino, Jonathan Eduardo Merrero, Yunier Rives, Yasiel Rodríguez, Danilo Claro y Eduardo Martínez dicen haber sido seleccionados al azar durante uno de los motines, llevados detrás de unos autobuses y golpeados.

Pino dice que lo patearon entre seis y casi le reventaron el ojo de un puñetazo. Su único delito, dicen todos, fue gritar “¡queremos salir!” y avanzar hacia la puerta junto a otros. Los policías federales, que apoyan en tareas de seguridad, evitaron una paliza mayor.

Una treintena, incluidos ellos, fueron trasladados esa noche a una caseta de migración en la carretera donde pasaron 45 días en condiciones similares a las de la Siglo XXI. “Pensé que no iba a salir cuando nos dijeron: ‘son comida para perros´’”, afirma Pino. No salían al sol, apenas se bañaban, casi no dormían. Estaban hacinados e incomunicados.

“Era una tortura, un infierno”, asegura Martínez.

“A mí hasta me velaron”, dice Rodríguez. Su familia en Cuba le creyó muerto.

Algunos no aguantaron y pidieron la deportación. Otros, gracias a las gestiones del Fray Matías, consiguieron solicitar asilo y ser liberados, aunque no pueden salir de Tapachula.

Desde enero, México ha detenido a más de 74.000 migrantes y deportado a más de 53.000, y desde hace semanas pueden verse soldados, marinos y policías federales apoyando las labores de los agentes migratorios o participando en redadas. Algunos de esos efectivos, ahora comienzan a llevar brazaletes que les identifican como Guardia Nacional.

Organizaciones gubernamentales y ONG celebran ciertos avances, como el cierre de cinco pequeñas estaciones, o el reconocimiento de deficiencias, aunque creen que no es suficiente.

Vidal Olascoaga, del Fray Matías, alerta de que pueden imponerse las “devoluciones en caliente, como hace Estados Unidos”, que deporta al migrante al cruzar y sin averiguar si tiene o no necesidades de refugio.

“Los flujos migratorios no se disminuyen por arte de magia y en el corto plazo sólo se logra con detenciones y deportaciones masivas”, asegura.

No obstante, el horror de la detención no detendrá el flujo migratorio.

Yanel, una hondureña de 21 años que estuvo dos semanas encerrada con su hija de dos años, tuvo miedo y asegura que recibió un trato denigrante, pero que lo que había dejado a atrás era peor: un esposo de la Mara 18, una de las pandillas más violentas de Centroamérica, que la golpeaba y casi hizo que perdiera a su bebé cuando estaba embarazada.

Pasar por la Siglo XXI, asegura, “vale la pena si le dan los papeles a uno”.

Todavía no sabe si después seguirá la ruta hacia el norte.

CIDH aborda derechos humanos en Cuba y Nicaragua

Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Cuba. Audiencia Pública del 157 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Foto Archivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará hoy lunes 17, y mañana martes 18 de junio, en Miami, sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua correspondientes al pasado año.

Panel sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba y Nicaragua
Panel sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba y Nicaragua

Las ponencias analizarán los contextos marcados por la represión y la censura en que se desarrolla el trabajo de los activistas de los derechos humanos en ambos países.

En el caso de Cuba la entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos hará más de 40 recomendaciones, debido a que se reporta un aumento del acoso contra activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil.

De izquierda a derecha los presos políticos Edwin Carcache y Victoria Obando, exclamando Derechos Humanos para el pueblo nicaragüense, durante la reunión con exiliados sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua y Cuba
De izquierda a derecha los presos políticos Edwin Carcache y Victoria Obando, exclamando Derechos Humanos para el pueblo nicaragüense, durante la reunión con exiliados sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua y Cuba

La Comisión Interamericana abordará también la crisis sociopolítica en Nicaragua y la represión desatada en 2018 contra los opositores por el Gobierno de Daniel Ortega.

De izquierda a derecha los panelistas Antonia Urreola, Comisionada relatora de CIDH, Esmeralda Arosemena, Presidenta de la CIDG y Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, durante la reunión con exiliados nicaragüenses sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua y Cuba
De izquierda a derecha los panelistas Antonia Urreola, Comisionada relatora de CIDH, Esmeralda Arosemena, Presidenta de la CIDG y Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, durante la reunión con exiliados nicaragüenses sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua y Cuba

Preso político en huelga de hambre en cárcel de Quivicán

Ubaldo Herrera Hernández, activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).

El preso político Ubaldo Herrera Hernández, cumple este lunes 13 días en huelga de hambre, en la prisión de Quivicán, provincia Mayabeque, reclamando que se respeten los derechos humanos, en las cárceles del régimen cubano.

La denuncia la hizo el activista Agustín Figueroa Galindo con información proporcionada por Margarita Hernández Cisneros, madre del preso político.

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Ubaldo Herrera Hernández, activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), está cumpliendo una sentencia de cinco años de privación de libertad por supuestos delitos de atentado y desacato.

El régimen cubano sostiene que no hay presos políticos en el país. Pero Cuban Prisoner Defenders, una organización asentada en España, ha documentado más de 130 presos políticos en Cuba, la mayoría acusados y juzgados por delitos comunes sin el respeto al debido proceso.

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