América Latina
“Así se sobrevive aquí”: Prolifera el mercado negro de vacunas en Venezuela
Venezolanos ávidos de vacunas contra el COVID-19 pagan de 20 a 600 dólares por inmunizarse en el mercado negro. Expertos advierten que la corrupción ocurre por “desespero” ante la opacidad del plan nacional de vacunación.
CARACAS / MARACAIBO, VENEZUELA. - Julia*, una venezolana de 64 años que sufre de hipertensión arterial, prefirió pagar 20 dólares por una vacuna clandestina contra el COVID-19 antes que esperar semanas o meses más por su turno en el plan de inmunización del gobierno de Nicolás Maduro.
Recibió la vacuna hace pocos días en un Centro de Diagnóstico Integral, administrado por el gobierno de Nicolás Maduro, en una ciudad oriental de Venezuela. Una enfermera que había atendido a su esposo durante una complicación oncológica, un año atrás, le ayudó a conseguir “la cita”.
“Sentía que, si no lo hacía, no iba a llegar a vacunarme tan pronto”, admite a la Voz de América. “Me sentí con miedo de contagiarme y complicarme. Por eso, cuando se dio esa opción, inmediatamente dije que sí”, argumenta.
Julia asegura que conoce a venezolanos que han pagado hasta 200 dólares por una vacuna como la que ella consiguió en un mercado clandestino que hoy se camufla en las instituciones de los servicios de salud del país suramericano.
El gobierno venezolano ha experimentado retrasos en su plan de vacunación contra el nuevo coronavirus, según voceros de academias y gremios sanitarios. Lo atribuye al “bloqueo económico” y a la confiscación de activos en el exterior de parte de gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea.
La Academia Nacional de Medicina denunció este lunes que la cantidad de vacunas recibidas, enviadas esencialmente por aliados de Maduro, como Rusia y China, es “insignificante” comparada con la meta de 15 millones de personas, que es el equivalente a 70 por ciento de la población adulta.
La administración de Maduro ha anunciado la llegada desde inicios de año de dos millones 750.000 dosis de las vacunas de Rusia y de China, pero voceros de la oposición y de las organizaciones médicas del país critican la opacidad, lentitud e inexistencia del plan de vacunación en los 23 estados y la capital.
El domingo, Maduro se declaró esperanzado de que el plan de vacunación avance “de una manera definitiva” entre junio y agosto, para lograr a final de año “la liberación de la vida social”, es decir, la flexibilización de la cuarentena.
También con ese fin, anunció el mes pasado el pago de la mitad de los 120 millones de dólares necesarios para recibir 11,5 millones de vacunas del mecanismo COVAX, una iniciativa global que busca repartirlas equitativamente para beneficiar al 20 por ciento de la población de los países participantes.
Venezuela experimenta un pico de la enfermedad, entretanto. Voceros del poder ejecutivo de Maduro, entre ellos el mismo presidente, reportan un promedio de 2.000 contagios diarios en todo el país, mientras expertos advierten de un subregistro de casos positivos por COVID-19 debido a la falta de pruebas diagnósticas.
Y, en ese contexto, nace el “desespero” de la gente por obtener su vacuna mediante prácticas ilegales e inseguras, advierte Huníades Urbina, pediatra, intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
“Es motivado a la falta de transparencia del ministerio de Salud sobre un plan de vacunación. Hay mucha angustia y desespero, y empieza a producirse ese mercado negro típico en situaciones de esta naturaleza”, afirma a la VOA.
La desconfianza
El doctor Urbina alerta sobre la posibilidad de que, primero, las vacunas sean extraídas de la custodia del gobierno venezolano; luego, no hayan mantenido la cadena de frío para su preservación; o que, finalmente, no se trate siquiera de una dosis para inmunización, sino de una solución acuosa cualquiera que no proteja.
En marzo, el poder judicial venezolano notificó el arresto de cuatro venezolanos por la reventa de vacunas contra el COVID-19 por 280 dólares en una página web. Según la nota oficial, los detenidos tenían en su vivienda frascos de otras sustancias químicas, como tramadol, meropenem y bromuro de rocuronio.
Ese mercado clandestino no es exclusivo de Venezuela, pues se han conocido denuncias similares en países como México y Perú, dice Urbina. “Los donantes de dinero y vacunas entran en desconfianza al saber estas noticias, que afectan la imagen de Venezuela en el extranjero”, señala en referencia a sus consecuencias.
Un doctor venezolano con 30 años de experiencia, quien pidió reservar su identidad, denunció que algunos colegas cobran entre 200 y 300 dólares por incluir a conocidos en jornadas de vacunación dentro de hospitales públicos de Maracaibo, una de las ciudades más pobladas de Venezuela.
“Somos el único país del mundo que no tiene un plan establecido de vacunación. No hay vacunas, pero todo el mundo las está vendiendo. Hay un plan de vacunación clandestino, no uno establecido. Es como la gasolina”, que escasea en las estaciones de servicio, pero se halla en mercados negros, afirma.
Políticos aliados del líder opositor Juan Guaidó, como Dinorah Figuera, denunciaron este mes la venta de vacunas contra el COVID-19 por montos que oscilan entre 300 y 600 dólares. “Esta situación es condenable y criminal. Mientras mueren los venezolanos, están estos criminales de las vacunas que comercian con la salud del pueblo”, dijo a la prensa a inicios de mayo.
Julio Castro, representante del Parlamento opositor de 2015 en la mesa técnica de vacunación, donde comparte con voceros del gobierno de Maduro, también se ha hecho eco de estas denuncias sobre la venta clandestina de vacunas.
En una entrevista radial reciente, el médico internista e infectólogo contó que amigos le confesaron que les llamaron para ofrecerles llevarles la vacuna hasta sus hogares a cambio de dinero. “Delivery de vacuna. La primera pregunta que debes hacerte es cuál es la cadena de custodia de la inyección. ¿Cómo llegó hasta mí? ¿De dónde sale? Eso es una mala señal”, expresó el galeno hace un mes.
"Tenemos que resolver aquí"
Adela recibió una invitación en el grupo de mensajería donde comparte con sus vecinos, en una urbanización de clase media de Caracas, la capital del país. A las 4:00 de la tarde de ese día, una enfermera llevaría varias dosis de la vacuna Sinopharm para aplicarlas a domicilio a quienes desearan, a cambio de 40 dólares y con la garantía de contar con la segunda dosis, semanas luego.
Leyó el mensaje con indignación. Siete de sus conocidos pagaron y se inmunizaron. Ella, en cambio, sintió temor y vergüenza, dice. “Es una vagabundería”, comentó a la Voz de América, mientras reivindicaba la memoria de parientes y médicos amigos que han fallecido por el COVID-19.
Yanitza, por el contrario, no dudó en vacunar de forma irregular a su padre en otra ciudad del interior de Venezuela, a 600 kilómetros de Caracas. Sentía angustia, detalla, pues su papá no había sido inmunizado a sus 73 años.
“Él es médico. Trabaja en un hospital público, ¿y tú puedes creer que aún no lo han llamado a vacunarse?”, critica Yanitza en una conversación con la VOA.
Algunos colegas de su padre ya habían recibido sus vacunaciones. Otros, sin embargo, había muerto a la espera de una dosis de protección. Esa experiencia aumentaba el temor entre su familia, por lo que empezaron a llamar a conocidos que laboran en la gobernación del estado llanero donde residen, precisa.
Mediante el tráfico de influencias y sin pagar, le aplicaron una primera dosis de la vacuna china VeroCell. Piensa que están en deuda con quien les facilitó el acceso al fármaco. “Algún favor habrá que hacerle, pero valió la pena”, estima.
Yanitza dice sentirse “aliviada” y “sin remordimientos”. “Ninguna culpa. El que vive en Venezuela tiene que pagar por todo. Te acostumbraste a hacer amigos en las gobernaciones, en los bancos, para conseguir favores”, expone.
Venezuela es considerado uno de los países más corruptos del mundo. Un estudio de Transparencia Internacional, de 2019, determinó que es la nación con mayor Índice de Percepción de Corrupción en América y el Caribe, y se ubica en el quinto lugar en el planeta en esa variable negativa.
Pero, Yanitza defiende su decisión al alegar que, en Venezuela, “se sobrevive así”. “Los ricos pueden salir y vacunarse en Estados Unidos. Los que somos clase media, tenemos que quedarnos aquí y resolver aquí”, asevera, exaltada.
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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