“Que en Cuba no se respetan los derechos humanos y no se practica la democracia es una realidad insoslayable que el grueso de la comunidad internacional prefiere eludir”, publica este jueves un editorial del periódico El Mercurio de Chile.
El escrito detalla que “Cuba cuenta con una diplomacia extremadamente eficiente, con cerca de un centenar de misiones residentes en el exterior, casi el doble de las embajadas chilenas; sus gobiernos castristas reciben el apoyo de prácticamente la totalidad de los países africanos, de varias de las ex repúblicas soviéticas, de Venezuela y sus aliados del Alba, de los no alineados, de China, Rusia y de numerosos gobiernos del Medio Oriente”.
Agrega además que este amplio respaldo externo, su intervención e influencia en los asuntos internos de algunos países y la invocación del bloqueo económico que mantiene Estados Unidos “le han permitido impedir condenas de los organismos internacionales por infracciones a los derechos humanos”.
El importante diario chileno va mas alla al recordar que nunca “Cuba ha sido materia de acuerdos y menos de sanciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tanto Fidel como Raúl Castro son suscriptores de cláusulas democráticas que condicionan la membresía en foros y organismos interamericanos, el más reciente Celac, y ningún gobierno latinoamericano y del Caribe ha sido capaz de reprocharles su incumplimiento. Más aún, Cuba integra actualmente sin mayores entredichos la troika, junto a Chile y Venezuela, que dirige este último foro”.
El editorial concluye que “estas evidencias explican la áspera reacción diplomática cubana cuando de tiempo en tiempo algún gobierno extranjero expresa su preocupación por los presos políticos y por la situación de los derechos humanos en la isla. Es lo que acaba de suceder con las expresiones del ministro Secretario General de Gobierno, que lamentara la muerte por huelga de hambre del disidente Wilmar Villar, y con la instrucción presidencial al embajador chileno en La Habana para que expresara a las autoridades locales la preocupación por el estado de los derechos humanos en la isla”.
Establece además que a “diferencia del caso Zapata, que fuera canalizado por la Cancillería chilena, la situación producida por el deceso de Wilmar Villar ha sido denunciada por la Presidencia y su Secretario de Gobierno. Semejante reclamo ha sido transmitido también por España y Estados Unidos. Esos gobiernos, más Perú, Canadá y la Unión Europea, tuvieron idéntica reacción de molestia en febrero de 2010, a raíz de la muerte en prisión de Orlando Zapata. Las reclamaciones de esos países fueron fructíferas: permitieron que, tras un compromiso del gobierno cubano con la Iglesia Católica, 52 presos fueran liberados. Uno de ellos se estableció en Chile”.
Enfatiza que el gobierno del Presidente Piñera hace bien en diferenciarse de la política elusiva de los gobiernos de la Concertación, que llegaron a ignorar públicamente la situación de los derechos humanos en Cuba. “Las autoridades nacionales están en lo correcto al rechazar la destemplada y amedrentadora reacción cubana por la preocupación chilena sobre la vigencia de los derechos fundamentales en Cuba. Estas inquietudes y acciones diplomáticas nacionales no deben ser sólo episódicas; deben constituir una política permanente del gobierno chileno respecto de la observancia y promoción universal de los derechos humanos y la democracia”.