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Arizona está en Cuba


"Nadie podría imaginarse que en la isla existan normas legales al estilo de la SB-1070", que aprobó el estado estadounidense de Arizona el 23 de abril y que autoriza a la policía estatal "arrestar a las personas sospechosas de ser inmigrante ilegal", señala el artículo firmado por el blog Jurisconsulto de Cuba, que participa en Voces Cubanas.

Hace dos años, señala la nota, la Asamblea Nacional rechazó la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, calificándola de flagrante y bochornosa violación de los derechos humanos, y la Convención de los Derechos del Niño. "Sin embargo, permite al gobierno castigar al nacional que permanezca en la capital de la nación, sin permiso".

En la isla son varias las normas que limitan la libertad de movimiento: el Decreto 217 "De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana" de 1997, el Decreto-Ley No. 248, "Del Sistema de Identificación y del Registro de Electores" y su reglamento, la Resolución No. 6/07 del Ministerio del Interior, ambas del 2007.

"Las dos últimas", explica Jurisconsulto de Cuba, "consideran ilegal al ciudadano que traslade su domicilio por más de 30 días, sin efectuar el cambio de dirección y su inscripción en el Registro de Direcciones. Además exigen a los cubanos mayores de 16 años, portar y mostrar su identificación a las autoridades y sus agentes, cada vez que estos se los soliciten".

El control de la población está bien organizado en Cuba. Desde 1971, el gobierno controla la circulación de sus ciudadanos dentro del territorio nacional, a través de los Registro de Población y de Direcciones.

"Estas instituciones son dirigidas por el Ministerio del Interior, órgano estatal, encargado de controlar la migración interna y externa del país y son complementados por el libro que al efecto llevan, los Comités de Defensa de la Revolución", destaca la nota.

El Decreto 217 impide a las personas provenientes de otras provincias residir en ciudad de La Habana sin previa autorización gubernamental.

"La norma emitida por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros instituye un sistema de contravenciones personales que castiga con multas que van desde los 200 pesos hasta 1000 pesos moneda nacional, para los que incumplan sus disposiciones. En todo caso exige a los infractores, la obligación de retornar de inmediato al lugar de origen", precisa la nota.

"La aplicación de esta disposición también violenta la libertad personal, pues los órganos policiales tienen autorización para detener, arrestar y deportar a su lugar de origen, a las personas sospechosa de ser un ilegal en la capital. Sin embargo, ninguna norma penal criminaliza la estancia en la capital como un delito", añade.

Concluye el blog que esta actitud del régimen comunista es hipócrita, ya que critica a la Unión Europea y a Estados Unidos mientras restringe severamente a sus nacionales la libertad de circulación.

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