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América Latina

Aprueban convocatoria a reunión para aplicar el TIAR en Venezuela

Un joven arrestado por la Guardia Bolivariana en Caracas, 10 de marzo de 2019 (Foto: Carlos García Rawlins/Reuters).

Con la notoria abstención de Perú, 12 países aprobaron el miércoles la convocatoria al Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para buscarle una salida a la crisis en Venezuela.

Votaron a favor de invocar el TIAR en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, representada por Gustavo Tarré Briceño, emisario del presidente interino Juan Guaidó.

Además de Perú, se abstuvieron Uruguay, Panamá, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Perú, Panamá y Costa Rica trataron inútilmente de excluir la opción militar del TIAR. A raíz de la catástrofe sufrida por el embate del huracán Dorian, la delegación de Bahamas se ausentó de la votación.

El voto significa que los actuales miembros del también llamado Tratado de Río se reunirán antes de que termine septiembre para acordar un plan de acción que intentará poner fin a la crisis venezolana

Bolivia, Ecuador, México y Nicaragua se retiraron formalmente del TIAR, pero Cuba no lo ha hecho, aunque no participa de sus reuniones.

El embajador de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo, en una foto de Archivo.
El embajador de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo, en una foto de Archivo.

Esta semana, el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliott Abrams, dijo en Bruselas que Estados Unidos descarta la opción militar entre las soluciones posibles, y también lo hizo el Embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo.

“El propósito es buscar un marco jurídico --que no existía hasta este momento-- en el cual la mayoría de los países miembros puedan participar y puedan aplicar más presión sobre Venezuela para traer un cambio democrático”, declaró Trujillo el martes en una conferencia de prensa telefónica.

En la sesión del Consejo Permanente de la OEA el miércoles, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo precedió la votación acusando a Maduro de cobijar en su territorio --en una relación mutuamente provechosa-- a grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, en una foto de junio de este año.
Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, en una foto de junio de este año.

“El régimen de Maduro recibe respaldo político y control social”, dijo el canciller colombiano. “Los grupos reciben protección, apoyo logístico, entrenamiento y armamento”.

Se refirió también a la decisión de Maduro de desplegar esta semana misiles antiaéreos y hacer ejercicios militares a lo largo de la frontera con Colombia. “Presentan los ejercicios como una reacción a la supuesta agresión de Colombia. ¿Cuál agresión, si Colombia es el agredido?”, dijo Holmes Trujillo.

Por su parte, Tarré Briceño declaró que 133 de los 160 diputados venezolanos han sufrido ataques, incluidos 25 a quienes les han retirado la inmunidad parlamentaria, 17 que han salido del país, 14 que enfrentan órdenes de captura, seis que se encuentran de manera clandestina en Venezuela y cuatro que permanecen refugiados en embajadas.

En su declaración final, el Consejo Permanente condenó “el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzman, ordenado el 12 de agosto de 2019”, considerándolo un “claro ataque al único órgano legítimo y de expresión democrática en Venezuela y una nueva vulneración al Estado de Derecho”.

La representación de Bolivia se retiró de la sala, y los enviados de México y Uruguay se opusieron por considerar que el TIAR es inapropiado para responder a una crisis interna como la venezolana.

“Nos acercamos a un punto sin retorno. Nadie gana y todos pierden”, dijo la embajadora mexicana Luz Baños. “Si la intervención armada no es la meta, ¿para qué recurrir a un instrumento obsoleto?”

Con información de la agencia Associated Press y de la OEA

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Las ejecuciones extrajudiciales en barrios pobres de Venezuela

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Human Rights Watch denunció que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía venezolana han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro.

El texto completo de HRW:

Desde que se crearon las FAES, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos. Sus prácticas abusivas en comunidades de bajos ingresos coinciden con un patrón de denuncias generalizadas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante la denominada “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) que Human Rights Watch y la organización de derechos humanos venezolana Provea documentaron en 2016.

“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.

En junio y julio de 2019, Human Rights Watch entrevistó a testigos o familiares de nueve víctimas de abusos cometidos por agentes de las FAES en Caracas y un estado en el interior del país, así como a abogados, activistas y periodistas que trabajaron sobre presuntas ejecuciones perpetradas por miembros de las FAES. Human Rights Watch también tuvo acceso a certificados de defunción en cuatro casos que coincidían con lo relatado por las fuentes y con señalamientos de organizaciones de derechos humanos venezolanas y medios de comunicación independientes. Los métodos utilizados por las FAES y las circunstancias de las ejecuciones en los casos que documentó Human Rights Watch son consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y por organizaciones de derechos humanos locales.

Cabe destacar que, desde 2016, casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”. En efecto, el ministro del interior, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016 y 4.998 en 2017. Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de 7.000 personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según cifras del gobierno.

Aunque todavía nadie ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la Oficina del ACNUDH concluyó que “la información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

La Oficina del ACNUDH realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las FAES dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos en circunstancias en las que el uso de la fuerza letal no era necesario para preservar vidas. El organismo de la ONU concluyó que “habida cuenta del perfil de las víctimas, el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

En todos los casos de ejecuciones que investigamos, hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia. Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”. En algunos casos, los familiares dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción.

En un caso, los agentes aplicaron descargas eléctricas a un detenido, lo golpearon y patearon, y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica en la que habían rociado una sustancia química que le provocó picazón e inflamación en el rostro y la garganta. Dicho trato constituye tortura. Los agentes sostenían que el hombre había robado una motocicleta que pertenecía a la esposa de un comandante de las FAES, según contó el hombre a Human Rights Watch.

En seis casos documentados por la Oficina del ACNUDH, las personas asesinadas por las FAES eran opositores del gobierno o personas que se percibían como tales. Fueron ejecutadas por agentes de FAES durante redadas que tuvieron lugar tras protestas antigubernamentales. Muchas de estas protestas, desde enero, han ocurrido en apoyo a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que objeta la legitimidad de la presidencia de Maduro. Esas ejecuciones se encuadran dentro del mismo patrón que la mayoría de las ejecuciones investigadas por Human Rights Watch y aquellas documentadas por la Oficina del ACNUDH.

La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas que varios organismos de seguridad vienen empleando hace años. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.

En el marco de estas redadas hubo señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias. En noviembre de 2017, la entonces fiscal general de Venezuela indicó que las fuerzas de seguridad habían matado a más de 500 personas durante estos operativos. Funcionarios del gobierno afirmaron en varias oportunidades que las víctimas eran delincuentes armados que habían muerto durante “enfrentamientos”. En muchos casos, testigos o familiares de las víctimas desmintieron estos señalamientos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez bajo custodia policial.

Human Rights Watch no encontró evidencias de que las autoridades judiciales venezolanas hayan investigado adecuadamente ninguno de los casos documentados. Muchas víctimas tienen temor a sufrir represalias si denuncian delitos o no confían en que en las autoridades lleven adelante investigaciones. En cuatro de estos casos, las autoridades judiciales o policiales no esperaron a la conclusión de una investigación formal para declarar que las víctimas eran delincuentes.

Autoridades venezolanas indicaron a la Oficina del ACNUDH que cinco agentes de las FAES fueron condenados por diversos cargos, incluido el de tentativa de homicidio, en relación con delitos cometidos en 2018. Además, 388 agentes estaban siendo investigados por delitos cometidos entre 2017 y 2019. No obstante, la Oficina del ACNUDH también informó que las “instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos”.

Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y “proteger al pueblo” frente a “las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal”. El organismo del cual dependen, la PNB, es parte del Ministerio de Interior de Venezuela, que está a cargo de Néstor Reverol desde 2016. Reverol responde directamente a Maduro.

En lugar de investigar los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de FAES, las autoridades venezolanas han defendido su actuación, concluyó Human Rights Watch. El 17 de julio de 2019, Maduro dijo “¡Que viva el FAES!” y expresó su pleno apoyo “para el FAES en su labor diaria”.

Human Rights Watch compartió esta información con la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien en febrero de 2018 inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para determinar si correspondía que la corte realizara una investigación exhaustiva. En septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pidieron a la fiscal de la CPI que investigara posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela cometidos después del 12 de febrero de 2014. Más tarde, Costa Rica, Francia y Alemania sumaron su apoyo a este pedido.

“Estas ejecuciones por parte de las FAES son cometidas en el contexto de brutalidad sistemática por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que continúan impunes en Venezuela desde hace años”, señaló Vivanco. “La falta de independencia judicial no hace más que confirmar la cruda realidad de que no hay ninguna posibilidad de que hoy pueda haber rendición de cuentas por estos delitos en Venezuela”.

Selección de casos documentados por Human Rights Watch.

Todas las personas entrevistadas se identifican con seudónimos para garantizar su protección.

Juan Diego Rodríguez (seudónimo)

Un día de enero de 2019, aproximadamente a la 1 p.m., Ana Lucía Rodríguez escuchó que alguien forzaba la puerta de entrada de su casa, contó a Human Rights Watch. Un agente con el uniforme negro de las FAES entró y dijo que un delincuente se estaba escondiendo en el vecindario. Más tarde, un vecino le dijo que un agente de las FAES le había mostrado previamente una fotografía de un grupo de hombres jóvenes, entre quienes estaba el hijo de Ana Lucía, y había preguntado por él.

Ana Lucía indicó al agente que las únicas otras personas que estaban con ella en la vivienda eran su hijo y su hija, y que su hija que se encontraba con sus propios hijos. Ana Lucía y su hija lloraban mientras las sacaron afuera; un agente agarró a los niños y los llevó al porche en la entrada a la casa. Su hijo seguía dentro. Un agente le preguntó por él y quiso saber a qué se dedicaba. Le contestó que reparaba computadoras. Otro agente le aseguró que los que estaban adentro solamente estaban tomando una declaración a su hijo.

Luego llegó un agente jerárquico de las FAES, se dirigió a la habitación de Diego y gritó que la puerta estaba cerrada, afirmó su madre. Ella se ofreció a hablar con su hijo y permitió que el agente forzara la puerta, a condición de que no lo lastimara.

Los agentes afuera le dijeron a ella, a su hija y a los niños que fueran a la casa de un vecino porque su hijo estaba prestando una declaración. En la casa del vecino, un agente de las FAES le dijo que su hijo era buscado por 20 cargos de narcotráfico. Escucharon seis disparos, dijo la madre.

Poco después, los agentes tomaron una fotografía del cuerpo sin vida de Rodríguez junto a un arma. Una foto de la supuesta arma se publicó posteriormente en noticias que Human Rights Watch vio en los medios, en las que se aludía a Rodríguez como delincuente.

Los agentes subieron el cuerpo en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron hasta un hospital. El informe de autopsia determinó que una bala alcanzó a Rodríguez en el corazón y otra del lado derecho, dijo su madre. El certificado de defunción, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, indicaba como motivo de la muerte un “shock cardiogénico” y una “lesión cardíaca” causada por arma de fuego.

Ana Lucía Rodríguez declaró ante agentes del CICPC poco después de la muerte de su hijo. Hasta agosto –siete meses después– no se le había pedido que declarara ante la fiscalía sobre este caso y, hasta donde ella tenía conocimiento, tampoco habían llamado a declarar a ninguno de sus vecinos.

Afirmó que desea justicia por la ejecución extrajudicial de su hijo. “No es posible que puedan decidir quiénes viven y quiénes mueren”, expresó.

Miguel Ángel Sosa y Adrián Herrera (seudónimos)

Durante una redada realizada por las FAES en varias viviendas a mediados de junio de 2018, los agentes asesinaron al hijo y al yerno de Elena Sosa.

Aproximadamente a las 6 a.m., agentes uniformados de las FAES se presentaron en su puerta, según contó. En ese momento ella dormía, al igual que su hija de 13 años, su hijo de 10 y sus nietos de 7 y 4. Los agentes entraron en la vivienda sin autorización y uno de ellos le indicó a Sosa que se fuera y se llevara a los niños. Quedaron en la casa un hijo y una hija mayores, afirmó.

Miguel Ángel Sosa, su hijo de 28 años, se estaba duchando en ese momento. Elena Sosa dijo que los agentes sacaron por la fuerza a la hija mayor. Ella y su hija escucharon disparos dentro de la casa, y más tarde supieron, por el certificado de defunción de Miguel Ángel, que uno atravesó a Sosa en el pecho y le causó la muerte. Human Rights Watch analizó una copia del certificado de defunción, donde se indica que murió por herida de arma de fuego en el tórax.

Luego los agentes entraron en otra vivienda cercana, perteneciente a Ana Sosa, hermana menor de Miguel Ángel Sosa, y despertaron a la pareja de Ana, Adrián Herrera, 22, refirió Elena Sosa. Según contó, Ana le dijo que la obligaron a salir, escuchó disparos y más tarde supo que los agentes habían herido de muerte a Herrera en la cabeza y el pecho.

Los agentes se llevaron el cuerpo de la vivienda, contó Elena Sosa, y lo pusieron junto al cadáver de Herrera, donde había además un arma y una bolsa con narcóticos. Sosa dijo que tomaron fotografías.

Al regresar a su casa, Sosa advirtió que los agentes habían robado calzados, alimentos y otros artículos, y habían dejado la alfombra empapada de sangre y las paredes con orificios de bala. Un vecino contó más tarde a Elena Sosa que los agentes habían pedido jabón para limpiar las manchas de sangre de la alfombra.

Un agente del CICPC indicó a los familiares que se presentaran en el hospital para que les dieran los cuerpos. Sosa declaró ante el CICPC que le dijeron, según afirmó, que las madres de las “ratas” siempre creen que sus hijos son “santos”. La familia de Sosa no presentó una denuncia ante autoridades judiciales.

Kelvin Otero Paz y Alan Molina (seudónimos)

A las 5 a.m. de un día de enero de 2019, agentes de las FAES interceptaron a Kelvin Otero Paz y a su cuñado, Alan Molina, ambos de 24 años, cuando salían de su vivienda para ir a trabajar, contó la tía de Otero Paz, Ana Paz.

Los agentes llevaron a Otero Paz y Molina al costado de una calle cerrada al tránsito, según le dijo Molina a Ana Paz varios días después. Molina dijo que cuando se lo llevaron, escuchó que Otero Paz gritaba y que luego hubo un disparo.

Paz se presentó en la morgue para buscar a su sobrino. El cuerpo no había sido identificado correctamente, contó. Estaba cubierto hasta el cuello por una sábana, pero a partir de fotografías que vio en la fiscalía supo que a su sobrino le habían disparado en el cuello y el pecho. El certificado de defunción, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, indica que murió de un único disparo en el tórax.

Por alrededor de tres días, la familia no supo dónde estaba Molina, afirmó Paz. Un detenido que fue liberado el cuarto día desde que Molina había sido detenido, dijo que había visto a Molina durante su detención y que los agentes le habían plantado drogas para incriminarlo. Molina seguía detenido y procesado cuando Human Rights Watch entrevistó a Paz en julio.

Rafael Rodríguez (seudónimo)

Aproximadamente a las 5 a.m. del 24 de septiembre de 2018, Rafael Rodríguez volvió a la vivienda de su suegra en Caracas tras haber celebrado su cumpleaños con amigos. Su madre dijo que un testigo le contó lo que ocurrió a continuación: mientras Rodríguez subía los escalones de ingreso, cerca de 15 agentes de las FAES con el rostro cubierto aparecieron sorpresivamente y lo interceptaron. Dijeron que buscaban a un delincuente llamado “El Negro” y le dispararon a Rodríguez en el pecho. La bala le perforó el corazón, dijo su madre, y si bien nunca se entregaron a los familiares resultados de la autopsia, se enteró más tarde que había muerto en el hospital producto de la herida.

Tras dispararle, un grupo de agentes del FAES trasladó a Rodríguez a un hospital cercano, según contaron testigos a su madre, mientras otro grupo se quedó y entró en la vivienda de un vecino. Usaron el baño, tomaron café y se recostaron a dormir, luego simularon un enfrentamiento violento frente a la casa de su suegra, efectuaron rondas de disparos y se gritaron unos a otros que no lo dejaran escapar y que iba “en el techo”.

En el hospital, los agentes no permitieron que los médicos se acercaran al cuerpo de Rodríguez, según le dijeron testigos a la madre. Presentó una denuncia ante el CICPC. La fiscal a cargo del caso prácticamente no habló con ella, según afirmó, salvo para pedirle que admitiera que su hijo era un delincuente. La fiscal le comunicó a la madre de Rodríguez que había dos órdenes de detención en su contra, por robo y homicidio, pero le indicaron que no tenía derecho a verlas. Cuando una búsqueda de antecedentes penales de Rodríguez no dio resultados positivos, contó su madre, la fiscal le dijo que su hijo probablemente había sobornado a alguien para que limpiara su prontuario.

Testimonio de Génesis Romero (seudónimo)

Alrededor de las 4:30 a.m., una mañana de la primera mitad de 2019, la madre de Génesis Romero entró en el dormitorio de su hija, en su apartamento del cuarto piso, para decirle que agentes de las FAES estaban frente al edificio, contó Romero, una psicóloga de 27 años. Los agentes llamaron a la puerta y, como la madre de Romero dudó, le gritaron que abriera o dispararían.

Cuando abrió la puerta, seis agentes uniformados y con el rostro cubierto entraron raudamente en la cocina —dos de ellos llevaban granadas— gritando: “¿Dónde está Efraín?”. Los agentes apuntaron a las dos mujeres con sus armas y preguntaron quién más vivía allí. Respondieron que allí no vivía ningún Efraín y que el padre de Romero estaba durmiendo, recuperándose de una enfermedad. Los agentes empujaron a la madre de Romero contra la pared y entraron en el dormitorio. Al ver que el padre de Romero no coincidía con la descripción del hombre que estaban buscando, los agentes les mostraron la fotografía de un hombre a quien Romero y sus padres no reconocieron. Al salir, los agentes se llevaron alimentos y otros artículos.

Esas redadas, llevadas a cabo por miembros de diversas fuerzas de seguridad, incluidas las FAES y la Guardia Nacional Bolivariana, desde hace años ocurren con regularidad en el vecindario de Romero, según nos dijo. Romero indicó que dos meses antes, agentes de las FAES habían matado a varias personas en su complejo de apartamentos. Alrededor de las 5 a.m., escuchó al hijo de un vecino gritar por su padre y luego dos disparos. Un vecino le dijo que agentes de las FAES se habían llevado a la madre y al niño afuera y que mataron al padre, señaló Romero. Romero vio marcas de sangre que sugerían que habían arrastrado un cuerpo por las escaleras del edificio.

Romero indicó que no presentó una denuncia ante las autoridades judiciales por temor a que ella o su familia sufrieran represalias y porque no confía en que nadie investigue lo ocurrido.

Decenas de miles de activistas hacen un pedido por Venezuela a la ONU

Enfrentamientos entre manifestantes opositores y Guardia Nacional Bolivariana.

El secretario general de Amnistía Internacional, el sudafricano Kumi Naidoo, se dirigió el martes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con una petición respaldada por decenas de miles de activistas para que se instaure una comisión de investigaión sobre los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

A continuación reproducimos la declaración de Amnistía Internacional:

APRECIADOS ESTADOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU:

Mientras se reúnen en Ginebra para el 420 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, les escribo en nombre de 53.677 activistas de más de 131 países para pedirles que aprovechen esta oportunidad para apoyar a las víctimas de la crisis sin precedente de derechos humanos de Venezuela y creen una comisión de investigación que garantice a esas personas verdad y justicia.

LA CRISIS DE VENEZUELA SE AGUDIZA

Amnistía Internacional ha documentado el amplio abanico de graves violaciones de derechos humanos que la gente en Venezuela viene sufriendo y soportando desde hace años, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias por motivos políticos, uso abusivo de la fuerza, desapariciones forzadas, ausencia de independencia del poder judicial y de garantías procesales y violaciones de los derechos a la alimentación y la salud.

Nuestra investigación nos lleva a creer que las autoridades venezolanas han cometido crímenes de lesa humanidad. Deben responder ante un órgano judicial independiente e imparcial. Por si nuestro riguroso e imparcial trabajo de investigación no fuera prueba suficiente de cuán terrible es la situación, sin duda los 4,3 millones de personas que han huido de las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela dejarán constancia de la gravedad de la crisis.

LAS VÍCTIMAS TIENEN DERECHO A VERDAD Y JUSTICIA

Las víctimas de la crisis no tienen acceso a un recurso efectivo en el ámbito nacional ni regional. Quien se atreva a expresar su preocupación en Venezuela o trate de obtener justicia por crímenes cometidos por las autoridades corre gran peligro de sufrir represalias violentas, incluidas detención arbitraria, tortura e incluso ejecución extrajudicial.

La falta generalizada de independencia del poder judicial en el contexto de una política de represión sistemática y generalizada de la disidencia ha dado lugar al uso indebido y arbitrario del derecho penal para procesar a quienes critican el gobierno de Maduro. Por ello, es esencial una respuesta internacional efectiva, encabezada por el Consejo de Derechos Humanos.

NO PERMITAN QUE PREVALEZCA LA IMPUNIDAD: CREEN UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Tras años de aislamiento progresivo, en los últimos meses ha aumentado el escrutinio internacional de la situación en Venezuela, como ponen de manifiesto la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en junio, sus actualizaciones y su informe al Consejo y una tenue presencia de personal de su Oficina en el país.

Sin embargo, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional continúan, y el gobierno de Maduro ha dado muestras de que no está dispuesto a cumplir con los compromisos que ha contraído con la alta comisionada y con su Oficina.

Queda por ello patente la necesidad de complementar el mandato de la alta comisionada con un mecanismo sólido e independiente, a saber: una comisión de investigación.

Dados la gravedad y el continuo empeoramiento de la crisis de derechos humanos de Venezuela, a los que se suma la ausencia de vigilancia y rendición de cuentas en los ámbitos nacional y regional, Amnistía Internacional, más un centenar de organizaciones venezolanas e internacionales y miles de activistas de todo el mundo les instan a crean una Comisión de Investigación sobre Venezuela.

Confiamos en que las medidas significativas que tomen transmitirán firmemente, a víctimas y perpetradores por igual, el mensaje de que la comunidad internacional no permitirá que la impunidad prevalezca en Venezuela.

Atentamente, Kumi Naidoo,
Secretario General

El 19,2 % de venezolanos que llegó a Colombia en último año está desempleado

Venezolanos esperan autorización para pasar la frontera desde Venezuela a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar, en San Antonio del Táchira, Venezuela. 3 de agosto de 2018. Foto: REUTERS/Carlos E. Ramírez.

La tasa de desempleo de los migrantes venezolanos que llegaron a Colombia en los últimos 12 meses fue del 19,2 %, informó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El director de esa institución, Juan Daniel Oviedo, manifestó en una rueda de prensa que la tasa de desempleo entre los colombianos fue del 10,1 %, mientras que el total llegó al 10,2 %, por lo cual "la posibilidad de que la migración venezolana esté afectando estructuralmente el nivel de la tasa de desempleo es bastante remota en este momento".

"Entonces podríamos decir que (...) solo la población migrante venezolana está explicando un punto básico de la diferencia entre 10,1 y 10,2 %, que es la tasa de desempleo primero para los colombianos y segundo para el país", afirmó el funcionario en un reporte de la agencia EFE.

En las ciudades que más venezolanos hay, que son Bogotá, Barranquilla y Cúcuta, la cifra de ciudadanos de ese país que está sin empleo es del 21,7 %, 15,9 % y 24,9 %, respectivamente, agregó Oviedo.

Según el DANE, en Colombia hay 1,6 millones de venezolanos, que corresponden al 3,4 % del total de la población de la nación andina y de los cuales 773.000 vivían en su país hace 12 meses.

En ese sentido, la tasa global de participación total fue del 63,7 % entre agosto de 2018 y julio pasado, mientras que la de los migrantes alcanzó el 74,3 %, 4,1 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo anterior.

Al respecto, Oviedo señaló que "lo que sí es importante reconocer es que la presión, es decir el interés que tiene la población migrante venezolana de formar parte de la población ocupada en el país, es porcentualmente más alto que el de los colombianos".

"Ellos por su perfil demográfico y por su perfil etario, al estar más capacitados y al estar concentrados entre los 25 y los 40 años, necesitan trabajar y eso se refleja a través de la tasa global de participación que es 10 puntos superior a la de los colombianos", aseveró.

El director del DANE explicó además que los venezolanos son aproximadamente el 1,5 % de la población ocupada del país.

"Los ocupados informales migrantes corresponden al 1,1 % (del total). La gran mayoría, el 90 % del empleo que se les están brindando a los migrantes venezolanos, es de carácter informal pero no necesariamente es precario", añadió.

Oviedo detalló que lo que prevalece en cuanto a informalidad no son las ventas ambulantes sino "otros fenómenos como empleos informales en locales fijos u oficinas, en salas de belleza, en restaurantes, en hoteles, en establecimientos de comercio en términos generales".

"Buena parte de la población migrante que nosotros estamos identificando dentro del volumen de ocupados se encuentra en las actividades de comercio, hoteles y restaurantes", apostilló.

{Con información de la agencia EFE y redes sociales]

Sin Guaidó, algunos opositores acuerdan negociar con Maduro

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante una conferencia de prensa este lunes en Caracas.

Un grupo de partidos opositores minoritarios acordaron iniciar negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en principio dejando al margen a las organizaciones partidistas que apoyan al líder opositor Juan Guaidó, quien tiene el reconocimiento de medio centenar de países -incluido Estados Unidos- como líder legítimo de la nación sudamericana.

El acuerdo fue firmado el lunes por representantes de varias fuerzas minoritarias, algunas fundadas por exmiembros de la alianza oficialista, junto con los principales asesores de Maduro en un evento al que asistieron diplomáticos extranjeros.

El acuerdo marca la primera gran división entre los grupos opuestos a Maduro desde que Guaidó se declaró en enero presidente interino del país argumentando que el mandatario socialista fue reelecto en mayo de 2018 en comicios fraudulentos. Guaidó rápidamente fue reconocido como presidente legítimo de Venezuela por más de 50 países.

Pocos minutos después Guaidó consideró una “maniobra” del gobierno el anuncio que realizaron los partidos minoritarios de ir a una mesa de diálogo paralela y dijo a The Associated Press que “ya sabemos cuál fue la conclusión de eso”.

Guaidó recordó que en el pasado el gobierno de Maduro ha intentado diálogos con otros opositores que no llegaron a ninguna solución.

Entre los firmantes destaca el partido Avanzada Progresista del excandidato presidencial y exdirigente oficialista Henry Falcón, quien se enfrentó a Maduro en los comicios presidenciales de 2018 y declaró fraude el día de la elección, y el Movimiento al Socialismo (MAS) que formó parte por años de la alianza política del fallecido presidente Hugo Chávez y que luego derivó en un crítico severo tanto del gobierno de Maduro como de los principales partidos de oposición. También estamparon su rúbrica el Movimiento REDES del exalcalde de Caracas y exdirigente oficialista Juan Barreto, acompañado del Movimiento Soluciones, fundado por Claudio Fermín, un exmilitante del partido opositor Acción Democrática, conocido por sus posturas conciliadoras.

Las pláticas se enfocarán en reformar el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), en el que cuatro de sus cinco directivos son vistos como cercanos al oficialismo; además de intentar encontrar una solución al punto muerto en que cayó el Legislativo tras la creación de la Asamblea Constituyente, conformado en su totalidad por partidarios del oficialismo, para rivalizar con la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La Constituyente, amparada en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, afín al gobierno, asumió las facultades de la Asamblea Nacional.

El diputado Timoteo Zambrano, uno de los legisladores opositores que firmó el acuerdo, dijo que lo hicieron para recuperar el tiempo perdido debido a la "la incomprensión de muchos, la ambición de algunos y los errores de todos".

Zambrano indicó que con el gobierno ya se alcanzó un primer bloque de acuerdos que incluye la decisión de que regresen los diputados oficialistas a la Asamblea Nacional, lo cual espera que se cumpla de inmediato, que en un breve plazo "acordemos un nuevo CNE" y que las autoridades dejen en libertad a los dirigentes partidistas y otros adversarios del gobierno que la oposición y grupos de derechos humanos consideran "presos políticos".

Zambrano espera que su libertad "sirva al reencuentro y confiamos que se cumpla".

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, afirmó que se han "logrado acuerdos en algunos temas y una agenda de trabajo para continuar la discusión, la negociación y los acuerdos".

Rodríguez también instó a los países "que se preocupan por Venezuela" a que brinden "cooperación en lugar de injerencia, solidaridad en lugar de sanciones".

La firma ocurre un día después de que Guaidó dijera que daba por agotado el mecanismo de negociación promovido por Noruega que, sin embargo, se manifestó dispuesto a seguir impulsando las negociaciones.

El principal facilitador noruego del proceso, Dag Nylander, dejó abierta la posibilidad de que Oslo continúe promoviendo las conversaciones. La noche del domingo en su cuenta de Twitter expresó que Noruega se mantiene dispuesta a continuar en este papel "siempre y cuando las partes lo consideren oportuno y avancen en la búsqueda de una solución negociada".

Las negociaciones entre el gobierno y la oposición, que se estaban desarrollando desde julio en la isla caribeña de Barbados, entraron en crisis después de que Maduro anunció a comienzos del mes pasado el retiro de su delegación en rechazo a las nuevas sanciones que le impuso Washington que congeló todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con Caracas.

La postura fue ratificada a comienzos de este mes cuando Maduro indicó que su delegación no retornaría a los diálogos hasta que Guaidó "rectifique" su postura sobre una supuesta negociación del Esequibo, un territorio que está en disputa entre Venezuela y Guyana desde hace varias décadas.

Tras varias semanas de paralización de los diálogos el proceso sufrió un nuevo golpe la víspera con el anuncio de Guaidó quien declaró agotado el mecanismo de Barbados.

“La propuesta de solución que presentamos con desprendimiento y conciencia del momento que vive la nación, ha quedado en manos de los mediadores del Reino de Noruega y de los representantes del usurpador Nicolás Maduro", dijo Guaidó en un comunicado.

Agregó que Maduro y sus aliados "han bloqueado una salida política" a la grave crisis venezolana "rechazando discutir y acordar una propuesta sensata" presentada por delegados opositores para poner fin al conflicto.

Exgeneral chavista no será extraditado a EEUU por decisión de juez español

Hugo Carvajal en el tribunal de Madrid, el 12 de septimbre 2019. Emilio Naranjo/Pool via REUTERS

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, exjefe de la contrainteligencia con los presidentes Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, no será extraditado a EE.UU desde España, por decisión de un juez de la Audiencia Nacional española, que decretó además su puesta en libertad.

Fuentes de la Audiencia Nacional informaron este lunes de la decisión, a la espera de que el tribunal difunda mañana un auto con los motivos de su fallo.

El tribunal notificó hoy la libertad de Carvajal en un escrito en el que solo se informa de que le concede la excarcelación a raíz de la denegación de la extradición, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, que indicaron que se prevé que salga de prisión en las próximas horas.

Carvajal, de 59 años, fue detenido en España el pasado 12 de abril en virtud de una orden de arresto de Estados Unidos, que le reclama por haber querido "inundar" ese país con toneladas de cocaína, que introducía supuestamente en su territorio, en ocasiones con ayuda de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El tribunal tardó muy pocos días en tomar la decisión, ya que la vista de extradición se celebró el pasado jueves 12, donde Carvajal alegó que su reclamación por parte de EE.UU. por delitos de narcotráfico carece de fundamento y responde a motivaciones políticas, ya que este país - dijo su abogada - lo que pretende es sacarle información sobre el gobierno de Chávez.

"Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco", dijo ante el tribunal.

Y explicó que todos los que pueden testificar en un proceso contra él "están o sancionados o con la visa retirada en Venezuela, otros presos en México y otros muertos, como es el caso del presidente Chávez, que era quien me daba las ordenes directas a mí".

Carvajal, que se declara ahora seguidor del opositor Juan Guaidó (reconocido por muchos países como presidente encargado de Venezuela), aseguró sentirse perseguido tanto en EE.UU. como en Venezuela por el presidente Maduro, con quien también sirvió un tiempo como jefe de la contrainteligencia militar: "A Maduro lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz", dijo.

Estados Unidos le reclama por haber colaborado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir cocaína en el país norteamericano.

En su petición de extradición, a la que tuvo acceso Efe el pasado mayo, la justicia estadounidense afirmaba que su intención era "inundar" Estados Unidos con toneladas de cocaína, que introducía con ayuda de la guerrilla colombiana.

Según la corte del distrito sur de Nueva York, el Gran Jurado le imputa ser miembro desde 1999 de la organización de narcotraficantes "El Cartel de los Soles", compuesta por oficiales venezolanos de alto rango.

Sus objetivos, indicaba la petición, no solo eran enriquecer a sus miembros, sino también usar la cocaína "como un arma" contra el país norteamericano, por "los efectos adversos de la droga en los usuarios individuales y el potencial daño social que causa la adicción a la cocaína".

En la vista de extradición en España, Carvajal, apodado "el Pollo", sostuvo que si se vio con jefes de las FARC fue para ayudar a su traslado a Venezuela para asistir a sus reuniones en el marco del proceso de paz, bajo las órdenes de Chávez y con conocimiento del gobierno de Colombia.

La decisión del tribunal de la Audiencia Nacional de no entregar a Carvajal va en contra del criterio de la Fiscalía española, que consideraba que se daban todos los requisitos para extraditarle y que en la demanda de EEUU se concretaban "con suficiente precisión" las actividades delictivas por las cuales se le reclamaba

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