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América Latina

Amnistía Internacional denuncia “cuarentena como castigo” en las Américas

Una mujer pasa junto a un cartel que llama al uso de la máscara como protección contra el coronavirus. (AP/Matias Delacroix)

En el nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) titulado Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas, la organización defensora de los derechos humanos pone de relieve la difícil situación por la que atraviesan decenas de miles de personas en Venezuela, El Salvador y Paraguay detenidas en centros de cuarentena a causa de la epidemia de COVID-19.

El informe, fehacientemente documentado, expone lo que puede ser considerado constitutivo de malos tratos tanto a migrantes, refugiados, personas que regresan a su país de origen como a habitantes de comunidades de bajos recursos, que son recluidos en centros de cuarentena gestionados por el Estado y que carecen de recursos elementales como agua corriente, asistencia sanitaria y además, en condiciones de insalubridad. “Las terribles condiciones”, expresa AI,“tienden a convertirlos en espacios contraproducentes donde se corre el peligro de contraer COVID-19”.

De acuerdo con Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, “En muchas partes del mundo las autoridades han pedido a la población que se quede en casa o se ponga en cuarentena voluntariamente para atenuar el riesgo de contagio de COVID-19. Pero cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”.

Según datos oficiales, en los últimos días del mes de agosto, las autoridades de Venezuela han obligado a cuarentena a cerca de 90.000 personas que regresaron al país al haber perdido sus trabajos y por ende, sus viviendas en países fronterizos como Colombia y Perú, las han enviado a centros de confinamiento considerados insalubres e inhumanos y que se hayan bajo supervisión militar.

En el caso de El Salvador, tras haber cerrado sus centros estatales de confinamiento a finales de agosto, el gobierno cuenta con más de 16.000 personas encerradas por cuarentena, algunas acusadas de haber violado la orden de confinamiento obligatorio a nivel nacional, otras que regresaban del extranjero y también las que se encontraban bajo sospecha de haber permanecido expuestas por contacto con personas cuyos resultados de las pruebas dieron positivo.

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas

En Paraguay, desde fines de junio, las autoridades impusieron las medidas de cuarentena a más de 8.000 personas que, en su mayoría, regresaron al país tras haber perdido sus empleos en Brasil a causa de las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno de dicho país.

Sabemos por otras pandemias que los enfoques punitivos no protegen a las comunidades y que asociar un virus a comunidades concretas sólo conduce al estigma y la discriminación.

“Aunque estos gobiernos”, ha dicho Erika Guevara Rosas, “hayan tenido que reaccionar rápidamente ante una pandemia sin precedentes, Amnistía Internacional concluye que la imposición de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicación por fuerzas policiales y militares”.

Mientras la pandemia continúe amenazando a los países centroamericanos y exista la posibilidad de repetir las medidas de confinamiento, es vital tener en cuenta el resultado que arroja esta investigación inicial para que "las autoridades eviten recurrir a enfoques coercitivos, punitivos y discriminatorios al adoptar medidas de salud pública”, afirma AI.

“Sabemos por otras pandemias que los enfoques punitivos no protegen a las comunidades y que asociar un virus a comunidades concretas sólo conduce al estigma y la discriminación. En cambio, los enfoques basados en los derechos humanos, que empoderan a la gente con los conocimientos que necesita para proteger su salud y la dotan de recursos y el apoyo que necesita para cumplir medidas voluntarias, históricamente han demostrado ser más efectivas”, declaró Guevara Rosas.

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Informe del Senado de EEUU busca un enfoque "más inteligente" en lucha contra las drogas en Latinoamérica

Paquetes de droga incautados el domingo 15 de mayo de 2016, en Turbo (Colombia).

La estrategia de Estados Unidos en su lucha contra las drogas en Latinoamérica debe cambiar por un enfoque “más inteligente” que ayude a los países de la región a atacar las raíces del problema y a enfrentarse a las organizaciones criminales, concluyó un informe publicado el martes por una comisión bipartidista del Senado.

El reporte de más de cien páginas, encargado por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, señaló a Venezuela como “el ejemplo más extremo” de los devastadores efectos que el crimen organizado, financiado por el narcotráfico, han tenido en la región, informa la Voz de América, VOA.

“Venezuela [es], una democracia que ha recaído en una dictadura, desafiando las sanciones financieras con la ayuda no solo de otros países no amistosos —como Cuba, Rusia e Irán—pero también de organizaciones de crimen transnacional, incluyendo drogas ilegales y contrabandistas de oro”, describió el informe, que será presentado de manera oficial el jueves ante el Congreso.

Un año y medio de investigación llevó a los autores de reporte a concluir que, aunque se han logrado resultados positivos con la política exterior, como proveer sustento a regiones cocaleras de Colombia o las reformas judiciales en México, las políticas han causado un “daño considerable” en algunos casos.

El informe cita al llamado Plan Colombia, una iniciativa firmada con EE. UU. en el 2000, como un ejemplo de fracaso de la política exterior. “El país es el mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de décadas de esfuerzos respaldados por EE. UU. para erradicar cultivos e interceptar cargamentos”, acota el reporte.

El documento recomienda crear una serie de políticas interinstitucionales, lideradas por el Departamento de Estado, con “rigor científico”. Los expertos proponen elaborar políticas rentables, que permitan rebajar el influjo de drogas hacia el país a la vez que “aborda las debilidades institucionales en los países productores y de tránsito de drogas” que alimentan a las organizaciones criminales transnacionales.

Los autores piden que se haga más énfasis en atacar el lavado de dinero. En concreto, proponen que se desarrollen nuevas herramientas para detectar transferencia de fondos ilícitos a través de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o transacciones transfronterizas.

Venezuela, el ejemplo más extremo

El informe cita a Venezuela como el país de la región que más se ha visto afectado por el crimen organizado. Aunque los autores señalan el papel de la nación como lugar de tránsito de drogas ilícitas, aseguran que la situación no será solventada hasta que no exista una transición a un gobierno democrático y estable.

La presencia de grupos armados, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes colaboran con elementos venezolanos, refuerza el crimen organizado y facilita el tráfico de drogas y oro en el país.

El fracaso del Plan Colombia

El gobierno de EE.UU. destinó más de 10.000 millones de dólares al Plan Colombia, firmado durante el gobierno de Bill Clinton y del presidente colombiano Andrés Pastrana. El informe asegura que, aunque la cooperación fue efectiva en la lucha contra los grupos armados, “fue un fracaso en la lucha contra las drogas”.

En el 2019, la cantidad de coca cultivada en Colombia alcanzó un récord de 212.000 hectáreas, a pesar de que el gobierno del actual presidente Iván Duque aumentó las operaciones de erradicación. Además, la violencia no ha dado tregua: en el 2020 se registró el mayor número de masacres desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en el 2016, con 270 asesinatos.

Expresidentes latinoamericanos se pronuncian en apoyo al MSI

Un grupo de ex mandatarios y personalidades del mundo político latinoamericano emitieron un documento titulado "Manifiesto de Ex Presidentes en Apoyo al Movimiento San Isidro".

Entre los impulsores y firmantes del manifiesto se encuentran los ex presidentes de Costa Rica Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, junto al ex presidente de Bolivia Jorge (Tuto) Quiroga.

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También son firmantes del documento los venezolanos Humberto Calderón Berti, ex ministro de petróleo y ex Canciller; José Rodríguez Iturbe, expresidente de la Cámara de Diputados de Venezuela y Asdrúbal Aguiar, ex ministro de la presidencia y relaciones interiores de Venezuela.

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El texto condena "la continua represión y hostigamiento, por parte del régimen cubano, contra miembros del Movimiento San Isidro", quienes exigen la libertad del rapero Denis Solís y se oponen al decreto 349, "que impone limitaciones a las libertades civiles en la isla".
Los firmantes de esta carta piden a los organismos internacionales, a la Unión Europea y a los Estados Unidos, que "aíslen al régimen cubano, política y económicamente, hasta que deje de socavar y reprimir brutalmente a la sociedad civil cubana, y permita un proceso de transición que garantice elecciones libres en la isla".

EEUU sanciona a compañía china CEIEC por vigilancia y censura de internet en Venezuela

EEUU sanciona a compañía china CEIEC por vigilancia y censura de internet en Venezuela.

Estados Unidos sancionó este lunes a la compañía estatal China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) por "apoyar los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro para socavar la democracia en Venezuela".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a CEIEC por sus esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos en Venezuela.

"Las empresas de tecnología chinas, incluida CEIEC, continúan desafiando los valores democráticos de libertad y transparencia mediante el desarrollo y la exportación de herramientas para monitorear, censurar y vigilar las actividades de los ciudadanos en Internet", dijo el Tesoro en un comunicado.

Según la entidad federal, el apoyo de CEIEC al régimen de Maduro data de 2017. Desde entonces, la compañía china ha proporcionado software, capacitación y experiencia técnica a instituciones gubernamentales de ese país que luego se utilizaron contra el pueblo venezolano.

El Tesoro señaló que CEIEC brinda apoyo cibernético y expertos técnicos al proveedor estatal de telecomunicaciones, la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), que controla el 70 por ciento del servicio de Internet en ese país.

El conjunto de software y hardware que CEIEC proporcionó a Venezuela es una versión comercializada del "Great Firewall", el sistema nacional de China de bloqueos y filtros web, que el gobierno comunicta utiliza para mantener una estricta censura en línea, controlar la información a la que los ciudadanos chinos pueden acceder fuera de China y evitar la difusión interna de contenido considerado indeseable por los líderes políticos, asegura el comunicado.

“La dependencia del régimen ilegítimo de Maduro en entidades como CEIEC para avanzar en su agenda autoritaria ilustra aún más la priorización del poder del régimen sobre los valores y procesos democráticos”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

El Tesoro agregó que los periódicos independientes en línea de Venezuela son frecuentemente bloqueados por CANTV, al igual que los discursos transmitidos en vivo por el gobierno interino de Juan Guaidó.

"El 5 de enero de 2020, CANTV restringió el acceso a las redes sociales el mismo día de una votación de liderazgo en la Asamblea Nacional, mientras que las fuerzas de seguridad bloquearon el acceso de los legisladores y los medios a las instalaciones", subraya el comunicado.

Mnuchin agregó que el gobierno estadounidense "no dudará en apuntar a cualquiera que ayude a reprimir la voluntad democrática del pueblo venezolano y otros en todo el mundo".

Migrantes de Venezuela desaparecidos después de ser deportados por Trinidad y Tobago retornan a la isla

Trinidad y Tobago deporta a Venezuela a 16 menores de edad

Al menos 16 menores de edad y 13 adultos retornaron a Trinidad y Tobago luego de ser deportados por las autoridades de ese país después de 48 horas en altamar, informó la agencia de noticias Reuters.

Este caso de deportación fue muy criticado por los usuarios de Twitter en las redes sociales y por el gobierno interino de Juan Guaido después de que la noticia se diera a conocer. Los padres y representantes de los menores aseguraron que las autoridades tenían conocimiento que al momento de la deportación las condiciones meteorológicas no eran las mejores.

El grupo fue deportado al mediodía, pero ese mismo domingo por la noche un juez de la Corte Suprema trinitaria ordenó el retorno a la isla, tras lo cual pasaron horas antes de que el grupo conociera la noticia, indicó la agencia de noticias Reuters.

Debido a que una de las embarcaciones se quedó sin gasolina los familiares, desde Trinidad, recolectaron dinero para enviar otro bote con gasolina que permitiera el retorno del grupo a la isla.

Pasadas casi las 48 horas se conoció por medio de unos videos que el grupo venia de regreso a la isla y que todos en la embarcación estaban vivos. Sin embargo, Eliezer Torres, uno de los representantes de los menores, aseguró en un video que los niños estaban sin comer y deshidratados. “Tenemos información de que los niños están presentando vómito, enfermedades y deshidratación”, dijo Torres.


Por medio del Twitter de David Smolansky, el comisionado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados de la nación , se conoció que los migrantes habían llegado a Trinidad y Tobago. Para ese momento, en Puerto España, el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, ofreció una conferencia acerca de lo ocurrido.

Young dijo que las personas fueron deportadas antes de que un tribunal en la isla escuchara un recurso de Hábeas Corpus para evitar su salida y antes de que se dictara una orden judicial, informó Reuters. “Nuestra prioridad es nuestra población y nosotros tenemos leyes. Todo el que ingrese a la isla de manera ilegal, o esté aquí sin documentos, seguirá siendo deportado”, dijo el funcionario.


Acerca de la migración Young dijo que “si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona ‘indeseable’, y deberá afrontar consecuencias judiciales”. Al preguntarle al ministro que sucedería con los migrantes que llegaron el día de hoy, que fueron deportados aseguro que no tiene ninguna información al respecto.

EEUU: Maduro reprime a periodistas ante proximidad de elecciones fraudulentas

Agente de policía represiva acosa a periodistas en Caracas, Venezuela.

Previo a las inconstitucionales y fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro está reprimiendo a los periodistas, indicó Share America, plataforma del Departamento de Estado.

La Constitución venezolana protege la libertad de expresión, prohíbe la censura y garantiza el acceso a la información.

Sin embargo, Venezuela ha caído 31 puestos desde 2014 en el Barómetro mundial de la libertad de prensa, llegando al puesto 147 de 180 países, debido a los ataques de Maduro contra los periodistas y sus publicaciones.

“Las elecciones no serán libres/justas bajo tal régimen”, dijo Michael Kozak del Departamento de Estado de Estados Unidos. “El mundo debe imputar a Maduro”.

El régimen ilegítimo de Maduro hizo desaparecer por la fuerza a Roland Carreño, periodista y activista del partido de la oposición. Según los medios de comunicación, los vecinos fueron los últimos en ver a Carreño en persona en la mañana del 26 de octubre. Vieron como vehículos sin marcas se acercaban al periodista y lo forzaban a entrar en uno.

Carreño fue detenido durante 48 horas antes de que el régimen anunciara su encarcelamiento.

Tarek Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela
Tarek Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Tarek Saab, el fiscal general del régimen, dijo que Carreño fue detenido por “supuestos planes conspirativos contra la paz democrática”, según informes de prensa. Saab ha sido sancionado por muchos gobiernos, incluyendo Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, por perjudicar la democracia.

El legítimo presidente interino Juan Guaidó denunció la desaparición forzada de Carreño y otros como él. “Alertamos al mundo sobre su desaparición forzada y hacemos responsable a la dictadura de su integridad física y mental”, dijo.

Seis días antes de la desaparición de Carreño, el servicio de inteligencia de Maduro, el SEBIN, allanó la sede del periódico independiente Correo del Caroní en Puerto Ordaz. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el SEBIN confiscó una computadora y documentos y prohibió al abogado del periódico entrar en el local.

La orden del juez que autorizó la redada no alegó ningún delito por parte del periódico.

Después del allanamiento, el SEBIN tomó bajo custodia a la periodista María Ramírez Cabello y a la empleada administrativa Susana Reyes, informa el CPJ. El SEBIN los detuvo e interrogó durante seis horas sin presencia de un letrado antes de liberarlos.

El SEBIN devolvió después los documentos confiscados pero no la computadora.

El 12 de octubre, el SEBIN allanó la casa de David Natera Febres, fundador y director del Correo del Caroní. El SEBIN se llevó a Natera Febres, de 80 años y con problemas de salud, y lo detuvo e interrogó durante más de cuatro horas sobre la supuesta conexión del periódico con su hijo, miembro del gobierno interino de Guaidó. A Natera Febres tampoco se le permitió tener un abogado presente.

Natera Febres fue liberado más tarde esa noche sin cargos.

La diputada de la Asamblea Nacional María Concepción Mulino dice que estas acciones ilegales forman parte de los más de 700 casos documentados de ataques contra periodistas y sus publicaciones desde principios de año. Hasta el 18 de noviembre, 365 presos políticos permanecían encarcelados.

“A menos de dos meses para las fraudulentas elecciones parlamentarias rechazadas por la comunidad internacional, al usurpador no le basta la inexistencia de la condiciones electorales legítimas”, dijo Concepción Mulino, “sino que además, intensifica el ataque hacia los medios de comunicación en una censura absoluta con la intención de pretender una desvinculación con la realidad del país, ocultar el caos, la corrupción en la que esta tiranía tiene sumida a Venezuela”, reporta Share America.

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