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América Latina

Aministía Internacional lanza fuerte advertencia a Nicolás Maduro

Miembros del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) cierran fila cerca de la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas, el 14 de mayo de 2019. (Reuters).

Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional hoy en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.

“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela.”

Los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas en enero fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas, indica el informe publicado este martes por la organización defensora de los Derechos Humanos.

“Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas”, y “por lo tanto, Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión”.

“Debido a las características de los ataques en enero, en términos de la gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de patrones similares en el 2014 y 2017, Amnistía Internacional considera que en Venezuela, podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial.

A continuación, el resto del informe de hoy:

Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo, recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.

El grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3.7 millones de personas a abandonar el país. Al menos tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.

“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Mientras no existan caminos claros hacia la verdad, la justicia y la reparación, Venezuela seguirá hundida en esta gravísima crisis de derechos humanos y de represión que hemos observado desde hace tiempo. Lo ocurrido a inicios de 2019, y más recientemente a finales de abril, es una muestra de ello.”

Información adicional:

Amnistía Internacional llevó a cabo una misión de investigación en febrero de este año, en la que se entrevistó con decenas de víctimas de crímenes de derecho internacional y de graves violaciones de derechos humanos cometidas, principalmente, del 21 al 25 de enero, lapso en el que tuvieron lugar manifestaciones masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en todo el país.

La investigación demuestra también el preocupante giro de la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes se han manifestado en su contra, la mayoría pertenecientes a comunidades de escasos recursos económicos.

Del 21 al 25 de enero, en 12 de los 23 estados del país, al menos 47 personas murieron en el marco de las protestas, todas por arma de fuego. Por lo menos 33 de estas personas murieron a manos de agentes de las fuerzas del Estado, y seis fueron asesinados por terceros actuando con la aquiescencia de las autoridades durante las manifestaciones. Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, de las cuales Amnistía Internacional documentó en profundidad seis casos, recogidos en este informe.

A lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país. De estas detenciones arbitrarias, que incluyeron a niños, niñas y adolescentes, se calcula que aproximadamente 770 ocurrieron en un solo día, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela.

Desde 2014, Amnistía Internacional ha documentado los patrones y la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen el uso excesivo de la fuerza en contra de personas manifestantes y los tratos crueles, inhumanos y la tortura en su contra, con el fin de neutralizar la protesta social. La organización ha identificado y denunciado los patrones de detenciones arbitrarias por motivos políticos que han ocurrido en todos los años del gobierno de Maduro, a través del análisis de 22 casos emblemáticos, y ha identificado al menos seis presos de conciencia.

Amnistía Internacional también ha denunciado más de ocho mil ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017, entre los cuales se documentaron a profundidad ocho casos que dieron cuenta de patrones similares de ataque dirigido contra hombres jóvenes y en situación de pobreza. Toda esta documentación permite a la organización identificar la naturaleza sistemática y generalizada de los hechos de enero de 2019 en contra de una población civil.

[Con información de Amnistía Internacional y redes sociales]

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Más del 96% de la población de Venezuela vive en la pobreza, revela informe

Niños venezolanos bañándose en el agua estancada de la calle

ShareAmérica, publicación del Departamento de Estado de EEUU, se ha hecho eco del informe presentado por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) en Venezuela en los años 2019-2020, realizado por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, el cual “detalla cómo la infraestructura básica, el mercado laboral y la educación se han deteriorado desde 2014”.

El artículo publicado por ShareAmérica denuncia cómo “el desgobierno, la opresión y la corrupción del régimen ilegítimo encabezado por Nicolás Maduro ha causado un sufrimiento económico generalizado y un colapso social en Venezuela”.

Según datos proporcionados por la Organización de Naciones Unidos (ONU) la situación es prácticamente insostenible, con un estimado de más de 7 millones de personas, un 25 por ciento de la población, necesitando asistencia humanitaria en tanto que, de acuerdo al estudio de la ENCOVI, la dramática cifra de un 96 por ciento de los venezolanos vive en la pobreza.

Apenas un 77 por ciento de la población recibe servicio de agua corriente y de ese por ciento tres cuartas partes acusan largas interrupciones en el servicio, esto unido a las deficiencias en el suministro de energía eléctrica, refiere el reporte.

“Los informes noticiosos”, afirma la publicación, “han presentado escenas de personas que usan el agua acumulada en las calles para bañarse, cocinar y beber, gracias a los apagones gubernamentales impuestos por el régimen" y "el 90 por ciento de los venezolanos no tiene acceso confiable a la electricidad. Fuera de Caracas, en estados como Zulia, Bolívar y Barinas, las luces se apagan durante días”.

Más del 44 por ciento de los adultos trabajadores sufren el desempleo, de acuerdo a datos suministrados por ENCOVI, debido a “la represión, la corrupción y la mala gestión económica del régimen. Una mirada más cercana a esos datos”, afirma ShareAmérica, “muestra que la situación del empleo es aún peor”.

“La cantidad de trabajadores en el sector laboral formal (trabajos con horarios, salarios y beneficios regulares) ha caído del 64 por ciento al 46 por ciento en 2015 y se enfrentan al subempleo severo”.

Isabel Quevedo perdió su empleo y ahora vende chucherías desde su casa para mantener a sus hijos
Isabel Quevedo perdió su empleo y ahora vende chucherías desde su casa para mantener a sus hijos

Las consecuencias de este subempleo se dejan sentir en la medida en que los venezolanos deben acudir a trabajos informales, sin acceso a ningún beneficio como salarios o seguros médicos lo cual “corresponde al aumento de la pobreza en el país”.

Respecto a los niños, “la matrícula escolar se ha reducido de 12,7 millones de niños a 11 millones”, de lo que resulta que apenas un 60 por ciento de los infantes está asistiendo a las aulas. Al preguntárseles por qué no iban a la escuela, respondieron que era porque no había agua, electricidad, transporte y tampoco tenían alimentos.

Los resultados de ENCOVI son el triste reflejo de la realidad del pueblo de Venezuela”, dijo Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, señala la publicación del Departamento de Estado. “No son números aislados, ni números fríos, sino el reflejo de lo que estamos sufriendo los venezolanos en este momento”.

Juan Guaidó quiere mas presión contra el régimen de Nicolás Maduro

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

El presidente interino venezolano, Juan Guaidó, dijo este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el mundo no puede cerrar los ojos ante lo que ocurre en Venezuela y debe ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para impulsar cambios democráticos.

Guaidó pidió a la comunidad internacional que considere contemplar "escenarios" para restablecer la democracia en Venezuela, tras “agotarse” la vía diplomática con el gobierno de Maduro.

Minutos después de que Maduro hablara en un discurso pregrabado ante la Asamblea General, Guaidó emitió un video en el que dijo que se ha llegado "al final de la escalada que trazan los pilares de la responsabilidad para proteger sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos”.

El venezolano destacó que “demasiadas veces la diplomacia ha llegado tarde”.

“Hoy les pido a todos los representantes de los estados miembros a que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, de salvar a Venezuela, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotadas todas las vías. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”, dijo Guaidó.

El líder opositor también pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que movilice “la voluntad política de los estados miembro para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal”.

En ese contexto, Guaidó recordó el reciente informe de la ONU que acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad. Maduro es el responsable de esa política, y sigue atacando a la población civil por motivos políticos, dijo Guaidó.

EEUU sanciona a "cinco títeres de la farsa electoral en Venezuela"

Manifestantes en Caracas portando la consigna, "Venezuela exige Derechos Humanos", el 21 de junio de 2019 (Cristian Hernández / AFP).

El gobierno de Estados Unidos sancionó a cinco representantes de los “principales partidos títeres de la oposición que participarán en la farsa electoral prevista para el 6 de diciembre”.

Los afectados son José Bernabé Gutiérrez Parra, Miguel Antonio Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio, Chaim José Bucaran Paraguan y Williams José Benavides Rondón.

Estas acciones son la continuidad de las sanciones dictadas el 4 de septiembre contra otros miembros clave del ilegítimo régimen de Maduro, precisó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado de prensa.

Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan socavar y despojar a Venezuela de su futuro democrático

De acuerdo a lo expresado, Bernabé, Ponente, Luces, Bucaran y Benavides, son los representantes de los “principales partidos títeres de la oposición que participarán en la farsa electoral prevista para el 6 de diciembre” mientras, a los líderes más conocidos y de mayor arraigo popular se les impide presentarse como candidatos en dichas elecciones.

“Los partidos políticos han sido cooptados”, denuncia el secretario Pompeo. “No hay máquinas de votación probadas y confiables y millones de votantes venezolanos siguen sin registrarse, los presos políticos languidecen en las cárceles venezolanas”, dice Pompeo.

Además, el Consejo Electoral es “un títere puesto a dedo por un régimen ilegítimo”.

Pompeo hace también referencia a la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela refiriéndose al dictamen emitido el pasado 16 de septiembre por la Comisión de Investigación Independiente de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos, la cual “documentó horribles abusos contra los derechos humanos bajo el régimen ilegítimo”.

“Con esta última acción”, precisa Pompeo refiriéndose a las recientes sanciones, “Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan socavar y despojar a Venezuela de su futuro democrático".

¿Cómo es esperar un primer bebé en una Venezuela en crisis?

Ada Mendoza, de 24 años, muestra a su hija Peyton a su pareja Leo Camejo por primera vez.

El nacimiento de un primer bebé suele ser motivo de inmensa alegría para las parejas primerizas, aunque también haya cierta angustia por el riesgo real o imaginario de que se presente algún problema durante la gestación. En Venezuela, sin embargo, los temores pueden ser aún más agobiantes, informa la agencia Prensa Asociada (AP).

Ada Mendoza es una nueva mamá de 24 años que vivió su primer embarazo en medio de la peor crisis económica de la historia de su país y enfrentando una pandemia que ha trastocado la vida de millones de venezolanos a causa del nuevo coronavirus.

El sobrino de Ada Mendoza toca el vientre de la embarazada
El sobrino de Ada Mendoza toca el vientre de la embarazada

Su pareja, Leo Camejo, no pudo acompañarla durante el parto debido a las restricciones sanitarias impuestas para enfrentar al virus y tampoco tuvo la posibilidad de acudir a una clínica privada, por lo que tuvo que ser atendida en una maternidad gratuita como otras miles de venezolanas que no pueden costear los más de mil dólares a los que asciende el proceso.

En este servicio de salud no abundan las camas y el personal médico a menudo es limitado. La prioridad la tienen aquellas mujeres que llegan en labor de parto muy avanzado.

"Esto es como un penal... el nerviosismo siempre está", dijo Leo a AP mientras esperaba en la calle, frente a la maternidad, ansioso por tener noticias de Ada.

Ada Mendoza apoya la cabeza en el hombro de su pareja Leo Camejo
Ada Mendoza apoya la cabeza en el hombro de su pareja Leo Camejo

Ambos se conocieron hace tres años gracias al fútbol y porque son hinchas del Caracas FC, uno de los equipos más laureado del país. La vida les dio un vuelco cuando recibieron la noticia de que serían padres en un país en crisis y tuvieron que enfrentar desafíos que por momentos parecían imposibles de superar.

La mayor preocupación de ambos -además de estar preparados para identificar cuando su bebé tenga dolor, hambre y verificar que respire durante la noche- era encarar dificultades derivadas de la crisis. Por ejemplo, vieron sus consultas prenatales suspendidas en hospitales públicos.

Los riesgos para una pareja como ésta son grandes en Venezuela dado que por falta de personal y recursos son numerosas las maternidades públicas ---incluso antes de la pandemia- que suspenden los controles prenatales. Por ello, no es raro que algunas mujeres lleguen al día del parto sin contar con una evaluación previa, algo esencial para prevenir complicaciones.

Reaccionando a las contracciones de parto Ada Mendoza se apoya en su madre
Reaccionando a las contracciones de parto Ada Mendoza se apoya en su madre

Desde años las autoridades no publican cifras de mortalidad durante el parto, pero organizaciones como la Federación Venezolana de Médicos y la ONG Médicos Unidos de Venezuela sostienen que el riesgo que corren las parturientas y los recién nacidos es alto.

Las maternidades también acusan "como casi todos los hospitales del país, la escasez de insumos, la falta de especialistas", dijo a la AP Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV).

De acuerdo con cifras de la FMV, unos 30.000 médicos se cuentan entre los aproximadamente cinco millones de personas que dejaron el país como consecuencia de la larga crisis política y económica en esta otrora rica nación petrolera. Especialidades de ginecología y obstetricia como neonatología o perinatología, a cargo de controlar los embarazos de alto riesgo, figuran entre las más escasas.

Nelida López sostiene el pie de Peyton, su nieta recién nacida
Nelida López sostiene el pie de Peyton, su nieta recién nacida

Otras maternidades apenas cuentan en puñado de días a la semana con anestesiólogos, por lo que "si sus servicios son necesarios, (las parturientas) tienen que ser trasladadas a otro hospital", acotó León Natera.

Durante el embarazo, Ada y Leo además tuvieron que viajar apiñados en autobuses, donde difícilmente podían mantener el distanciamiento para evitar contagios de COVID-19, dado que muchos de esos vehículos salen de circulación por los elevados precios de los repuestos.

Leo, que vive junto a Ada y otros siete familiares en la populosa barriada de Catia, al oeste de Caracas, antes tenía muchas ofertas como diseñador, pero en los últimos meses dejó de tener un ingreso estable debido al declive de las actividades económicas en Venezuela, país que está en su sexto año de recesión.

Nélida López besa a su hija, la madre primeriza Ada Mendoza,
Nélida López besa a su hija, la madre primeriza Ada Mendoza,

Al principio no sabía cómo iba pagar la atención prenatal en un consultorio médico privado, donde el costo de la consulta promedia los 20 dólares. El sueldo mínimo que obtiene la mayoría de los trabajadores venezolanos es de 1,10 dólares al mes.

Sin embargo, siguieron adelante. Leo empezó a vender hamburguesas en su casa, lo que ayudó a generar ingresos para pagar las consultas prenatales necesarias, aunque justo unas horas antes del alumbramiento las fallas en el suministro de combustibles les generó una nueva mortificación.

"Ya no puedo más", le decía Ada —adolorida— a su madre camino a la maternidad, ubicada a unos 16 kilómetros de su casa, acompañada de un primo que conducía su vehículo con poca gasolina debido a la escasez en Venezuela, un país con las mayores reservas de petróleo del mundo que sin embargo es incapaz de refinarlo luego de dos décadas de debacle de la estatal PDVSA por un ineficiente manejo y corrupción.

Peyton, de dos días de edad, yace en una canasta mientras su familia la cuida en su departamento
Peyton, de dos días de edad, yace en una canasta mientras su familia la cuida en su departamento

Por orden de los médicos, volvieron a su casa para esperar hasta que las contracciones fueran más seguidas.

"Me preocupaba que el primo de Ada tuviera suficiente gasolina en el carro para poder volver a la maternidad", señaló Leo.

En el amanecer del 10 de septiembre, la pareja volvió al hospital donde fueron finalmente atendidos. Horas después, ya con su bebé en sus brazos, al amamantar a Peyton, la joven madre con renovados bríos confía en seguir esquivando los embates de la pandemia y la crisis venezolana, por el bien de su pequeña.

5 millones de dólares por la captura del líder de la narcoguerrillera ELN

Un mural alusivo la guerrilla del ELN en el casco urbano de la población de El Palo, Cauca, al surocidente de Colombia. (Archivo)

En Estados Unidos ofrecen 5 millones de dólares por la captura del líder de la ELN, buscados por la DEA y el FBI.

Estados Unidos ha puesto sus ojos en la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional como parte de su lucha contra las drogas.

Seis miembros del grupo guerrillero izquierdista fueron acusados de narcoterrorismo en un tribunal federal del sur de Texas, entre ellos un líder del ELN por el que se ofrece una recompensa de cinco millones de dólares, dijeron el lunes las autoridades estadounidenses.

Tres de los acusados fueron detenidos por las autoridades colombianas, informó la policía antinarcóticos de Estados Unidos, conocida como DEA por su nombre en inglés. Los otros tres, incluidos el cabecilla del ELN, Wilver Villegas Palomino, permanecen prófugos con pedido de captura.

Estas acciones “reafirman nuestro compromiso para desmantelar y quebrantar a este grupo narcoterrorista”, expresó el secretario de Justicia, William Barr.

Poco antes, desde su cuenta en Twitter, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había dicho que Estados Unidos "está comprometido a ayudar al gobierno colombiano a desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región”. El Departamento de Estado, desde el 14 de Septiembre había anunciado la recompensa en su sitio digital.

Se trataría de la primera vez que miembros del ELN son acusados en los tribunales estadounidenses por presunto narcotráfico. Otros antes han enfrentado cargos de secuestro.

El anuncio tuvo lugar dos días después de un encuentro entre Pompeo y el presidente colombiano Iván Duque en el que ambos se comprometieron a profundizar las relaciones bilaterales.

Estados Unidos y Colombia son socios en la lucha contra las drogas y han firmado un acuerdo de extradición que ha permitido la llegada a este país de líderes narcotraficantes para enfrentar acusaciones en la justicia.

La DEA dijo que las autoridades de Colombia arrestaron a Yamit Picón Rodríguez, de 36 años; José Gabriel Alvarez Ortiz, de 26, y Henry Trigos Celón, de 43, a pedido de Estados Unidos.

Al igual que Villegas Palomino, conocido como “Carlos El Puerco”, también están prófugos Jaime Miguel Picón Rodríguez y Diomedes Barbosa-Montaño, todos de 38 años.

Villegas Palomino y los otros cinco miembros del ELN enfrentan tres acusaciones cada uno de distribución de drogas a sabiendas de que beneficiaba económicamente a personas u organizaciones terroristas, participar en una asociación ilícita que distribuía cocaína y en un grupo que distribuía la droga de manera internacional.

De acuerdo con las acusaciones radicadas en el distrito del sur de Texas, las acciones de esa asociación ilícita involucraron la distribución de cocaína desde Colombia a Estados Unidos para beneficiar económicamente al ELN durante 20 años.

“Como se alega, durante décadas, el ELN produjo y exportó toneladas de cocaína a Estados Unidos, usando comunidades en América para financiar sus actividades terroristas”, dijo el administrador interino de la DEA, Timothy Shea, tras destacar que las detenciones y acusaciones demuestran el trabajo conjunto realizado por los dos países.

La recompensa ofrecida por Villegas Palomino es parte de un programa específico del Departamento de Estado que ha llevado ante la justicia a más de 75 narcotraficantes desde que fue creado en 1986. En total se han pagado más de 130 millones de dólares por información que ha llevado al arresto de estos capos del narcotráfico.

El ELN nació 1965 como un proyecto político inspirado en la revolución cubana. Estados Unidos lo designó organización terrorista extranjera en 1997.

En 2017 el ELN inició en Cuba conversaciones de paz con el gobierno del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), pero las partes no pudieron acordar un alto del fuego.

Los diálogos están congelados con el actual presidente Duque, quien ha dicho que no volverá a la mesa de conversaciones hasta que el ELN no libere a todas las personas que mantiene secuestradas y deje de cometer ataques.

(Con información de la agencia AP, FBI, DEA y el Departamento de Estado)

9/21/2020 2:53:13 PM (GMT -4:00)

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