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América Latina

Colombia: ¿Cómo los efectos económicos de la pandemia han influido en el paro nacional?

Manifestaciones pacíficas en el día número 15 del paro nacional en Colombia. Portal del Norte, en Bogotá, Colombia, el miércoles 12 de mayo de 2021. Foto: VOA/Karen Sánchez.

Los manifestantes insisten en protestas en las calles, a pesar de haber logrado el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del impulsor de la iniciativa, Alberto Carrasquilla.

BOGOTÁ - Hoy se cumple el día número 17 de protestas en Colombia y las manifestaciones no cesan. Aunque las causas son múltiples, estas se han agudizado con el pasar de los días, gracias, en parte, a los efectos económicos de la pandemia que ha sumido al país en una de sus peores crisis económicas, sociales y políticas.

La Voz de América le explica cuáles los las circunstancias que la pandemia ha dejado en la población colombiana y que han incluido para que salgan a las calles.

¿Cómo está el país en materia económica, en medio de la pandemia?

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el PIB de Colombia cayó un 6,8% en 2020. Los confinamientos y las restricciones de movilidad, medidas instauradas por el Gobierno colombiano para evitar la propagación del COVID-19, sin duda han afectado la actividad y al crecimiento económico del país.

Esta caída del PIB es aún más grande que la de 1999, cuando el país entró en una de sus mayores crisis. En diciembre del año pasado, la economía cayó un 2,5%.

La deuda subió de un 52% a un 65% del PIB, debido al gasto fiscal para atender la emergencias y la baja de recursos fiscales. En este sentido, el déficit fiscal pasó de un 2,5% a un 7,8% del PIB.

El DANE también reportó, en su informe mensual sobre el mercado laboral, que Colombia incrementó la tasa de desempleo, llegando al 17,3% en el total, subiendo 4,3 puntos respecto a enero (13%) de 2020.

En cuanto a la cifra de pobreza, el departamento halló que 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones a la condición de pobreza extrema el año pasado. Es decir, más de 21,02 millones de personas, un 42,5%, subsisten con menos de 331.688 pesos mensuales (88 dólares) y, en comparación con la cifra de 2019 (35,7%), la población en condición de pobreza aumentó 6,8 puntos porcentuales.

¿Por qué protestan los colombianos? ¿Qué ha sucedido en días recientes?
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¿Por qué la situación económica ha influido en las protestas?

Representantes del Comité Nacional del Paro han presentado una pliego de peticiones que, además, de incluir el derecho a protestar pacíficamente sin agresiones por parte de la fuerza pública, incluyen el retiro de un proyecto de reforma de salud, la garantía de una renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual, matrícula educativa gratuita, subsidios a las pequeñas empresas, entre otras.

Jennifer Pedraza, representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Comité del Paro Nacional, dijo la semana pasada, en entrevista con la Voz de América que "es necesario que exista una renta básica para que las familias puedan aumentar su consumo... El desempleo creció... las empresas dejaron de producir. Y al dejar de producir, se emplearon o echó a los trabajadores".

"Lo que pasó acá fue que las empresas pequeñas y medianas empresas que emplean hasta el 80% del empleo formal de Colombia tuvieron que cerrar... y fueron las más golpeadas por la crisis de la pandemia y, dado que el subsidio a la nómina se aprobó de forma tan tardía, esas empresas tuvieron que cerrar producción y, por ende, despedir a sus trabajadores", agregó.

Por eso, añade la joven, el Comité cree necesario que haya subsidios a la nómina a tiempo y que cubran apenas cerca del 30 por ciento de lo que vale un trabajador.

Algunos de los manifestantes han propuesto que la financiación del pliego se dé a partir de préstamos al Banco de La República, la renegociación de la deuda externa y la utilización de reservas internacionales.

¿Qué dice el Gobierno?

El Gobierno colombiano había enviado el proyecto de reforma tributaria el Congreso para aumentar la recaudación fiscal, tras un año de pandemia con graves efectos económicos.

Sin embargo, la reforma fue finalmente retirada, tras las peticiones de la gente en las calles.

Tras la renuncia del líder del proyecto, el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el nuevo jefe de la cartera, José Manuel Restrepo, busca generar consenso.

Ha señalado a medios locales que presentará un plan para recaudar 14 billones de pesos (3.700 millones de dólares) en ingresos, pero que no implicarán un incremento de impuestos generalizados sobre bienes y servicios públicos.

El presidente Iván Duque, por su parte, anunció el miércoles gratuidad en la matrícula del segundo semestre de 2021 para todos los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 (Jerarquías económicas más bajas) de las universidades e institutos técnicos de carácter público en el país.

Por otro lado, el Gobierno ha llevado a cabo algunos programas sociales, en medio de la pandemia, para atender a colombianos en condición de vulnerabilidad: el primero, denominado Ingreso Solidario, consiste en beneficiar a 2,6 millones de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de una transferencia monetaria de 160.000 pesos mensuales (unos 40 dólares). El segundo es la Devolución del impuesto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o del impuesto sobre el valor agregado.

El Alto Comisionado de para la Paz, Miguel Ceballos dijo esta semana que está dispuesto de establecer una mesa de negociación permanente con los dirigentes del paro, tras un primer encuentro que terminó el lunes sin acuerdos.

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Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

La ayuda internacional a los refugiados de Venezuela

Refugiados venezolanos esperan ser admitidos en Perú (Cris Bouroncle / AFP).

La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por Canadá, consiguió recaudar la semana pasada 954 millones de dólares para ayudar a los 5,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que están desplazados en Latinoamérica.

En una entrevista con la agencia de prensa Efe, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, se mostró satisfecha del resultado de la conferencia.

En declaraciones a la Voz de América, dijo que "la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes en el mundo. La segunda más importante de hecho. Entonces nosotros tenemos como objetivos primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis, recoger fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles saber que mundo está con ellos".

Gould también expresó preocupación por las mujeres y niñas que son parte del éxodo. "Tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género o violencia sexual; y el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes. Y nosotros queremos asegurar que los migrantes y en particular las migrantes tienen acceso a todos los servicios que necesitan".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea se comprometió a aportar 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de prevención de conflictos para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades de acogida.

Colombia: más de 813.000 migrantes venezolanos han completado su documentación

Migrantes venezolanos en una carretera.

El Gobierno de Colombia informó el jueves de los avances que ha tenido el proceso de inscripción de migrantes venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, que comenzó a inicios de mayo.

Según datos de Migración Colombia, “más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del estatuto temporal de protección”.

A inicios de enero de 2021 más de 1 millón 742.000 venezolanos estaban en situación irregular en ese país, tras la crisis humanitaria causada por la grave crisis económica y la inestabilidad social bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó en un mensaje en video que en medio del proceso se han hecho “más de 800.000 caracterizaciones socioeconómicas de migrantes venezolanos en salud, educación y condición de vulnerabilidad”.

A la fecha el 44% de los registros completados para la primera fase han sido por personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla.

El funcionario explicó que debido a que no todos los migrantes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios, el Gobierno colombiano trabaja en colaboración con entidades como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de implementar puntos de atención presenciales.

Según datos de ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han salido de su país en busca de refugio debido a "la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales".

CPJ reacciona a orden de tribunal salvadoreño a revista de retirar reportaje

Natalie Southwick, coordinadora regional del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.

“Las autoridades salvadoreñas deben rescindir de inmediato una orden judicial que requiere que el sitio web de noticias independiente Revista Factum retire un artículo”, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) el jueves, sobre una orden emitida por un Tribunal salvadoreño.

El CPJ considera que el tema es de “interés público", de ahí que las autoridades de El Salvador “deben permitir que los medios de comunicación informen libremente”.

Según la orden judicial, y una publicación hecha en Twitter por el Ministerio Público de ese país, su único objetivo con la orden es “evitar la instrumentalización de la violencia que sufrieron las víctimas de este asesino”.

El reportaje denominado “Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a 13 víctimas en el último caso”, revela las declaraciones del expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez, principal sospechoso de asesinar a las víctimas que fueron encontradas sepultadas en su lugar de residencia. Además, cita el testimonio de un testigo protegido, pero no nombra víctimas ni testigos.

En el mandato, según el CPJ, los fiscales acusaron al medio de comunicación de haber cometido múltiples violaciones de la Constitución y el código penal salvadoreño, incluida la violación del debido proceso en “una investigación penal en curso” relacionada con la tumba y el derecho a la privacidad de las "víctimas indirectas" del crimen.

CPJ y el medio afectado afirman que la orden judicial no cita las leyes específicas bajo las cuales la revista o su personal pueden ser procesados.

Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, reaccionó al tema diciendo que “si las autoridades salvadoreñas están realmente preocupadas por la integridad de un caso penal en curso, deberían aclarar exactamente qué secciones del informe de la Revista Factum ponen ese caso en peligro, en lugar de emitir una prohibición general”.

Así mismo Southwick apuntó que no pueden utilizar “afirmaciones vagas para justificar la censura de un artículo completo y deben revertir esta decisión de inmediato para evitar sentar un precedente peligroso".

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