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América Latina

Coordinadora de los Papeles de Pandora en Latam: “Sueño con seguir haciendo periodismo independiente” (VIDEO)

Emilia Díaz Struck, periodista venezolana
Emilia Díaz Struck, periodista venezolana

BOGOTÁ — Lejos de imaginarse que iba a ser parte clave de uno de los grupos de investigaciones periodísticas más importantes del mundo, la periodista venezolana Emilia Díaz Struck comenzó su carrera simplemente con la pasión de la verdad y encontrar la manera de conseguir que la ciudadanía estuviese mejor informada.

“No comencé haciendo periodismo pensando ‘yo quiero llegar a ser parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación', sino más bien por una tarea de informar dentro de Venezuela y por una manera de salir de toda esa polarización, hacer un periodismo de investigación que proporcionara información a los ciudadanos para ayudar en su toma de decisiones, que saliese y que estuviese documentado”, dijo en entrevista con la Voz de América.

Su formación, cuenta, también estuvo influenciada por grandes maestros, colegas de América Latina y trabajos que, poco a poco, la fueron acercando a investigaciones muy grandes. Además de trabajar en el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, comenzó a hacer colaboraciones y a participar en eventos del Consorcio, así como a asistir a talleres de la Fundación Gabo, actividades que comenzaron a conectarla con el mundo de la investigación periodística.

Recuerda que tuvo la oportunidad, con un par de colegas, de ofrecer un proyecto de investigación transfronteriza al Consorcio, aunque en ese entonces no trabajaba en un medio grande, “y fue la entrada".

"Luego fui miembro y luego llegué a trabajar ya en estos roles que tengo hoy día”, como editora de investigación y coordinadora para América Latina, contó.

Fue reportera residente del New England Center for Investigative Reporting de la Universidad de Boston y CONNECTAS, y ha colaborado con medios como The Washington Post, la revista Poder y Negocios y los medios venezolanos El Universal, El Mundo y Armando.info, del cual es cofundadora. Fue profesora de periodismo en la Universidad Central de Venezuela y también ha sido facilitadora de talleres de periodismo de investigación, periodismo de datos y colaboraciones periodísticas en distintos países.

Desafíos del periodismo en Venezuela

Para Emilia, en su país aún existe una “gran generación de periodistas venezolanos que pelearon y siguen peleando por hacer periodismo independiente”.

Recuerda, por ejemplo, cómo hace algunos años participó en un trabajo que involucró a 35 periodistas venezolanos y que, a raíz de que algunos medios cambiaron de dueños, estos profesionales que se quedaron por fuera, comenzaron a emprender y a crear sus propios proyectos y a hacer resistencia "y querer seguir informando”, dice Emilia, lo que “forzó al emprendimiento”.

"Ha habido distintas etapas en el proceso del periodismo venezolano, pero al mismo tiempo hay muchos periodistas que están haciendo y que siguen trabajando aún con todas esas situaciones que en algunos casos buscan derivar en autocensura”, señaló.

En su caso, su mayor desafío como periodista es al mismo tiempo su mejor oportunidad porque, explicó, en las investigaciones "hay una cantidad de obstáculos y una cantidad de información que a veces te van a decir que no existe o no está. Y, para mí, ese gran desafío se convirtió en la gran oportunidad de cómo saber dónde está la información". Para eso tuvo que aprender a buscar información en otros países, así como trabajar con otros y sumar destrezas.

Hitos periodísticos

Los Papeles de Panamá fueron el resultado de una investigación que derivó en el destape de los datos de alrededor 240.000 empresas con fondos en paraísos fiscales y que fue publicado por el Consorcio. Díaz Struck, que ya desde Venezuela formaba parte del ICIJ, calificó el trabajo como un “hito”, gracias a la participación de cientos de periodistas a nivel mundial.

“Si bien antes habíamos hecho otras investigaciones, convencer a la gente para trabajar en una colaboración era, bueno, había que explicar por qué tenemos que colaborar. Vi un nivel de colaboración que no había visto antes”, dijo.

En este momento, recuerda, se desarrolló una primera plataforma para buscar, de manera remota, la información que necesitaba cada periodista, pero no al nivel con el que se cuenta ahora.

Para ese entonces, se creó una cooperativa de búsquedas de investigación "en las que todo el mundo iba compartiendo tips".

Esa complejidad demostró que "no es una tarea de una persona ni de un periodista en un país. Creció la red muchísimo. Terminamos en este momento más de 380 periodistas en cerca de 80 países”.

A esto se le suma, dice Emilia, la generosidad entre colegas: “Es una de las grandes lecciones, cómo gana el periodismo cuando se dejan los egos de lado”.

Todo esto trazó la lección de periodismo colaborativo que también significó los Papales de Pandora, en la que participaron más de 600 reporteros de todo el planeta, en 117 países, quienes analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados. Emilia tuvo el privilegio de coordinar a los profesional de la región.

Para ella, necesitó “entender la misma cultura regional, entender las dinámicas en las que todo el mundo está trabajando y cómo comunicarnos”, así como dejar las reglas claras desde el principio y tejer una red de confianza.

“La situación de la libertad de prensa se ha deteriorado mucho en muchos países de la región y que a veces salga una información antes, puede poner en riesgo a un colega en cualquier país, y uno no quiere poner en riesgo al colega de ningún país, sino que queremos todos juntos llegar hasta el final", dijo. Se trata de "entender que no soy yo el de la primicia, sino que la primicia la tenemos todos juntos”, agregó.

En América Latina, participaron más de 100 periodistas en 19 países de la región, a quienes, dice, respeta y admira profundamente.

“La capacidad de entender al otro y de ponerse en el lugar del otro, es clave "(...) como también que "no importa el tipo de medios sino que todos se traten como iguales", "reconocer la labor de todos y tener en cuenta las situaciones de cada país para no poner en riesgo a ningún periodista”, explicó.

En América Latina, hay cada vez más gobiernos intentando “presionar y afectar la labor que hace el periodismo”, generando censura o desprestigiando su labor usando Fake News. También pasan legislaciones que buscar frenar las publicaciones. “Creo que el panorama, lamentablemente, está cada vez más complejo y eso hace cada vez más necesarias las colaboraciones”, agregó.

Aunque tiene una carrera periodística amplia y apremiante, dice que aún sueña con “seguir teniendo la posibilidad y los espacios de hacer ese periodismo independiente”, de seguir construyendo y tejiendo redes de trabajo con los colega.

En cuanto a Venezuela, confiesa que extraña a su gente, su ambiente, su clima y hasta la comida, y dice que si todo se conjuga en su vida, no descartaría regresar.

“Habría que ver dónde está mi vida en ese momento. Pero si es así, lógicamente pues tendría la posibilidad de volver y ver cómo se conjuga todo. Tengo mi corazón y mis patas en muchos lados en este momento, en parte está en Venezuela”, señala, y agrega que, ante la situación de su país, “la esperanza no se pierde”.

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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

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