América Latina
¿Qué queda de la oposición nicaragüense en este año electoral?
La oposición nicaragüense continúa fragmentada en plena embestida del presidente Daniel Ortega, que busca su tercera reelección consecutiva.
MANAGUA - Unos están en el exilio, otros en casas de seguridad y muchos silenciados.
La oposición nicaragüense intenta articularse nuevamente y sobrevivir para resistir un eventual nuevo período de gobierno del presidente izquierdista Daniel Ortega, quien según los analistas será reelegido por tercera vez consecutiva, al quedar como “candidato único”. Esto después de detener e invalidar a los opositores que podrían retarlo en las urnas.
Los dos principales bloques del país, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, que surgieron a raíz de las protestas de 2018 y no lograron unificarse en tres años de crisis sociopolítica, plantean a la Voz de América las alternativas o estrategias que preparan ante el nuevo panorama.
Ivania Álvarez, de la Coalición Nacional, comenta desde el exilio que ante la embestida de Ortega han buscado la forma de reorganizarse y por medio de los liderazgos que quedan en Nicaragua para seguir haciendo resistencia, “pero con mucho cuidado para que no sean encarcelados”.
“Estamos en dos cosas, una en el resguardo de los liderazgos que siguen en Nicaragua ante la embestida del régimen y otra la reagrupación de fuerzas. Aquí al menos hemos planteado situaciones de una reorganización como nicaragüenses opositores al régimen, pero que no nos cobije una sigla, sino que sea toda la ciudadanía autoconvocada y en eso tenemos que ser más abiertos y decir que nos necesitamos todos”, reconoció Álvarez.
Añadió que dentro de la organización aún no se ha tomado una postura clara en cuanto a llamar a votar o no votar en los comicios de este año, pero si hay algo que tiene presente es “que nos necesitamos entre todos para salir de Ortega”.
“El punto de partida es que nos necesitamos todos y debemos estar juntos y si decidimos no ir el 7 de noviembre a votar tiene que ser un solo llamado y tiene que darse con las fuerzas que quedan”.
La Coalición Nacional fue el primer bloque opositor en ser sacado de la contienda electoral tras cancelárseles la personalidad jurídica al partido de Restauración Democrática (PRD), el pasado 18 de mayo.
En dicho bloque se encontraban agrupaciones pertenecientes a familiares de las víctimas de las protestas de 2018, así como grupos de excarcelados, organizaciones feministas y grupos de la comunidad LGBTI.
El segundo bloque opositor
Por otro lado, la Alianza Ciudadana, el otro bloque opositor que fue cancelado el pasado 6 de agosto a tan solo tres meses de las elecciones, valora con más calma las acciones que tomarán ante la embestida del oficialismo.
La presidenta del desaparecido partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, quien también se encuentra exiliada en Costa Rica, dijo al medio Teletica que no pueden “asumir el papel de víctimas”, sino deben continuar presionando a lo interno de Nicaragua para “observar el fraude electoral del 7 de noviembre”.
“Tal vez de una sola vez podremos decirle al mundo: ‘Aquí estamos unidos contra una dictadura y esta es la estrategia, este es nuestro plan y vamos a seguir avanzando’, porque no podemos simplemente estar dependiendo de todos y de los que nos van a ayudar; tenemos que ser nosotros mismos los que propongamos soluciones y activamente participemos para derrotar a Ortega, de alguna forma, pero se tiene que lograr”, enfatizó.
A Monterrey se le cuestionó en dicho medio sobre la división de los grupos opositores y dijo que la “unión se había logrado”, pese a que nunca se concretó una alianza con el otro bloque.
La VOA ha solicitado en reiteradas ocasiones una entrevista con Monterrey para conversar al respecto, pero no ha contestado a dicha solicitud.
“No es que estemos divididos, es que ha habido opiniones diversas”, dijo Monterrey a Teletica.
Explicó que cuando se formó la Coalición Nacional y otras organizaciones, estas eran de carácter nacional y, según ella, sin una estructura amplia ni una base que pudiera realmente constituirse en una organización que le hace frente a una dictadura.
“Las organizaciones para que sean exitosas de abajo hacia arriba y no a la inversa. Entonces nosotros no es que no quisimos unidad, es que no quisimos meternos en un problema que al final tuvimos la razón, se desbarató y nosotros más bien estábamos con las puertas abiertas para que se integraran en una alianza, no en el partido, en una alianza”.
En esa misma línea la opositora Daysi George West, miembro de dicho bloque opositor, comentó a la VOA que cuando se intentó unificar o lograr algún consenso surgían algunos conflictos que impedían avanzar en las conversaciones.
“Creo que cuando hay voluntades, toda la oposición (debe) ser una para la misma causa, pero vamos a ser cuidadosos, porque también, aún dentro de la oposición, hay tendencias que no están claras”, dijo en referencia a la Coalición Nacional.
“Necesitamos reorganizarnos internamente y luego ver qué harán los otros”.
Una oposición fragmentada como la venezolana
El sociólogo Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, valora que Ortega ha dejado claro que la permanencia en el poder es primordial y está dispuesto a afrontar las consecuencias tanto internas como internacionales al inhibir a líderes de la oposición, pero advierte que también se fortalece de las debilidades de la oposición.
En entrevista con la VOA señaló que en tres años de crisis política se han evidenciado una vez más las divisiones y fragmentaciones entre los grupos de oposición, que a su consideración “han antepuesto básicamente intereses partidarios o sectoriales en vez de responder a demandas sociales de 2018”.
“Será importante ver de ahora en adelante cómo las fuerzas de oposición que de alguna manera están en la misma condición, logran poner a un lado sus diferencias y dialogan en base a una estrategia en conjunta en el ámbito electoral”, explicó.
Breda cree que con la unidad entre los dos bloques habría más posibilidades de presionar a Ortega y animaría a la ciudadanía que ya no se identifica con el mandatario, “pero que tampoco ve en estas fuerzas una alternativa, ya que no han podido ponerse de acuerdo en básicamente nada”
“Hay similitudes de tendencias y divisiones y protagonismos” entre la oposición venezolana y la nicaragüense, comenta Breda, pero aclara que en Caracas hay un liderazgo que dominó el Parlamento.
“La oposición nicaragüense tiene la desventaja de no tener representación en ningún poder del Estado, entonces no solo está dividida entre sí, sino que no tiene poder” concluyó.
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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