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América Latina

Almagro pide libertad de los presos políticos más antiguos de Venezuela

Iván Simonovis.

Seis miembros de la policía venezolana, incluido el Comisario Iván Simonovis, guardan prisión política desde 2003 y 2004 a pesar de que las penas que impusieron los tribunales ya han sido cumplidas, denunció el secretario general de la OEA.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió la libertad de algunos de los más antiguos presos políticos de Venezuela.

Almagro pidió la liberación del comisario Iván Simonovis y los cinco policías metropolitanos sentenciados por los sucesos en torno al golpe de estado contra Hugo Chávez el 11 de abril de 2002.

En un vídeo publicado en la página web de la OEA, Almagro asevera que los llamados “presos de Chávez” se mantienen en prisión a pesar de que las penas que impusieron los tribunales han sido cumplidas.

El directivo del organismo regional hizo la demanda también en su cuenta de Twitter @Almagro_OEA2015:

​“Erasmo Bolívar, Héctor Rovain, Arube Pérez, Marco Hurtado y Luis Molina hace 15 años y seis meses que están presos por un juicio que fue parcializado, porque nunca se determinó la supuesta responsabilidad individual que debe llevar todo juicio penal, y donde todos fueron acusados injustamente”, destacó el diplomático uruguayo.

El secretario general de la OEA destacó que estos cinco policías metropolitanos tienen “el tiempo de pena cumplido para estar libres, y el régimen les niega su derecho”.

Seis miembros de la policía venezolana, incluido el Comisario Iván Simonovis, guardan prisión política desde 2003 y 2004.
Seis miembros de la policía venezolana, incluido el Comisario Iván Simonovis, guardan prisión política desde 2003 y 2004.

Almagro recordó que Simonovis obtuvo una medida humanitaria de casa por cárcel en septiembre de 2014, “por los graves padecimientos físicos que adolece producto de las torturas y tratos crueles que sufrió”.

Según el titular de la OEA, Simonovis ya debería estar libre “y lo que hace la dictadura es mantenerlo anulado, preso en su casa sin poder gozar plenamente de los derechos que le corresponden”.

Por ello, se sumó a la campaña #LiberenASimonovis, a la que se han acoplado personalidades y exmandatarios de la región.

“No nos detendremos hasta lograr su libertad”, sentenció Almagro, quien precisó que en Venezuela hay 235 presos por razones políticas, cifra que ha sido aportada por el más reciente informe de la organización no gubernamental Foro Penal.

Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, también pidió la libertad de Simonovis por medio de un video publicado en Twitter.

[Con información de la Organización de los Estados Americanos y redes sociales]

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Informe de OEA reafirma que régimen de Maduro comete crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Nicolás Maduro hablando en un programa televisivo

Un informe de la Secretaría General de la OEA reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, y que condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, publicaron hoy el informe.

Al mismo tiempo un comunicado de prensa, la OEA precisa que el informe de 153 páginas titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, amplía el informe de 2018 de un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA.

Este panel, indica un comunicado de la OEA, concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El nuevo documento destaca el comunicado señala que, desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad.

Destaca también que esto ocurre al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos.

Partiendo del trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONGs, académicos independientes y otras fuentes creíbles, el nuevo informe pinta un vívido retrato de una Venezuela devastada por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario, precisa el comunicado de la OEA.

De igual manera agrega el comunicado que entre otros hallazgos, el informe:

-Identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.

-Identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014.

-Identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen.

-Identifica 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.

-Identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014.

-Identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.

-Destaca el fracaso de la Fiscal de la CPI en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.

En el informe se recomienda a la Fiscal proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.

También el informe presenta presuntos delitos que no formaban parte del informe de 2018, incluidos "actos inhumanos" cometidos intencionalmente que han resultado en gran sufrimiento o muerte. Estos incluyen acciones del régimen de Maduro que han facilitado y prolongado el empeoramiento del desastre humanitario de Venezuela, destaca el comunicado.

La OEA en su comunicado de prensa agregó que las instituciones gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, han sido utilizadas como armas contra sus ciudadanos. Para el pueblo de Venezuela, el estado de derecho en el país ya no existe. Para los miembros del régimen, el Estado los faculta para operar con total impunidad. La búsqueda de la justicia internacional es el único recurso que queda.

El comunicado destacó las palabras de Luis Almagro, quien afirmó que “se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano.

Almagro llamó a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”.

El comunicado de la OEA recuerda que a pesar del drástico deterioro de la estabilidad nacional de Venezuela y los presuntos graves crímenes de lesa humanidad en curso, la Corte Penal Internacional no ha tomado ninguna medida sustantiva para exigir responsabilidades a los perpetradores.

La fiscal Fatou Bensouda comenzó a investigar el caso de Venezuela en febrero de 2018 y, en los casi tres años transcurridos desde entonces, sólo ha completado dos de las cuatro etapas de su "examen preliminar".

Contrario a los objetivos declarados de su Oficina de promover la prevención, la disuasión y advertir a los perpetradores, la Fiscal no ha actuado como lo ha hecho en otros casos. Como resultado, el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la creencia de que puede actuar con impunidad, concluye el comunicado.

EEUU: el régimen narco de Maduro debe enfrentar la Justicia por sus crímenes

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello el 24 de enero de 2019.

El Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela declararon que ambos "reconocen la degradación del Estado de Derecho en Venezuela debido a la falta de voluntad del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para detener el narcotráfico y erradicar a los elementos criminales que explotan todos los rincones de Venezuela".

“Evaluamos que Maduro, el ilegítimo dictador venezolano y capo de la droga, representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no solo de Venezuela”, precisó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

“Para promover la seguridad del pueblo venezolano y de nuestro hemisferio, el ilegítimo régimen narco de Maduro debe rendir cuentas y enfrentar la Justicia por sus crímenes”, recalca el texto.

Con ese fin, los dos gobiernos siguen comprometidos "con detener el transbordo de drogas a través de Venezuela, prevenir el cultivo y consumo ilícito de drogas, combatir la corrupción endémica de los funcionarios del régimen e impedir el lavado de dinero y las redes criminales relacionadas con el comercio ilegal".

Maduro promete dejar el poder "si vuelve a ganar la oposición"

Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, el ministro de defensa Vladimir Padrino y otros funcionarios.

Nicolás Maduro, aseguró este martes que si la oposición gana las elecciones legislativas del próximo domingo, dejará la Presidencia.

"Al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos, si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela", dijo el mandatario en un acto de campaña, en Caracas.

"Ellos están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito (...) a toda la oposición le digo (que) acepto el reto, el domingo que viene, acepto el reto, vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante", expresó Maduro

"Me perdonan lo crudo que soy, pero ya basta, cinco años más con la oposición dirigiendo la Asamblea no, así no (...) si la oposición saca más votos que nosotros y nos gana las elecciones el domingo, ya, tomaremos otro camino, asumo el reto, lo asumo con valentía", reiteró.

La oposición venezolana que controla el Parlamento y que se mantiene reunida en torno al presidente encargado Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países, no postuló aspirantes a estas elecciones al considerar que el proceso es una "farsa" que busca legitimar al Ejecutivo de Maduro, al que tachan de "dictadura".

Guaidó dice que el proceso convocado por la dictadura el 6 de diciembre, no cumple con los requisitos esenciales como el derecho a elegir y ser elegido, la presencia de un árbitro independiente, la posibilidad de participación o agrupación libre de cada uno de los venezolanos en el caso de los partidos políticos.

El presidente encargado apuesta todo a un plebiscito con el que quiere avalar una prórroga al período de la actual Asamblea Nacional. La consulta está prevista del 7 al 12 de diciembre, aunque no tiene el respaldo de las autoridades electorales del país.

Informe del Senado de EEUU busca un enfoque "más inteligente" en lucha contra las drogas en Latinoamérica

Paquetes de droga incautados el domingo 15 de mayo de 2016, en Turbo (Colombia).

La estrategia de Estados Unidos en su lucha contra las drogas en Latinoamérica debe cambiar por un enfoque “más inteligente” que ayude a los países de la región a atacar las raíces del problema y a enfrentarse a las organizaciones criminales, concluyó un informe publicado el martes por una comisión bipartidista del Senado.

El reporte de más de cien páginas, encargado por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, señaló a Venezuela como “el ejemplo más extremo” de los devastadores efectos que el crimen organizado, financiado por el narcotráfico, han tenido en la región, informa la Voz de América, VOA.

“Venezuela [es], una democracia que ha recaído en una dictadura, desafiando las sanciones financieras con la ayuda no solo de otros países no amistosos —como Cuba, Rusia e Irán—pero también de organizaciones de crimen transnacional, incluyendo drogas ilegales y contrabandistas de oro”, describió el informe, que será presentado de manera oficial el jueves ante el Congreso.

Un año y medio de investigación llevó a los autores de reporte a concluir que, aunque se han logrado resultados positivos con la política exterior, como proveer sustento a regiones cocaleras de Colombia o las reformas judiciales en México, las políticas han causado un “daño considerable” en algunos casos.

El informe cita al llamado Plan Colombia, una iniciativa firmada con EE. UU. en el 2000, como un ejemplo de fracaso de la política exterior. “El país es el mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de décadas de esfuerzos respaldados por EE. UU. para erradicar cultivos e interceptar cargamentos”, acota el reporte.

El documento recomienda crear una serie de políticas interinstitucionales, lideradas por el Departamento de Estado, con “rigor científico”. Los expertos proponen elaborar políticas rentables, que permitan rebajar el influjo de drogas hacia el país a la vez que “aborda las debilidades institucionales en los países productores y de tránsito de drogas” que alimentan a las organizaciones criminales transnacionales.

Los autores piden que se haga más énfasis en atacar el lavado de dinero. En concreto, proponen que se desarrollen nuevas herramientas para detectar transferencia de fondos ilícitos a través de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o transacciones transfronterizas.

Venezuela, el ejemplo más extremo

El informe cita a Venezuela como el país de la región que más se ha visto afectado por el crimen organizado. Aunque los autores señalan el papel de la nación como lugar de tránsito de drogas ilícitas, aseguran que la situación no será solventada hasta que no exista una transición a un gobierno democrático y estable.

La presencia de grupos armados, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes colaboran con elementos venezolanos, refuerza el crimen organizado y facilita el tráfico de drogas y oro en el país.

El fracaso del Plan Colombia

El gobierno de EE.UU. destinó más de 10.000 millones de dólares al Plan Colombia, firmado durante el gobierno de Bill Clinton y del presidente colombiano Andrés Pastrana. El informe asegura que, aunque la cooperación fue efectiva en la lucha contra los grupos armados, “fue un fracaso en la lucha contra las drogas”.

En el 2019, la cantidad de coca cultivada en Colombia alcanzó un récord de 212.000 hectáreas, a pesar de que el gobierno del actual presidente Iván Duque aumentó las operaciones de erradicación. Además, la violencia no ha dado tregua: en el 2020 se registró el mayor número de masacres desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en el 2016, con 270 asesinatos.

Expresidentes latinoamericanos se pronuncian en apoyo al MSI

Un grupo de ex mandatarios y personalidades del mundo político latinoamericano emitieron un documento titulado "Manifiesto de Ex Presidentes en Apoyo al Movimiento San Isidro".

Entre los impulsores y firmantes del manifiesto se encuentran los ex presidentes de Costa Rica Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, junto al ex presidente de Bolivia Jorge (Tuto) Quiroga.

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También son firmantes del documento los venezolanos Humberto Calderón Berti, ex ministro de petróleo y ex Canciller; José Rodríguez Iturbe, expresidente de la Cámara de Diputados de Venezuela y Asdrúbal Aguiar, ex ministro de la presidencia y relaciones interiores de Venezuela.

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El texto condena "la continua represión y hostigamiento, por parte del régimen cubano, contra miembros del Movimiento San Isidro", quienes exigen la libertad del rapero Denis Solís y se oponen al decreto 349, "que impone limitaciones a las libertades civiles en la isla".
Los firmantes de esta carta piden a los organismos internacionales, a la Unión Europea y a los Estados Unidos, que "aíslen al régimen cubano, política y económicamente, hasta que deje de socavar y reprimir brutalmente a la sociedad civil cubana, y permita un proceso de transición que garantice elecciones libres en la isla".

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