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América Latina

Almagro responde acusaciones de "violación de autonomía" por parte del CIDH

El secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Dr. Luis Almagro, ha dado a conocer, en declaración emitida en el día de hoy, 28 de agosto, su posición respecto al contencioso surgido entre la entidad que preside y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por motivo de la negativa del Secretario General Almagro a dar su visto bueno a la reelección como Secretario Ejecutivo del CIDH del brasileño Paulo Abrao, quien ocupa el cargo desde 2016.

“Respecto a cierta campaña de desinformación”, señala Almagro en su declaración, “por la cual se quiere hacer creer que la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está de alguna manera en riesgo, reafirmo que no tengo ningún interés ni deseo de participar en la selección del próximo Secretario Ejecutivo, ni participar en las discusiones que lleven a su elección, ni de escogerlo por mi parte. Reafirmo que ese proceso corresponderá a la CIDH”.

“desconocen derechos laborales básicos de las trabajadoras y los trabajadores para garantizarles la posibilidad de trabajar libres de acoso"

“Reitero, asimismo”, advierte Almagro, “que de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más allá de la presunción de inocencia es desconocer la gravedad que tienen estos hechos y que la CIDH tuvo más de un año para materializar esa presunta inocencia trasladando lo informado por la Ombudsperson (investigador de denuncias ciudadanas o defensor del pueblo) a las instancias de la OEA correspondientes”.

Esta reacción del Dr. Almagro se debe a las acusaciones del Comité Ejecutivo del CIDH de que el Secretario General de la OEA, con su negativa a ratificar la reelección de Paulo Abrao, está violando la “autonomía e independencia de la Comisión” y, por lo tanto, dicha Comisión “expresa su más enérgica protesta; así como su alarma ante un grave embate contra su independencia y autonomía”.

Según las declaraciones del Secretario General, los miembros de la directiva del CIDH, hicieron caso omiso a los resultados de los informes al respecto presentados por él mismo y no iniciaron ninguna gestión o procedimiento para esclarecer las 61 denuncias sobre “conflictos de interés, tratos diferenciales, retrocesos en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual” que, al parecer, son sólo algunas de lasacusaciones que se han presentado en contra de Paulo Abrao.

nos llama la atención que consideraran que la persona más apta para el cargo es alguien con 61 denuncias pendientes de resolver, lo que hace ver una situación funcional muy grave”

De acuerdo a lo expresado por Almagro, lejos de esclarecer los hechos, los Comisionado del CIDH se apresuraron a ratificar a Paulo Abrao en el cargo “de forma inmediata”, sin tener en cuenta que el trabajo realizado por la Ombudsperson “fue largo y transparente dado que mantuvo permanentemente informada a la CIDH”. “Por otra parte”, agrega, “nos llama la atención que consideraran que la persona más apta para el cargo es alguien con 61 denuncias pendientes de resolver, lo que hace ver una situación funcional muy grave”.

En otro aspecto de su declaración. El Dr. Luis Almagro se refiere a que “le ha hecho pensar” la poca atención que la Organización (refiriéndose a la OEA) y “el mundo entero” prestan a “la situación de las víctimas de acoso laboral” “La situación que viven, cómo el sistema los invisibiliza, los enmudece, los aplasta. Cómo de pronto son lo menos importante de todo. Cómo el acusado mueve el sistema, cómo el sistema lo arropa sin importar nada y, mucho menos, los derechos de las eventuales víctimas”.

“desconocen derechos laborales básicos de las trabajadoras y los trabajadores para garantizarles la posibilidad de trabajar libres de acoso"

Acto seguido, Luis Almagro hace referencia a organizaciones como la OACNUDH, HRW, Amnistía Internacional, CEJIL y otras que “desconocen derechos laborales básicos de las trabajadoras y los trabajadores para garantizarles la posibilidad de trabajar libres de acoso". "Respuestas corporativas" agrega, "o negacionistas no es la mejor manera de dar justicia ni de garantizar los derechos humanos”, asegura Almagro.

“Como Secretario General”, concluye, “no voy a imponer nunca un Secretario Ejecutivo a la CIDH, reconozco […] su derecho de seleccionar a la persona que considere más apta ética y profesionalmente para el desempeño del cargo. […] Por otra parte, también velaremos para evitar que la autonomía e independencia de la CIDH se vea afectada por la intromisión de ningún Estado en éste y otros procesos internos”.

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EEUU sanciona a "cinco títeres de la farsa electoral en Venezuela"

Manifestantes en Caracas portando la consigna, "Venezuela exige Derechos Humanos", el 21 de junio de 2019 (Cristian Hernández / AFP).

El gobierno de Estados Unidos sancionó a cinco representantes de los “principales partidos títeres de la oposición que participarán en la farsa electoral prevista para el 6 de diciembre”.

Los afectados son José Bernabé Gutiérrez Parra, Miguel Antonio Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio, Chaim José Bucaran Paraguan y Williams José Benavides Rondón.

Estas acciones son la continuidad de las sanciones dictadas el 4 de septiembre contra otros miembros clave del ilegítimo régimen de Maduro, precisó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado de prensa.

Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan socavar y despojar a Venezuela de su futuro democrático

De acuerdo a lo expresado, Bernabé, Ponente, Luces, Bucaran y Benavides, son los representantes de los “principales partidos títeres de la oposición que participarán en la farsa electoral prevista para el 6 de diciembre” mientras, a los líderes más conocidos y de mayor arraigo popular se les impide presentarse como candidatos en dichas elecciones.

“Los partidos políticos han sido cooptados”, denuncia el secretario Pompeo. “No hay máquinas de votación probadas y confiables y millones de votantes venezolanos siguen sin registrarse, los presos políticos languidecen en las cárceles venezolanas”, dice Pompeo.

Además, el Consejo Electoral es “un títere puesto a dedo por un régimen ilegítimo”.

Pompeo hace también referencia a la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela refiriéndose al dictamen emitido el pasado 16 de septiembre por la Comisión de Investigación Independiente de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos, la cual “documentó horribles abusos contra los derechos humanos bajo el régimen ilegítimo”.

“Con esta última acción”, precisa Pompeo refiriéndose a las recientes sanciones, “Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan socavar y despojar a Venezuela de su futuro democrático".

¿Cómo es esperar un primer bebé en una Venezuela en crisis?

Ada Mendoza, de 24 años, muestra a su hija Peyton a su pareja Leo Camejo por primera vez.

El nacimiento de un primer bebé suele ser motivo de inmensa alegría para las parejas primerizas, aunque también haya cierta angustia por el riesgo real o imaginario de que se presente algún problema durante la gestación. En Venezuela, sin embargo, los temores pueden ser aún más agobiantes, informa la agencia Prensa Asociada (AP).

Ada Mendoza es una nueva mamá de 24 años que vivió su primer embarazo en medio de la peor crisis económica de la historia de su país y enfrentando una pandemia que ha trastocado la vida de millones de venezolanos a causa del nuevo coronavirus.

El sobrino de Ada Mendoza toca el vientre de la embarazada
El sobrino de Ada Mendoza toca el vientre de la embarazada

Su pareja, Leo Camejo, no pudo acompañarla durante el parto debido a las restricciones sanitarias impuestas para enfrentar al virus y tampoco tuvo la posibilidad de acudir a una clínica privada, por lo que tuvo que ser atendida en una maternidad gratuita como otras miles de venezolanas que no pueden costear los más de mil dólares a los que asciende el proceso.

En este servicio de salud no abundan las camas y el personal médico a menudo es limitado. La prioridad la tienen aquellas mujeres que llegan en labor de parto muy avanzado.

"Esto es como un penal... el nerviosismo siempre está", dijo Leo a AP mientras esperaba en la calle, frente a la maternidad, ansioso por tener noticias de Ada.

Ada Mendoza apoya la cabeza en el hombro de su pareja Leo Camejo
Ada Mendoza apoya la cabeza en el hombro de su pareja Leo Camejo

Ambos se conocieron hace tres años gracias al fútbol y porque son hinchas del Caracas FC, uno de los equipos más laureado del país. La vida les dio un vuelco cuando recibieron la noticia de que serían padres en un país en crisis y tuvieron que enfrentar desafíos que por momentos parecían imposibles de superar.

La mayor preocupación de ambos -además de estar preparados para identificar cuando su bebé tenga dolor, hambre y verificar que respire durante la noche- era encarar dificultades derivadas de la crisis. Por ejemplo, vieron sus consultas prenatales suspendidas en hospitales públicos.

Los riesgos para una pareja como ésta son grandes en Venezuela dado que por falta de personal y recursos son numerosas las maternidades públicas ---incluso antes de la pandemia- que suspenden los controles prenatales. Por ello, no es raro que algunas mujeres lleguen al día del parto sin contar con una evaluación previa, algo esencial para prevenir complicaciones.

Reaccionando a las contracciones de parto Ada Mendoza se apoya en su madre
Reaccionando a las contracciones de parto Ada Mendoza se apoya en su madre

Desde años las autoridades no publican cifras de mortalidad durante el parto, pero organizaciones como la Federación Venezolana de Médicos y la ONG Médicos Unidos de Venezuela sostienen que el riesgo que corren las parturientas y los recién nacidos es alto.

Las maternidades también acusan "como casi todos los hospitales del país, la escasez de insumos, la falta de especialistas", dijo a la AP Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV).

De acuerdo con cifras de la FMV, unos 30.000 médicos se cuentan entre los aproximadamente cinco millones de personas que dejaron el país como consecuencia de la larga crisis política y económica en esta otrora rica nación petrolera. Especialidades de ginecología y obstetricia como neonatología o perinatología, a cargo de controlar los embarazos de alto riesgo, figuran entre las más escasas.

Nelida López sostiene el pie de Peyton, su nieta recién nacida
Nelida López sostiene el pie de Peyton, su nieta recién nacida

Otras maternidades apenas cuentan en puñado de días a la semana con anestesiólogos, por lo que "si sus servicios son necesarios, (las parturientas) tienen que ser trasladadas a otro hospital", acotó León Natera.

Durante el embarazo, Ada y Leo además tuvieron que viajar apiñados en autobuses, donde difícilmente podían mantener el distanciamiento para evitar contagios de COVID-19, dado que muchos de esos vehículos salen de circulación por los elevados precios de los repuestos.

Leo, que vive junto a Ada y otros siete familiares en la populosa barriada de Catia, al oeste de Caracas, antes tenía muchas ofertas como diseñador, pero en los últimos meses dejó de tener un ingreso estable debido al declive de las actividades económicas en Venezuela, país que está en su sexto año de recesión.

Nélida López besa a su hija, la madre primeriza Ada Mendoza,
Nélida López besa a su hija, la madre primeriza Ada Mendoza,

Al principio no sabía cómo iba pagar la atención prenatal en un consultorio médico privado, donde el costo de la consulta promedia los 20 dólares. El sueldo mínimo que obtiene la mayoría de los trabajadores venezolanos es de 1,10 dólares al mes.

Sin embargo, siguieron adelante. Leo empezó a vender hamburguesas en su casa, lo que ayudó a generar ingresos para pagar las consultas prenatales necesarias, aunque justo unas horas antes del alumbramiento las fallas en el suministro de combustibles les generó una nueva mortificación.

"Ya no puedo más", le decía Ada —adolorida— a su madre camino a la maternidad, ubicada a unos 16 kilómetros de su casa, acompañada de un primo que conducía su vehículo con poca gasolina debido a la escasez en Venezuela, un país con las mayores reservas de petróleo del mundo que sin embargo es incapaz de refinarlo luego de dos décadas de debacle de la estatal PDVSA por un ineficiente manejo y corrupción.

Peyton, de dos días de edad, yace en una canasta mientras su familia la cuida en su departamento
Peyton, de dos días de edad, yace en una canasta mientras su familia la cuida en su departamento

Por orden de los médicos, volvieron a su casa para esperar hasta que las contracciones fueran más seguidas.

"Me preocupaba que el primo de Ada tuviera suficiente gasolina en el carro para poder volver a la maternidad", señaló Leo.

En el amanecer del 10 de septiembre, la pareja volvió al hospital donde fueron finalmente atendidos. Horas después, ya con su bebé en sus brazos, al amamantar a Peyton, la joven madre con renovados bríos confía en seguir esquivando los embates de la pandemia y la crisis venezolana, por el bien de su pequeña.

5 millones de dólares por la captura del líder de la narcoguerrillera ELN

Un mural alusivo la guerrilla del ELN en el casco urbano de la población de El Palo, Cauca, al surocidente de Colombia. (Archivo)

En Estados Unidos ofrecen 5 millones de dólares por la captura del líder de la ELN, buscados por la DEA y el FBI.

Estados Unidos ha puesto sus ojos en la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional como parte de su lucha contra las drogas.

Seis miembros del grupo guerrillero izquierdista fueron acusados de narcoterrorismo en un tribunal federal del sur de Texas, entre ellos un líder del ELN por el que se ofrece una recompensa de cinco millones de dólares, dijeron el lunes las autoridades estadounidenses.

Tres de los acusados fueron detenidos por las autoridades colombianas, informó la policía antinarcóticos de Estados Unidos, conocida como DEA por su nombre en inglés. Los otros tres, incluidos el cabecilla del ELN, Wilver Villegas Palomino, permanecen prófugos con pedido de captura.

Estas acciones “reafirman nuestro compromiso para desmantelar y quebrantar a este grupo narcoterrorista”, expresó el secretario de Justicia, William Barr.

Poco antes, desde su cuenta en Twitter, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había dicho que Estados Unidos "está comprometido a ayudar al gobierno colombiano a desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región”. El Departamento de Estado, desde el 14 de Septiembre había anunciado la recompensa en su sitio digital.

Se trataría de la primera vez que miembros del ELN son acusados en los tribunales estadounidenses por presunto narcotráfico. Otros antes han enfrentado cargos de secuestro.

El anuncio tuvo lugar dos días después de un encuentro entre Pompeo y el presidente colombiano Iván Duque en el que ambos se comprometieron a profundizar las relaciones bilaterales.

Estados Unidos y Colombia son socios en la lucha contra las drogas y han firmado un acuerdo de extradición que ha permitido la llegada a este país de líderes narcotraficantes para enfrentar acusaciones en la justicia.

La DEA dijo que las autoridades de Colombia arrestaron a Yamit Picón Rodríguez, de 36 años; José Gabriel Alvarez Ortiz, de 26, y Henry Trigos Celón, de 43, a pedido de Estados Unidos.

Al igual que Villegas Palomino, conocido como “Carlos El Puerco”, también están prófugos Jaime Miguel Picón Rodríguez y Diomedes Barbosa-Montaño, todos de 38 años.

Villegas Palomino y los otros cinco miembros del ELN enfrentan tres acusaciones cada uno de distribución de drogas a sabiendas de que beneficiaba económicamente a personas u organizaciones terroristas, participar en una asociación ilícita que distribuía cocaína y en un grupo que distribuía la droga de manera internacional.

De acuerdo con las acusaciones radicadas en el distrito del sur de Texas, las acciones de esa asociación ilícita involucraron la distribución de cocaína desde Colombia a Estados Unidos para beneficiar económicamente al ELN durante 20 años.

“Como se alega, durante décadas, el ELN produjo y exportó toneladas de cocaína a Estados Unidos, usando comunidades en América para financiar sus actividades terroristas”, dijo el administrador interino de la DEA, Timothy Shea, tras destacar que las detenciones y acusaciones demuestran el trabajo conjunto realizado por los dos países.

La recompensa ofrecida por Villegas Palomino es parte de un programa específico del Departamento de Estado que ha llevado ante la justicia a más de 75 narcotraficantes desde que fue creado en 1986. En total se han pagado más de 130 millones de dólares por información que ha llevado al arresto de estos capos del narcotráfico.

El ELN nació 1965 como un proyecto político inspirado en la revolución cubana. Estados Unidos lo designó organización terrorista extranjera en 1997.

En 2017 el ELN inició en Cuba conversaciones de paz con el gobierno del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), pero las partes no pudieron acordar un alto del fuego.

Los diálogos están congelados con el actual presidente Duque, quien ha dicho que no volverá a la mesa de conversaciones hasta que el ELN no libere a todas las personas que mantiene secuestradas y deje de cometer ataques.

(Con información de la agencia AP, FBI, DEA y el Departamento de Estado)

9/21/2020 2:53:13 PM (GMT -4:00)

Evo Morales irá a Cuba y no volverá a Bolivia, según ministro boliviano

En esta foto de archivo Miguel Díaz Canel y el expresidente de Bolivia Evo Morales. Ramón ESPINOSA / POOL / AFP

El ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, apuntó este lunes la posibilidad de que el expresidente Evo Morales no vuelva a su país y vaya a Cuba. "Creo que se va a refugiar en Cuba", declaró Murillo a los medios durante un acto en el oriente del país.

La posibilidad de que Evo Morales regrese a Bolivia se comenta en el país desde la semana pasada, después de que interviniera en un acto por teléfono desde Argentina y asegurara que volverá al día siguiente si su partido gana las elecciones del próximo 18 de octubre.

"Lo primero que debería hacer Evo Morales es no ser cobarde, venir al país y dar la cara para ser juzgado por los actos de pedofilia, de corrupción y de tantos crímenes", comentó el ministro interino.

Morales tiene varias órdenes de la Fiscalía de Bolivia para que comparezca en procesos por acusaciones de genocidio, terrorismo y sedición, entre otras, algunos de ellos a instancias del Gobierno interino, además de denuncias por estupro aún bajo investigación, por supuestas relaciones con chicas menores de edad cuando era presidente.

El titular transitorio de Gobierno dijo que "está claro que no va a ganar" el partido del exmandatario, el Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque Evo Morales "tenía intenciones de volver al poder". "No va a volver al poder nunca más, Evo Morales es el pasado", sentenció Arturo Murillo.

El candidato electoral del MAS, Luis Arce, defendió el pasado sábado el derecho a regresar del expresidente, que desde Argentina dirige la campaña de este partido para los comicios generales.

Morales dejó Bolivia el 11 de noviembre del año pasado rumbo a México y desde diciembre está en Argentina, tras denunciar que era forzado a salir de su país por un golpe de Estado que le negó entonces una nueva victoria electoral para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude electoral a su favor.

Aunque abogados del exmandatario han advertido de que no ha podido volver al no observar garantías constitucionales para ello e incluso temer por su vida, el candidato de su partido argumentó que Evo Morales tiene todo el derecho a retornar y defenderse ante la Justicia.

Las elecciones generales están pendientes en Bolivia desde que se anularon las de octubre del año pasado entre denuncias de fraude a favor de Morales, que él niega y están bajo investigación judicial.

El expresidente intentó ser candidato a senador por el MAS, pero primero el órgano electoral y luego una corte constitucional le negaron esa posibilidad al incumplir un requisito de residencia permanente en Bolivia.

El MAS va primero en las encuestas, e incluso algunas le dan posibilidad de victoria en primera vuelta.

(Con información de la agencia EFE, la prensa boliviano (El Deber) y las redes sociales)

Amnistía Internacional denuncia “cuarentena como castigo” en las Américas

Una mujer pasa junto a un cartel que llama al uso de la máscara como protección contra el coronavirus. (AP/Matias Delacroix)

En el nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) titulado Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas, la organización defensora de los derechos humanos pone de relieve la difícil situación por la que atraviesan decenas de miles de personas en Venezuela, El Salvador y Paraguay detenidas en centros de cuarentena a causa de la epidemia de COVID-19.

El informe, fehacientemente documentado, expone lo que puede ser considerado constitutivo de malos tratos tanto a migrantes, refugiados, personas que regresan a su país de origen como a habitantes de comunidades de bajos recursos, que son recluidos en centros de cuarentena gestionados por el Estado y que carecen de recursos elementales como agua corriente, asistencia sanitaria y además, en condiciones de insalubridad. “Las terribles condiciones”, expresa AI,“tienden a convertirlos en espacios contraproducentes donde se corre el peligro de contraer COVID-19”.

De acuerdo con Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, “En muchas partes del mundo las autoridades han pedido a la población que se quede en casa o se ponga en cuarentena voluntariamente para atenuar el riesgo de contagio de COVID-19. Pero cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”.

Según datos oficiales, en los últimos días del mes de agosto, las autoridades de Venezuela han obligado a cuarentena a cerca de 90.000 personas que regresaron al país al haber perdido sus trabajos y por ende, sus viviendas en países fronterizos como Colombia y Perú, las han enviado a centros de confinamiento considerados insalubres e inhumanos y que se hayan bajo supervisión militar.

En el caso de El Salvador, tras haber cerrado sus centros estatales de confinamiento a finales de agosto, el gobierno cuenta con más de 16.000 personas encerradas por cuarentena, algunas acusadas de haber violado la orden de confinamiento obligatorio a nivel nacional, otras que regresaban del extranjero y también las que se encontraban bajo sospecha de haber permanecido expuestas por contacto con personas cuyos resultados de las pruebas dieron positivo.

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas

En Paraguay, desde fines de junio, las autoridades impusieron las medidas de cuarentena a más de 8.000 personas que, en su mayoría, regresaron al país tras haber perdido sus empleos en Brasil a causa de las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno de dicho país.

Sabemos por otras pandemias que los enfoques punitivos no protegen a las comunidades y que asociar un virus a comunidades concretas sólo conduce al estigma y la discriminación.

“Aunque estos gobiernos”, ha dicho Erika Guevara Rosas, “hayan tenido que reaccionar rápidamente ante una pandemia sin precedentes, Amnistía Internacional concluye que la imposición de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicación por fuerzas policiales y militares”.

Mientras la pandemia continúe amenazando a los países centroamericanos y exista la posibilidad de repetir las medidas de confinamiento, es vital tener en cuenta el resultado que arroja esta investigación inicial para que "las autoridades eviten recurrir a enfoques coercitivos, punitivos y discriminatorios al adoptar medidas de salud pública”, afirma AI.

“Sabemos por otras pandemias que los enfoques punitivos no protegen a las comunidades y que asociar un virus a comunidades concretas sólo conduce al estigma y la discriminación. En cambio, los enfoques basados en los derechos humanos, que empoderan a la gente con los conocimientos que necesita para proteger su salud y la dotan de recursos y el apoyo que necesita para cumplir medidas voluntarias, históricamente han demostrado ser más efectivas”, declaró Guevara Rosas.

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